INFORME DE COYUNTURA. Cuarto trimestre 2018

  • Un país endeudado hasta las cejas como España, se vuelve sumamente dependiente de lo que ocurre en el exterior. Por ello, resulta esencial todo lo que surge en torno a un proceso anunciado y doloroso pero inevitable: reducir la inmensa masa de liquidez creada para frenar la crisis y sus consecuencias. Decimos dolorosa y hasta temida porque llevamos años especulando acerca de lo que puede ocurrir cuando a la economía mundial se le quiten las muletas que la han sostenido todo este tiempo: liquidez a manos llenas, tipos de interés simbólicos, sobre todo en Europa, tolerancia frente a los déficits fiscales de muchos países en delicada situación, entre los que se encuentra naturalmente España pero también Italia, y una indisimulada, hasta hace poco, despreocupación por la solvencia bancaria (ya hemos dicho que la liquidez ha sido resuelta) de un conjunto de bancos duramente golpeados por haber alimentado diversas burbujas, haciendo caso omiso de la principal recomendación de todo operador financiero, la de diversificar el riesgo.
  • Ese proceso de normalización financiera (así se le llama) ya ha comenzado y sus primeros efectos se han hecho sentir en varios países emergentes. Los tipos de interés norteamericanos han empezado a subir de manera gradual pero continuada. El tipo básico de la Reserva Federal se situará a final de año en el 2%, y promete seguir creciendo hasta el 3% el año que viene, para desesperación de Trump. Puede que no parezca gran cosa pero si tenemos en cuenta la debilidad del sistema financiero y la existencia de considerables desequilibrios fiscales, el proceso proyecta una sombra considerable sobre las perspectivas no inmediatas pero sí próximas del crecimiento mundial y especialmente del europeo.
  • No hace falta mencionar, porque está siempre presente, que el telón de fondo de estas tensiones es la inmensa deuda mundial, unos 157 billones de euros, que gravita sobre todo el proceso. Ya es un 60% superior a la existente en 2007, justo antes de que estallase la gran recesión. Tanto los gobiernos como las empresas son ahora más vulnerables a un endurecimiento de las condiciones financieras, cambio de tendencia que afectará a unos países más que a otros. En este contexto no es difícil pronosticar que uno de los países más afectados será sin duda España.

1. Un dato característico de este panorama reside en el hecho de que muchos países de la UE no han aprovechado la excepcional bonanza proporcionada por la política monetaria y la compra de activos llevada a cabo por el Banco Central Europeo para reducir su endeudamiento. Ello puede tener consecuencias muy negativas de cara al nuevo escenario que nos disponemos a vivir en el que van desapareciendo los llamados vientos de cola, se normaliza la actuación de los bancos centrales y empiezan a subir los tipos de interés. Para la Comisión Europea y su Consejo Fiscal, las instituciones europeas han actuado de manera excesivamente benévola con ciertos países, entre los que se menciona expresamente Italia, pero podían haber citado igualmente a España, y el excepcional escenario que se ha vivido ha proporcionado una “sensación de seguridad injustificado”, habida cuenta de los problemas de fondo existentes, y el hecho de que esas circunstancias extraordinarias no podían mantenerse durante mucho tiempo.

No se trata de ser rigoristas porque sí ni de defender la austeridad  por sistema sino de recordar que el enfriamiento económico encuentra a muchos países tan endeudados que no podrán utilizar la política fiscal de acuerdo con las necesidades del ciclo. Y todo porque los políticos de ciertos países, y España es uno de ellos, aprovecharon la excepcional bonanza, y sus efectos sobre la recaudación, para incrementar el gasto y no para reducir la deuda siguiendo su instinto dominante de vivir al día.

Ello va a tener una importancia considerable en la manera de afrontar un período económico difícil, tal como se puede comprobar en las nuevas previsiones que ha presentado el FMI sobre la economía mundial. Todavía las correcciones a la baja son modestas. La economía mundial no va a crecer este año un 3,9 % como se preveía hasta hace poco sino un 3,7%. Peor aún es la revisión que se plantea para la eurozona que va a crecer un 2%, lo que está muy bien pero que queda a cuatro décimas de la previsión anterior. Alemania crecerá seis décimas menos debido al freno que se ha producido en sus exportaciones debido al menor tirón de la demanda mundial. Preocupa sobre todo la evolución de Italia, incapaz de crecer más allá de un 1%, en manos de un gobierno populista y al parecer tan irresponsable como el español, con el que tiene más puntos en común de los que les gustaría reconocer, por mucho que sus orígenes ideológicos puedan parecer diferentes; supuesta izquierda en nuestro caso y clara ultraderecha en el italiano, y ambos decididos a utilizar el Presupuesto por razones electorales y mentalidad a corto plazo.

Lo más importante del panorama mundial es certificar que lo que antes eran meros riesgos ya se han convertido en factores negativos reales. El temido proteccionismo americano ha devenido en una guerra comercial con China que ha afectado el comercio mundial y ha creado barreras comerciales efectivas. La subida de tipos en EE.UU. ha provocado, entre otras cosas, una salida de capitales desde los países emergentes hacia la metrópolis con consecuencias desastrosas para algunos países. La subida del barril de petróleo no es algo temido sino una cruda realidad: ha duplicado su coste en menos de un año. El anuncio esperado del BCE en cuanto al fin de las compras de activos ya se ha producido. El brexit es una realidad. El ciclo se encamina hacia un escenario completamente nuevo lo que, como decíamos al principio, no va a favorecer a los países más endeudados y más vulnerables.

2. De momento, España va a menos pero de manera moderada. Desde hace algún tiempo, y no se sabe por qué razones, las instituciones internacionales moderan su comentarios sobre España a pesar de que incumple sistemáticamente todas las recomendaciones en materia fiscal, y últimamente también en materia de reformas, la laboral sin ir más lejos y la de pensiones, objeto de una contrarreforma, lo que es aún peor. En cuanto la economía volvió a crecer, las reformas desaparecieron de la agenda de los políticos.

Las pensiones se han convertido en una bomba de relojería que un día le va a estallar en las manos al gobierno de turno en la medida en que convierte en imposible la tarea de reducir de manera significativa el déficit público, un hecho del que depende la confianza de unos mercados financieros a los que se invita todos los años a suscribir nuevas emisiones de bonos, no menos de 220.000 millones, necesarios para refinanciar una deuda monumental. Cuando los ingenuos se preguntan porqué la opinión de las instituciones internacionales es tan importante para España, cosa que repatea a más de uno, no tiene más que mirar el monto anual de estas emisiones y su fluctuante aunque de momento contenida prima de riesgo.

La previsión del FMI para 2018 se mantiene en un 2,7%, (2,6% para el Banco de España) todavía excelente pero inferior al 3% del año anterior, y la estimación para 2019, un año que va a ser clave, llega hasta el 2,2%, un cálculo bastante inverosímil a la vista de cómo está evolucionando la economía española en los últimos trimestres. Son datos positivos sobre los que pende un cierto optimismo natural derivado de la inercia inmediata. Pero hay muchos factores que están actuando para derribar esa confianza y poner las cosas difíciles. El primero es el sistemático incumplimiento de las promesas hechas a Bruselas.

3. A ello debemos añadir la delicada situación de un sector financiero irrentable, poco solvente y al que se le está haciendo larguísimo el proceso de saneamiento de activos dudosos o francamente irrecuperables que los bancos tienen en sus balances. El Banco de España ha trazado un negro panorama sobre la situación del sistema bancario empezando por afirmar algo muy evidente: el sector financiero, diez años después del estallido de la crisis, está muy lejos de haber asimilado sus monumentales pérdidas.

A lo que hay que añadir la caída de la rentabilidad. Aunque no hayan declarado formalmente pérdidas, muchas entidades sólo han podido sobrevivir gracias a los beneficios obtenidos por sus filiales exteriores dado que los márgenes de intermediación han desaparecido o son negativos lo que convierte los beneficios declarados anualmente en un ejercicio de ciencia ficción. La banca espera como agua de mayo una futura subida de tipos de interés, algo que difícilmente va a arreglar las cuentas de resultados dado que el proceso va a ser extraordinariamente lento.

Dada la absoluta reluctancia de nuestro tejido económico a realizar cualquier tipo de reformas, tiene mucho mérito que el sistema bancario haya sido capaz de cerrar casi 19.000 oficinas y despedir a unos 90.000 empleados. Eso no se hace si no es bajo un imperativo categórico. A pesar de lo cual la rentabilidad no ha mejorado dado que el ahorro de costes ha sido considerable pero inferior a la caída de ingresos. Diez años después del inicio de la crisis, la banca sigue sin resolver sus dos asignaturas pendientes: la limpieza de los activos irrecuperables, que no ha completado, y el aumento de los ratios de capital. Los últimos datos señalan que los bancos españoles son los peor capitalizados de Europa.

Hay que recordar que casi todo lo que les ha pasado es culpa suya, por dejarse arrastrar por una euforia desmedida que les llevó a conceder préstamos en condiciones temerarias. Lo mismo que está sucediendo ahora mismo con el crédito al consumo, a pesar de los avisos del Banco de España. Hay gente que no aprende.

4. Otro motivo de preocupación es la marcha del sector exterior. Gracias a la caída del barril de petróleo, la balanza de pagos ha tenido signo positivo durante años, incluso creciendo a ritmos del 3%. Pero esta bonanza se ha terminado, en parte por la subida de los precios del barril, en parte por el comportamiento de las Exportaciones, que está siendo mediocre, en parte por el crecimiento de las Importaciones, que no han frenado su paso.

Nada extraño si se tiene en cuenta nuestra falta de competitividad y nuestra especialización en productos de tecnología media, los menos, o baja, la mayoría, lo que está en el origen de un frenazo salarial que durará todo el tiempo que dure el estancamiento de la productividad, (hay años en que el empleo crece más que el PIB), o lo que tarde en evolucionar nuestro modelo de crecimiento, que sigue siendo el mismo de hace diez años, y que alguien ha definido con cierta mala uva como el modelo camarero-albañil.

Nuestras Exportaciones se han visto afectadas también por la ralentización del comercio mundial, debido en parte a la guerra arancelaria entre EEUU y  China, que según el FMI va a perjudicar en mayor medida a la economía americana, por el Brexit, y por las tensiones financieras de países emergentes. Pero nuestra debilidad exterior tiene su origen en el hecho de que la capacidad real de la empresa española es modesta, tanto en dimensiones como en tecnología (la hipoteca del fracaso educativo), y padece las consecuencias de un mercado de trabajo cuya dualidad no ha sido corregida en absoluto, por lo que fatalmente se viene escorando  hacia el empleo temporal y sin futuro.

De la misma manera que la empresa española no crea tecnología, con las lógicas excepciones, su internacionalización muestra claramente sus limitaciones. Exportamos a la Unión Europea y Sudamérica, países fraternales pero que crecen poco, y apenas estamos presentes en EE. UU. o China, los dos mercados más grandes del mundo y ahora mismo los más dinámicos. Sólo el déficit comercial con China, unos 11.000 millones, supone más de la mitad del déficit total.

Cuando se produce una caída del crecimiento, siempre nos acordamos del sector exterior para compensar las carencias del mercado interior. Pero la mayor parte de las empresas españolas están lastradas por su falta de dimensión y por una imagen de país escasamente atractiva por lo que no cabe esperar grandes cosas en este terreno.

5. Pero el factor de máxima vulnerabilidad es, sin duda, el déficit público, un problema que España parece incapaz de afrontar y que, por el contrario, se agrava conforme pasa el tiempo. El nuevo Gobierno, en lugar de asumir que no tenía margen de maniobra en este sentido, ha adoptado nuevas medidas de gasto con una perspectiva exclusivamente electoralista. Es el precio que el PSOE tiene que pagar por el apoyo de Podemos de cara a aprobar los Presupuestos de 2019. Si la Comisión Europea se ha sentido traicionada por la decisión italiana de elevar su déficit hasta un 2,4%, qué puede pensar de un país cuyo déficit se acerca al 3%, que no ha cumplido ninguna de las recomendaciones de la Comisión, que ha retrasado los planes de ajuste todo lo que ha podido, y que además se ha cargado la reforma del sistema de pensiones, lo que supondrá entre otras cosas multiplicar por diez el crecimiento de las mismas (del 0,25% al 2,5%), un crecimiento del todo inasumible cuando el déficit se acerca a los 20.000 millones y las estimaciones demográficas y de empleo inclinan a pensar que seguirá creciendo.

Poner en manos de irresponsables, como los pensionistas o Podemos, el equilibrio presupuestario, esencial para garantizar la emisión de bonos en buenas condiciones, a cambio de asegurar un apoyo parlamentario con el que presentarse a los futuros comicios en las mejores condiciones posibles, revela un talante cívico lamentable.

