- Lo que empezó como una crisis sanitaria ha devenido en una depresión económica, un desastre social y, posiblemente, se convertirá, con el tiempo, en una crisis política. Todo un antes y un después. Lo que ya suponíamos o temíamos se ha visto agravado por una recuperación que ha conocido un retroceso significativo debido al rebrote de la pandemia. Los datos económicos negativos se acumulan con monótona insistencia, datos a cual peor, que comienzan por una caída del PIB en torno al 13%, tres puntos más de lo que se pensó en un principio, debido a las consecuencias de la falta de previsión sobre los efectos de la pandemia y a la intensa sociabilidad—familia y amigos—de una ciudadanía que pensó que con el sacrificio de tres meses en confinamiento había superado lo peor, como de hecho prometieron los responsables de salud pública, tiempo que se ya se ha multiplicado por tres sin que se vea de momento el final del túnel. Compárese esta estimación del PIB con la previsión europea, -8,3%, alemana, -6,0%, USA -4,3%, o china, con un asombroso crecimiento de un 1,9%. Como siempre, habrá ganadores y perdedores y no hace falta decir en qué grupo se sitúa España.
- Los demás datos se corresponden con el deterioro de unas expectativas que ya eran bastante pesimistas. Lloviendo sobre mojado, la tasa de paro oficial escalará hasta el 17%; el déficit público llegará al 14% del PIB, lo que equivale a unos 154.000 millones, a pesar de que el Estado español apenas ha ayudado a sus empresas, y la Deuda Pública alcanzará el 123%, según el FMI (ver datos al final). De momento, no hay problemas para financiarla pero no deja de ser motivo de preocupación ya que no ha servido para mejorar nuestro potencial de crecimiento. El futuro del país vuelve a depender del auxilio del resto del mundo. Hasta ahora, de la liquidez aportada por el BCE, y a partir de ahora, de las ayudas a la reconstrucción y de que las vacunas funcionen y lleguen a la mayor parte de la población en el tiempo más breve posible.
1. “Esta calamidad está muy lejos de haber acabado. Todos los países afrontan una escalada larga, desigual e incierta. Y propensa a los reveses” ha asegurado la directora del FMI. Como siempre, la visión de los dirigentes económicos es más cruda, incluso cruel, que la de los responsables políticos, sobre todo los de España, maestros en el arte de ver la botella medio llena, algo que justifican diciendo que no hay que alarmar a la población. Un error monumental teniendo en cuenta que como mínimo habría que asustarle para que reaccione. No se explica de otra manera las actitudes sociales en materia de pensiones o salarios, en abierta contradicción con una realidad económica verdaderamente crítica.
En medio de la peor crisis desde la Guerra Civil, con una tasa de paro real de más cerca del 20%, que el FMI calcula que se mantendrá por lo menos hasta 2026, los Sindicatos consiguen mejoras salariales y otras ventajas (Convenio del Metal de Gipuzkoa, por ejemplo), o valoran como insuficiente que la Administración haya aumentado el empleo público en más de 230.000 puestos. Crear empleo público mientras el privado se desploma es uno más de los sinsentidos al que hemos llegado en un país cuyo Estado paga más sueldos públicos, incluidos pensionistas, que toda la economía privada, y ha conseguido la hazaña, casi inverosímil, de que la renta media de los pensionistas supere a la de los trabajadores en activo.
Algo inexplicable, sobre todo teniendo en cuenta que empieza a jubilarse la generación del baby boom, y una parte significativa de la población pasará de activa a pasiva. Como se ha repetido insistentemente en estos Informes de Coyuntura, el gasto público contiene un déficit estructural insostenible, que tiene su origen, por lo menos en parte, en el sistema de pensiones (38.000 millones de déficit en 2021).
Mientras tanto, el gobernador del Banco de España avisa de la posibilidad de que la crisis económica se traslade al sector financiero “poniendo contra las cuerdas a unos cuantos bancos”. Otro agorero cuyos comentarios suelen molestar profundamente a gobierno y sindicatos a quienes chafa el relato de que aquí no pasa nada. Sin embargo, se trata de una opinión alarmante, tanto como para acelerar una cadena de fusiones en un sistema financiero ya de por sí muy concentrado.
Cuanto más apalancada está una economía, y las empresas españolas lo están y mucho, más larga y difícil será su recuperación debido a que la morosidad o el impago de créditos dificultará la concesión de nuevos préstamos. A ello debemos añadir la catastrófica gestión de los procesos de quiebra o situaciones temporales de iliquidez, mucho más larga y costosa que la de otros países, un problema crucial a la hora de salvar lo salvable y enterrar lo irreversible. En España no se hace ninguna de las dos cosas. Un hecho de enormes consecuencias si se tiene en cuenta la previsión judicial de que los concursos de acreedores aumenten este año un 50% y lo hagan un 140% el que viene, algo que el sistema judicial es incapaz de procesar. Una parte importante del tejido económico se irá por el desagüe.
