Una espada de Damocles

Los pueblos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. George Santayana

Introducción

Aunque todos los economistas insisten en que los criterios empleados en macroeconomía no son extrapolables al mundo de la empresa, en España se ha dado una confluencia llamativa en torno a un problema que afecta a ambos ámbitos: un endeudamiento excesivo que va a condicionar nuestras vidas durante mucho tiempo. Podríamos llamarlo nuestro problema por excelencia.

Todos conocemos la importancia que tiene el endeudamiento en la vida de una empresa, sobre todo si es excesivo. Una empresa muy endeudada estará siempre condicionada en su desarrollo, tendrá problemas para invertir, se verá obligada a ser prudente, a no tomar demasiados riesgos, y a generar los recursos necesarios para hacer frente a los vencimientos que ineluctablemente llegarán. Desde muchos puntos de vista, una empresa endeudada depende de la generosidad de sus acreedores.

Salvando las distancias lógicas, la economía de un país endeudado, como es la de España, ha de seguir los mismos criterios: prudencia a la hora de gastar, urgencia a la hora de recuperar la competitividad perdida—tras un país endeudado siempre hay una historia de falta de competitividad— y necesidad de afrontar cualquier desequilibrio, especialmente los de la balanza de pagos: tras un país endeudado siempre hay una historia de fragilidad exterior que conlleva déficits crónicos en la balanza de pagos.

Si tuviéramos que elegir un país como paradigma de los problemas ocasionados por su balanza de pagos elegiríamos sin duda a España. El desequilibrio exterior es el hilo rojo de la historia económica del país, el problema por excelencia que vertebra el relato de las sucesivas crisis y las etapas de despegue. Nuestros problemas exteriores han sido crónicos y recurrentes. Hubo un tiempo no tan lejano, los años cincuenta del pasado siglo, en que una mala cosecha de naranjas, y la imposibilidad de exportarlas, podía impedir la compra en el exterior de los insumos más esenciales como el petróleo y los alimentos. Cuando se plantea el Plan de Estabilización de 1959, se decía que la reserva de divisas sólo daba para las importaciones de dos semanas. La situación era tan dramática que contribuyó no poco a que se aceptara su aplicación, un primer intento de ruptura con la política de autarquía que se había practicado hasta entonces con resultados catastróficos.

En España, cualquier política económica que se precie tratará siempre de superar el estrangulamiento fundamental del crecimiento económico: la balanza de pagos. Por eso, las devaluaciones han sido tan decisivas y tan inevitables.

Mucho han cambiado las cosas pero el problema de fondo permanece, y además se ha agravado debido al hecho insólito de que, desde que entramos en el euro, no podemos devaluar y nos han prestado demasiado dinero, dos cosas que no ocurrían anteriormente. Con el euro, la economía española se ha convertido en una de las más endeudadas del mundo. Ninguna política económica puede ignorar que España tiene que refinanciar todos los años de 200.000 a 300.000 millones de euros, una cifra enorme que fundamenta la opinión de que nuestra economía funciona bajo la tutela de todos aquellos que nos tienen que proporcionar, año tras año, esos recursos, es decir, el sistema financiero mundial, y especialmente el Banco Central Europeo, sin cuyo apoyo estaríamos describiendo un panorama muy distinto del actual y sin duda muchísimo más difícil. Hablar de soberanía o independencia en el terreno económico es engañoso.

¿Qué hemos hecho para merecer esto?

La historia empieza por lo que a la última crisis se refiere en la anterior, la de 1992. El malhadado intento de entrar en el Sistema Monetario Europeo, la conocida como serpiente monetaria, el antecedente del actual euro, acabó en el más estruendoso fracaso. Se trataba de un planteamiento lleno de buenas intenciones. Para controlar la inflación diferencial se propuso un tipo de cambio fijo muy ambicioso (65 pesetas por marco), con márgenes de fluctuación muy reducidos, lo que exigía, como dijo el entonces ministro de economía, Solchaga, ser muy moderados en materia de precios, y por tanto salarios, y disciplinados en materia de gasto público, y por consiguiente, déficit presupuestario. Compromisos que, naturalmente, no se respetaron para nada: el gasto público se desmadró con los fastos del Descubrimiento y la Olimpiada de Barcelona, mientras los salarios crecían entre 1990 y 1992 un 30%.

Los españoles en general y los economistas en particular pudimos comprobar de primera mano lo que sucede cuando se produce una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero sobre todo pudimos verificar que la falta de disciplina macroeconómica es incompatible con un tipo de cambio fijo. Conviene decir que el país no sacó ninguna enseñanza de esta experiencia, como se pudo comprobar más adelante, cuando se planteó un experimento parecido, el euro, lo que hizo que volviésemos a cometer el mismo error.

Después de estas dos experiencias, y con la perspectiva que proporciona el presente, resulta evidente que la economía española nunca debió asumir un tipo de cambio fijo con los principales países europeos, como se hizo en 1998 con la entrada en el euro, entrada justificada más que nada por razones de prestigio político. Pese a lo cual, ha sido el error más grande que jamás se ha cometido en materia económica en nuestro país. En sí mismo, el euro ya era una temeridad: incluir en él a países tan heterogéneos como Grecia o España y Alemania suponía sembrar las bases de un problema estructural permanente que nos perseguirá mientras vivamos. Pertenecer a la zona euro ha supuesto un enorme perjuicio económico cuando, hasta entonces, formar parte de la Unión Europea había supuesto un enorme impulso para nuestra modernización, incluso para la Industria, el gran damnificado de nuestra integración en el espacio europeo.

En 1992, la economía colapsó, la tasa de paro llegó al 25%, y los tipos de interés se dispararon (tipo de intervención del BE: 14,5%). Se salió de la crisis gracias a que la peseta abandonó la famosa serpiente monetaria y se produjeron las consiguientes devaluaciones: el marco se situó en 85 pesetas, tipo de cambio mucho más realista, lo que permitió flexibilizar la política monetaria y bajar los tipos de interés. Gracias a ello, la economía española recuperó la senda del crecimiento con gran vigor. Sólo un año después de la crisis volvía a crecer demostrando las bondades de la devaluación y el dinero barato, un procedimiento que parece pensado para España, y otros países poco fiables como Grecia o Portugal, porque tiene una virtud: es indoloro. Es verdad que se produce una pérdida de riqueza en comparación con otros países pero eso aquí no le importa a nadie.

Durante los años noventa, y a pesar de que la crisis era muy reciente, volvimos a cometer los mismos errores de siempre: un ritmo de crecimiento demasiado rápido, ausencia de reformas significativas, crecimiento exponencial del sector público, y pérdida de la competitividad que se había obtenido con la devaluación. Todo ello preocupó relativamente poco a responsables y ciudadanos aunque ello conllevaba un déficit de balanza de pagos que requería financiación exterior, lo que era extraño dado que España era, y es, un país con un prestigio institucional escaso, ahora menos que entonces, para el que no siempre es fácil ni barato obtener dicha financiación. Sólo que esta vez poseíamos la pócima mágica que resolvería todos nuestros problemas exteriores y nos instalaría en la modernidad: el euro.

¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos entrado en el euro? Pues que a la altura de 1998-2000 hubiéramos tenido que parar la economía con un plan de estabilización o ajuste que incluiría un control de precios y salarios, una política monetaria que encarecería el crédito, moderación en el gasto público, y la consabida devaluación. Como es habitual en un país que cada cinco años, más o menos, sufre siempre la misma crisis.

Esta vez no ocurrió nada de eso. El euro nos ahorró esa crisis al precio de provocar con el tiempo una mucho mayor. La pertenencia a la zona euro permitió que financiásemos nuestro desequilibrio exterior sin problemas al facilitar la financiación de todo tipo de créditos y emisiones para nuestros bancos y empresas. El dinero entró a raudales hasta el punto de que pudimos financiar un déficit de balanza de pagos que rápidamente se situó entre los más altos del mundo.

Todo lo absorbía una burbuja inmobiliaria que reclamaba recursos en cantidades masivas. Hay que tener en cuenta que el plazo medio de maduración de una promoción de viviendas en España no es menor de cinco a siete años, que su precio medio se situaba algo por debajo de los 200.000 euros, y que en el momento más álgido se llegaron a construir cerca de 800.000 viviendas al año. La Construcción llegó a suponer cerca del 20% del PIB y más del 60% de los activos del sistema bancario español. Una verdadera barbaridad, algunas de cuyas consecuencias se seguirán pagando  durante mucho tiempo.

             Fuente: Expansión

El euro permitió que en lugar de seguir un ciclo de cinco años completásemos uno de catorce (1994—2008), lo que quiere decir que cuando nos diéramos el correspondiente sopapo este sería muchísimo mayor. La crisis de las hipotecas subprime y la quiebra  de Bear Stearns nos cogió en el momento en el que nuestro endeudamiento crecía a mayor velocidad por lo que éramos un candidato natural a padecer el que sin duda ha sido el mayor desastre de la historia reciente. ¿Por qué? Porque ese crecimiento, basado en la burbuja inmobiliaria, sólo podía funcionar si era alimentado por un endeudamiento que crecía a un ritmo anual cercano al 10% del PIB, o sea, más de 100.000 millones de euros. Cuando por una circunstancia aleatoria, las famosas hipotecas subprime, los mercados financieros se cerraron, todo el tinglado se vino abajo sin posibilidad alguna de arreglo o rectificación.

Cuando ocurre un desastre de estas dimensiones todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿En qué estábamos pensando para dejar que se crearan las condiciones para un desastre de semejante calibre? Aunque se ha dicho de los economistas que no supieron advertir el problema ni lo vinieron venir, eso no es en absoluto cierto. Sabiendo nuestra dependencia de la balanza de pagos, era evidente que ante un déficit exterior de semejantes dimensiones estaban encendidas todas las señales de alarma. Claro que sabíamos que venía una crisis, lo que no sabíamos era cuándo y cómo se produciría porque ese es un dato absolutamente aleatorio: ¿Quién había oído hablar de las hipotecas subprime antes de 2007?

Pero es que, además, fallaron controles muchísimo más importantes.

¿Cómo permitió la Comisión Europea que España llegase a semejante desequilibrio externo? Porque era una situación totalmente nueva en el seno del euro y el déficit se financiaba de manera aparentemente ortodoxa.

¿Por qué los mercados financieros proporcionaron tales cantidades de dinero? Porque en su ingenuidad pensaron que la pertenencia de España a la zona euro suponía una garantía de pago y un plus de solvencia, cosa que, como se demostró posteriormente, no era cierto.

 ¿Cómo permitió el Banco de España que el sistema bancario español acumulase tal concentración de riesgos? Porque los bancos, cuyos márgenes de intermediación se habían reducido considerablemente, mostraban de momento una morosidad simbólica y aseveraban  que todo estaba muy “amarrado”. Buena parte de los créditos eran hipotecarios y para las entidades financieras no hay nada más seguro que una hipoteca, cosa que se demostró falso cuando han tenido que desahuciar a centenares de miles de compradores de viviendas.

¿Cómo gobiernos supuestamente responsables, tanto del PP como del PSOE, toleraron la creación de semejante burbuja? Esta es la pregunta más fácil de contestar. Ningún gobierno español que se precie osaría frenar un proceso de esta naturaleza que hacía feliz a tanta gente, y llenaba las arcas municipales y estatales. Hubiera sido tan impopular como para perder las siguientes elecciones, que es lo que más teme un político.

Lo cierto es que cuando llega la crisis, familias y empresas debían cantidades siderales, el 203% del PIB, lo que suponía en 2008 el pago de unos intereses equivalentes a casi el 11% del PIB. Una verdadera locura. Casi todo ello canalizado a través de bancos y cajas de ahorro lo que transmutaba el problema en una crisis financiera mucho más dura y difícil de afrontar.