Como ejemplo de la frivolidad con que la clase política se toma estos asuntos constatemos que este año en que el déficit debería haber estado por debajo del 2%, el Gobierno lo llevará a cerca del 3%; que el año que viene en que debería estar en el 1,3%, el dato real será por lo menos del doble. Y eso en la antesala de una desaceleración que tendrá efectos muy negativos sobre la recaudación, como la tuvo en 2009.

Este fracaso, porque hay que considerarlo como tal,  viene acompañado de toda una serie de medidas populistas catastróficas. Eliminar el copago en las medicinas de los jubilados, que había permitido contener la factura farmacéutica, lo mismo que liberar el peaje de ciertas autopistas, es una estupidez, al igual que la subida del salario mínimo en un 22%, la mayor de la democracia, y que tendrá un efecto de lo más negativo sobre la demanda de empleo poco cualificado. Para nuestra desgracia en España hay muchos trabajos que no pueden soportar un salario de 900 euros. Van a ser los primeros empleos en ser destruidos en cuanto nos alcance una contracción del crecimiento.

Todos sabemos que, contra lo que se asegura públicamente, en España se prefiere más salario para unos antes que más empleo para los demás, pero convertir ese talante reaccionario en filosofía oficial es algo que nunca pensamos que pudiera ocurrir. La llegada al poder del PSOE refleja el conjunto de esperanzas frustradas que ha acumulado este país desde la crisis. Una crisis que no ha terminado en muchos sentidos lo que hace que la mayoría de las reivindicaciones sociales sean inasumibles económicamente hablando, impide que los salarios puedan seguir creciendo porque la productividad tampoco lo hace, y convierte la reducción del déficit presupuestario en objetivo inalcanzable para un gobierno que tampoco pone mucho interés en conseguirlo.

Como este es el país de las expectativas ilimitadas y las decepciones equivalentes, resulta curioso comprobar cómo los más afines al Gobierno dan una de cal y otra de arena sobre estas cuestiones. Como si diesen pie a la esperanza más desaforada mientras preparan al personal para la frustración anunciada. El ejemplo más evidente es precisamente el de las pensiones. Un diario afín, El País, saluda como un gran paso para “una reforma meditada y profunda” la actualización de las pensiones tomando como base el IPC, y lo considera como un “estímulo para conjugar el respeto al poder adquisitivo de 8,7 millones de pensionistas con la necesidad, incluso urgencia,  de reducir el déficit de la Seguridad Social (19.0000 millones)”.

Tiene que ser de un estímulo monumental porque el mismo periódico afirma a continuación que esas pensiones “están amenazadas por la caída relativa de las cotizaciones, en una fase económica  de elevado desempleo y precariedad salarial, por el aumento del número de pensionistas, por las prestaciones medias cada vez más elevadas y por el hecho incontrovertible de que la prolongación de la vida media amplia el período en que se percibe la pensión”.

Efectivamente, el país tendrá que demostrar una habilidad desconocida para encontrar la manera de pretender a la vez una cosa y la contraria. Pero si algún talento se le reconoce a este país es el de ser perfectamente capaz de engañarse a sí mismo.

6. Previsiones. Antes decíamos que los comentarios de la Comisión Europea sobre la economía española destilan una deferencia sorprendente. Desde mi punto de vista, no reflejan una opinión sincera sobre el estado real de nuestra economía sino todo lo contrario: la profunda desconfianza que sienten ante su conducción por parte de unos políticos instalados en un mundo ficticio, un sentimiento que empezó con Zapatero, se hizo estado de opinión con Rajoy, y se afianzará con Sánchez. Los comentarios de la Comisión Europea intentan no agravar los problemas ni exponer la cruda realidad porque podría tener consecuencias fatales para el conjunto de la zona euro. España es, al fin y al cabo, como Grecia pero multiplicada por diez.

Esa es una preocupación que, al parecer, no siente el FMI, mucho más directo y crudo en sus comentarios. Para la gente que sólo se fija en las previsiones del PIB, la última estimación realizada por el FMI le parecerá normal, incluso optimista; nos referimos  a la de 2019, 2,2%. Desde mi punto de vista, esta estimación retrasa en un año la aparición de problemas verdaderamente serios. Más realista nos parece la previsión para 2020, 1,8%, pero aplicada al año que viene, lo que equivale a pensar que la desaceleración se va a acelerar.

Nos basamos en el hecho de que, a pesar de que  los responsables del BCE van a moverse con pies de plomo en materia de tipos de interés, la desconfianza en relación con el comercio mundial va ganando enteros, el sistema financiero tendrá dificultades para aguantar el fin de las inyecciones monetarias, y el consumo de las familias tiene que ir a menos.

De hecho, las principales variables macroeconómicas están evolucionando en 2018 a la manera propia de un ciclo que se  acerca a su fin: la economía se sostiene gracias a la demanda interna: el sector público está siendo expansivo lo mismo que el consumo privado, a la inversa del sector exterior, que había sido el motor del crecimiento en estos últimos años, que resta décimas al crecimiento, hasta cinco. Una tendencia que, por definición, no puede mantenerse en el tiempo.

En 2019, tanto familias como empresas y sector público tendrán que ajustar sus niveles de gasto a un escenario menos prometedor. Hasta ahora han ignorado los avisos de que el cambio de ciclo se está acercando. Puede que las familias se dejen llevar por la inercia pero que empresarios y políticos, por definición gente bien informada, no actúen en función de este hecho, y sigan gastando como si la expansión fuese a durar indefinidamente, sigue siendo una de las notas características de las coyunturas recesivas en España, donde las crisis suelen coger por sorpresa a aquellos que están obligados a anticiparlas.

En resumen, creemos que la desaceleración va a ser más rápida de lo calculado. En 2019, ninguna de las variables que ahora mismo mantienen a la economía en un ritmo más rápido de lo normal se pueden mantener: ni el consumo de las familias, agobiadas por sus deudas, ni el gasto del Estado, afectado por la caída de la recaudación, ni la inversión de las empresas, ante el deterioro de las expectativas. El escenario económico promete complicarse a mayor velocidad de la prevista. Sobre todo si no se contiene el déficit público.

Pero las preocupaciones de todo el mundo, incluidos la mayoría de los españoles que prevé una crisis como la de 2008 en algún momento de los próximos tres años, tienen sobre todo que ver con el medio y largo plazo. Como demuestran las estimaciones del FMI sobre dos variables esenciales como son la tasa de paro y el déficit público, que van a determinan el verdadero potencial de nuestra economía. Mientras no se afronten esos dos problemas, la economía española está condenada a crecer muy poco, un dato que los llamados vientos de cola han ocultado oportunamente para beneficio de Rajoy primero y de Sánchez después, que han ganado un tiempo precioso gracias al cual no han tenido que hacer reforma alguna.

La previsión del FMI en relación al déficit fiscal es de infarto. En los próximos cinco años no se equilibra el Presupuesto en ningún ejercicio, se padecen déficits superiores al 2%, y se acaba en 2023 con un déficit del 2,7%, lo que equivale a cinco años adicionales perdidos en materia de déficit, y ya van quince. Habrá que ver qué dicen los mercados de deuda al respecto y cómo evoluciona la prima de riesgo. El FMI manifiesta un escepticismo absoluto sobre la capacidad de este Gobierno, y de cualquier otro, para reducir el déficit; no indica si es porque no quieren, no saben o no pueden. En estas estimaciones está presente el efecto negativo que sobre la recaudación va a tener el enfriamiento económico en un país donde los agujeros presupuestarios nunca se afrontan reduciendo gasto y sí aumentando ingresos.

Las previsiones en materia de paro son igualmente descorazonadoras. Según ellas, dentro de cinco años, el paro no habrá bajado del 14%, y eso con un porcentaje desmesurado de empleo temporal. Decididamente, los españoles no tienen ningún interés en acabar con el desempleo, pese a que en las encuestas siempre aparece como su principal preocupación. Los empleados públicos y los trabajadores fijos están absolutamente en contra de una reforma que termine con la dualidad del mercado de trabajo. Además, sobre el paro actúan hechos sociológicos relacionados con la existencia de una importante economía sumergida, la protección proporcionada por la familia, y la baja tasa de población activa, lastrada por el desánimo y la falta de reciclaje profesional. Cuando se pierde el empleo después de los cincuenta, se acabó.

Evidentemente, las previsiones del FMI, a contrapelo de las piadosas estimaciones del Gobierno, equivalen a un toque de atención que viene a decir: si creéis que, sin hacer nada especial, vuestros problemas se van a resolver por sí solos, estáis equivocados. Requieren grandes dosis de sacrificios y reformas en profundidad que, por lo que sabemos, no estáis dispuestos a asumir. Más bien, al contrario. Vuestras últimas disposiciones van justamente en la dirección contraria: aumento del déficit estructural, aumento del salario mínimo, que va a destruir empleo sin cualificar, y contrarreforma en materia de pensiones, que hará peligrar sus sostenibilidad. Y todo ello, con una economía extraordinariamente frágil en los prolegómenos de una caída anunciada del crecimiento que el Gobierno prefiere ignorar. Por cierto, nada distinto de lo que ocurrió en 2008.

Sin margen de maniobra fiscal, con semejante deuda pública, bajo mínimos en materia bancaria, el Gobierno, y con él el país, se las arregla para presentarse en las coyunturas más difíciles sin hacer los deberes. Así nos va.

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INFORME DE COYUNTURA. Tercer trimestre 2018

* En una de sus legendarias citas, tan ajustadas a la realidad, Groucho Marx sentenció que por muy mal que esté algo siempre hay alguien que lo puede poner peor. Comentario que parece hecho a la medida del nuevo Gobierno socialista. Todos esperábamos que el más mínimo sentido de la prudencia le llevaría a practicar una política de gasto consciente de que su margen de maniobra era escaso, al heredar del Gobierno anterior una Deuda Pública situada en los niveles más altos de la historia. Algo incompatible con un devenir medianamente sostenible. Si a ello sumamos que el BCE ha anunciado que va a dejar de comprar deuda pública a partir del año que viene, ese endeudamiento se convierte en una espada de Damocles que se activará en cuanto los tipos de interés empiecen a subir y los mercados financieros se vuelvan suspicaces con los bonos españoles, como ha ocurrido otras veces a lo largo de la historia, y exijan una prima de riesgo en consonancia con la realidad.

* En lugar de ser conscientes de ello, el Nuevo Gobierno, animado exclusivamente por fragilidades parlamentarias y expectativas electorales, ha dedicado lo mejor de sus afanes a revertir medidas prudenciales que nos deberían haber llevado a cumplir finalmente, muchos años después de lo pactado, con los compromisos en materia de déficit público. La lista de medidas temerarias adoptadas es interminable: la Justicia universal y la Sanidad universal, más funcionarios y mejor pagados, pensiones indiciadas y toda suerte de concesiones a la galería. Baste decir que en sus desesperados intentos por aprobar los Presupuestos para 2019, los socialistas han llegado a pactar con Podemos, un partido que ha defendido que, llegado el caso, no habría porqué pagar la Deuda Publica vencida, como si eso no haya tenido consecuencias catastróficas sobre la economía y el bienestar del país que se ha atrevido a hacerlo.

* En realidad, ese es el fondo del problema: creer que se puede gastar lo que se quiera y elevar el déficit cuanto se quiera impunemente y sin consecuencias secundarias. Después de una crisis como la que hemos atravesado, ni el país ni su clase política han aprendido nada ni han sacado las más elementales lecciones. Por no mencionar que ni siquiera han escarmentado en cabeza ajena, con las experiencias de Grecia o Argentina bien recientes y suficientemente devastadoras.

1. Los síntomas de una desaceleración económica son inequívocos, y es que la evolución exterior no da pie a otra posibilidad. Lo más significativo de esa inflexión viene aportada por el precio del petróleo, que prácticamente triplica sus niveles mínimos alcanzados hace unos años. Ello acaba con la teoría de que podíamos crecer a ritmos satisfactorios y tener una balanza de pagos con signo positivo, lo que no se corresponde ni con el nivel de penetración de nuestra economía en el exterior, muy pobre todavía, ni con la correlación entre demanda interior e importaciones, casi absoluta. La evolución de las Exportaciones viene siendo de lo más mediocre aunque a tono con una coyuntura europea que se desacelera más rápidamente que la nuestra. Además, y por primera vez en muchos años, los ingresos por Turismo serán inferiores a los del año pasado.