2. El Gobierno ha dejado bien claras cuales son sus prioridades presupuestarias. Un Gobierno que apenas ha ayudado a empresas y personas, (ver gráfico), ha preferido proteger a los más protegidos, funcionarios y pensionistas, y aumentar el gasto corriente. En lugar de apoyar la economía (pymes) y a las personas en apuros (autónomos), que son los que peor lo están pasando, se identifica con los colectivos menos vulnerables de la sociedad, que no son otros que sus votantes predilectos. Se trata de la escandalosa utilización del Presupuesto público con fines electorales, lo que no es otra cosa que una forma de privatizar lo público, eso que condenan formalmente pero practican como la cosa más natural del mundo. Esta preferencia crea un doble problema: agrava el déficit estructural y debilita la base económica del país, lo que va a complicar la recuperación económica.
Estas preferencias ya se habían manifestado con las ayudas económicas, que han brillado por su escasa entidad, prácticamente reducidas a la concesión de avales ICO y los ERTES, mientras que Alemania ha garantizado hasta el 75% de los ingresos del año anterior. Bares y restaurantes entre otros, tienen buenas razones para protestar. Pero los más afectados por esta racanería serán las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales desaparecerán, incluidas las viables, un hecho que condicionará negativamente la futura recuperación, tal como se ha evidenciado en crisis anteriores.
Por si fuera poco, el Gobierno vía Podemos insiste en mantener activa una especie de contrarreforma. Así se congratula de que las pensiones hayan vuelto a crecer (0,9%), lo que supone unos 6.000 millones de gasto adicional, a pesar de que los precios no crecen. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díez (Podemos), que en su día impidió que se llevara a cabo una reforma de las pensiones (pactos de Toledo), también se ha felicitado de que se hayan vuelto a primar los convenios sectoriales sobre los de empresa, una aberración que ignora que la resistencia de las empresas a una coyuntura adversa es, desde múltiples puntos de vista, tremendamente dispar. Otro tanto se puede decir de la ultractividad, que equivale a mantener durante la crisis las subidas salariales acordadas en épocas mejores. Ambas medidas son un desafío a los planes de ajuste de las empresas, que casi siempre se implementan tardíamente. Se nota que los responsables de este despropósito, funcionarios y sindicalistas, no saben lo que es una empresa y nunca han sufrido las brutales desviaciones que los ciclos económicos provocan en una economía como la española.
3. No es de extrañar que el Gobierno fíe una parte significativa de la recuperación, a la obtención de las ayudas europeas del Plan para la Reconstrucción, que no acaban de aprobarse. Como siempre, la España oficial que no ha sabido afrontar la recesión espera salir de la misma gracias a los que sí han sabido. El problema es que repitiendo el mismo esquema que han seguido con los Presupuestos, el Gobierno y las Comunidades Autónomas quieren quedarse con la mayor parte de esas ayudas al servicio de sus propias necesidades (gasto corriente), por lo que apenas servirán para dicha reconstrucción económica que, en cualquier caso, se avizora difícil. Sobrevive en el Gobierno, sea cual sea el partido en el poder, la predisposición a no reformar y a gastar tan rápido como se pueda lo que buenamente nos den, sobre todo si es a fondo perdido.
Pero esas expectativas pueden verse alteradas porque Europa va a endurecer las condiciones para la obtención de las ayudas. Como no se trata de gastar sino de invertir, la Comisión promete analizar con lupa los proyectos que se le presenten y dar su visto bueno sólo a los que tengan sentido, proyectos que no abundan en España, ni en el sector privado ni en el público. De hecho, en el período 2014-2020, España sólo consiguió un 34% de los fondos que Europa puso a su disposición.
Existe otra condición y esta es de origen interno. Nuestra tasa de crecimiento potencial se ha desplomado y casi con seguridad no pasa del 1%. Las inversiones que no contribuyan a elevar este potencial no tienen sentido, y las del Estado no lo tienen. Aunque nuestra economía está profundamente desequilibrada, está obligada a generar empleo, y eso no se consigue gastando unos recursos preciosos a lo tonto.
En un momento en que dependemos más que nunca de la ayuda exterior, la desconfianza que inspira el Gobierno español justifica que esas ayudas estén ligadas al cumplimiento de una serie de condiciones cada vez más exigentes. Como se ha explicado, el Gobierno quiere las ayudas, sobre todo si son a fondo perdido, para gastarlas a la manera keynesiana. Europa piensa sobre todo en inversiones que lleguen gradualmente, no antes de finales de 2021, con un destino preferentemente empresarial, de manera que sirvan para mejorar la respuesta del sistema económico a medio y largo plazo.
