INFORME DE COYUNTURA. Tercer trimestre 2017

  • La coyuntura sigue su curso, inmune de momento a adversidades tales como el conflicto catalán, que tiene que haber interrumpido numerosos planes de inversión, y a un muy gradual empeoramiento de las facilidades exteriores que nos han permitido volver a crecer, aunque ello solo haya servido para volver al punto de partida de 2008 tras un paréntesis de diez años. Lo esencial es que, de momento, el apoyo del BCE se mantiene lo que ha permitido abaratar el coste de una deuda inmensa que soportan familias y empresas, deuda que se ha reducido pero que sigue siendo una espada de Damocles. Es verdad que han vuelto a aparecer los números rojos en la balanza de pagos, a pesar de que las Exportaciones han aumentado un 8%, pero creciendo a ritmos como los actuales no cabía esperar otra cosa. Mucho peor y más grave son las dificultades que las administraciones públicas encuentran para reducir el déficit público, que volverá estar por encima del 3%, a pesar del esfuerzo de los ciudadanos por pagar más impuestos y aumentar la recaudación en cerca del 9%. A destacar el encarecimiento del petróleo, un 30% en el último trimestre, otra vez en 60 dólares el barril.
  • La preocupación sobre el futuro gira en torno a dos problemas. Por una parte, la incapacidad de los españoles para entender lo que representa un Estado sobredimensionado al que suponen sin ningún fundamento capaz de dar de sí ilimitadamente, hasta el punto de que el juicio de la opinión pública gira siempre en torno a unos recortes que en realidad han sido mínimos,– tenemos uno de los Gobiernos que menos ha hecho por ajustar sus niveles de gasto–, sobre todo si tenemos en cuenta que durante la crisis el PIB cayó casi diez puntos. Ese ha sido el caso de las pensiones cuyo recorte resulta insoslayable (sólo el déficit vasco en materia de pensiones ya ha rebasado los 3.000 millones) y que ha sido objeto de una reforma simbólica. La otra preocupación gira en torno a la incapacidad del tejido económico para alterar un modelo de crecimiento dominado por la falta innovación, y un mercado de trabajo disfuncional e injusto, basado en la explotación de unos trabajadores temporales a los que se ofrece salarios cada vez más bajos.
  • Hasta la crisis, vivimos la sensación de que íbamos a más, sensación que el innato optimismo nacional intenta mantener ahora, por lo menos en parte, después de todo lo que ha ocurrido. Los historiadores suelen repetir esa muletilla de que nada volverá a ser igual. Para la economía española, y para su Administración y gasto público, hay un antes y un después de la Gran Crisis, a pesar de que los políticos serán los últimos en admitirlo. Así que nos dedicamos a vivir del presente y rehuimos enfrentarnos con el futuro.

1. Aunque el ciclo económico podría ser considerado como maduro en otras circunstancias, todavía proporciona ritmos de crecimiento extraordinariamente altos, superiores al 3% en términos reales, lo que está muy por encima de lo que pudiéramos considerar su potencial de crecimiento a largo plazo. En parte ello es debido a la movilización de parte de las capacidades productivas que estaban sin utilizar, muy evidente en el caso de la construcción residencial, que ha podido activar parte de las enormes reservas de suelo y obras en marcha cuyo empleo fue interrumpido por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

A ello debemos sumar la extraordinaria aportación de la política monetaria del BCE. Solo el ahorro de intereses que se ha producido, superior a los 90.000 millones, ha permitido levantar cabeza a empresas y familias agobiadas por niveles de endeudamiento absolutamente desmedidos. No está de más recordar que los españoles perdieron la cabeza en una euforia insensata que les hizo creer que la economía crecería indefinidamente y que los pisos seguirían revalorizándose aunque se construyeran más de 800.000 viviendas al año cuando tradicionalmente nunca se había rebasado las 300.000 en un ejercicio normal.