Algo parecido está ocurriendo con la demanda interna. Las ventas de grandes almacenes o los indicadores del sector servicios están en franca regresión lo mismo que el índice de producción industrial (ver anexo). El Consumo se ha visto afectado negativamente por la inflación, por encima del 2%, los costes de la energía (gas, electricidad) y un modesto incremento salarial. Esta prudencia salarial, tan insólita y rara, sólo puede deberse a las altas tasas de paro, que se mantienen en el 16%, y al fuerte ritmo de destrucción de empresas que se está produciendo, las que sobrevivieron a lo peor de la crisis pero no a sus consecuencias posteriores. Pero si los salarios crecen poco, la productividad lo hace aún menos. El empleo creado es abundante pero de baja cualificación y temporal, y no se consolida ni como puerta de entrada del empleo juvenil.

Hay que recordar que el entorno estructural de la empresa, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, sigue siendo tan negativo como siempre, especialmente en una cuestión tan fundamental como es la flexibilidad laboral. El endeudamiento empresarial sigue siendo considerable, a pesar de los esfuerzos realizados. A lo que hay que añadir el elevado coste de las cotizaciones sociales que grava la única fuente de creación de riqueza que existe, el empleo, al que se trata como si fuera superabundante y no escaso. Así se entiende que la desindustrialización haya alcanzado niveles escandalosos, incluso en el País Vasco. No así la Construcción que crece el doble del PIB, lo que, a la vista de la experiencia pasada, se duda que sea un buen síntoma.

Es toda una llamada de atención, por encima de triunfalismos interesados, el hecho de que el principal banco del país lleve diez años sin ganar dinero (el banco sólo reconoce seis). El sistema financiero ha sufrido un varapalo de tal entidad que su solvencia sigue siendo dubitativa aunque algunos se esfuercen por asegurar que aquí no ha pasado nada. Este es el equipaje con que nos enfrentamos a un futuro problemático condicionado por el fin de las compras del BCE y la subida del petróleo.

El hecho de que, ante tales perspectivas, este Gobierno sólo piense en alimentar un gasto social desbocado, financiable a duras penas con nuevas subidas de impuestos, habla a las claras de la desconexión que se ha producido entre la clase política y las realidades económicas. Un Gobierno empeñado en no enfrentarse a la realidad, y cuyos márgenes de maniobra se van a ver reducidos a la nada a partir del año que viene.

2. No es la primera vez ni, con toda seguridad, será la última que el Gobierno, y algunos agentes sociales, pisa el acelerador cuando las perspectivas económicas empiezan a deteriorarse. Los socialistas siguen el principio de que el gasto público debe acelerarse cuando el ciclo electoral se aproxima a su fin aunque en este caso las circunstancias externas sean contrarias a esta práctica.

En España funciona un cierto fatalismo que nos lleva a dejar que hechos que no están en nuestra mano controlar, como la financiación exterior, tanto en volumen como en precio, determinen el curso de los acontecimientos. Pocas veces hemos dependido tanto de los demás para todo.

Ahora mismo la gestión del Gobierno socialista en materia de gasto y déficit públicos sería ininteligible si no fuese porque está intentando presentarse ante la ciudadanía de la forma más atractiva posible de cara a unas elecciones que van a coincidir con el afloramiento de graves problemas de sostenibilidad.

Esta manera de funcionar tiene su origen en una división social y política que venía de antes pero que la crisis ha agravado considerablemente, y que se refleja especialmente en un mercado de trabajo totalmente segmentado: por una parte, los empleados públicos, más de tres millones, y los trabajadores con contrato fijo pertenecientes a empresas de cierta entidad, unos diez millones como mucho, y por otra, los trabajadores con contrato temporal, los parados y los desanimados, que en conjunto suponen otro tanto, la mitad del país. El problema es que lo que conviene al primer colectivo—rigidez laboral, salarios desconectados de la productividad, gasto social centrado en los mayores y consiguientemente déficit permanente—perjudica al segundo colectivo, cuyo peso político es inexistente. Desde este punto de vista, no es de extrañar que una ministra haya asegurado recientemente que el porvenir del sistema de pensiones le parece “halagüeño”, y otra ha llegado a decir que la tasa de paro actual, un 16%, es “relativamente razonable”.

Aunque los españoles insisten en afirmar que el paro es la mayor de sus preocupaciones, ello no se ha traducido nunca, a lo largo de cuarenta años de democracia, en priorizar la ocupación. Está claro que esa no es la obsesión de los políticos y aún menos la de los jubilados, el grupo de presión más importante del país, después de los funcionarios. Por esa razón hemos convertido su sistema de financiación, las cotizaciones sociales, en un impuesto contra el empleo, que es como decir contra los jóvenes, los verdaderos perdedores de la crisis.

Las prioridades políticas se imponen siempre sobre los principios de una conducción económica sensata, algo que ha quedado demostrado en todas y cada una de las crisis que hemos afrontado. No se conoce excepción a esta pauta bien conocida. Los gobiernos afrontan el problema tarde y mal, confunden sistemática e interesadamente crisis estructural con desaceleración coyuntural, tanto en 1992 como en 2008, e intentan compensar con gasto público las insuficiencias de la demanda, algo que no sirve para nada pero deja como herencia un endeudamiento monumental.

3. Ahora y siempre esta conducta se alimenta de varios principios inamovibles. El primero ya lo hemos mencionado: practicar una política procíclica del gasto público. España siempre afronta las crisis habiendo agotado todos los márgenes de maniobra, e ignorado las consecuencias inmediatas de la propia crisis sobre los ingresos fiscales. En su desprecio de la realidad, los responsables de la política económica quieren creer que una recaudación alimentada por la euforia económica se mantendrá cuando las circunstancias experimenten un giro radical. Nunca es así. El impacto de la crisis de 2008 supuso una caída de los ingresos del orden de 70.000 millones de euros al estar basada la recaudación en la burbuja inmobiliaria. Además, al utilizar el gasto como medida compensatoria, el déficit se disparó de manera incontenible, y en 2009 ya estaba en el 11,2% del PIB, un déficit que a duras penas se ha conseguido rebajar al 3% a pesar de haber pasado cerca de diez años desde el inicio de la recesión y cuatro desde que se iniciara la recuperación. El mismo problema se reprodujo en el País Vasco, que ha vuelto a los ingresos fiscales de antes de la crisis sólo en 2016, a pesar de tener un Concierto excepcionalmente favorable.

Los políticos sobrevaloran siempre la capacidad del sistema económico para resistir condiciones tan negativas, cosa que no hacen en relación a la propia Administración. Nunca practican un ajuste por el lado del gasto y siempre lo hacen por el lado de los ingresos, subiendo impuestos si es necesario, lo que es letal en plena crisis. Dan por supuesto que sus objetivos como sector público deben prevalecer por encima de los intereses de la sociedad a la que supuestamente sirven. Hasta el punto de defender con convicción que la Administración sabe gastar mejor que los propios ciudadanos, lo que es, como se ha demostrado fehacientemente, rotundamente falso. Se estima que al menos un 10% del Presupuesto de cada año se despilfarra y se ha llegado a pensar que hasta un 30% de ese Presupuesto obedece a consideraciones políticas de tipo clientelar. Según una estimación independiente, en los últimos años se han realizado inversiones innecesarias, mal programadas o producto de sobrecostos de imposible justificación por valor de unos 100.000 millones de euros. Un capítulo esencial de las mismas son las relacionadas con el AVE, muchas de ellas realizadas en plena crisis, en un momento de particular vulnerabilidad financiera.

Es imposible entender que España, un país de medio pelo, tenga más kilómetros de alta velocidad que Francia o Alemania, a pesar de que su población es muy inferior. Causa asombro pensar que, según los franceses, una línea de alta velocidad carece de sentido a menos que mueva a distancias más bien largas un mínimo de nueve millones de viajeros al año, cifra que no es alcanzada por ninguna línea española, ni siquiera por la de Madrid-Barcelona, la única que podría tener un cierto sentido. Desde este punto de vista, la Y griega vasca es, por descontado, un despropósito. El Gobierno Vasco parece empeñado en reiterar los mismos errores que su equivalente de Madrid.

Todo ello convierte en verdad irrefutable el axioma de que el Estado español, y sus Comunidades Autónomas, se ha convertido en el mayor obstáculo para que la economía española se modernice y adquiera de una vez por todas un verdadero estatus europeo.

4. Acabaremos el año con ritmos de crecimiento en torno al 2%, (hay quien apuesta por sólo un 1,5%), lo que complica considerablemente las perspectivas de 2019, que va a ser un año lleno de incertidumbres.

Los tipos de interés no subirán antes del verano de 2019, y el BCE se lo pensará dos veces antes de hacerlo a la vista de la fragilidad del Sur de Europa, pero en la medida en que su balance deje de crecer las emisiones de Deuda españolas, por encima de los 200.000 millones, tendrán que pagar una prima de riesgo más elevada que la actual. Por ahí pueden venir los primeros problemas.

La coyuntura internacional no nos va a ayudar porque la economía europea está revisando a la baja sus previsiones, el proteccionismo americano introduce interrogantes muy negativos y surgirán nuevas crisis en países emergentes. La Reserva Federal va a reducir considerablemente su balance y ya ha situado sus tipo básico cerca del 2%, es decir, dos puntos por encima del BCE. Hoy en día dos puntos es la diferencia entre crecer moderadamente o entrar en recesión. También es cierto que el BCE ha aprendido dos cosas esenciales: la zona euro es extremadamente vulnerable (en materia bancaria no se ha avanzado nada) pero la política monetaria ha perdido la timidez inicial que tanto nos lastró: el BCE empezó a actuar con cinco años de retraso en relación a la Reserva Federal.

Podemos tener la seguridad que Europa ayudará, como lo hizo después de 2009, pero no a cualquier precio. No podemos exagerar nuestra falta de rigor porque, como les ha ocurrido a los griegos, el coste a pagar puede ser altísimo. Sobre todo si triunfan tesis como la del responsable económico de IU que asegura, haciendo gala de una ignorancia monumental, que “la Deuda Pública no es un problema; los Estados no quiebran”. Es verdad que no quiebran; les pasa algo peor: entran en una crisis interminable que arrasa con todo, como ha sucedido en Grecia. Pactar con Podemos nuevas subidas del techo de gasto es una forma segura de acabar mal.

Se trata de gente que, contra toda evidencia, cree se pueden resolver todos los problemas existentes simplemente aumentando el gasto público. La historia nos dice que el gasto público sí ha aumentado pero los problemas siguen ahí. Lo que los políticos intentan en realidad es aumentar su papel omnipresente en la sociedad y hacerla más dependiente que nunca.

A despecho de las recomendaciones europeas, el déficit fiscal de este año se elevará como mínimo a un 2,8%. En 2019, período preelectoral, puede pasar cualquier cosa, y aunque la previsión del Gobierno es un 1,8% nos tememos que será rebasada ampliamente. Nos hemos convertido en el país europeo menos responsable en materia de gasto público, que se fomenta siempre en razones equivocadas: unas necesidades sociales por definición ilimitadas, unas pensiones indiciadas de nuevo, y cualquier cosa que pase por la imaginación calenturienta del político de turno, como aquel famoso Plan 3E de triste memoria.

Este año, todavía con un crecimiento considerable, por encima de la media europea, el déficit estructural ha vuelto a aumentar. A pesar de una deuda monumental, que es por sí misma una bomba de relojería, y del anuncio del BCE del fin de la compra de activos. Incapaces de aprender nada de una crisis que está lejos de haber sido resuelta (banca, empleo), a la clase política sólo le preocupan las próximas elecciones. El país vuelve a ser un candidato natural a pasarlo mal en cuanto el entorno exterior deje de ser favorable. Y ya está dejando de serlo.

INFORME DE COYUNTURA. Segundo trimestre 2018

  • Después de cuatro años de intenso crecimiento económico, seguimos condicionados por el complejo legado de la crisis. Por mucho que se asegure que lo peor ha quedado atrás, el hecho de que no hayamos resuelto el problema del déficit público nos hace sospechar que, tanto a medio como a largo plazo, seguiremos dependiendo de cualquier acontecimiento negativo que se pueda producir en la economía mundial. Sucesos sin excesiva entidad, al menos aparente, como pueden ser las elecciones italianas, el embargo de Irán, o el nuevo proteccionismo americano, adquieren desde esta perspectiva una importancia desusada. Nos hemos vuelto vulnerables, cosa que no parece preocupar en exceso a los españoles.
  • Sin embargo, deberíamos tomarnos más en serio cuestiones que nos afectan directamente, como es el hecho de que los llamados vientos de cola que durante los últimos cuatro años han impulsado nuestra economía están empezando a dejar de hacerlo. Es el caso del precio del petróleo, que había servido para tener una balanza de pagos sin problemas a pesar de crecer a ritmos cercanos al 3%, cosa que no había ocurrido nunca antes, o el próximo final de una política monetaria excepcionalmente laxa impulsada por el Banco Central Europeo, que tanto ha hecho para reducir el pago por intereses de la Deuda, tanto pública como privada, o la depreciación del euro, que ha facilitado la progresión de las Exportaciones, factores todos ellos clave en la recuperación experimentada, recuperación que ha supuesto un considerable alivio para las tensiones que estábamos viviendo y que, por lo menos, han facilitado una tregua a la hora de afrontar los problemas de siempre, que se resumen esencialmente en dos: paro y deuda, sobre todo esta última.
  • Se trata de dos problemas crónicos. En España, el paro se ha caracterizado por su larga duración, y el endeudamiento ha venido para quedarse hasta el punto de convertirse en el obstáculo principal para un devenir sin sobresaltos. A pesar de los esfuerzos realizados por bancos, empresas y familias por aminorar esa bomba de relojería. Cuando los estímulos del BCE desaparezcan a partir de 2019, nos vamos a ver confrontados con la verdadera naturaleza de un endeudamiento monumental que vino a financiar el boom inmobiliario, primero, y el déficit público, después. Dos destinos de los que no se puede esperar retorno alguno.