La gestión de la crisis

No hace falta que entremos a pormenorizar las consecuencias de la crisis. Baste decir que ha sido la más grave que ha sufrido la economía mundial y española desde que se tiene memoria, equivalente o peor a la de 1929. Y que dentro de esa crisis, la evolución de la economía española dentro del euro ha sido la peor de Europa, con la única excepción de Grecia. Ningún otro país europeo ha estado tantos trimestres en recesión ni ha sufrido tales caídas del PIB, no menos de diez puntos, un record histórico, ni del Producto Industrial, que en el País Vasco llegó a caer un 43%, por no mencionar las tasas de paro, que han estado cinco años por encima del 20%.

Todo esto es muy conocido pero lo que nos interesa saber a efectos prácticos cual es el legado de la crisis, es decir, de qué manera nos va a afectar negativamente de cara al futuro en nuestra capacidad para crecer. Son las mismas que tanto tiempo costaron equilibrar después de la crisis anterior: paro y deuda. Entonces, y a pesar de crecer a ritmos del 3% anual, tardamos más de una década en conseguir un superávit presupuestario y reducir la tasa de paro por debajo del 10%, un indicio de lo que cuesta en este país volver a la normalidad.

    Fuente: Expansión

La influencia negativa de una alta tasa de paro sobre el crecimiento es evidente. Tener a más de tres millones de personas sin empleo limita la capacidad de la sociedad para gastar (consumo), invertir (empleo) o recaudar (impuestos y estado de bienestar). También acaba por afectar a la población activa, que se ha estancado durante los últimos nueve años, debido al paro desanimado o a la marginación de la juventud. También afecta a la formación. Como consecuencia de la crisis, el desacople existente entre las necesidades de las empresas y los conocimientos y experiencias disponibles, se ha agudizado. Muchas empresas no encuentran los profesionales adecuados, y menos a los que van a necesitar en la era de la inteligencia artificial y el big data. A todo ello hay que añadir la carga financiera que supone el subsidio de desempleo aunque la mayor parte de los parados no acceda al mismo. El paro ha venido para quedarse.

Pero la herencia más peligrosa es la del Déficit público y la Deuda. Si hasta 2008, la deuda era fundamentalmente privada, a partir de entonces comienza a ser también pública, lo que agrava la amenaza que suponen ambas para la estabilidad y el crecimiento futuros.

     Fuente: Expansión

Digamos ante todo que el comportamiento del Estado no ha tenido nada que ver con las vicisitudes que han sufrido los ciudadanos. Empresas, bancos y trabajadores no pudieron sustraerse a las consecuencias de la crisis. El Estado sí lo hizo, a pesar de que uno de los primeros impactos del derrumbe económico fue una brutal caída de la recaudación. Hay que advertir que la Administración, que en los años de euforia obtenía aumentos de los ingresos fiscales de hasta el 12% anual, se lo había gastado todo y no había ahorrado nada para cuando llegaran los malos tiempos.

Sólo el sistema de pensiones dedicó parte de su superávit a crear un fondo de reserva que llegó a acumular 65.000 millones de euros. Es evidente que el resto de la Administración podía haber hecho algo semejante pero no lo hizo. Eso sí, redujo la Deuda pública  de manera considerable, hasta el 34% del PIB. Así que pensaron  que tenían margen de maniobra para  desarrollar una estrategia compensatoria. Ante la sorpresa de todos, y la consternación de unos cuantos, hicieron crecer el gasto público de manera espectacular mientras la recaudación se desplomaba (ver cuadro).

No olvidemos que todos los políticos de este país, sea cual sea su filiación, son socialdemócratas, y por consiguiente partidarios de gastar siempre más con cualquier excusa o coartada. Y esta era magnífica. Así que en sólo dos años pasamos de un superávit del 2% a un déficit de más del 11%. Un hecho que va a condicionar la economía de este país para siempre. Dejar que el  déficit se dispare es muy fácil pero reducirlo es terriblemente difícil, tal como se había demostrado en la crisis anterior. Los gastos del Estado son mayoritariamente fijos y crecientes, y una vez que entran en el Presupuesto se quedan ahí para siempre.

No es de extrañar, por tanto, que haya costado tanto reducir el déficit: nada menos que seis años para bajar del 11,2% de 2011 hasta el 4,5% de 2016, a pesar de lo cual sigue siendo el mayor de Europa, y frenar el crecimiento de la  Deuda pública, que ahora rebasa el 100% del PIB. Nada refleja mejor la reacción real de los dos Gobiernos que han gestionado la crisis que esas dos variables.

A lo largo de la crisis, la Administración española ha permanecido impertérrita mientras una parte de los ciudadanos las pasaban canutas, las empresas caían, los bancos sobrevivían a duras penas, y ha dedicado lo mejor de sus esfuerzos a no tener que aplicar las mismas recetas de ajuste que el resto del país no tenía más remedio que tragar. Para ello no ha tenido el menor empacho en

  • subir impuestos,
  • recortar gastos en salud y formación, los prioritarios para la sociedad española
  • engañar a la Comisión Europea para prometer y no cumplir el objetivo de déficit, que ha tenido que ser revisado al alza hasta seis veces, y, sobre todo,
  • endeudar a la nación en más de 800.000 millones de euros adicionales.

Y todo para conseguir tres cosas esenciales para la clase política

  • no tener que reestructurar la administración ni reducir las plantillas de empleados públicos, que se han mantenido por encima de los tres millones mientras el sector privado perdía cinco millones de empleos
  • no tocar prácticamente el sistema de pensiones, retrasando el momento de la verdad en casi diez años, por las consecuencias electorales que podía acarrear una verdadera reforma en profundidad
  • disponer de un margen de gasto discrecional para seguir invirtiendo en proyectos absurdos o de dudosa utilidad, como el Tren de Alta Velocidad, porque de ello se derivan jugosas comisiones con las que se financian unos partidos políticos que dependen para todo del Gobierno, tanto desde el punto de vista legal como ilegal

En definitiva, la clase política y la Administración han puesto en práctica un experimento social que tenía como objetivo demostrar que se puede arruinar al país y dejar que la economía se venga abajo sin que a ellos les pase nada. Experimento plenamente demostrado aunque el precio a pagar equivale a tener una espada de Damocles pendiente sobre nuestro futuro.

Es difícil subestimar la magnitud del problema. Tras tres años creciendo a ritmos cercanos al 3%, el déficit público en 2016 rebasó los 40.000 millones de euros, y el de este año no bajará de 30.000 millones. Sólo el déficit de la SS se mantendrá en torno a unos 18.000 millones en próximos años. Además, el gasto sanitario crece a ritmos del 4%, las pensiones al 3%, y juntas suponen 200.000 millones de euros. Con los tipos actuales, extraordinariamente bajos, ya pagamos 32.000 millones de euros en intereses de una Deuda que se ha situado por encima del billón de euros. Para hacer frente a todo eso, es decir, al tamaño que ha adquirido el estado de bienestar y la administración pública, la economía debería crecer más del 2% de media, y/o que el BCE compre la mitad de la deuda emitida por España, como hizo el año pasado.

De todo ello se deriva una correlación preocupante: la que hay entre crecimiento y deuda. Hay que suponer que, antes o después, los mercados financieros se harán la misma pregunta que nos hacemos todos: ¿Cómo es posible que creciendo un 3% tengamos el déficit más alto de Europa? En 2016, para crecer en 30.000 millones (PIB), nos hemos endeudado en 40.000 millones (Deuda). No parece un buen negocio.

A menos que el Gobierno tome medidas drásticas, que no están ni se les espera, en un probable escenario de retirada de las medidas de estímulo del BCE, podría producirse una nueva crisis de la Deuda que dispararía la prima de riesgo y haría que España entrase de nuevo en recesión.

Esto es lo que supone tener dos deudas de semejante entidad, tanto pública (100%) como privada (147%), buena parte de las cuales es exterior. La deuda externa española es la más alta de la Unión Europea (90%) cuando la media se sitúa en torno al 35%, lo que nos hace particularmente vulnerables a cualquier acontecimiento que se produzca en los escenarios internacionales a diferencia de, por ejemplo, Italia, cuya deuda pública es mucho mayor pero está en manos locales. Como dice la Comisión Europea, “España se enfrenta a elevados riesgos de sostenibilidad de la deuda a medio plazo”.

No es de extrañar que el Banco de España advierta de nuestra vulnerabilidad por lo que recomienda “la necesidad de trazar un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo”, algo que no parece incluirse entre las prioridades de nuestros políticos, mucho más atentos en descubrir nuevas posibilidades de gastar los incrementos de recaudación que, finalmente, se están produciendo en 2017, en torno al 10% sobre el año anterior.

El único dato positivo en relación con el endeudamiento es el que aportado el BCE con su política de bajos tipos de interés que han permitido que el sector privado comience a reducir su endeudamiento (del 203 al 147 por 100) y, sobre todo, reduzca el pago de intereses, que han pasado de 133.000 millones a 41.000 millones , es decir, una rebaja de más de 90.000 millones, un dato que explica que las empresa y familias hayan vuelto a gastar e invertir, y la economía a crecer. Lo mismo ha ocurrido con la deuda pública que, a pesar de seguir creciendo, ha experimentado un abaratamiento considerable gracias a lo cual el pago por intereses  no rebasará por mucho los 32.000 millones presupuestados, una cifra modesta si se tiene en cuenta que la deuda rebasa los 1,1 billones de euros.

Este alivio temporal no permite bajar la guardia. El problema sigue estando ahí y se convertirá en una amenaza en cuanto los tipos de interés empiecen a subir, y los ritmos de crecimiento empiecen a bajar, lo que quiere decir que afrontaremos situaciones muy delicadas en relación a los mercados financieros.

Situación que se vería agravada si Rajoy sigue jugando con fuego y no cumple con los compromisos en materia de déficit fijados por la Comisión Europea. Hasta ahora, el mejor cómplice de Rajoy ha sido la coyuntura europea que no terminaba de mejorar. Sólo el riesgo de estancamiento ha permitido que la Comisión Europea haya sido tan benévola con España. Hasta ahora. Si entramos en una etapa de normalización, el incumplimiento del déficit no será tolerado ni por Europa ni por los mercados financieros. No se puede volver a repetir un escenario como el de los últimos años por el que Rajoy ha gastado unos 120.000 millones de euros más de los previstos, siguiendo la pauta clásica de un Gobierno que practica sistemáticamente la política del pan para hoy y hambre para mañana.

La recuperación

Alguno se preguntará cómo es posible que tras una crisis tan profunda, nada menos que diez puntos de PIB, abordada de manera tan chapucera, la economía haya vuelto a crecer. Ello ha sido posible, como acabamos de explicar, gracias al apoyo exterior que ha impedido que España siguiera el camino de Grecia, y concretamente gracias a la gestión del Banco Central Europeo. El BCE no sólo ha rescatado a las cajas de ahorro sino al propio Estado, comprando emisiones de deuda pública en cantidades masivas, lo que ha permitido una rebaja espectacular  de la prima de riesgo.

La actuación del BCE, cuyo balance ha rebasado los cuatro billones de euros, ha estado motivada por la lánguida recuperación que se estaba produciendo en la economía europea hasta el punto de que la inflación ha tenido signo negativo durante bastante tiempo. Una política monetaria tan agresiva ha provocado que la cotización del euro se haya debilitado lo que ha facilitado las exportaciones. Finalmente, la propia crisis ha servido para aminorar la presión sobre los precios del barril de petróleo que son ahora menos de la mitad, unos 50 dólares, de los de hace tan solo unos años. Esos tres cambios externos en los que, gracias a Dios, el Gobierno español no ha tenido la menor influencia, han permitido que saquemos la cabeza del agua y volvamos a crecer.