4. Esta contradicción, entre sector público y privado, de la que el segundo sale claramente perdedor, no augura nada bueno en cuanto a la intensidad y sostenibilidad de la recuperación. De hecho, las perspectivas para 2021 anuncian un crecimiento no mayor del 6%, más o menos la mitad de lo que caerá la economía en 2020. Perspectiva que la aparición de las vacunas no va a alterar. Si a eso añadimos la tarea de reducir el déficit fiscal, que habrá que abordar antes o después, la economía no volverá ser lo que era antes de 2024. En cuanto al empleo, las perspectivas son aún peores. Si bien las consecuencias inmediatas de la pandemia son inmensas, no lo son menos las que se producirán a medio y largo plazo en dos áreas tan sensibles como el paro y el déficit público de los que no se espera alcancen niveles razonables en los próximos cinco años (ver previsiones FMI).
Con ser importantes los problemas sanitarios y económicos que padecemos debemos dirigir el foco de atención hacia la causa esencial de la desastrosa gestión de la pandemia y la crisis económica consiguiente, que es institucional: el Estado no funciona. Hasta el punto de que en Europa empiezan a insinuar que somos un país fallido. No exageramos al decir que España se ha convertido por méritos propios en uno de los motivos de preocupación de Europa.
A estas alturas resulta imposible ignorar el enorme daño económico y reputacional que la pandemia está ocasionando, como antes lo hiciera la crisis provocada por el boom inmobiliario. Incluso los propios españoles, siempre dispuestos a no darse por enterados de sus problemas, ni de hacer responsables de ellos a una clase política y una administración que ha ido degenerando hasta convertirse en un verdadero desastre, empiezan a darse cuenta de que la Administración, ya sea Central o Autonómica, no es capaz de reaccionar cuando se presenta algún problema serio. Cuando se analiza el modo cómo han sido afrontadas nuestras crisis económicas, es imposible ignorar el parecido que tienen con la manera con que ha sido encarada la pandemia. Ambos desastres comparten un elemento común, el de convertirse en depresiones más profundas y duraderas que las de los países de nuestro entorno.
Ello obedece a la manera tradicional, mezcla de irresponsabilidad y desidia, con que la clase política y la administración afrontan situaciones críticas. Una élite que responde a sus propios intereses, y cuyos recursos se disuelven en un marasmo de desorganización y opacidad, y en el que el sesgo político se impone a la racionalidad económica. Algunos explican los malos resultados sanitarios por los recortes practicados en su día, lo que no pasa de ser una excusa como otra cualquiera, sobre todo en el País Vasco, donde no ha habido recorte alguno, como el propio lehendakari ha tenido que explicar.
Mientras el desempeño de la sociedad civil, al menos en términos económicos, responde al nivel de un país situado en la media europea, aunque en retroceso, el funcionamiento de todo aquello que tiene que ver con el Estado desciende a las cotas más bajas de Europa como demuestra nuestra tasa de paro y la temporalidad del empleo, producto de un mercado de trabajo dual, los bajos estándares educativos, tanto universitarios como de secundaria (informe Pisa), el déficit fiscal permanente y la deuda pública creciente, los problemas medioambientales, que no se corrigen, los desequilibrios regionales, que van a más, etc.
Sin ser plenamente conscientes nos hemos ido convirtiendo a golpe de crisis mal asimiladas en un país disfuncional, incapaz de reaccionar frente a los problemas más acuciantes, y con una imagen exterior profundamente deteriorada. Nadie entiende que un país que hace cuarenta años parecía tan prometedor haya dilapidado sus oportunidades de esta manera cuando, además de contar con una sociedad deseosa de aprender y mejorar, ha dispuesto de una ayuda exterior abundante, casi excesiva, tanto financiera (BCE), como en forma de fondos estructurales (UE), o de inversiones directas.
Mientras los datos sanitarios o económicos reflejan con penosa insistencia un enorme fracaso, la clase dirigente, una mezcla intercambiable de funcionarios y políticos, se centra en las formas y maneras de conservar el poder o de arrebatárselo al adversario para lo cual acuden al enfrentamiento y la descalificación, o caen en la irrelevancia: el debate sobre la monarquía o el independentismo catalán, cortinas de humo de una realidad que no se quiere afrontar. Digan lo que digan, casi nunca se dedican a la tarea de servir a los intereses generales del país, tópico que desmienten a cada paso. En lugar de administrar el país, se dedican a administrar la Administración en beneficio propio, lo que la ha convertido en una institución inoperante.
Cuando se llega a estos extremos, que nos sitúan al borde de lo inviable, o cambia la política o cambian los políticos. No se puede estar caminando permanentemente por el filo de la navaja.
CUADROS Y GRÁFICOS
Amanece que no es poco 