1. El precio del petróleo ha llegado hasta los 80 dólares el barril y se espera que escale hasta los cien dólares en poco tiempo. El euro ha vuelto a apreciarse lo que resta competitividad a nuestras exportaciones. Por su parte, los tipos de interés norteamericanos, cuya recuperación lleva varios años de adelanto en relación a la zona euro, y cuyo tipo básico se situará el año que viene en el 3%, obligarán a Europa, antes o después, a seguir su mismo camino.

La inflación, una de las justificaciones de la política monetaria expansiva, se encuentra ya muy cerca del objetivo fijado. Los ritmos de crecimiento de la eurozona, y más aún los de España, no justifican la actual política de tipos de interés, política que por otra parte está creando graves problemas de rentabilidad a todo el sistema bancario.

Recientemente, el FMI ha alertado que los buenos tiempos no van a durar mucho más. El problema tienen su origen en la deuda, no sólo de España sino de todo el mundo: 164 billones de dólares equivalentes al 225% del PIB mundial. Este apalancamiento puede convertirse en un problema si los tipos de interés empiezan a subir de acuerdo con el proceso de normalización financiera que han emprendido los Estados Unidos y que Europa va a seguir a partir de 2019. Como dice el FMI, ese proceso de normalización “presagia un camino lleno de baches”.

Cuando el BCE deje de comprar activos a finales de año, el ciclo de recuperación puede darse por terminado, lo que supondrá una vuelta a la realidad. Eso significa tener una balanza de pagos que deberemos vigilar, una relación con los mercados financieros problemática (con una segura subida de la prima de riesgo), y un potencial de crecimiento claramente por debajo del 2%, muy dependiente de las alternativas de los mercados financieros y sus tipos de interés.

Tenemos una economía cuya modesta competitividad se apoya en el mismo modelo de crecimiento de antes de la crisis, lo que alguien ha llamado el binomio camarero-albañil (la construcción vuelve a crecer el doble que el PIB), y que se beneficia más de la contención salarial que de la mejora de la productividad, que sigue estancada como antes. Esta es la cruda realidad de una economía dominada por empresas que manejan tecnologías simples, tienen escasa dimensión y han salido muy tarde al exterior. Así que la pregunta de rigor es la de ¿a dónde vamos con este equipaje?.

Sobre todo con un Sector Público que pone de manifiesto las debilidades de una sociedad envejecida que busca seguridad a cualquier precio e impone sus prioridades, que no son otras que Pensiones y Salud, que ya representan más de la mitad del Presupuesto del Estado y cuya tendencia a crecer por encima del PIB nominal es incuestionable. Con tres millones de ocupados menos que en 2008, y una población activa en regresión, nuestras posibilidades de mantener un estado de bienestar acorde con nuestras expectativas parecen escasas, a menos que sigamos sacrificando crecimiento y empleo. La pescadilla que se muerde la cola.

A pesar de que llevamos tres años creciendo a ritmos del 3%, nuestro sistema de pensiones sobrevive pidiendo préstamos todos los años, que no se contabilizan como déficit público. El descomunal esfuerzo que realizan empresas y trabajadores haciendo frente a desmesuradas cotizaciones sociales, que representan un verdadero impuesto contra el empleo, algo que debería ser prioritario. La financiación de esta prestación—ese sistema de reparto que los sindicatos aseguraban que era viable–, es el ejemplo perfecto de hasta qué punto el estado de bienestar está afectando negativamente a algo tan importante como es la creación de empleo y, consiguientemente, al crecimiento económico.

Repetir la experiencia de los últimos cuarenta años de democracia en los que los Presupuestos se han cerrado en negativo en casi todos ellos, cosa que no tiene sentido ni justificación alguna, no parece viable en un mundo que se ha vuelto, después de la última crisis, mucho más sensible a los problemas de solvencia, y que está obligado a tener en cuenta los juicios de valor de las agencias de valoración, generalmente implacables hacia los países que no son capaces de controlar ciertas variables, como es el caso de España con el déficit público, que ignora las amables recomendaciones de la Comisión Europea y el BCE, a pesar de haber sido prácticamente rescatada, tanto en el plano bancario como en materia de deuda pública.

Recordemos que desde 2009, el déficit público ha requerido un endeudamiento adicional de cerca de 800.000 millones de euros, y la cifra sigue aumentando. El Gobierno de Rajoy fue incapaz de cumplir ni un solo ejercicio sus compromisos con Bruselas y el nuevo Gobierno socialista no parece dispuesto a afrontar el problema sino todo lo contrario. De hecho, se ha tardado ocho años en reducirlo desde un 11% (2009) a algo menos del 4% en 2017, lo que equivale a un ritmo inferior a un punto por año, lo que demuestra la enorme inercia del sistema. Todo hace suponer que las tensiones en materia de déficit y endeudamiento van a ser habituales. Tenemos un grave problema de sostenibilidad presupuestaria.

2. No se trata de alarmar porque sí sino de ser conscientes de que el gasto público se ha convertido en la amenaza más seria para un devenir estable y sostenible. No solo porque la dimensión del problema es enorme sino porque la sociedad española parece dispuesta a agravarlo con todas sus fuerzas y los políticos se están dedicando a la noble tarea de darles la razón por una mezcla de populismo y electoralismo. No parece que con el PSOE en el Gobierno las cosas vayan a cambiar lo más mínimo. Este año tampoco se cumplirá con el objetivo fijado  (2,2%) y por mucho, a pesar de que los tipos de interés están por los suelos.

Incurrir en déficits continuados y de cierta entidad nos hace vulnerables frente acontecimientos que no estamos en condiciones de prevenir y ante los que carecemos de capacidad de reacción. Si no tenemos en cuenta esta evidencia estamos condenados a repetirla. De hecho, lo que ocurrió en 2008  es una repetición de lo que había pasado en 1992 o 1975.

La sociedad española tiene muy claro el estado de bienestar que reclama (pensiones dignas, salud y dependencia, toda clase de servicios sociales) pero vive de espaldas a la economía que tiene que proporcionárselo. Ajena a las dificultades que se nos van a plantear, exhibe un talante económico incompatible con la monumental Deuda pública y privada que soportamos. La sociedad española no ha aprendido que hay que dejar de pedir lo que su economía no es capaz de dar.

Se trata de un estado de opinión que sólo contempla una cara del problema—lo que exijo y quiero recibir—e ignora las consecuencias secundarias del déficit público que esta actitud provoca: contracción del consumo y la inversión, encarecimiento del crédito, y menor creación de empleo. Un estado de opinión que da por supuesto que en cualquier coyuntura siempre habrá alguien dispuesto a proporcionarnos los recursos necesarios para mantener cualquier política de gasto público.

Recordemos que en 2011 y 2013 los presidentes Zapatero y Rajoy recibieron tajantes comunicados del Banco Central Europeo en el sentido de que, si no tomaban medidas drásticas, los famosos recortes que la sociedad española sigue sin entender ni apoyar, no respaldarían los planes del Gobierno para refinanciar sus enormes pasivos, lo que nos hubiera dejado expuestos a cualquier eventualidad, incluida una posible salida del euro.

3. De momento, el proceso de normalización financiera que Europa, y casi todo el mundo, tiene que afrontar no va a tener consecuencias inmediatas. Por una razón fundamental: el endeudamiento mundial es tan grande que una retirada de los estímulos demasiado rápida provocaría un colapso económico. El proceso se llevará a cabo con sumo cuidado, monitorizado hasta el extremo. Pero tampoco se puede detener. Ya hemos dicho que la inflación se acerca al 2%, lo mismo que los ritmos de crecimiento de la eurozona, por lo que no tiene sentido mantener las políticas actuales.

Todo el mundo va a seguir atentamente los acontecimientos que se produzcan a partir de 2019, especialmente en los eslabones más débiles de la zona euro, que no son otros que los países mediterráneos, especialmente Italia, cuya clase política ha descreído totalmente de las ventajas del euro, seguramente para no asumir que todo lo que les ha ocurrido es culpa suya. Son países en los que la opinión pública prefiere ignorar los peligros que sus economías, y sus estados de bienestar, están corriendo.

España es, sin duda, uno de estos países. Recordemos que la economía española tiene que acudir este año a los mercados para pedir cerca de 300.000 millones de euros a fin de refinanciar aumentados los vencimientos de su Deuda. Hasta ahora no ha habido problemas porque el BCE ha hecho lo necesario para calmar a los mercados, entre otras cosas comprando casi 250.000 millones de bonos, lo que ha permitido que los costes de la Deuda española sean inferiores a los norteamericanos, un hecho que refleja la intensidad del apoyo europeo y el alcance de la política monetaria implementada por el BCE .

Desde 2015, la Reserva Federal ha elevado siete veces su tipo de interés de referencia, cada vez en un cuarto de punto, y piensa hacerlo dos veces más en 2018 y tres veces en 2019, lo que situaría su tipo alrededor del 3%, con el tipo europeo en el cero, brecha que habrá que cerrar gradualmente. No parece mucho pero para un país tan endeudado como España es algo brutal.

Actualmente, en condiciones excepcionales, el Estado español paga más de 31.000 millones anuales en intereses. En el futuro, cada punto de subida de los tipos supondrá añadir a esa factura otros 12.000 millones. Si esto sucede, tanto los mercados como la Comisión Europea van a exigir que el resto del gasto público se ajuste drásticamente. Si se produce una caída de los ritmos de crecimiento, acontecimiento más que probable, y con ello de la recaudación fiscal, que ya está creciendo la mitad que el año pasado, el déficit se nos puede ir otra vez por encima del 5%, lo que dejaría en nada los tímidos intentos desarrollados hasta ahora por reducirlo. Si en circunstancias favorables, sólo se ha conseguido reducir el déficit menos de un punto por año, es fácil imaginar lo que puede ocurrir en circunstancias desfavorables.

Más aún si, haciendo gala de un desparpajo inconcebible, el nuevo Gobierno concede nuevas mercedes: la desaparición del copago farmacéutico, la libre circulación por autopistas cuyo peaje ha vencido, la justicia universal, la sanidad no menos universal, y, sobre todo, la contrarreforma de las pensiones. Esperemos que cuando el nuevo Gobierno termine de auditar las sospechosas cuentas públicas del anterior, se dé cuenta de que no tiene margen para nada, y que le ha correspondido la desagradable tarea de bajar a los españoles a la realidad, eso que no ha hecho Rajoy en todos sus años de gobierno.

También es cierto que este Gobierno, con una credibilidad intacta de momento, tiene más posibilidades de convencer a la sociedad de que no tiene más remedio que hacerlo. De todas maneras, resistir las presiones populistas de pensionistas y autonomías, los dos enemigos naturales del equilibrio presupuestario, no va a ser fácil. Por una suerte de optimismo existencial, la sociedad española sigue creyendo en el euro e interpretaría como un fracaso histórico que se viera obligada a abandonarlo. La contrapartida de esa devoción no es otra que los recortes de gasto imprescindibles para no agravar nuestra posición deudora.

Lo que ocurra en España a partir del momento en que se desmantele la política de compra de activos del BCE, a finales de año, dependerá esencialmente de tres variables: los tipos de interés, que se irán acercando progresivamente a los norteamericanos, el déficit público, que se verá agravado por el mayor coste de la deuda, el aumento de las pensiones y el menor crecimiento de la recaudación, y la evolución del precio del petróleo. Todo ello determinará el curso de los acontecimientos en España, y en todos y cada uno de los países del euro, de acuerdo con su capacidad para gestionar estas amenazas.