   Fuente: Expansión

Probablemente, no habrá otro país más beneficiado que España por una política que parece diseñada a nuestra medida. Como somos uno de los países más endeudados del mundo, se nos abarata drásticamente el costo de esa deuda; como necesitamos exportar, devalúan el euro, y como dependemos totalmente de energía importada, el barril se abarata espectacularmente. Sólo esto último ha supuesto un ahorro cercano a los 15.000 millones de euros al año, lo que ha permitido que, creciendo a ritmos cercanos al 3%, la balanza de pagos siga teniendo signo positivo.

Si se preguntan por las posibilidades de que esta coyuntura se mantenga, bastará seguir el curso de las tres variables mencionadas: la cotización del euro, el precio del barril de petróleo, y, especialmente, la evolución de los tipos de interés, que no pueden sino subir. Por consiguiente, las previsiones a corto plazo seguirán siendo positivas siempre y cuando estas tres variables no alteren sustancialmente su valor.

En relación a los tipos de interés, hay que decir que la Reserva Federal ha empezado a aumentarlos pero hay que tener en cuenta que su recuperación se ha adelantado unos seis años a la europea debido a los problemas políticos de la zona euro. De hecho, Alemania sigue rechazando mutualizar la deuda europea o completar la unión bancaria, y presiona para que el BCE dé por finalizado su programa de compra de activos, algo que Draghi trata de retrasar por todos los medios dado que no se fía de la solidez y consistencia de la recuperación. Además, es consciente que una subida prematura de tipos de interés crearía graves problemas a la mayor parte de los países europeos con alto nivel de endeudamiento público, con Italia en cabeza (132% del PIB), España (100%), y Francia (96%).

Pero por mucho que se intente que el fin de la ayuda del BCE no afecte en exceso a las economías más débiles, es evidente que nos aproximamos a un escenario en el que el Gobierno no va a sentirse tan cómodo como hasta ahora, lo que no evita que haga previsiones fastuosas sobre las que nadie pondría una mano en el fuego.

    Fuente el País

No sabemos qué va a pasar dentro de seis meses, pero el Gobierno se atreve a asegurar que en 2020 el paro bajará al 11% y el déficit se reducirá al 0,5% del PIB, lo que presupone tasas de crecimiento por encima del 2% de media. Las previsiones del Gobierno dibujan un escenario ideal, tanto que es poco probable que se cumplan. Como objetivos están muy bien pero ya sabemos el respeto que Rajoy tiene por los objetivos, incluso por los suyos.

La realidad parece más cercana a las estimaciones de un informe del Banco de España que limita ese posible crecimiento a no más del 1,2% de media para el período 2020-2025, en base a que la población activa no va a crecer casi nada (ahora estamos en el mismo nivel de hace nueve años) debido al envejecimiento de la población (hay más mayores de sesenta que jóvenes de menos de 21) y a que la tasa de paro media no bajará del 14%. Si estas previsiones se confirmasen es evidente que España volvería a tener un problema con la Deuda, que es lo que les ocurre a los países y a las empresas cuando, por las razones que sean, se endeudan en exceso.

Final

Es evidente que entramos en un tiempo en el que la economía española va a depender de sí misma, de su capacidad endógena para crecer por la vía de la productividad y el desarrollo tecnológico, sin ayudas artificiales ni apoyos exteriores. Hasta ahora hemos aguantado gracias al BCE, pero así no se puede seguir toda la vida.

En este país, una buena parte de la sociedad ha creído que podíamos concedernos las pensiones o la sanidad que nos diera la gana, y que el mundo exterior financiaría el déficit consiguiente sin hacer preguntas, lo que equivale a una ignorancia supina de lo que es la economía y del contexto exterior en que esta se mueve. No se puede sino sentir una gran ternura por los socialdemócratas, que son amplia mayoría en nuestro país. En primer lugar, porque como algunos niños no aprenden de las experiencias más negativas que padecen, y en segundo lugar porque no son conscientes de los condicionantes que la realidad exterior impone. Es el mundo visto tras una barrera protectora, tal como lo ven los funcionarios.

Así que no es de extrañar que los españoles y sus gobiernos hicieran caso omiso de todos los avisos en relación con el SME (1992) y con el euro (1998), cuyas implicaciones ignoramos olímpicamente, especialmente el de la imposibilidad de devaluar. De otro modo, no hubiéramos descuidado el equilibrio de las cuentas públicas, como lo hicimos, o tolerado que la inflación y los salarios se alejaran tanto de sus referencias europeas, sobre todo alemanas, en el período 1998-2008, y cuyas consecuencias han sido devastadoras para el empleo.

Los resultados de esta ignorancia, traducida en una monumental falta de disciplina, han sido desastrosos. Las crisis  han sido más largas y más duras, y su coste social ha sido prohibitivo. Solo una sociedad tan sumisa y poco articulada como la nuestra es capaz de soportarla sin que apenas se oigan voces críticas. Al contrario. Nada ha torcido la disposición natural del ciudadano medio al optimismo. Contra toda lógica, la mayor parte de la gente sigue esperando que las cosas vuelvan a ser lo que fueron: tasas de paro moderadas, un estado de bienestar sostenible y una economía capaz de hacer frente a todo tipo de dificultades.

Aunque Rajoy haya dedicado sus escasos e intermitentes esfuerzos a hacer pasar un enorme fracaso como si hubiera sido un éxito, ya nada puede ocultar que, si bien la transición política ha sido un éxito, por lo menos hasta los años noventa, la transición económica ha sido un fracaso, como demuestra el hecho de que en los últimos cuarenta años hayamos sufrido tres crisis devastadoras con tasas de paro que han duplicado y a veces triplicado la media comunitaria.

Tres crisis en términos de paro

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 Fuente: El País

Cada crisis ha sido peor que la anterior. Una sociedad que carece de memoria y no aprende de sus errores los repite una y otra vez. Como probablemente volverá a ocurrir en el futuro.

Nuestro comportamiento durante la última crisis ha sido particularmente esclarecedor. España ha quedado retratada como de lo peor de Europa, su imagen exterior se ha derrumbado, y la posibilidad de afrontar los problemas del estado de bienestar  se va haciendo más y más impracticable. Si no estuviésemos en el euro nadie nos prestaría un duro. Por lo menos, Europa se encarga de resolver los problemas que ella misma ha creado. A pesar de lo cual deberíamos pensar que seguir como hasta ahora, dependiendo del BCE, permite soslayar los problemas y demorar las reformas pero no nos lleva a ninguna parte.

Salida de la crisis

El problema es que, hoy por hoy, cualquier urgencia de cambio ha desaparecido. La economía crece a buen ritmo, la recaudación fiscal  ha aumentado un 10% por lo que parece que se va a cumplir el objetivo de déficit marcado por la Comisión Europea para 2017. De momento, el BCE sigue comprando deuda española y los tipos de interés están por los suelos. El Presupuesto ha sido aprobado por el Congreso. Rajoy debe pensar que estamos bien en el mejor de los mundos posibles. Seguramente habrá aparcado cualquier intento de reforma.

No deja de ser un paréntesis basado en circunstancias extremadamente artificiales. Las incertidumbres persisten porque con esta deuda y este paro,  los problemas no tardarán en aparecer en cuanto desaparezcan eso que se ha dado en llamar vientos de cola. La herencia de la crisis es esa: tener sobre nuestras cabezas permanentemente una espada de Damocles.

INFORME DE COYUNTURA. Primer trimestre 2017

  • Todos los ciclos de la economía española se parecen entre sí, como no podía ser de otra manera dado que sus techos estructurales son los mismos desde hace tiempo: más inflación que la media, una competitividad siempre amenazada y una balanza de pagos que proporciona sustos periódicos. A partir de 2015, después de casi ocho años de crisis, hemos vuelto a crecer pero la inflación también ha vuelto aunque esta vez la causa principal sea la subida del petróleo y los alimentos frescos. Si los salarios empiezan a subir con la inflación, como suele ser la norma, el ciclo se acortará, el crecimiento caerá y la desigualdad aumentará. La duración del ciclo y su dinamismo dependerá también de una tercera variable: los tipos de interés, que pueden empezar a subir a partir del próximo otoño.
  • En condiciones normales, España no es capaz de mantener ritmos de crecimiento del 3% durante mucho tiempo, y si lo ha hecho hasta ahora es porque los vientos soplaban de cola: fundamentalmente petróleo y prima de riesgo, que son, con el gasto público, las variables cuyo comportamiento tendrá que cambiar a lo largo del año. Estamos, pues, en un momento de transición que será lo suficiente positivo como para salvar el ejercicio cuyo crecimiento, por pura inercia, se situará en torno al 2,5%. Más allá, todo depende del curso que tome la política monetaria del BCE y la pasión por gastar que muestren las distintas administraciones, a pesar del “agujero” monumental que ha creado el sistema de pensiones. Un déficit que, por lo menos hasta 2020, no bajará del 1,5% del PIB, lo que puede obligarles a subir la presión fiscal. Como ya anuncia que va a hacer el Gobierno Vasco al que preocupa muy poco la pérdida de atractivo del País Vasco como región económica, ampliamente superada por Madrid.
  • Los problemas financieros del Gobierno Vasco y su incapacidad para hacer frente a los compromisos adquiridos son los naturales de quienes no han hecho nada por corregir la deriva de un gasto corriente (plantilla) y unas pensiones que en su concepción actual la economía no puede mantener. En rigor, el déficit real del Gobierno Vasco, incluyendo el capítulo de las pensiones que no asume, no sería en ningún caso inferior al 7% del PIB, lo que quiere decir que el problema, además de estar fuera de control, se agravará con el paso del tiempo, entre otras cosas porque subir los impuestos es veneno para el crecimiento económico. Es el reflejo de una época en la que se pensó que la economía daba para todo y el Estado tenía que buscar afanosamente la manera de gastar una recaudación que crecía sin parar. A pesar de que ese escenario desapareció hace casi una década, la visión de políticos y funcionarios no ha cambiado un ápice.

1.De alguna manera, lo que está ocurriendo actualmente representa una vuelta a la normalidad, para lo bueno (crecimiento) y para lo malo (inflación, tipos de interés). Para la economía española lo anormal terminó en 2015, cuando la economía volvió a crecer. Sin embargo, hasta mediados de 2017 no se habrá vuelto a los niveles  de producción y renta anteriores a la crisis, lo que supone un paréntesis de  casi diez años.

Esa anormalidad supuso una tremenda caída de la economía, especialmente sensible en la producción industrial, que cayó más cuarenta puntos, un paro que superó los cinco millones de trabajadores, la ruina de numerosas entidades financieras, sobre todo cajas de ahorro, y un déficit fiscal brutal, que llegó al 11% del PIB y no ha bajado del 5% hasta ahora. Los niveles de consumo e inversión estuvieron durante años bajo mínimos. Y eso que el endeudamiento público aumentó vertiginosamente con lo que se consiguió paliar en parte unos recortes inevitables al precio de dejar al Estado entrampado de por vida, y con él pendiente de un hilo el bienestar de  las próximas generaciones.

No todo fue negativo. Como dijo Draghi, se hizo lo que había que hacer para suavizar un proceso de ajuste que de otra manera hubiera sido mucho más duro de lo que fue. Pero el peso de la crisis se repartió de forma muy desigual y recayó, como era de prever, sobre los colectivos más vulnerables, jóvenes y parados sobre todo, y soslayó a otros, los que por ley están más protegidos, los funcionarios, los trabajadores con contrato fijo, sobre todo si pertenecen a grandes empresas, salvo los de la Banca, y los pensionistas, a pesar de que ello abocaba a la quiebra el sistema de pensiones: se prefirió dilapidar el fondo de reserva creado durante el ciclo anterior antes que afrontar un problema que, se diga lo que se diga, no tiene otra solución que el de reducir gradualmente las prestaciones de jubilación, algo que los políticos tratarán de retrasar cuanto puedan dadas sus implicaciones electorales.