Estamos a punto de adentrarnos en un escenario económico muy distinto del que hemos vivido en los últimos cuatro años, escenario que reclama una reducción drástica del déficit público muy difícil de llevar a cabo. Hasta hora se ha podido comprobar que ni la Administración Central, ni las Autonomías ni la Seguridad Social poseen elementos de autocorrección y equilibrio, ni hacen caso de las recomendaciones europeas, ni les preocupa lo que puedan decir los mercados. ¿Valor? No. Inconsciencia.

Lo que quiere decir que no estamos mejor preparados que cuando estalló la anterior crisis. Si se produce una nueva crisis o cualquier otro evento negativo, la destrucción económica y de empleo sería más o menos la misma que la que se produjo diez años antes.

Si no queremos que nos pase lo de la otra vez, tenemos menos de dos años para prepararnos y parar el golpe que se avecina.

ECONOMÍA, BIENESTAR, ENDEUDAMIENTO. El caso particular del Concierto Económico Vasco

TRAS LA CRISIS

LA crisis que hemos atravesado ha dejado un largo y complejo legado que, aunque que se asegure que lo peor ha quedado atrás, condicionará la marcha de nuestra economía por un tiempo indefinido pero seguramente largo.

Resumiendo mucho se puede decir que la economía española ha empleado diez años en recuperar los niveles de renta que tenía en 2008, pero tardará quince, es decir, no antes de 2023, en volver a tener los mismos niveles de ocupación, y, según reconoce el propio Gobierno, el endeudamiento público no volverá a ser el de entonces hasta 2035, en el mejor de los casos, suponiendo que entretanto no tengamos alguna que otra crisis.

Ello quiere decir sin más que el endeudamiento ha venido para quedarse, y se ha convertido en el obstáculo principal para un devenir sin sobresaltos. Es el problema por excelencia desde el punto de vista del crecimiento y la creación de empleo. Y eso a pesar de los esfuerzos realizados por bancos, empresas y familias por llevarla a niveles más normales, sobre todo en relación con los pasivos del exterior, algo que no podría haberse hecho sin el apoyo invaluable del BCE. Cuando este apoyo desaparezca a partir de 2019 nos vamos a ver confrontados con la verdadera naturaleza de un endeudamiento monumental que vino a financiar el boom inmobiliario, primero, y el déficit público, después.

Sólo el déficit público ha reclamado un endeudamiento adicional de cerca de 800.000 millones de euros desde 2009, y la cifra sigue aumentando dado que el gobierno de Rajoy ha sido incapaz de cumplir ni un solo ejercicio sus compromisos con Bruselas y bajar de ese 3% del PIB que demanda el Pacto de Estabilidad. De hecho, el Estado ha tardado ocho años en reducirlo desde un 11% (2009) a algo menos del 4% en 2017, a un ritmo inferior a un punto por año, lo que demuestra la enorme inercia del sistema.

Eso sucede a pesar de que llevamos tres años creciendo a ritmos del 3%, muy por encima de nuestro potencial, algo que ha sido posible gracias a la citada inyección de liquidez y bajos tipos de interés de nuestro Banco Central. De lo que surge una pregunta inevitable: si en circunstancias tan favorables (a los tipos de interés simbólicos, inferiores a los de USA en cuanto a Deuda Pública, añadimos la devaluación del euro y  la caída de los precios del petróleo), no somos capaces de equilibrar el Presupuesto, ¿cuándo lo vamos a conseguir y qué hay que hacer para ello?

CUADRO 1

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Por cierto, vamos viendo que en los últimos tiempos parte de este escenario está cambiando  y no de manera favorable. El precio del petróleo ha escalado hasta los 80 dólares el barril lo que supone tener que pagar unos 18.000 millones de euros más que hace dos años por la factura energética. Los tipos de interés norteamericanos, cuya recuperación lleva varios años de adelanto en relación a la zona euro, son una referencia de lo que va a ocurrir en Europa. Como España tiene una deuda externa de 1,9 billones de euros, la subida de un sólo punto supondría un coste  adicional de casi 20.000 millones. Este es el precio que debemos pagar por ser absolutamente dependientes de los mercados del petróleo y la financiación internacional. Así que el ciclo se aproxima a un punto de inflexión.

CUADRO 2

2

Cuando desaparezca el quantitative easing del BCE, que ha supuesto la inyección de nada menos que 2,3 billones de euros, el ciclo de recuperación podrá darse por terminado y se podrá evaluar con rigor el potencial real de nuestra economía, que sigue afincada en los mismos sectores de antes de la crisis, y cuya competitividad está más basada en la contención salarial que en la mejora de la productividad, que sigue estancada como antes. Volver a la realidad significa tener una balanza de pagos  que deberemos vigilar, una relación con los mercados financieros problemática (con una segura subida de la prima de riesgo), y ritmos de crecimiento claramente por debajo del 2%, muy dependientes de los vaivenes de los mercados financieros y sus tipos de interés.

Esta es la cruda realidad de una economía que ha sido incapaz de hacer las reformas pertinentes y modificar su modelo de crecimiento, instalado en tecnologías simples, escasa dimensión empresarial y tardía salida al exterior. Así que la pregunta de rigor es la de ¿a dónde vamos con este equipaje?

¿Qué pasará cuando, a partir de 2019, la política monetaria europea adopte un perfil menos complaciente? Recientemente, el FMI ha alertado que los buenos tiempos no van a durar mucho más. El problema tienen su origen en la deuda, no sólo de España sino de todo el mundo: 164 billones de dólares equivalentes al 225% del PIB mundial. Este apalancamiento puede convertirse en un problema si los tipos de interés empiezan a subir de acuerdo con el proceso de normalización financiera que han emprendido los Estados Unidos y que Europa va a seguir a partir de 2019. Como dice el FMI, ese proceso de normalización “presagia un camino lleno de baches”.

Repetir la experiencia de los últimos cuarenta años de democracia, en los que el Presupuesto se ha cerrado con déficit en treinta y seis de ellos, no parece de recibo en un mundo que se ha vuelto, después de la última crisis, mucho más sensible a los problemas de solvencia, y que está obligado a tener en cuenta los juicios de valor de las agencias de calificación, generalmente implacables hacia los países que no son capaces de controlar ciertas variables, como es el caso de España con el déficit público. Un país que no respeta las amables recomendaciones de la Comisión Europea y el BCE a pesar de haber sido prácticamente rescatada, tanto en el plano bancario como en materia de deuda pública, por el Banco Central Europeo.

Resulta sintomático que, ajenos a las dificultades que se nos van a plantear, volvamos a reiterar un talante económico tradicional. No sólo el comportamiento del sector público es incompatible con una senda de estabilidad sino que, aunque sea anecdótico, las familias han vuelto a sus planes de consumo largo tiempo postergados, reduciendo su tasa de ahorro desde un 13,4% de 2010 a un 5,7% en 201, y vuelven a endeudarse gracias a las facilidades concedidas por unos Bancos desesperados por los bajos tipos de interés. A pesar de que las familias sólo habían reducido su deuda hasta un 60% del PIB.

No ha ocurrido lo mismo con las empresas no financieras que han seguido reduciendo sus pasivos a toda velocidad, escaldadas por la negativa experiencia que sufrieron por haber financiado su expansión con dinero del exterior. Gracias a ello, y al BCE, se estima que las empresas españolas pagan ahora unos 50.000 millones de euros menos en intereses al año en relación al comienzo de la crisis.

CUADROS 3 Y 4

3

Ahora el problema esencial reside en el Sector Público en la medida en que pone de relieve las contradicciones de una sociedad envejecida que busca seguridad a cualquier precio y reivindica sus prioridades que no son otras que Pensiones y Salud, que representan más de la mitad del Presupuesto público y cuya tendencia a crecer por encima del PIB nominal es incuestionable. Con tres millones de ocupados menos que en 2008, y con cuatro millones de personas en edad de trabajar que ya están jubiladas o prejubiladas, nuestra tasa de actividad es inusualmente baja, por lo que nuestras posibilidades de mantener un estado de bienestar acorde con nuestras expectativas parecen limitadas.

Quince millones de ocupados del sector privado, de los que casi tres son trabajadores temporales con los que se practica una devaluación salarial sistemática, no pueden mantener a casi diez millones de jubilados, muchos de los cuales han obtenido pensiones con tasas de sustitución superiores al 80%, a tres millones de empleados públicos, cuyos salarios son un 50% superiores a la media del sector privado, y a dos millones de parados. Así que el Estado acude sistemáticamente al endeudamiento para tapar el agujero.

CUADRO 5

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La evolución de la Deuda pública es la confirmación del desequilibrio existente entre los que aportan (ocupados) y los que cobran (funcionarios, parados y pensionistas). El sistema de pensiones especialmente funciona desde hace años en precario, a pesar del esfuerzo descomunal que realizan los trabajadores en activo pagando impuestos y cotizaciones sociales que representan un verdadero castigo contra el empleo, la variable que debería ser defendida de manera prioritaria. La financiación del sistema—ese sistema de reparto por el que los sindicatos han apostado siempre–, se ha convertido en la pescadilla que se muerde la cola. La solución es ahora el problema.

No se trata de alarmar porque sí sino de ser conscientes que el endeudamiento se ha convertido en la amenaza más seria  para un devenir estable y sostenible. No solo porque la dimensión del problema es enorme sino porque la sociedad española  parece dispuesta a agravarlo con todas sus fuerzas y los políticos parecen dedicados a la noble tarea de darles la razón por puro electoralismo.

Es un hecho incontrovertible que las proyecciones a largo plazo en materia de gasto público y pensiones superan ampliamente el potencial de crecimiento de la economía española. Todo nos hace suponer que las tensiones de futuro en materia de déficit y endeudamiento van a ser lo habitual. Por ejemplo, según ciertas estimaciones, durante los próximos años, el número de nuevos pensionistas duplicará el de nuevos puestos de trabajo. Y es que asistimos  al hecho sorprendente de que la población activa está disminuyendo desde hace cinco años porque se jubila más gente de la que entra a trabajar.

CUADRO 6

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Este panorama sólo puede corregirse a través de una única variable: un crecimiento enérgico y sostenido de la productividad por persona, hoy por hoy mediocre. Lo que alude a un hecho incuestionable y es que son las variables no económicas las que van a determinar las posibilidades reales del estado de bienestar. El principal problema es la pirámide demográfica, y la de España es una de las peores del mundo con una de las más largas esperanzas de vida, que supera una media de 84 años, y una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Sólo Japón ofrece un balance entre viejos y jóvenes peor que el nuestro.

El otro condicionante extraeconómico es la Educación, uno de los fracasos más sonados del Estado español y del País Vasco. Nos estamos incorporando a la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías de la información con una lentitud exasperante. La Universidad española en general es un fracaso sin paliativos y su divorcio del tejido económico, evidente. En el caso del País Vasco sólo dos Universidades figuran entre las quince mejores del Estado y las dos son privadas: Deusto y Mondragón. En la enseñanza secundaria, el País Vasco figura, como veremos luego, en los lugares del cola del Estado, sobrepasada por Comunidades que dedican muchos menos recursos por alumno que el Gobierno Vasco.

Mientras las necesidades sociales crecen y crecen, no tenemos la economía que desearíamos para hacerles frente por lo que corremos el riesgo de que el endeudamiento resultante siga creciendo y se vuelva contra nosotros. En España sobreviven dos tópicos en relación a este tema que no resisten el menor análisis. El primero de ellos consiste en rechazar de plano la idea de que el endeudamiento conduce, antes o después, a empeorar el potencial de crecimiento. En realidad, no es que agrave las crisis; es que las provoca directamente. El segundo tópico, derivado directamente del anterior, es el de que siempre, incluso en la peor de las coyunturas, encontraremos alguien que nos preste los recursos que necesitamos para seguir como si no pasara nada.

Un ejemplo práctico y bien reciente de que esto no es así lo tenemos en aquella huida hacia adelante que se ha conocido después como burbuja inmobiliaria. Un país que habitualmente venía construyendo una media de 250.000 viviendas se puso a levantar cerca de 800.000, lo que requería un enorme esfuerzo financiero porque se trata de una de las inversiones de más largo período de maduración (entre proyectar, construir y vender se tarda una media de siete años a lo que hay que añadir 25/30 años para financiar su compra). Como el crédito hipotecario crecía a ritmos interanuales del 30%, pronto se vio que el ahorro interno era insuficiente por lo que bancos y cajas de ahorro, especialmente estas últimas, se dedicaron a reciclar enormes cantidades de ahorro externo procedente sobre todo de Francia y Alemania. La balanza de pagos llegó a tener déficits por cuenta corriente de cerca del 10% del PIB pero como éramos parte del euro parecía que no pasaba nada.