La política monetaria europea, siguiendo con mucho retraso la que se había aplicado en Estados Unidos, ha llevado hasta el límite la política de tipos de interés negativos (en Europa hay cuatro billones de bonos con tipos negativos) y el suministro ad libitum de toda la liquidez que los bancos y empresas necesitan para sobrevivir. Se trata de dejar pasar el tiempo y esperar épocas mejores. La ausencia de instituciones europeas verdaderamente supranacionales ha sido el talón de Aquiles del euro y de toda la construcción europea, incapaz de dar el paso hacia un estado federal en el que las naciones actuales sean meras regiones, lo que ha supuesto una enorme limitación a la hora de afrontar una crisis como la planteada. Gracias a que el petróleo cayó, lo mismo que el euro, las economías pudieron salir de su postración, pese a lo cual todos los intentos de recuperación se han demostrado frágiles y escasamente fiables porque sigue faltando una condición básica para que se consoliden: la confianza… además de un exceso de endeudamiento.

2. La señal más significativa de la vuelta a la normalidad en Europa es el hecho de que la inflación finalmente ha despertado, y aunque todavía no ha llegado al 2% de referencia, sí está en el 1%. Mientras, en España la inflación total, que incluye alimentos y petróleo, ya está en el 3%, por lo que vuelven a ser motivo de preocupación los tipos de interés, pero ahora por razones opuestas a las de antes, por ser demasiado bajos. Algo que nunca ha convenido a España, cuyos mercados no liberalizados traducen una inflación de los Servicios siempre por encima de la media y cuya política fiscal ya es abiertamente expansiva. Sólo la inevitable subida de los tipos de interés en los mercados de deuda podría suponer un aumento en el pago de intereses de unos 5.000 millones de euros en 2017 lo que echaría por tierra el objetivo de reducir al 3,1% del PIB el déficit presupuestario, lo que deja en la mínima expresión el margen de maniobra del Gobierno para gastar más o no subir los impuestos.

Si la política del BCE deja de ser tan expansiva como hasta ahora, tal como reclaman los alemanes, nuestra prima de riesgo volverá a subir lo que nos situará ante una nueva crisis de la deuda. Aunque de momento se trata de una posibilidad más que un riesgo concreto, lo cierto es que el coste de los títulos de deuda a diez años ya se han incrementado en medio punto desde noviembre, lo que es un anuncio de lo que puede suceder a lo largo del año. Como dice un informe de la Comisión Europea, “la elevada deuda interna y externa, pública y privada, constituye una vulnerabilidad significativa que expone a España a los shocks de los mercados”. En fin, que España sigue estando muy mal preparada en el caso de que se produzca cualquier eventualidad. A la Comisión le llama la atención el hecho de que España tenga, al mismo tiempo, una de las mayores deudas externas del mundo y una de las tasas de paro más elevadas. Los que siempre han creído que un exceso de gasto, y el déficit consiguiente, ayuda a crecer y crear empleo tienen por delante la dura tarea de explicar al personal qué parte de su teoría es la que ha fallado.

Si se produce una subida de la inflación, que en España viene acompañada siempre por una subida equivalente o aún mayor de los salarios, la actual política monetaria del BCE dejaría de tener sentido, y eso que Draghi no confía demasiado en la capacidad de los países del euro para mantener ritmos de crecimiento sostenidos, desconfianza más que justificada por la fragilidad y falta de solvencia de un gran número de bancos alemanes, españoles, portugueses e italianos, cuyos resultados de explotación no dejan de ser ejercicios de ciencia ficción (con la anuencia de los bancos centrales de sus respectivos países). La crisis inmobiliaria, y sus créditos incobrables, está lejos de haber sido limpiada de sus balances, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que, por lo menos en el caso español, las pérdidas sufridas no han sido inferiores a los 300.000 millones de euros.

Mientras, el barril de petróleo evoluciona hacia la normalidad a partir del momento en que la oferta ha sido objeto de recortes, y de menos de 30 dólares el barril ha pasado a casi 60 dólares, el doble, en muy poco tiempo. Así que los vientos de cola ya no son lo que eran. A partir de este momento al Gobierno español se enfrenta a un panorama mucho más gris, el de crecer no en función de impulsos abiertamente artificiales, como son unos tipos de interés por los suelos, un euro devaluado, un déficit público monumental y un petróleo barato, sino en base al potencial real de un sistema económico que ha salido de la crisis muy debilitado, potencial que puede que no sea mayor del 1% de media, año con año. Su mejora requeriría una política de reformas que nadie parece dispuesto a aplicar o tolerar. Con estos supuestos habría que darle la razón a un economista (Ruiz-Scholtes) que asegura que el actual ciclo de crecimiento acabará en dos años.

3. Evidentemente, los gobiernos nacionales y el BCE tratarán de no sobrerreaccionar ante la previsible subida de la inflación aunque el control de la misma volverá a ser otra vez el objetivo esencial de sus políticas. Existen dos razones para pensar que serán prudentes. En primer lugar, por su impacto sobre los objetivos de déficit presupuestario, que tendrán que ser suavizados o pospuestos. Recordemos que en España reducir a cero un déficit del 7,5% (1993) costó trece años, y eso que las circunstancias de entonces eran incomparablemente mejores, ya que se crecía de forma sostenida al 3% y el stock de deuda era mucho más manejable. Es de suponer que las consecuencias de esta crisis, especialmente en cuanto a la Deuda, durarán mucho más tiempo, y es impensable que se resuelvan para 2020 como afirma el gobierno en alguno de sus delirios propagandísticos.

En segundo lugar, esta sido una crisis bancaria, y se sabe por la experiencia de otros países, Japón sobre todo, que este tipo de crisis son particularmente duraderas. Además, es una crisis que ha encontrado a las autoridades de la zona euro infinitamente peor preparadas para afrontarla que, por ejemplo, las norteamericanas, que la han resuelto mucho más rápidamente, lo menos siete u ocho años antes. La culpa de todo ello es del euro, o más bien de su defectuoso planteamiento.

Ya es hora de reconocer de una vez que el euro ha sido un monumental error, que su implantación constituyó una temeridad en la que incurrieron países que no estaban preparados para un desafío de esta naturaleza, como es el caso de España, Grecia o Portugal, que la solidaridad entre países del Norte y del Sur, que se daba por supuesta, no ha existido, (Alemania, que ha sido el país más beneficiado por la desaparición de todo tipo de barreras intracomunitarias, se ha negado a pagar una prima por ello), que aún colea el problema insoluble de Grecia, que la falta de solvencia del sistema bancario sigue sin afrontarse y no existe siquiera un plan para hacerlo a pesar de las demandas en este sentido de un FMI sumamente preocupado.

La crisis ha generado una serie de tensiones centrífugas que se han  afrontado a duras penas gracias al BCE porque los países del Norte no han puesto nada de su parte. Para España la aventura del euro ha sido la peor decisión histórica que jamás se haya tomado en materia de política económica, y eso que todos la apoyamos en su día. Como ha quedado demostrado por los hechos, España es incapaz de mantener la disciplina fiscal, salarial y de precios necesaria. Abrir fronteras era algo factible; compartir la misma moneda con Alemania era una pretensión inviable. Y no poder devaluar nos mata. Y es que pertenecer al euro es incompatible con tener una energía carísima, un sistema bancario hecho añicos, una productividad estancada y una competitividad dudosa.

Cuando devaluamos por última vez, en 1993, tardamos un año en volver a crecer. Esta vez, sin devaluación, hemos tardado ocho años en reiniciar el crecimiento. No es de extrañar que nada funcione, desde el equilibrio presupuestario al sistema de pensiones, desde la tasa de paro a la solvencia del sistema bancario, desde el tamaño de las empresas a su rentabilidad. Con las lógicas excepciones, el país ha retrocedido diez años. Por pretender ser lo que no somos.

4. Mientras tanto, como decíamos al principio, seguimos el camino de una normalización que evoluciona gradualmente.

  • La economía creció un 3,3% en 2016 y se espera que crezca, a pesar de las primeras señales de desaceleración, no menos de un 2,5% en 2017. Pese al Brexit, a Trump, y a la desaparición de los vientos de cola. Las exportaciones crecen muy poco, lo mismo que un comercio mundial prácticamente estancado, y la economía europea, nuestro principal mercado, reacciona de manera excesivamente lenta.
  • La ocupación crece en volumen, unos 400.000 empleos al año, pero no en calidad. La tasa de temporalidad ya está en el 27% y seguramente llegará al 34%, como antes de la crisis, lo que revela que la reforma laboral, que pretendía eliminar la dualidad del mercado de trabajo, ha fracasado. El 93% de los contratos nuevos siguen siendo temporales, porque ahí se concentran las rebajas salariales. Como la población activa se ha situado al nivel de hace nueve años, el número de parados ya está por debajo de los cuatro millones y supone menos del 18% de la población activa.
  • Falta lo más difícil: consolidar empleo fijo y de calidad. A pesar del paro, durante la crisis no se ha dado ningún tipo de devaluación salarial en los contratos fijos, y ahora sus salarios vuelven a crecer más que la productividad, lo que hará imposible que aumente sustancialmente su número. Para que la economía española funcione con normalidad sería necesario crear millón y medio de empleos de calidad. Los que ya tienen empleo fijo harán todo lo que esté en su mano para que eso no ocurra elevando sus salarios todo lo que puedan.
  • En la economía española todo gira en torno al empleo, o la falta del mismo. La primera consecuencia de ello es la crisis del sistema de pensiones cuyo déficit en 2017 será sensiblemente igual que en 2016, en torno al 1,7% del PIB, unos 18.000 millones de euros. Las nuevas pensiones rebasan los 1.300 euros de media, (la media apenas supera los mil euros), lo que se debe a una de las tasas de sustitución, casi el 80% del último sueldo, más altas de Europa, lo que hace imposible recortar un déficit que no bajará del 1,5% en próximos años.
  • Es posible que el barril de petróleo no crezca mucho más pese al recorte de la producción acordado por la OPEP, lo que sería una muy buena noticia si no fuera reflejo de la debilidad del crecimiento mundial, especialmente de China.
  • La reducción de la deuda privada, empresas y familias, avanza con lentitud pero de forma positiva. Todavía seguimos lejos de la media europea, sobre todo en deuda externa, pero el gap se va reduciendo, en parte gracias al cierre de las empresas más endeudadas y el impago consiguiente. Por su parte, el BCE compró el año pasado la mitad de la deuda pública emitida por España, lo que explica que durante 2016, contra toda lógica, los tipos de interés se hayan reducido mientras la Deuda aumentaba. ¿Qué sería de nosotros sin el BCE? Pero, como hemos explicado, esto está a punto de cambiar y es posible que lo haga hacia el otoño de este año si la inflación sigue elevándose.

Como decimos, un ejercicio de transición, bueno en términos económicos pero en el que empiezan a asomar los primeros nubarrones en el horizonte que sólo se podrán afrontar si se crea empleo de calidad, los salarios crecen en función de la productividad, se reduce el endeudamiento externo y se frena el gasto público. Justamente lo que no queremos o no sabemos hacer.

El Gráfico del año

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La imagen real de lo que nos ha sucedido lo tenemos en un gráfico que refleja las alternativas de la variable  más sensible de la economía española: el paro. En él se pueden apreciar las tres crisis que hemos sufrido, cada una peor que la anterior, cada una más profunda y más larga (11, 21 y 24 trimestres). Lo que demuestra que, a despecho de las duras lecciones que conllevan crisis de estas dimensiones,  seguimos sin sacar conclusiones ni modificar las formas de hacer en materia de mercado de trabajo. Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. España mejora este aserto, ya ha tropezado tres veces y, como no aprende, puede hacerlo muchas más. Supone una heroicidad que, a pesar de ello, hayamos llegado hasta donde estamos. Partiendo de la nada…

Hay que tener en cuenta que el paro es un problema capital. Es la causa de la crisis del sistema de pensiones y del déficit público, y está en el origen de la desigualdad social que se ha producido desde la crisis. No es un problema de gobiernos o partidos políticos; en esto todos son iguales. Es una costumbre nacional, que ha adquirido rango de segunda naturaleza materializada en la capacidad de los trabajadores fijos y sus sindicatos para aumentar los salarios en cualquier coyuntura.

Los salarios crecen por encima de la productividad en las fases expansivas (1998-2007), y siguen creciendo en medio de las crisis (2008-2011), lo que, como ha demostrado el Banco de España, agravó considerablemente las tasas de paro. De esa capacidad se ha derivado una tremenda segmentación social que castiga sobre todo a los parados y temporales pero que afecta también a los trabajadores fijos, que ya representan menos de la mitad de la población activa. Una estrategia que equivale a pegarse un tiro en el pie.

INFORME DE COYUNTURA. Cuarto trimestre 2016

  • Al margen de la desagradable tarea de tener que reducir el déficit público, al nuevo Gobierno de siempre se le presenta un nuevo ejercicio bastante fácil desde el punto de vista coyuntural gracias al escenario creado por el Banco Central Europeo en su incansable esfuerzo por sacar a las economías de la zona euro de su prolongado estancamiento. Con los tipos de interés bajo mínimos, un euro débil, y un petróleo barato podríamos apostar por un 2017 como una continuidad del actual, si bien en moderado descenso. Hay que recordar que tanto empresas como familias deben reducir su endeudamiento, otra tarea inaplazable, y que el petróleo, que da muestras de encarecerse, no nos ayudará en el futuro de la misma manera que en los dos años últimos, cuando ha supuesto un ahorro de cerca de 45.00 millones de euros para la economía española.
  • Pero la clave de la coyuntura va a residir en la disposición que muestre el Gobierno en cumplir las exigencias de Bruselas, lo que para la Comisión exige recortes importantes del gasto público, que es lo que más odia todo funcionario que se precie, mientras que para el Gobierno basta con esperar a que el crecimiento económico, y la subida de impuestos, anime la recaudación fiscal sin necesidad de aplicar un programa más restrictivo en materia de gastos lo que, sin duda, debilitaría su acción de gobierno en un Congreso en el que estará en minoría. El problema es que la paciencia europea se ha agotado y el déficit público de 2017 puede quedar muy lejos del objetivo fijado, que es del 3,1%.
  • Un dato relevante de la coyuntura, y que afecta de manera particular a la economía vasca, es el de la producción industrial. A pesar de que la recuperación lleva en marcha dos años, la producción industrial española sigue estando un 23% por debajo de la de 2008. Una industria que perdió 900.000 empleos, una cuarta parte de los que había y una tercera parte de los actuales. La ocupación del sector secundario ya sólo supone un 13,6% del total. La situación vasca es algo mejor ya que la Industria todavía representa un 19% del empleo vasco. Consignemos el dato positivo de que la producción de bienes de equipo, un indicador adelantado de los acontecimientos, ha crecido considerablemente durante los últimos doce meses. Las empresas parece que se están reforzando de cara a un futuro que esperan menos malo.  

1. Al amparo de una coyuntura exterior extraordinariamente favorable, la economía española ha podido volver a crecer considerablemente, en torno al 3%, y empezar a curar las heridas provocadas por la crisis: esencialmente el paro, el más grave y más difícil de resolver, el endeudamiento, tanto público como privado, y el saneamiento de un sistema bancario que ha tenido que emprender la más formidable reconversión que se haya dado en nuestro país con el cierre de miles de oficinas y el despido masivo de empleados. Es, sin duda, el sector que mayor capacidad de reacción ha demostrado. Sin embargo, se ha avanzado poco en la reducción del endeudamiento privado y nada en el público, que sigue creciendo debido a un déficit presupuestario que apenas se ha corregido, lo que demuestra que el sector público carece de capacidad de reacción, o se niega simplemente a reaccionar porque se siente a salvo de cualquier contingencia negativa. El déficit de este año se irá hasta el 4,5% del PIB, lo que quiere decir que 2016 habrá sido un año perdido en este sentido.

En cuanto hemos vuelto al crecimiento, la creación de empleo ha  resurgido si bien se trata de empleo precario y temporal, según el modelo anterior a la crisis, por el que los ritmos de crecimiento de la economía y de la ocupación son prácticamente los mismos, lo que quiere decir que la productividad está estancada. Mientras sigan fracasando todas y cada una de las reformas del mercado de trabajo que se han abordado desde hace treinta años, con más trascendencia mediática que cambios en profundidad, la temporalidad volverá a repuntar, ya lo ha hecho hasta el 27% y acabará por situarse en los mismos niveles de antes de la crisis cuando llegó al 34%. Los empresarios no ven que las cosas hayan cambiado en este apartado y se niegan tercamente a contratar indefinidamente.

En 2017 se producirá un hecho simbólico y es que se volverá a los niveles de renta anteriores a 2007, lo que quiere decir que la crisis habrá durado alrededor de diez años. Pero sus secuelas, como acabamos de comentar, durarán mucho más. En realidad, la mayor parte de los problemas siguen estando básicamente intactos porque el Gobierno apenas los ha afrontado, empezando por un déficit público monumental, con el que lleva de cabeza a la Comisión Europea, siguiendo por la falta de reformas en casi todos los órdenes de la vida, desde la liberalización de los Servicios a la reforma de la Administración, incapaz de asumir que los ingresos fiscales no crecen como antes, y terminando por un mercado de trabajo que solo sirve para crear empleo de baja calidad y mantener a más de la mitad de la población activa en el paro, con contrato temporal, o a tiempo parcial.

En teoría, antes que nada habrá que abordar una reforma insoslayable, la de las pensiones. El déficit ha llegado a 18.000 millones y el fondo de reserva se agotará en 2017. Todos los agentes sociales reclamarán más ingresos vía impuestos, lo que parece inviable a la vista del déficit presupuestario. El gobierno, cuya inclinación a no afrontar los problemas es la misma de siempre, ha vuelto a elevar las cotizaciones sociales y el salario mínimo, que es veneno para el empleo precario, que es el que se está creando en estos momentos. Cualquiera que sea el crecimiento esperado, el empleo va a empezar a crecer mucho menos.

El problema esencial de las pensiones es que la tasa de sustitución, relación grosso modo entre salarios y pensiones, situada ahora en el 65%, es insostenible, –la media de la UE está en el 46%–, algo que nadie quiere admitir. Todo lo que no sea alterar a la baja esa tasa será papel mojado.

2. Eliminada la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria, con un sector exterior que no puede apelar a una devaluación, lo que quiere decir que sólo crecerá en la medida en que los mercados europeos se recuperen, cosa que no han hecho hasta ahora ni lo van a hacer en 2017, muy recortada la inversión exterior ante el desprestigio que España ha acumulado—un desprestigio totalmente merecido dado que su comportamiento durante la crisis ha sido el peor de Europa con la excepción de Grecia–, con ayudas estructurales que irán a menos, severamente limitada la apelación al endeudamiento tanto público como privado, salvo el que proporciona el BCE, teniendo una baja tasa de ocupación, de la cual menos de la mitad es fija a tiempo completo, con tasas de paro que duplican la media europea, teniendo que reducir el déficit público más rápidamente de lo que quisiera el Gobierno, la economía española no va a tener locomotora alguna que tire de ella cuando la política monetaria del BCE cambie de signo.

Según un informe del Banco de España, la demografía, francamente desfavorable por el envejecimiento de la población (en 2015, por primera vez, el número de defunciones ha superado al de nacimientos) reducirá  en el futuro los ritmos de crecimiento hasta el punto de situar el crecimiento potencial en el entorno del 1,2% anual de media, y el paro estructural cerca del 15%. Sólo con un programa de reformas que reduzca el desempleo estructural y aumente la productividad podríamos hacer frente en el futuro a un gasto sanitario que crece a tasas del 4% y unas pensiones que progresan al ritmo del 3%, y que, de seguir así las cosas, en muy pocos años no podremos sostener.

Parece un panorama difícil pero, pese a ello, el Gobierno no parece dispuesto a seguir  ningún plan de reformas que, además, tendría que llevarse a cabo contra una opinión pública que se niega a entender la difícil encrucijada en la que se encuentra nuestra economía después de diez años de crisis y de destrucción de muchísimas empresas, especialmente dolorosa en el caso de las empresas industriales. Ese balance es desolador: más de 50.000 empresas industriales desaparecidas que suponían el 20% del tejido industrial y 900.000 empleos, de los que una buena parte de los mismos corresponden al País Vasco.

En definitiva, nuestro potencial de crecimiento a lo largo de los próximos diez años, reflejará la capacidad de toda la sociedad, y no sólo de la economía, para evolucionar al compás de los tiempos y afrontar los retos que se nos van planteando, tanto internos- la financiación del estado de bienestar, por ejemplo—como externos, los relativos a una falta de competitividad que es esencial para salir al exterior. Esa capacidad, que casi siempre ha sido escasa, hoy es menor que nunca.

A corto plazo no hay problema gracias a que una serie de circunstancias extraordinarias, casi todas exteriores, pero, de cara al futuro, habría que afrontar grandes cambios que ni el Gobierno ni buena parte de la sociedad española quieren. El mercado de trabajo sigue siendo el mayor problema de todos dado que impide crear empleo indefinido, bien porque sus condiciones contractuales son excesivamente rígidas, bien porque sus salarios han crecido demasiado al amparo de una capacidad negociadora que ha podido ignorar, gracias a acuerdos sectoriales o nacionales, el escaso crecimiento de la productividad, que debería haber sido su única referencia válida. Ahora mismo, y en un planteamiento aparentemente magnánimo, los Sindicatos reclaman subidas de entre el 2 y el 4% (los empresarios  ofrecen subidas en torno al 1%) pero es que la productividad no crece nada y el IPC será negativo (aunque volverá a crecer en 2017 en torno a un 1,5%).

Como dice Jorge del Palacio en relación al caso italiano, las reformas planteadas por Rienzi, aunque hayan sido un fracaso, “han despertado un debate saludable entre los italianos sobre el papel del Estado, el diseño de sus instituciones, el tamaño de la Administración pública, el papel de los sindicatos, el mercado de trabajo o el espacio de la sociedad civil.” Ese debate ni siquiera se ha atisbado en España, y la posibilidad de que se plantee es muy escasa. Es evidente que la mayor parte de nuestros problemas económicos son un mero trasunto de la enorme crisis política que empieza a aflorar después de cuarenta años de complacencia democrática producto de una transición de la que no se puede vivir eternamente.

Por ello, lo más probable es que, en lugar de afrontar los problemas reales, los eludamos, como hemos hecho tantas veces en el pasado. Gran parte de la sociedad española, y muchas comunidades autónomas, sigue anclada en el pasado. La España que confía, porque no tiene otro remedio, en una clase política que piensa que hay tiempo para todo, cuando la realidad ha demostrado que no hay tiempo para nada. Menos mal que Europa nos ha echado una mano porque, de otra manera, no sabemos qué hubiera pasado.

La gente que piensa que las cosas no son tan serias debería tener en cuenta la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos. Con la excepción citada de Grecia, España es el país europeo con mayor tasa de paro, el déficit público más elevado y el mayor nivel de endeudamiento externo. Tres retos formidables que explican la escasa confianza que sienten nuestros socios comunitarios y su preocupación por las continuas alegrías que el Gobierno se permite en la confianza de que tiene un margen de maniobra que sólo existe en su imaginación. En realidad, sólo el tamaño del país y de su economía, la cuarta de la UE, ha impedido que a España se le haya dejado caer.