Hasta que llegó una noticia que alarmó a muy pocos: en los Estados Unidos, créditos hipotecarios concedidos a personas escasamente solventes, lo que se llamó hipotecas subprime,  estaban siendo impagados en grandes porcentajes. Para colmo, los bancos que las habían concedido las habían convertido en activos financieros que las entidades de valoración recomendaron a todo el mundo (Estados Unidos vendió activos de este tipo por no menos de tres billones de dólares). Cuando se supo la verdad y cundió el pánico, los mercados se cerraron y algún banco quebró.

Según el Gobierno, toda esa historia no nos podía afectar porque nuestros bancos habían creado provisiones abundantes, el Estado debía muy poco, (la deuda pública era en ese momento una de las más bajas de Europa, apenas un 36% del PIB), y los últimos Presupuestos se habían cerrado con superávit (la recaudación crecía a ritmos del 13% anual). Pero pasó porque todo dependía de que nuestros bancos pudiesen seguir endeudándose lo que pronto se comprobó como una entelequia. Cuando las cosas se ponen mal a España no le presta ni Dios por la sencilla razón de que nadie en su sano juicio confía en la competitividad de su economía y, aún menos, en la gestión de la política económica.

Así fue cómo las grandes inmobiliarias quebraron, y las que no lo hicieron simplemente prolongaron su agonía gracias a la refinanciación. La construcción de viviendas se convirtió en un sector residual y  se contrajo por debajo de las 50.000 unidades anuales. Los bancos y cajas de ahorro perdieron no menos de 250.00 millones de euros y no quebraron porque fueron rescatadas, aguantaron gracias al negocio exterior (las que lo tenían), o vendieron toda suerte de activos. Aun así el sistema bancario ha tenido que abordar la más formidable reconversión que se recuerda. El número de entidades ha pasado de más de sesenta a una docena, y si se nos apura, a cinco; se han cerrado cerca de 20.000 oficinas y despedido a 90.000 empleados. A pesar de lo cual a duras penas ganan unos 8.000 millones de euros anuales, dependiendo de las provisiones que hagan, menos de la mitad de antes de la crisis. La banca ha dejado de ser un buen negocio, por lo menos en España, el país en el que no podía pasar nada.

La economía española se dio de bruces con un hecho incontrovertible: acudir sistemáticamente a un endeudamiento de cierta entidad nos hace vulnerables frente acontecimientos que no estamos en condiciones de prevenir y ante los que carecemos de capacidad de reacción. Nuestros excesos son siempre castigados severamente en términos de crecimiento y, sobre todo, empleo. Si no tenemos en cuenta esta evidencia estamos condenados a repetirla. De hecho se ha convertido en nuestra forma de hacer habitual: lo que ocurrió en 2008  es una repetición de lo que había pasado en 1992 o 1975. El ejemplo de la última crisis nos debería haber enseñado lecciones duraderas lo que no ha ocurrido gracias a nuestra proverbial falta de memoria. Sabemos que es fundamental para ser felices pero nos lleva a vivir siempre en el filo de la navaja.

Es así como nos hemos convertido en uno de los países más endeudados de Europa, algo que hasta ahora no nos ha preocupado demasiado porque el BCE se ha encargado de que paguemos tipos simbólicos, inferiores a los de Estados Unidos. Cuando vuelvan a subir nos enfrentaremos a una situación muy delicada y, posiblemente, a una nueva crisis. Por esa razón, no se puede, o no se deberían, adoptar compromisos en materia de bienestar, como se viene haciendo con las pensiones, sin tener en cuenta este hecho porque no haremos otra cosa que agravar un problema de viabilidad, tanto de la propia economía como del estado de bienestar.

Sin olvidar que no estamos solos, que operamos en un escenario internacional en el que nuestras acciones son cuidadosamente sopesadas y nuestra solvencia depende del juicio de valor de otros países, o de las agencias de calificación. La globalización es el motor del desarrollo pero también significa que cualquier cosa que pase en el mundo nos afecta. Como ocurre ahora mismo, por poner ejemplos, con el tema de Irán (encarecimiento del petróleo) o el nuevo proteccionismo norteamericano (más inflación).

Conducir sin cinturón es algo que está muy mal visto pero que la economía española practica como la cosa más normal del mundo. Una costumbre que nos hará atravesar por crisis recurrentes y que, en cualquier caso, impide que nos preparemos para afrontar el futuro.

Sang Lorrain

A finales del siglo XIX, un misionero francés destinado en China, le Pére Delavay consiguió enviar a París unas preciosas semillas de una planta que crecía en las estribaciones del Himalaya por encima de los 3.000 metros. Resultó ser una peonía a la que se le le dio el justo  nombre de P. Delavayii y con la que se han conseguido numerosos híbridos; uno de los más famosos es esta peonía patriótica (era antes de la I Guerra Mundial)  llamada Sang Lorrain.

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INFORME DE COYUNTURA. Primer trimestre 2018

  • Los datos recientes de la economía española difícilmente pueden mejores. Por tercer año consecutivo, el crecimiento del PIB se mantiene en torno al 3% y la creación de empleo rebasa el medio millón sin que aparezca en el horizonte amenaza alguna en forma de estrangulamiento externo (balanza de pagos) ni inflación diferencial con Europa, tan habituales en estos casos. ¿Quiere ello decir que nuestro potencial de crecimiento a largo plazo  es similar al que hemos alcanzado en estos últimos años? Para nada. Este crecimiento es el resultado de un conjunto de circunstancias afortunadas que nada tienen que ver  con la mejora de la competitividad, un cambio sustancial en el modelo de crecimiento, o la evolución de las empresas, aunque la crisis haya supuesto una selección de las mismas y una mayor preocupación por los mercados exteriores.
  • La economía que ha salido de la crisis es sustancialmente la misma de antes, con todas sus limitaciones: tamaño de las empresas, muy pequeño; mercado de trabajo, sin capacidad de ajuste; endeudamiento, excesivo, que se ha reducido menos de lo que parece (buena parte de esa reducción se debe a la desaparición de empresas), escasa innovación y ninguna mejora de la productividad. Pero ha surgido una oportunidad magnífica y las empresas la han aprovechado en cuanto el petróleo se abarató, el euro se devaluó, y los tipos de interés, lo más importante y significativo de todo tratándose de un país endeudado hasta las cejas, se volvieron simbólicos gracias al BCE.
  • Toda la política económica implementada por España no vale ni una décima parte de lo que han supuesto los factores antes citados, especialmente el último de ellos, que nos han sacado, al menos temporalmente, de una segura insolvencia como país, lo que nos hubiera obligado a salir del euro. De hecho, toda la estrategia implementada por el BCE perseguía el objetivo de impedir que esta amenaza se materializara. Pero la espada de Damocles, la Deuda, sigue ahí y la economía española se va a enterar de ello en cuanto los tipos de interés comiencen a subir. Hemos agotado casi todas las posibilidades de seguir aumentando el endeudamiento, por lo menos el externo, y nos espera la tarea mucho menos glamurosa de devolver en lugar de recibir, algo a lo que no estamos acostumbrados.

1. Lo curioso es que, conforme pasa el tiempo, que el Gobierno piensa que es ilimitado, sin que se produzcan las reformas que podrían dar un sesgo nuevo a la situación, adormecidos por unos datos que no reflejan otra cosa sino que la capacidad productiva, que la crisis dejó de utilizar (recuérdese que el índice de producción industrial cayó casi a la mitad), ha vuelto a ser empleada, más evidente resulta que nuestro potencial de crecimiento es discretísimo. De hecho, a pesar de que los salarios crecen muy poco, la economía española ha comenzado a perder competitividad de nuevo, y es que la productividad está estancada. La actividad actual es simplemente fruto de un fenomenal dopaje financiero.

Por si fuera poco, los problemas de fondo, de solución muy problemática si es que tienen alguna, siguen ahí, en parte como consecuencia última de la crisis (solvencia bancaria), en parte como resultado de un optimismo existencial que se aplica sobre todo a las prestaciones y tamaño del sector público, claramente desproporcionado, propio de un país de demostrado talento para repartir, sobre todo si es lo de los demás, y una mucha menor habilidad para producir. En cualquier caso, la sociedad, especialmente sus representantes legítimos, los políticos, esperan solucionarlos dejando que pase el tiempo y se mantenga un crecimiento económico que son los primeros en debilitar.

Aunque hayamos dejado atrás la crisis, sus consecuencias están lejos de haber sido superadas. Pensemos, por ejemplo, que sólo en 2017 se volvió a alcanzar el PIB previo a la crisis correspondiente a 2008. Pero todavía estamos lejos de haber recuperado los niveles de empleo, hoy por hoy dos millones largos menos que los que había en 2008, nivel que en el mejor de los casos sólo se volverá a alcanzar en 2022/23, suponiendo que antes de esa fecha no volvamos  a tener otra crisis. Pero, finalmente, lo que da un vuelco total a la situación es el hecho de que nuestra deuda pública, situada en 2008 en el 36% del PIB, se sitúa ahora en los aledaños del 98%. Una vuelta a la situación anterior se adivina imposible.

2. Antes de la crisis, España pudo obtener cuantos recursos exteriores necesitó gracias a que estaba poco endeudada y formaba parte de la zona euro, lo que para muchos suponía todo un aval. Como tal sólo ha funcionado a medias: no ha evitado el desastre pero sí nos ha ayudado a resistir gracias a un rescate que la Comisión Europea y el BCE prácticamente impusieron al Gobierno español del PP, al parecer ajeno a las dificultades por las que estaba atravesando la banca española, y a la desconfianza generalizada de los mercados financieros hacia un país que parecía no darse cuenta del tremendo embrollo en que se había metido gracias a la burbuja financiera.

El BCE nos ha tenido en la UCI durante todos estos años en los que ha evitado que muchos bancos españoles, prácticamente todos, cayeran en la insolvencia y la liquidación. El caso del Popular no es la excepción sino la regla; la única diferencia ha consistido en que sus gestores parecían no darse cuenta de que el tiempo se les estaba agotando. Pero, según el siguiente gráfico, se puede observar que la situación actual de la Banca española, diez años después del estallido de la crisis, sigue siendo preocupante. En el mayor banco de España, el Santander, el peso de morosos y activos inmobiliarios supone cerca del 20% del total, un porcentaje descomunal, como lo son, aunque no tanto, esos mismos porcentajes en el BBVA y Sabadell, lo que quiere decir que el sistema bancario español está todavía asimilando el impacto de la crisis.

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La banca ha seguido una estrategia lógica ante un problema imposible de afrontar a corto y medio plazo: refinanciar parte de los créditos, o hacer ver que todavía están vivos, estrategia muy habitual con los del sector inmobiliario; hacer un uso máximo de las facilidades crediticias del BCE; liquidar toda suerte de participaciones y empresas, incluidas las llamadas “joyas de la familia”, y, cuando no había más remedio, vender, a “fondos buitres” mayoritariamente, pisos y urbanizaciones, aunque eso supusiese aflorar enormes pérdidas que, en conjunto y para la totalidad del sistema financiero, no habrán bajado de los 300.000 millones de euros.

No es de extrañar que, a pesar de cerrar 12.000 oficinas y despedir a más de 70.000 empleados, los beneficios de la banca sean ahora menos de la mitad de los que obtenía antes de la crisis. Otro ejemplo de cómo estamos lejos de haber “digerido” la crisis.

3. Como tampoco ha sido resuelta la crisis fiscal y del sistema de pensiones. En este sentido Moody´s es rotundo: “España ha fracasado en sus metas fiscales”. El rating español sigue estando muy lejos de la triple A que disfrutó hasta 2009 y se sitúa a dos pasos del bono basura debido a que el peso de la deuda es casi cuarenta puntos porcentuales mayor que en 2010, una deuda doblemente problemática dado que España tiene una deuda pública muy alta y una deuda externa de las más altas del mundo. Según AiREF, España incumplirá las reglas fiscales de la Unión Monetaria, que establece que la deuda pública no debe sobrepasar el 60% del PIB, por lo menos hasta 2035, con quince de retraso respecto de lo que dicta la normativa.

La actuación del Gobierno en este sentido es prácticamente nula, carece de un plan fiscal a medio y largo plazo y su política de adoptar medidas en función de los distintos episodios electorales impide que actúe de manera contundente. Un buen ejemplo de ello es la falta de planteamientos concretos en relación a la deuda acumulada por las Autonomías con la Administración Central durante la crisis, no menos de 233.000 millones de euros, y que la mayor parte de las Comunidades Autónomas consideran imposible de afrontar, a pesar de que buena parte de la misma se concedió a interés cero y sin programa de amortización.