3. Si bien nuestro futuro parece sombrío, el porvenir inmediato es cómodo. Ahora mismo estamos creciendo por encima del 3% y, aunque el año que viene no parece tan favorable, creceremos más de un 2% en 2017, incluso un 2,5%. Siempre y cuando nuestro entorno no cambie a demasiada velocidad. Pero, ¿de qué entorno estamos hablando?

Ante todo y sobre todo de los tipos de interés, es decir, de la política monetaria del Banco Central Europeo y su estrategia de mantener los costes del dinero tan bajos como sea posible, llegando incluso a esa especie de aberración de no cobrar sino pagar por un depósito o un bono del estado, lo que dicho sea de paso está hundiendo el negocio bancario que, por lo menos en Alemania (Commerz Bank, Deutsche Bank) e Italia (Unicredito, Monte dei Paschi) va a tener que ser objeto de un rescate multimillonario que se está haciendo esperar en exceso. Un tercio del sistema bancario europeo no logra beneficios sostenibles y el stock de créditos dudosos rebasa los 900.000 millones de dólares (en España, unos 200.000 millones), lo que según el FMI reclama un plan de salvamento masivo a la manera del que se practicó en su día en Estados Unidos o Reino Unido.

De todas maneras, esos tipos de interés bajo mínimos están sosteniendo gran parte de un tejido empresarial terriblemente endeudado, por no mencionar a Estados como Italia, Portugal y, naturalmente, España. La deuda pública europea se sitúa en torno al 90% del PIB, lo que quiere decir que con unos tipos de interés “normales” la mayor parte de Europa entraría en recesión, lo que justifica la política que lleva a cabo Draghi contra viento y marea.

Esa política no va a cambiar a corto plazo porque el crecimiento sigue siendo lánguido, incluso en Alemania, y es que la política monetaria ha mostrado sus limitaciones a la hora de convencer a los empresarios para que inviertan o a las familias para que gasten. Así que no se esperan cambios significativos en dos de las variables más importantes para nuestro equilibrio exterior: el euro seguirá débil y el precio del petróleo no crecerá  mucho más de los 50 dólares el barril aunque el exceso de oferta existente ha empezado a ser recortado. Sólo la caída del precio del barril ha supuesto para España un ahorro de unos 45.000 millones de euros en los últimos dos años. Eso explica que, a pesar de crecer por la vía de la demanda interna, la balanza de pagos muestre signo positivo.

Pero el comercio mundial sigue estando de lo más deprimido. Normalmente solía crecer vez y media más que el aumento del PIB, relación que se ha invertido. De hecho, en 2016 sólo crecerá un 1,7%, con un aumento del PIB mundial del 3%, lo que es una de las tasa más bajas de la historia, consecuencia de la crisis de materias primas provocada por el descenso de la tasa de crecimiento china a la mitad de la de hace unos años. Lo que significa que es probable que nuestras Exportaciones crezcan muy poco lo que ahora mismo (no a largo plazo) tiene una importancia relativa ya que nuestro modelo de crecimiento se apoya casi exclusivamente en el consumo interno y en un gasto público fuera de control.

Es en este último apartado donde se plantean las mayores dudas de cara a 2017. Si de verdad se toma el problema en serio, el Estado español debería reducir el déficit público en no menos de 15.000 millones en 2017, lo que, de llevarse a cabo, tendría un impacto sensible sobre el crecimiento económico. Todo dependerá de cómo se administre el proceso sobre todo si, como parece, se hace por la vía de elevar los impuestos y no por recortar del gasto, cuando lo más lógico sería lo opuesto. Recordemos que un ajuste similar al que propone la Comisión contribuyó en 2012 a agudizar la recesión. El Gobierno tiene escaso margen de maniobra frente a Bruselas aunque de la habilidad española para dar largas todo es esperable. Como síntoma del gradualismo con que el Gobierno entiende este problema recordemos que De Guindos proclamó que bastaría un año para bajar el déficit del 3%. En la práctica se van a necesitar por lo menos tres.

No se trata de cumplir por cumplir, como si se tratase de un requisito formal. Este déficit, que ha causado un daño enorme a la credibilidad de España, está en el origen de una Deuda Pública que ya está en torno al 100% del PIB. Aún peor, y más peligroso, es el dato de nuestra deuda externa neta, superior al 90% del PIB, cuando la media de la Unión Europea se sitúa en el 35%, y que apenas se ha reducido durante la crisis. Tampoco lo han hecho los pasivos exteriores exigibles (1,7 billones en 2015), que requieren una refinanciación de entre 200.000 y 300.000 millones de euros al año. No cabe duda que una de las debilidades sustantivas de la economía española es la posibilidad de que los mercados financieros pierdan la confianza en nuestra capacidad para hacer frente a los pagos. Como dice la Comisión Europea: “España se enfrenta a elevados riesgos de sostenibilidad de la deuda a medio plazo”. Casi lo mejor que le puede pasar a España es que Europa no resuelva demasiado rápidamente sus problemas de crecimiento y los tipos de interés sigan bajo mínimos. Porque si las circunstancias cambian, España podría tener otra vez dificultades muy serias.

4. Los que piensan que el potencial de crecimiento de la economía española es mucho mayor del que se dice—y se dice que a duras penas pasa de un 1% de media– deberían recordar un hecho incontestable: a pesar de haber entrado en la Unión Europea, habernos endeudado hasta las cejas, haber recibido enormes volúmenes de inversiones directas y fondos estructurales, que durante años llegaron a representar más del 1% del PIB, la renta per cápita española sigue situada en torno al 75% de la media de los Doce. Como a finales de los años setenta. El proceso de convergencia con Europa no ha avanzado un ápice en cuarenta años.

Dicen que llegamos a la madurez cuando empezamos a tener conciencia tangible de nuestras limitaciones. En tal caso es evidente que los españoles todavía no han madurado, y su Administración y su clase política, que son lo mismo, aún menos. Claro que a estos últimos les va bien mientras que a los españoles no les va bien. En realidad, les va mal.

A ello ha contribuido (quien lo iba a suponer) el euro. El colofón de la unión comercial y aduanera ha resultado ser un fiasco. Para los países del Sur de Europa ha supuesto una verdadera maldición ya que se ha convertido en una camisa de fuerza que, al ser incapaces de mantener una mínima disciplina fiscal o financiera, se transforma en una máquina de destrucción masiva. Para gente poco seria como nosotros, los italianos o los portugueses, el viejo mecanismo de corregir nuestro diferencial de inflación por medio de devaluaciones era mucho mejor. Con él se salía de la crisis en un par de años. Con el euro hemos tardado diez y salimos tambaleándonos, con la moral por los suelos, y unas secuelas en forma de paro y endeudamiento que tardaremos, en el mejor de los casos, una generación en resolver.

De momento, dado que la política monetaria y fiscal seguirá siendo expansiva, el año que viene creceremos por encima del 2%, dependiendo esencialmente de cómo se afronte el ajuste presupuestario. Nuestro modelo de crecimiento sigue centrado en la demanda interna, lo que está muy bien a corto plazo pero con lo que no es posible consolidar un modelo de crecimiento sostenible. Para eso harían falta muchas reformas y todo un debate político. Pero ni el Gobierno ni la sociedad están por la labor.

INFORME DE COYUNTURA. Tercer trimestre 2016

  • De momento, la coyuntura se caracteriza por una continuidad casi absoluta. En 2016 se crecerá algo más del 3% y se crearán medio millón de empleos (lo que no impide que el déficit del sistema de pensiones siga creciendo), y eso a pesar de que últimamente ciertos datos (cartera de pedidos) apuntan a un cierto enfriamiento de cara a finales de año. Si tenemos en cuenta que, al menos teóricamente, vamos a estar un año sin Gobierno, podemos entender mejor a qué equivale  haber tenido un gobierno dirigido por Rajoy: es como no tenerlo.  
  • Los que se alegran de que los tipos de interés estén por los suelos, pensando en la financiación de nuestro monumental endeudamiento, deberían recordar que ello no es sino la contrapartida de una profunda depresión de las expectativas empresariales, y de las mezquinas tasas de crecimiento. A pesar de toda la artillería monetaria puesta en funcionamiento por Draghi—que prometió en su día que haría lo que fuera necesario- sus efectos reales siguen sin percibirse y la sólida coraza del escepticismo europeo apenas se ha conmovido, lo que no deja de ser un comentario injusto ya que al menos ha impedido que la insolvencia bancaria (Italia, España, Portugal) y el endeudamiento generalizado, desde las instituciones a las familias pasando por las empresas, se conviertan en armas de destrucción masiva, tal como lo fueron al comienzo de la crisis. Es una magra compensación si se tiene en cuenta que esta misma política pero aplicada desde el estallido de la burbuja bancaria ha permitido a los americanos salir de la crisis cinco años antes que nosotros. Pero Estados Unidos es un país que actúa como tal y Europa es un archipiélago de islas mal avenidas.
  • En cualquier caso, tan pronto se constituya un Gobierno, el que sea, a España le esperan dos shocks tremendos, los que suponen suprimir un déficit presupuestario de 42.000 millones de euros, y un déficit de la Seguridad Social de unos 18.000 millones. Ya no hay margen para enfoques gradualistas ni tiempo por delante, que ya ha sido consumido en la legislatura anterior. Los políticos tienen que enfrentarse por fin a la realidad. Pensemos, por ejemplo, que sólo la reforma del sistema de pensiones supondría, según la OCDE, rebajar la tasa de sustitución en no menos de 26 puntos. El déficit presupuestario no puede seguir afrontándose subiendo impuestos, como lo ha hecho el PP, sino bajando gastos, lo que supone desafiar a una clase política llena de funcionarios. Ya no hablamos de reforma sino de ruptura con los últimos cuarenta años de historia, los de la generosa pero desprevenida democracia.

1. A pesar de la falta de Gobierno, o tal vez gracias a ello, la economía ha seguido creciendo durante el primer semestre a buen ritmo, en torno al 3,2%, lo que es un dato excelente, sobre todo si lo comparamos con el crecimiento europeo. No existe ningún misterio acerca de las causas que explican este comportamiento: unos tipos de interés bajo mínimos, forzados a la baja por el BCE, y el enorme déficit fiscal, que campa a sus anchas en ausencia de un gobierno que tampoco lo controlaba cuando tuvo de hacerlo, a tenor de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y que nunca cumplió.

No cabe duda de que disfrutamos de dos de las condiciones óptimas para crecer,–amén del bajo precio del petróleo y de un euro débil– y a pesar de que las últimas previsiones apuntan a un crecimiento en 2017 mucho más modesto, del orden del 2,3%, todo dependerá de los cambios que se puedan producir en las variables antes mencionadas. De momento, sobre los tipos de interés no parece que pueda haber cambio alguno dado que la política monetaria seguida por el BCE no está cosechando resultados visibles en términos de crecimiento. Las economías europeas han quedado tan dañadas, las expectativas empresariales son tan negativas, los bancos parecen tan poco solventes, y el peso de los Estados tan abrumador, que no resulta previsible que se produzcan cambios sensibles en un escenario de típica declinación o decadencia. No es menos cierto que la zona euro crecerá al menos un 1,6%. Algo es algo.

En cuanto al déficit público, que este año no será inferior en conjunto a los 60.000 millones de euros, el próximo Gobierno no tendrá más remedio que enfrentarse a la herencia envenenada que le ha dejado el Gobierno anterior, o sea ellos mismos, e iniciar un verdadero proceso de consolidación presupuestaria que, sin duda, tendría consecuencias considerables sobre el crecimiento ya que el gasto público es uno de los dos pilares en que se asienta el crecimiento económico en estos momentos (el otro es el consumo de las familias). España se ha salvado por los pelos de una multa considerable, pero los tiempos en que la Comisión miraba al otro lado y hacía como que creía las promesas de Rajoy parecen haber terminado.