No pasa nada mientras el BCE suelte liquidez a manos llenas y compre bonos y deuda en cantidades exorbitantes (cerca de cuatro billones de euros hasta ahora). Todo el mundo, salvo los alemanes, aspira a que esta política se mantenga el mayor tiempo posible, a pesar de sus consecuencias negativas en la formación de posibles burbujas. De hecho, no se esperan cambios sensibles en materia de tipos a pesar de que el ritmo de compras se ha reducido sustancialmente y de que Estados Unidos ha dado por terminada su política de quantitative easing. Pero lo que es claro es que estas políticas no se pueden mantener eternamente, sobre todo cuando su justificación esencial (alejar la amenaza de una depresión duradera y reanimar la inflación) ya se ha conseguido, por lo menos en parte, lo que quiere decir que, a partir de este momento, “los gobiernos serán responsables de sus deudas”, y España figura entre los países más endeudados de Europa, lo que ya es decir.

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Entre otras cosas, esa Deuda significa que la subida de un solo punto de los tipos de interés supone un incremento de 12.000 millones en el pago de intereses, cuando estamos todavía muy lejos de haber resuelto el problema del déficit fiscal, que no se ha cumplido siquiera en 2017, al final el déficit se ha ido hasta el 3,2%, con todas las circunstancias a nuestro favor, y a pesar de todas las trampas contables que Montoro viene introduciendo en las cuentas públicas ante la mirada impasible de una Comisión Europea que debe tener tantos problemas por todo el continente como para que España le parezca un modelo de austeridad. Como Alemania consiga sustituir como presidente del BCE el año que viene a Draghi por Jens Weidmann,  que ese sí es un verdadero halcón, España, y muchos otros países, se van a enterar de qué es esa entelequia llamada equilibrio presupuestario.

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Fuente El País

Lo peor no es haber tardado ocho años (de 2009 a 2017) en reducir el déficit desde un 11% del PIB al 3%. Lo peor es que parece que eso es lo máximo que el Gobierno es capaz de conseguir en las mejores condiciones posibles, con unos tipos de interés simbólicos (actualmente España paga por su deuda pública tipos de interés inferiores a los de Estados Unidos), habiendo caído los pagos por desempleo prácticamente a la mitad, y con incrementos de la recaudación fiscal como no se conseguían desde antes de la crisis, (en el País Vasco, los Ingresos han crecido un 12%, como antes de la crisis).

Es como para preguntar, ¿si ahora no se equilibra el Presupuesto, cuando se va a hacer? La política de trasladar hacia el futuro el peso del ajuste del sector público resulta escandaloso, y no hace otra cosa que alimentar una Deuda pública que ha adquirido un peso tal como para haberse convertido en la principal espada de Damocles de la siguiente generación.

4. Ajenos por completo a esa preocupación, los pensionistas se manifiestan en todas las capitales para pedir que sus pagas vuelvan a crecer con la inflación. Qué menos. Ignorando que ha sido el único grupo social que mantuvo su capacidad adquisitiva durante la crisis, junto con los funcionarios, indiferentes al hecho de que ni siquiera los que cotizaron durante cuarenta años, y la gran mayoría no lo hicieron, se ganaron las pensiones de que gozan y durante el tiempo en que las disfrutan, sabedores de que el déficit se ha disparado a los 19.000 millones, sospechando que esta trayectoria no va a mejorar porque en los próximos años por cada puesto de trabajo que se cree aparecerán dos pensionistas más; conscientes de que la pirámide demográfica española es una pesadilla, propia de una sociedad envejecida con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo (en eso sólo nos ganan los japoneses); indiferentes al hecho de que el sistema les ha tratado con una generosidad excesiva dado que el coeficiente de sustitución rebasa el 80% cuando la media europea no pasa del 50%, los jubilados españoles ejemplifican a la perfección la postura existencial de aquel rey francés que antes de morir exclamó aquello de “Aprés moi, le deluge”. En un español menos elegante y más rural hubiera dicho algo parecido: “El que venga detrás, que arree”.

Todo un ejercicio de indiferencia hacia las próximas generaciones. Estos abuelos que divorcian su amor hacia los nietos de su obligación de no dejar este mundo en peores condiciones de cómo lo encontraron, proclaman que quieren más, aquí y ahora. Teniendo en cuenta que entre Pensiones y Salud nos gastamos unos 210.000 millones de euros, casi la mitad del Presupuesto del Estado (440.000 millones), los trabajadores en activo dedican cada año en forma de cotizaciones e impuestos no menos de tres meses de su trabajo en mantener dichas prestaciones, sólo cabe preguntar a los indignados manifestantes: ¿Cuántos meses más quieres que trabajen para ti esos trabajadores, tú que hiciste huelgas por los cinco minutos del bocadillo?. Una pregunta necesaria cuando se sabe que, en relación a la renta media del conjunto de la población, quienes tienen entre 66 y 75 años no están nada mal en términos comparativos

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Fuente El País

El hecho de que en este apartado estemos en compañía de países como Francia, Italia, Portugal o Grecia dice mucho acerca de las preferencias electivas de los países mediterráneos: a favor de los viejos y el pasado y contra los jóvenes y el futuro.

La guerra de las pensiones, cuyo único argumento es el electoral—nuestros diez millones de votos y los de nuestras familias—sirve también a un fin: distraer la atención sobre el hecho incontrovertible de que los verdaderos agraviados son los jóvenes. Como dice un informe, los jóvenes son en realidad el colectivo con mayores posibilidades de situarse por debajo del umbral de pobreza económica. Sólo uno de cada cinco jóvenes entre 15 y 30 años consigue irse de la casa de sus padres. Esa es la venganza refinada de los jóvenes hacia sus mayores: no emanciparse.

5. El español medio cultiva una suerte de masoquismo pensando que su suerte como país, especialmente su historia económica, ha sido particularmente desgraciada. Algunos tendrán mucha razón; son los que tuvieron que emigrar, no recibieron educación alguna, ocuparon los trabajos más humildes o se vieron incursos en planes de reestructuración. Pero como economía en su conjunto, a partir sobre todo de los años sesenta del pasado siglo, los españoles han sido bendecidos por un continuo maná que les ha permitido salir de la miseria a que les había llevado la guerra civil y el franquismo y construir una economía más modesta de lo que creemos pero que no tiene nada que ver con la del pasado.

Entre esas variables ese encuentra ante todo y sobre todo el turismo y la inversión extranjera que protagonizaron el primer desarrollismo y siguieron creciendo después de nuestra entrada tardía en la Europa comunitaria. A ello se sumaron después de 1986 los fondos estructurales, que pasan desapercibidos pero llegaron a suponer hasta un 1% del PIB. Cuando todos esos recursos fueron insuficientes para financiar un crecimiento descontrolado y especulativo, una vez dentro de este siglo, nos convertimos en uno de los países más endeudados del mundo.

De esta trayectoria podemos extraer una conclusión fundamental, y es que es irrepetible. En parte porque las inversiones exteriores y los fondos estructurales han dejado de ser lo que fueron pero fundamentalmente porque ya no va a ser posible endeudarnos más de lo que ya lo  estamos. Es más, todo apunta a que, por presiones externas fundamentalmente, los de los mercados financieros, (esos rating de las agencias de calificación tan cerca del bono basura) vamos a tener que dedicar parte de los recursos que generemos a amortizar esa deuda, un problema que hasta ahora ha sido afrontado por el BCE que, de esta manera, parecía compensar el error temerario de haber dejado que entráramos en el euro.

Esto supone un cambio radical en nuestras percepciones, cambio del que apenas somos conscientes pero que se presentará ante nosotros en toda su entidad en cuanto los tipos de interés empiecen a subir de nuevo, cosa que va a ocurrir inevitablemente pero no muy pronto. Hasta entonces, sigamos pidiendo más.

 

INFORME DE COYUNTURA. Cuarto trimestre 2017

  • Nos aproximamos a una nueva etapa económica en la medida en que el BCE comienza a retirar el andamiaje monetario que ha sostenido la economía europea durante una crisis interminable. Sin esa política las cosas podían haber sido peores, mucho peores, especialmente para países con graves problemas a la hora de afrontar situaciones difíciles, esas que requieren grandes dosis de iniciativa y consenso. Es el caso de España, un estado perfectamente incapaz de enfrentarse a un contexto semejante por sus propios medios después de haber alimentado una burbuja inmobiliaria que hizo de esta crisis un proceso diferenciado y más dañino. Después de Grecia es el país que peor lo ha pasado de toda Europa lo que representa un fracaso en toda regla de un estado decididamente disfuncional en más de un sentido. Deberíamos ser más conscientes de que si hemos sobrevivido a duras penas ha sido gracias al BCE. Por ello resulta importante el giro que el BCE va a imprimir a su política monetaria.
  • Los vientos de cola empiezan a dejar de ser lo que eran, y las previsiones de crecimiento en 2018 son sensibles a dichos cambios. De todas maneras, la inflexión va a ser tan gradual, sobre todo en materia monetaria y de tipos de interés, que apenas nos vamos a dar cuenta de su impacto. El próximo ejercicio se inscribe por tanto en una línea de continuidad. La única sombra posible reside en el tema catalán, sobre todo si el independentismo sale reforzado de las próximas elecciones y las incertidumbres se mantienen. Si la economía europea prolonga su recuperación, no hay razones para pensar que nuestros ritmos de crecimiento no vayan a seguir siendo muy altos, ahora apoyados en el sector exterior, aunque las Exportaciones no evolucionan todo lo positivamente que desearíamos. En cualquier caso, el gasto público debería contenerse, y el déficit público desaparecer,  lo que es poco probable que suceda dada la incontenible inclinación de la clase política por proporcionar más y mejores  servicios a la ciudadanía, algunos de los cuales, como el tren de alta velocidad,  no necesitamos en absoluto.
  • Que una economía como la española, que en conjunto ha demostrado debilidad competitiva y limitado talento para la innovación, sea capaz de sostener un Estado de estas dimensiones y a una clase política con semejante creatividad, desborda los límites de la razón, las fronteras de la ciencia económica, y la imaginación más desatada, para entrar de lleno en el terreno de la Providencia milagrera.

1. Imitando el ejemplo norteamericano, el BCE bajo el mando del signore Draghi, ha inundado la economía europea de liquidez y ha bajado los tipos de interés a sus mínimos históricos, consciente de que, sin una actuación decidida en este sentido, el precario y escasamente previsor orden que había establecido el euro se vendría abajo. Ni política fiscal, y mucho menos keynesianismo, ni devaluaciones competitivas, ni nacionalizaciones, y menos bancos de los que deberían haber sido intervenidos: sólo política monetaria, un mar de liquidez, más la decisión política de hacer lo necesario para salvar el euro, advirtiendo de paso a los especuladores de que llegaría todo lo lejos que fuera necesario, y sería suficiente. El volumen de recursos inyectado en el sistema mediante la compra de bonos y deuda, tanto privada como pública, ha alcanzado el 40% del PIB de la zona euro; en USA sólo llegaron al 23%. Unas cifras inimaginables antes de la crisis pero que se derivan de la única enseñanza práctica que dejó la crisis de 1929. Después de décadas de liberalismo ejemplarizante—que cada palo aguante su vela—una intervención pública de una entidad como no se recuerda otra.

Pero la estrategia aplicada no podía durar indefinidamente, en parte porque existen dudas sobre sus consecuencias a largo plazo (no hay experiencias previas), y en parte porque los Estados Unidos, que fueron los primeros en tomar la iniciativa en este sentido, y tienen el copyright de la misma, ya habían iniciado su desmantelamiento. El FED dejó de comprar deuda en 2014, y este año ha empezado a reducir su balance. En dos años el precio del dinero ha subido cuatro veces mientras en la zona euro los tipos oficiales siguen en el 0% y es probable que no se  produzca cambio alguno en este sentido antes de 2019.

Con el desmantelamiento de la política monetaria surge la pregunta obligada: ¿será capaz  la economía europea, a la que ha costado tanto salir de su estancamiento,  seguir creciendo en un escenario monetario más “normal”? ¿Tenemos una economía capaz de sostenerse por sí misma? Nos jugamos mucho en la respuesta porque somos conscientes, por una parte, de la fragilidad de nuestro entramado económico, y por otra, de que, por razones políticas principalmente, Europa no soportaría una nueva caída en la recesión. Estamos, por tanto, ante un proceso cuyas raíces son económicas—el temor a que la política de tipos alimente nuevas burbujas—pero cuyos techos son políticos, porque las élites nacionales no se pueden permitir una recaída en la crisis.