2. Con toda la impunidad del mundo, el irresoluto y oportunista de Rajoy, maestro en materia de manfutismo, ha llevado la deuda pública española hasta los 1,1 billones de euros. Menos mal que una parte de las emisiones de deuda se están haciendo a tipos de interés negativos o simbólicos. Pero la principal responsabilidad de lo ocurrido debe ser atribuida a la propia Comisión Europea, un modelo de lenidad, que ha tragado con carros y carretas en lo que ha sido un fracaso generalizado de las instituciones europeas a la hora de enfrentarse a la crisis más grave de la historia reciente. Qué contraste con lo ocurrido en Estados Unidos, donde tomaron el toro por los cuernos desde el principio, y sanearon con eficacia a los bancos, punto de partida de cualquier estrategia anticrisis que se precie, lo que les ha permitido recuperarse con cinco años de adelanto sobre una Europa aquejada por un sentimiento de impotencia y una falta de fe en sí misma de la que el Brexit es sólo un síntoma. Europa se ha parado política y económicamente hablando, y hay pocos síntomas de que intenta ponerse de nuevo en marcha.

Ello explica que no quisieran enfrentarse a un gobierno español que inspira más miedo por su incompetencia que respeto por su presunta soberanía. Recordemos que Europa tuvo que imponer el rescate bancario a una timorata España, y que también se encargó de hacer bajar la prima de riego desde los seiscientos puntos a los cien actuales. Seguramente pensaron que más no podían hacer, y que no se puede salvar a un país contra su voluntad. Deben estar maldiciendo el día en que aceptaron que países tan dudosos como España, Portugal o Grecia entraran en el euro.

La Comisión justifica su insólita tolerancia en el hecho de que el país lo ha pasado muy mal, lo que es verdad, y ha hecho ciertos sacrificios, ignorando que esos sacrificios han sido obligados por la caída de la recaudación y el empleo, no han respondido a ninguna estrategia social o económica, y han recaído sobre los hombros de una parte de la población, la más débil, los parados, los jóvenes y los temporales, mientras el resto ha hecho como si no pasara nada y encima se ha quejado de una austeridad que solo ha existido en su imaginación. En realidad, la tolerancia de la Comisión se ha debido al deseo de no abrir un nuevo frente conflictivo en el Sur de Europa, ante la fragilidad evidenciada por Italia y Portugal, por no mencionar a Grecia, otro problema pendiente. De hecho, los problemas bancarios de Italia y los presupuestarios de Portugal siguen estando de rigurosa actualidad, dos países que, como España, son incapaces de hacer reformas dignas de tal nombre.

3. Todo lo cual es una bendición para el hombre menos capaz de hacer algo digno de mención que se recuerda, el ínclito Rajoy, al que viene como anillo al dedo el apoyo que le ha proporcionado el resto de Europa. No se entiende que un hombre que tan bien refleja el carácter colectivo español, en su disposición a vivir el presente y desentenderse del futuro, no consiga formar gobierno cuando es el hombre idóneo para vivir de lo que Europa nos dé.

No cabe duda que la debilidad europea ha dado alas al gobierno español, que no ha dejado de hacer de las suyas durante todos estos años, o más exactamente, le ha facilitado su innato inmovilismo tanto en materia de reformas como en su control del gasto, que es también otra forma de no hacer una reforma, la de una Administración sobredimensionada que no ha aprendido nada durante la crisis. Esta va a ser la gran asignatura pendiente del próximo Gobierno al que se le ha acabado el tiempo antes de empezar a funcionar.

El reto es doble. Primero por su dimensión. Reducir un déficit de unos 60.000 millones requiere medidas radicales que hasta ahora no se ha querido imponer, y que afectaría a todos los estamentos de la Administración, sobre todo a la Central, siempre dispuesta a echar la culpa de las desviaciones producidas a las Comunidades Autónomas. Para empezar hay que decidir qué se hace con la enorme deuda que han acumulado las CCAA con Hacienda que les ha concedido unos 120.000 millones de créditos que sabemos que no pueden ser reembolsados. Ello implica que se debe producir algún tipo de acuerdo político entre quienes no están dispuestos a pagar y quienes son ahora conscientes de haber alentado la propensión al gasto de casi todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de Galicia, lo que dicho sea de paso no ha castigado a su gobierno autónomo desde el punto de vista electoral. Que aprendan en otras latitudes.

Se necesita un pacto de estado de enorme entidad  que establezca algún mecanismo de control e intervención, y reparta de manera más equitativa los recursos entre las dos administraciones, algo que resulta vital para las CCAA más endeudadas (Andalucía, Extremadura, Murcia) que son siempre las que tienen economías menos viables, es decir, aquellas en las que se da un desequilibrio evidente entre el tamaño de su economía y su capacidad para generar recursos impositivos, y el tamaño asistencial que ha adquirido su administración. No hay estados ricos con economías pobres.

Otro problema no menos peliagudo es el planteado en Cataluña, la Comunidad más endeudada de todas y la más reivindicativa, que a buenas horas ha tomado el modelo vasco como referencia, ese Concierto que Pujol rechazó en su día y que hubiera resuelto muchos de sus problemas, incluido el de su encaje en España donde tan confortablemente se encuentra el Gobierno Vasco y el PNV.

4. En realidad, el País Vasco está al margen de estas batallas gracias a contar con un Régimen especial. Como el sistema de cálculo del Cupo ha quedado obsoleto, el Gobierno Vasco dispone de un volumen de medios sin parangón, que utiliza para pagar espléndidamente a sus funcionarios y sobredimensionar sus plantillas, lo que es evidente en muchos estamentos y singularmente en la Ertzaina.

Recordemos, sin embargo, que la salud del Concierto depende totalmente de la salud de la economía y esta no es buena. Por mucho que presuma el Gobierno durante el período prelectoral. La destrucción de empresas industriales durante la crisis ha sido enorme acompañada por la deslocalización de otro grupo considerable. Durante la crisis, la economía vasca ha funcionado como un calco de la española—quince trimestres en recesión y una caída del 40% en el índice de producción industrial— lo que explica que sigamos siendo la segunda economía en renta per cápita de España, solo superada por Madrid, pero que nos hayamos alejado de la Europa avanzada. Es curioso que la opinión pública califique con un suspenso la gestión realizada durante la crisis por el Gobierno español y que, sin embargo, la gestión realizada por el Gobierno Vasco, que ha obtenido los mismos resultados, sea vista con benevolencia. Tenemos un sistema de gobierno ideal, que goza de todas las ventajas del mundo y ninguno de sus inconvenientes, porque aunque controla casi todos los ingresos fiscales del país, cuando llega un problema realmente serio (reconversión industrial, ETA, crisis económica), todo el mundo espera que lo afronte el Gobierno Central.

Lo mismo ocurre en materia presupuestaria. A pesar de que la coyuntura ha mejorado notablemente y de que tenemos un marco fiscal privilegiado, el Gobierno Vasco sigue cerrando sus presupuestos con déficit. Ello revela sin género de dudas que el gasto público vasco es excesivo. Dos tercios del mismo es gasto corriente lo que quiere decir que tenemos demasiados funcionarios demasiado bien pagados. El Gobierno sigue esperando que la recaudación mejore pero creemos que no lo va a hacer o lo va a hacer en menor medida de lo esperado. De hecho, este año, con un PIB creciendo por encima del 3%, lo que es excepcional, los ingresos fiscales solo crecen un 2% cuando la previsión era de que lo hicieran a ritmos del 7%. Cunde la sensación, lo mismo en España que en Euskadi, que la economía no da más de sí, y que al sector público le ha llegado el momento de apretarse el cinturón y no pedir más a unos ciudadanos que ya contribuyen en exceso, eso sí, sin protestar.

Otro hecho nos debería mover a la prudencia en esta materia. En la salida de la crisis vasca hay un aspecto esencial que sigue sin funcionar: el Comercio Exterior. Incluso las exportaciones españolas crecen más que las vascas. Esto no afecta de momento al crecimiento del PIB ya que la recuperación se basa en el consumo privado y el gasto público. Pero ello indica claramente que tenemos un problema de competitividad, de la que las empresas vascas son conscientes (supongo que el gobierno vasco también pero no lo dice) como se demuestra en sus ventas, que están estancadas, y su rentabilidad, mayoritariamente negativa. Hasta el punto de que los salarios han dejado de crecer, un hecho insólito.

La oferta industrial, el gran motor de la economía vasca, ha dejado de evolucionar desde la crisis por la falta de inversiones y la asfixia financiera. La empresa vasca no es capaz de evolucionar a la misma velocidad con que lo hacen las demandas que la sociedad vehicula a través de Sindicatos y Gobierno Vasco, dos máquinas bien engrasadas cuyas exigencias en materia de salarios e impuestos crecen con independencia de  las posibilidades reales de las empresas, siempre sobrevaloradas.

5. Si el problema del exceso de gasto es peliagudo, aún más, y más irreversible, es la crisis del sistema de pensiones, abocado a un déficit creciente. Si en el seno de una etapa de crecimiento como la actual, los ingresos del sistema crecen menos que los gastos, a pesar de las supuestas reformas, todo apunta a la inviabilidad de un modelo en el que, ante todo y sobre todo, hay que cuestionar eso que no se ha querido tocar hasta ahora y es la tasa de sustitución, relación entre la pensión y el sueldo medio, situada por encima del 74%, una de las más elevadas de la OCDE, y eso que ha comenzado a bajar porque ha llegado a estar por encima del 90%, un verdadero suicidio programado.

La Comisión Europea ha calculado que esa tasa no debería superar el 48%, en línea con lo establecido en otros países. Si tenemos en cuenta que la OCDE calcula que para mantener el nivel de vida del que se disfrutaba antes de la jubilación no debería bajar del 70%, y que los Sindicatos van a cuestionar cualquier reforma del Pacto de Toledo que diste mucho de ese porcentaje, tenemos entre manos una contradicción monumental, en buena parte producida por la reticencia a realizar reformas parciales a partir del momento en el que la inviabilidad del modelo se puso de manifiesto, y que no es de ahora sino de cuando estalló una crisis de la que se va a conmemorar la primera década, un tiempo en el que se ha hecho muy poco por afrontar el problema. El fondo de reserva va a desaparecer y, a pesar del aumento del empleo, el déficit ya está en los 17.000 millones de euros y no deja de crecer.

El nuevo Gobierno tendrá que dejarse de subterfugios y bajar a la realidad, algo que toda la clase política, compuesta mayoritariamente por funcionarios, detesta de modo particular, sobre todo si no tiene por delante un escenario que le permita soslayar lo más urgente y practicar eso que en España se llama ganar tiempo y que es la manera más segura de perderlo.

Siguiendo la maldición gitana de “tengas pleitos y los ganes”, le deseamos a Rajoy que consiga formar Gobierno aunque solo sea para que se ponga en evidencia su genética incapacidad para enfrentarse a un problema serio. Confirmaría todas las hipótesis sobre la naturaleza íntima de la clase política española, maestra absoluta en el arte crear problemas para darse el gusto de mantenerlos vivos y no resolverlos.

Un maratón neoliberal

PORQUÉ TENEMOS POCO EMPLEO Y MALO: UNA MARATÓN NEOLIBERAL

En cierta ocasión, alguien decidió que se corriera una maratón en un tiempo no inferior a las cinco horas. Obviamente, casi todos los participantes llegaron juntos a la meta. En otra ocasión, se dejó que los deportistas, muy competitivos ellos, decidieran el tiempo de llegada. El mejor llegó en dos horas y cinco minutos seguido por un rosario interminable de corredores separados entre sí por varios segundos o minutos. Del primero al último pasaron horas. Lo que quiero explicar con este ejemplo es que correr mucho separa, diferencia, mientras que correr poco, junta, iguala.