Las tensiones políticas que se han producido en Grecia, España, Italia e incluso en Francia, ante la caída del empleo y la inviabilidad de buena parte del estado de bienestar, pensiones principalmente, convierten esa posibilidad en algo intolerable. Todo el mundo sabe que buena parte del tejido económico ha sobrevivido gracias a unos tipos de interés simbólicos dado que sus capitales y reservas, supuestamente positivos, no pasan de ser un mero apunte contable, evidente en buena parte del sistema bancario de Alemania (sí, Alemania), Italia y España. Con un coste de financiación “normal”, buena parte de ese tejido zombie no hubiera podido sobrevivir. Por esta razón, las montañas de liquidez virtual apenas se han traducido en inversiones productivas, salvo las insensatas del tren de alta velocidad y otros ejercicios de distracción, y se han dedicado a reducir endeudamiento o acaparar tesorería. Para colmo, los Bancos han tenido que hacerse cargo de buena parte de la deuda pública emitida por los Estados siguiendo un mecanismo que en circunstancias normales hubiéramos considerado inaceptable: tú me rescatas y yo compro tu deuda. Un auténtico contubernio.

En cualquier caso, estamos obligados a salir definitivamente-esperemos–de un período dominado por un temor, el estancamiento secular, y por la aplicación de una política monetaria de enormes proporciones, que definen un contexto excepcional que se intenta dejar atrás en pos de una economía normalizada y menos amparada. El BCE nos ha salvado pero ya es hora de que cada país se haga cargo de su suerte de acuerdo con su capacidad y talento. Lo mismo va a ocurrir con las empresas y los bancos, muchos de los cuales (Siemens, Opel, bancos españoles como el Popular, e italianos, por poner ejemplos del día a día) siguen destruyendo empleo y reestructurándose en la mayor reorganización del sistema que se haya producido nunca. Hay que pasar de la intervención, que nadie dude que España ha sido rescatada e intervenida aunque se hayan cuidado las formas, a la tutela, que ya es mucho, y de una facilidad crediticia gratuita y universal a una financiación más costosa y selectiva.

Hay que dar tiempo a los gobiernos y las empresas para que se adapten al nuevo escenario dando por supuesto que los tipos de interés seguirán siendo muy bajos durante un tiempo, entre otras razones porque la liquidez mundial es superabundante. Sería deseable que los agentes económicos aprovechen este tiempo para hacer las reformas necesarias, algo que en el caso español resulta impensable. El sistema político español sale de la crisis con su prestigio por los suelos (lo ocurrido en Cataluña sería inimaginable en otras circunstancias), configurándose como una organización incapaz de asumir sus responsabilidades y tomar medidas salvo siguiendo estrictamente las instrucciones, las dos cartas de 2011 y 2013 remitidas a Zapatero y Rajoy respectivamente, de una Europa escandalizada por su falta de sentido de la urgencia.

El caso del Banco de España, del que nunca hubiéramos esperado una pasividad semejante, es buen ejemplo de ello. La misma entidad que a principios de los ochenta asumió con determinación la resolución de una crisis bancaria que afectó a más de sesenta bancos (todo el grupo Rumasa, Banca Catalana, etc) y que resolvió sin despeinarse, y sin pedir permiso, ha sido ahora incapaz de asumir sus responsabilidades. Resulta curioso que treinta años después no pudieran repetir el experimento demostrando así algo que ya se venía sospechando, y es que, a partir de los noventa, la Administración española ha evolucionado a peor.

2. Todo el mundo está convencido de que hemos salido de la crisis. No deja de ser una afirmación relativa. En primer lugar, porque hemos tardado diez años en volver a alcanzar el PIB de 2008 con todo lo que eso supone de pérdida de capacidad para reconstruir un futuro prometedor. Nos hemos dejado muchos pelos en la gatera en forma de desindustrialización, que ya sólo supone el 13% del PIB en España y 19% en el País Vasco; hemos destruido buena parte del sistema bancario, cuyas pérdidas, no menos de 300.000 millones de euros, condicionarán su protagonismo para siempre; el sistema de pensiones ha dejado de ser viable y el sostenimiento del Estado, autonomías incluidas, ha vuelto a ser problemático, como demuestra el hecho de que no se haya respetado el objetivo de déficit en ningún ejercicio, ni siquiera con una prima de riesgo de poco más de cien puntos. Pero es que, además, tardaremos no menos de quince años, por lo menos hasta 2022, en volver a los niveles de empleo de 2008, en torno a 21 millones de ocupados.

Pero el legado de la crisis más duradero será el de la Deuda Pública, hasta el punto de que resulta una utopía pensar en volver a los niveles de 2008, un 36% del PIB, un hecho que condicionará el despliegue de la Administración en cuanto los costes de financiación vuelvan a ser normales. Nos hemos vuelto una economía vulnerable y dependiente,  precisamente ahora que con la salida de Gran Bretaña las prioridades de gasto europeas se van a  volver mucho más rigurosas. España podría perder la totalidad de las ayudas, hipótesis más pesimista, o buena parte de las mismas, salvo para comunidades como Andalucía y Extremadura.

Como ha demostrado la misma salida de la crisis, la dependencia española de instancias europeas es absoluta. Incluso para afrontar el problema catalán, cuyo desafío se ha venido abajo en cuanto se ha comprobado que Europa no arroparía una Cataluña independiente. Una dependencia que se extiende a casi todo, desde la política económica (en caso de una recaída en la recesión España carece de herramientas para afrontarla), hasta la política de reformas, laborales y presupuestarias sobre todo, que la clase política española se niega a abordar si no es bajo presión de la Comisión Europea, presión que hasta ahora Rajoy ha sabido eludir con su desfachatez característica.

Rajoy reúne todas las características del político que practica y siente eso de “después de mí, el diluvio”, a pesar de que su estrategia de dejar pasar el tiempo tiene un coste nada desdeñable de cara al futuro. Ni siquiera el hecho de que hayamos atravesado la peor crisis de la historia económica de España, solo comparable a la que se produjo en la posguerra, por lo menos en cuanto a duración (sólo en 1957 se volvió a alcanzar la renta per cápita de 1935), ha obligado a los políticos a poner manos a la obra en materia de reformas, convirtiendo su inacción en un problema de deuda y dependencia exterior monumental.

España ha salido de la recesión gracias al BCE, que es quien ha provocado la bajada de tipos de interés y de la prima de riesgo, desde más de seiscientos a puntos a algo más de cien, tomado la iniciativa del rescate bancario, y devaluado el euro. Si a eso sumamos la caída del precio del petróleo tenemos las condiciones que han hecho posible que España haya escapado de la pesadilla. Rajoy sólo aportó la nota negativa de la subida de impuestos y unos recortes mínimos, que sólo una sociedad como la española, que prefiere ignorar ciertos temas desagradables, considera exagerados. La prueba de que no lo eran la tenemos en la escalada de la Deuda pública que se ha incrementado en este tiempo en más de 800.000 millones, en el más puro estilo socialdemócrata al que tan afecto es el PP como el PSOE.

Las cosas evolucionarán a partir de ahora de manera menos positiva. Ya hemos hablado de los tipos de interés, aunque los mismos difícilmente se moverán antes de 2019, lo que nos concede un buen margen de gracia para poner la casa en orden. La cotización del euro respecto del dólar ha vuelto a subir, 1,17, aunque todavía se encuentra muy lejos de lo alcanzado antes de la crisis, 1,47. Tampoco supone una gran amenaza. Algo peor está evolucionando el precio del barril de petróleo que ha duplicado su precio en menos de un año, de 30 dólares a 62 en estos momentos. Todavía muy lejos de los 144 dólares a los que llegó en su día. Todo ello quiere decir que los impulsos exteriores están dejando de serlo pero no ponen en riesgo un proceso de recuperación que tiene una gran inercia. Como la economía europea es propicia, el proceso podría seguir siendo impulsado básicamente por la demanda externa, y no por el gasto público, como ha ocurrido hasta ahora.

Por tanto, la situación parece estable, y eso que no hay duda de que nos encontramos ante un punto de inflexión aunque, a diferencia de otras coyunturas similares, se dan los supuestos necesarios para que esa inflexión sea muy gradual y la continuidad esté garantizada. Ni siquiera una variable que suele aparecer como problemática en estas situaciones, la balanza de pagos, es motivo de preocupación. Sigue arrojando un superávit espectacular a pesar de la fuerza con que pulsan las Importaciones pero los pagos por intereses de la inmensa deuda externa se han reducido a la mitad.

El consenso de analistas estima un crecimiento del PIB para 2018 del orden del 2,6%, medio punto menos que en 2017, todavía excelente (la zona euro no pasará de un 2,1% de media), sobre todo porque se puede conseguir respetando los equilibrios fundamentales en cuanto a inflación, que sigue por debajo del 2%, y balanza de pagos. Se cree que el petróleo podría estabilizar su precio en torno a 50 dólares el barril. Sólo el déficit público se niega a entrar en la normalidad, y es que el apoyo comunitario y del BCE sobre unos de los eslabones más débiles de la cadena del euro en lugar de ser aprovechado por España para hacer las reformas pertinentes ha proporcionado la excusa perfecta para no hacerlas. De la miopía de los políticos españoles es buen ejemplo la anécdota de las últimas elecciones generales cuando un político del PP replicaba a la demanda de mayor control de gasto por parte de un responsable comunitario: “¿No querrán ustedes que perdamos las elecciones?”.

A pesar de que vivimos tutelados y vigilados por las instancias europeas, que reclaman más reformas y más moderación en el gasto público, el Gobierno no parece en condiciones de respetar el objetivo de déficit para este año (3%) y el que viene (2,2% del PIB), y eso que se han dado las condiciones más favorables para hacerlo pero es que la clase política ignora las más elementales reglas de la prudencia, a pesar de que su endeudamiento es escandaloso.

Junto con el déficit, que no es otra cosa que un reflejo de la incapacidad de la Administración para ponerse al día, la mayor debilidad de la economía española reside en la productividad, o la falta de la misma. Crecemos pero como el patrón de dicho crecimiento es el mismo de antes de la crisis, ese crecimiento sólo se consigue con un aumento del empleo equivalente lo que demuestra que no evolucionamos, o muy poco, que nos centramos en sectores que crean mucho empleo pero de baja calidad, y tenemos grandes dificultades para desarrollar los que podrían proporcionar un cambio estructural y empleo más cualificado. Una incapacidad que obedece al fracaso del sistema educativo, tanto universitario como profesional, a la escasez de grandes empresas tractoras, al envejecimiento de nuestra sociedad, a la dudosa utilidad práctica de muchas inversiones en I+D, al abuso de contratos temporales sin curva de experiencia, etc. Son las consecuencias de una crisis mal resuelta que nos ha llevado a vivir al día, algo que se antoja insuficiente de cara al futuro.

Lo ocurrido desde 2008 tiene consecuencias que desbordan la simple afirmación de que hemos salido de la crisis. Pero lo que sale, tanto a nivel europeo como español o vasco, es una economía de tono menor y corto recorrido, a la que han amputado buena parte de sus alas. Si a eso sumamos el funcionamiento  de la Administración, de toda la Administración incluyendo la autonómica, no hay motivos para confiar en una recuperación estable y duradera, sobre todo si los tipos de interés suben. Mientras la economía privada perdía cuatro millones de empleos, la Administración mantenía intactas sus plantillas; mientras la economía privada reducía su exposición al endeudamiento, el Estado lo aumentaba exponencialmente; mientras la banca abordaba un proceso durísimo de ajuste, la Administración lo ignoraba; mientras el sector privado reducía empleo y bajaba salarios, aunque fueran los de los temporales, el sector público los aumentaba hasta el punto de que la diferencia entre ambos es ahora de un 55%, sin mencionar condiciones de trabajo y niveles de productividad. El sector público no es capaz de reformarse, y ahí está el caso paradigmático de una administración de Justicia incapaz de entrar en la informática.

El Estado ha violado una regla básica, la de que no se puede ser juez y parte, puesto que todos los Gobiernos, el del País Vasco el primero, y el 80% de la clase política está formado por empleados públicos, lo que les vuelve incapaces de reformar la propia administración, que ha llegado a niveles grotescos en su dimensión, como es el caso las Universidades que han crecido en función de las necesidades de los propios enseñantes y no de las demandas reales de la población: somos el país con mayor número de titulados en trabajos que no los necesitan. Por no mencionar la lista interminable de inversiones públicas sin sentido, empezando por el tren de alta velocidad. No es de extrañar que Fomento, o cualquier otro ministerio, desdeñe hacer estudios de rentabilidad previos ya que ello cercenaría su omnímoda libertad para abordar los proyectos que se le ocurren al político de turno, aunque los mismos sólo sirvan para financiar la maquinaria de su partido. Aunque hablar de corrupción es mencionar una causa perdida de antemano, sin remedio ni solución alguna.

El estado previsor y de servicios es lo más parecido a la iglesia de antaño, aquella que reclamaba que pusiéramos nuestras vidas en manos del Señor. Con resultados prácticos similares.