El primer caso es el propio de una economía socialista: todos iguales, todos pobres (salvo una nomenclatura que disfrutaba de privilegios). Se nos ha olvidado que las economías del Este de Europa, disponían de servicios mínimos muy decentes, de un sistema educativo de gran calidad, de viviendas precarias para todo el mundo y no padecían ninguna clase de paro. Sin embargo, la sociedad acabó rechazando el modelo.  ¿Cómo es que un sistema solidario y que daba seguridad, a veces demasiada, acabó viniéndose abajo? Porque quisieron correr, es decir, tener aquello que los países occidentales habían alcanzado y ellos no: un buen coche, vacaciones en Canarias y algo de democracia. Daban por descontado lo que, paradójicamente, no tenemos en Occidente y sí valoramos: empleo fijo, salario garantizado, estabilidad.

La moraleja de la historia es simple pero evidente: no hay mejora de vida sin riesgo, no hay progreso sin injusticia, no hay crecimiento sin desigualdad. Ganas algo pero pierdes algo. Todo tiene un precio, como las antiguas economías socialistas han podido comprobar. Lo mismo que  los españoles. Porque el segundo tipo de maratón es el nuestro. No hay mejor ejemplo de país que ha querido correr en materia salarial y de bienestar más rápido de lo que permitía la economía. Como en la maratón lo que hemos conseguido es fácil de definir: desigualdad, inseguridad, paro y escaso potencial de futuro.

En España tenemos un problema sempiterno y específico, el paro, casi siempre el más alto de Occidente. No es casualidad. Es verdad que hay muchos factores que influyen en el hecho de que tengamos el peor mercado de trabajo de Occidente: una formación profesional depreciada, una Universidad desastrosa, desligada de las demandas de la economía, escasa movilidad regional y funcional, un subsidio de paro demasiado generoso, etc. Pero la causa fundamental es el espectacular crecimiento de los salarios, en buenas y malas coyunturas, sobre todo en las malas.  Es verdad que la economía ha crecido lo suyo durante todo este tiempo pero el reparto de ese crecimiento entre salarios y empleo ha sido perverso.

Mi explicación teórica es la clásica: nuestros salarios, los de los fijos naturalmente, son demasiado elevados y sus condiciones contractuales excesivamente rígidas. Con esos costes laborales, en los que hay que incluir las cotizaciones sociales, la economía española no es capaz de crear empleo calificado, de la misma manera que muy pocos atletas acaban una maratón en menos de dos y diez minutos horas. Las razones son diversas pero conocidas: la historia de un país que siempre ha ido a remolque de Europa, que carece de tecnología propia, que está plagado de empresas pequeñas y medianas, a medio camino en su apertura al exterior. Una economía demasiado regulada y poco flexible. Puede crear mucho empleo (pensemos en el relacionado con el turismo, hostelería y restauración) a condición de pagar salarios muy moderados; pero no es capaz de crear mucho empleo de calidad, sobre todo si los salarios crecen más que la productividad, algo que sigue pareciendo natural a la mayoría de los españoles. Si además está por medio el espinoso asunto de los costes y la tramitación del despido, las empresas españolas perciben el contrato fijo como una amenaza para su  futuro, un futuro en el que saben  que tendrán que reestructurar  sus plantillas. Lo cierto es que un sistema que intentaba dar estabilidad al empleo ha terminado por provocar una amplia inestabilidad que tienen consecuencias muy negativas sobre la creación de empleo de calidad, que requiere formación y curva de carrera que el contrato temporal no puede proporcionar.

Nuestra productividad, por las razones mencionadas, crece poco o muy poco pero nuestros salarios, gracias a un mercado de trabajo que concede ventajas negociadoras a los trabajadores fijos que los sindicatos han sabido explotar muy bien, crecen mucho más y durante más tiempo, incluso durante la crisis, con tasas de paro elevadísimas, lo que es un dato que obliga a reflexionar sobre nuestra supuesta solidaridad y el hecho de que sigamos considerando el paro como el problema capital de la economía española. La existencia de un paro escandaloso no ejerce ninguna influencia sobre la fijación de los salarios de aquellos que conservan su empleo. De hecho, una mayoría de los españoles se sentiría la mar de sorprendido de que tal cosa pudiera ocurrir, aunque sería lo más lógico del mundo. Sin embargo, un mercado, en este caso el de trabajo, que no refleje en la fijación de precios la abundancia o escasez de la oferta ha de considerarse como verdaderamente disfuncional.

El resultado, además de ser letal para la creación de empleo, produce el mismo efecto que el de la maratón competitiva: una tremenda segmentación salarial por la que los más protegidos tienen sueldos inexplicablemente elevados (el caso más evidente es el de los funcionarios) y los menos o nada protegidos, los trabajadores temporales, tiene sueldos tercermundistas. Hay un tercer segmento, aún peor, el de los parados, que no tienen nada o casi nada. El país socialmente hablando está dividido entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen, o tienen un trabajo de mierda.

Lo curioso de este sistema es que es el deseado y defendido por las organizaciones de trabajadores que se supone actúan siguiendo criterios de igualdad y solidaridad. La realidad es justamente la contraria: no hay país con mayor desigualdad y menos solidaridad que el nuestro. El espectáculo de ver cómo se reclaman alzas salariales con tasas de paro de más del 20% es cotidiano y habitual. Para ello, los sindicatos han sido extraordinariamente hábiles y han conseguido dos objetivos aparentemente difíciles: uno es que los salarios se fijen tomando como referencia la inflación y no la productividad (menos ahora con un IPC negativo); y dos, que la gente no establezca relación alguna entre empleo y evolución salarial. Los Sindicatos llegaron incluso a defender durante más de cuarenta años que el mejor procedimiento para crear empleo era subir los salarios todo lo que se pudiera. Era una estupidez de dimensiones siderales pero era su forma de aquietar su mala conciencia: no subimos los salarios por egoísmo sino por solidaridad. Así hemos acabado como hemos acabado.

El origen de este desastre reside en un malentendido. En la transición, y aún más durante la dictadura, se dio por supuesto que los trabajadores en general eran de izquierdas, solidarios y progresistas. Tal vez lo fueron en algún momento pero lo cierto es que no lo son ahora. La razón de este cambio estriba en que la clase trabajadora más básica se ha convertido en una clase media conservadora, la más conservadora de todas, por ser los últimos llegados a un nivel de bienestar que no quieren arriesgar por nada del mundo. Lo malo de la economía moderna es que el mantenimiento de tasas de crecimiento no ya elevadas sino normales requiere de grandes dosis de flexibilidad y cambio, algo de lo que no quieren oír hablar las nuevas clases medias. Y si el mercado de trabajo se lo permite, van a utilizar todos los medios para que esa flexibilidad no les afecte aunque suponga una brutal caída de los ritmos  de crecimiento y una considerable incapacidad para salir de la crisis.

Este sistema ha dado origen en España a dos desastres de enormes proporciones. En primer lugar, ha actuado contra la creación de empleo. España sólo tiene 18 millones de ocupados cuando en función de sus compromisos en materia de pensiones, sanidad o desempleo, debería tener no menos de 22/25 millones. Pensemos que hay casi 10 millones de pensionistas  y debería haber no menos de 2,5 ocupados por cada uno de ellos. Lo que nos indica que el sistema no es eficiente ni sostenible desde el punto de vista económico.

En segundo lugar, el sistema ha dividido a la población laboral española casi por la mitad en dos colectivos contrapuestos: los parados suponen el 20% (llegaron a ser el 25%) y los temporales están en el 25% (llegaron a ser el 33%). El resto son fijos pero no todos son de la misma calidad, muchos de ellos  están al borde de la desprotección. Lo que nos revela la fuerza  e intensidad con que han crecido los salarios en estos tiempos. Sólo entre 1998 y 2007 los salarios crecieron cuarenta puntos más que la productividad. Estamos viviendo las consecuencias de semejante despropósito.

Una de esas consecuencias es la imposibilidad de ampliar el colectivo que goza de mejores condiciones laborales. Como las demandas de este grupo aumentan a mayor velocidad de lo que crece la tarta a repartir, el resultado es que ese colectivo mejora su bienestar pero reduce su tamaño. De hecho, está en franca regresión y supone, como venimos diciendo, no más de la mitad de la población activa, poco más de diez millones de empleados. Recordemos que es este colectivo el que, básicamente, a través de los impuestos y cotizaciones sociales que paga,  mantiene el estado de bienestar. No es de extrañar que este se encuentre ante un serio problema de viabilidad, especialmente visible en el sistema de pensiones.

No deja de ser sarcástico que este engendro haya sido creado, o defendido, por nuestros buenos socialdemócratas del PP y del PSOE y en nombre de políticas sociales solidarias. Los intentos de reformarlo han sido un completo fracaso. Desde los ochenta, se han hecho algo así como ocho reformas laborales que han venido a dejar las cosas como estaban. Todo un síntoma de que, en realidad, no eran auténticas reformas.

Las diferencias entre los protegidos y los que no lo son, la famosa dualidad del mercado de trabajo, son ahora mayores que nunca. Mientras se empleaba una retórica reivindicativa, el resultado real de lo que ocurría venía a ser típicamente neoliberal: en el seno de una economía cuya productividad apenas crece, cuanto más rápido aumenten los salarios, mejor les va a unos, los del contrato fijo, y peor a los demás.

En el origen de todo hay un problema de impaciencia, como una suerte de asignatura pendiente. Nuestro destino manifiesto  era el de querer tener el mismo nivel de vida, privado y público, que otros países de nuestro entorno. Qué menos. Intentamos ignorar que nuestro sistema económico no es comparable al de esos países. La desconexión entre nuestras demandas de bienestar y salarios y la economía que las sustenta es total. Un voluntarismo carente de bases racionales, una mera ensoñación. Un problema agravado por nuestro comportamiento cíclico: si la economía internacional crece a buen ritmo, nosotros lo hacemos al menos igual e incluso mejor. Si la economía mundial no crece, nosotros padecemos una crisis más dura y más larga. Tal como ha ocurrido después de 2007.

Es evidente que la responsabilidad de semejante desastre es sustancialmente atribuible al mercado de trabajo, que es básicamente el heredado del franquismo, un sistema garantista y paternalista que desconocía la importancia y profundidad de los ciclos económicos, o no les prestaba mayor atención. Desde la democracia, el país ha atravesado por tres grandes crisis (1975, 1992, 2007) y ha sido incapaz de reaccionar frente a las mismas. Las tres han sido grandes crisis económicas–como economía de nuevo cuño, hecha a prisa y corriendo, la nuestra es muy vulnerable—y tremendas crisis sociales, dado que el país, diga lo que diga y vote  a quien vote, es terriblemente insolidario, una sociedad de clases medias muy recientes que se revuelven ante cualquier cambio que suponga una amenaza. Las consecuencias de esa incapacidad son tremendas: España es con Grecia el país que peor ha funcionado durante la crisis. De hecho, sólo en 2016 volverá a tener el nivel de renta que tenía en 2007, casi una década antes.

Es significativo que el país no aprenda y sea incapaz de sacar conclusiones de los desastres acaecidos. Pero hay una explicación mejor, y es que las clases dominantes, y estamos hablando de los funcionarios, los sindicatos y los empleados con contrato fijo de grandes empresas, han entendido perfectamente cuales son sus intereses y no tienen intención alguna de permitir que nada ni nadie los ponga en cuestión.

En resumen, el sistema es poco viable en términos económicos, y carece de futuro, pero se defiende muy bien en términos políticos,–ha aguantado más de cuarenta años en democracia- gracias a la capacidad de las clases dominantes para que las cosas sigan como están. Ese grupo de presión es mayoritario e imbatible. Su representación política, PSOE y PP básicamente, impone un sistema que es básicamente opuesto a la lógica económica. Una situación insalvable.