Si a ello añadimos el efecto positivo de lo que se ha dado en llamar vientos de cola, la recuperación estaba garantizada por factores exógenos aunque el Gobierno prefiriera apuntársela a sus buenos oficios. La única tarea asignada a nuestra Administración, la de reducir el déficit a niveles manejables e impedir una escalada monstruosa de la Deuda Publica (1,14 billones o el 100% del PIB), ha devenido en un monumental fracaso que va a pesar sobre la suerte de la economía española, y sobre la siguiente generación, hasta extremos difíciles de valorar pero que sin duda serán considerables. Ello no ha impedido que hayamos recuperado los niveles de 2008, lo que supone una década en blanco, desperdiciada por la Administración para afrontar cosas tan urgentes como el déficit del  sistema de pensiones, sometiéndose a la disciplina de lo económicamente posible, tarea que han dejado para la siguiente generación.

A todos los efectos la economía española se ha vuelto más dependiente que nunca de lo que ocurra en el exterior, especialmente por lo que se refiere a los tipos de interés. Los que creen que un país se puede endeudar ilimitadamente para compensar sus desequilibrios externos, o para financiar una apuesta atrabiliaria por un sector determinado, van a tener que demostrar muy pronto que ello no reduce de manera drástica nuestro margen de maniobra para crecer e invertir. Es el precio de tener a un inmovilista en el poder, paradigma del funcionario que nunca tiene prisa por hacer reformas y desconoce eso que se ha dado en llamar orden de prioridades.

Este crecimiento no se ha visto alterado por el progresivo aunque muy lento deterioro de los citados vientos de cola, fundamentalmente porque el más importante de ellos, los tipos de interés sigue proporcionando los costes del dinero más bajos de la historia: los créditos hipotecarios pagados por las empresas españolas no rebasan en estos momentos un tipo del 1,5%. Tampoco se han visto afectadas las Exportaciones, cuyo crecimiento del 8% es excepcional a la vista de cómo está evolucionando la demanda interna, pero el hecho de que la coyuntura europea haya mejorado sensiblemente ha compensado la revalorización del euro que se ha producido entretanto, debido a que se estima que el endurecimiento monetario, que antes o después se tiene que producir, se retrasará unos dos años en relación al mismo proceso que ya ha iniciado la Reserva Federal en Estados Unidos. No ha sido así en los costes de la energía, cuyo abaratamiento permitió ahorros de hasta 15.000 millones de euros anuales en años anteriores, lo que permitió tener una balanza de pagos con signo positivo. Con el barril otra vez en 60 dólares, como en 2015, ahora esa balanza ya tiene signo negativo aunque por un importe moderado por lo que no preocupa de momento.

Todo lo cual quiere decir que mientras no cambie sustancialmente la política monetaria del BCE los ritmos de crecimiento no se verán alterados. Ello es habitual en la economía española en la medida en que las percepciones de empresas y familias van siempre retrasadas en su valoración del ciclo: reaccionan con retraso pero aceleran conforme avanza el ciclo. Además, un sector público tan indisciplinado como siempre colabora en alimentar la demanda interna. Como la recaudación ha vuelto a crecer a ritmos considerables, la clase política ha captado la idea de que otra vez hay margen para gastar más y volver a las prácticas de siempre: actuar como si fuéramos un país rico, solvente, con un endeudamiento manejable, sin problemas de crecimiento ni de empleo, como si su capacidad para gastar no se hubiera visto comprometida, algo comprensible si se tiene en cuenta que la Administración Central ha proporcionado unos 140.000 millones de créditos de tesorería a las Comunidades Autónomas en estos últimos años a tipo de interés cero y que muchas  de ellas ya han advertido que no piensan devolverlos. A ello podemos añadir las tensiones que previsiblemente se pueden producir si hay que hacer un hueco a alguna forma de Concierto Económico para Cataluña, lo que sumado al problema de las Pensiones, garantiza un desequilibrio de las Cuentas públicas cuasi permanente. La Comisión Europea no sabe con quienes está hablando.

2. Sobre todo si se tiene en cuenta que la desbordada imaginación para proporcionar todo tipo de satisfacciones a los ciudadanos que pone de manifiesto una clase política cada vez menos preparada, y más irresponsable financieramente hablando, no encuentra paralelo alguno en una economía un tanto impermeable al cambio. Y esto es tan válido para la economía española como para la economía vasca. Y es que en Euskadi, aunque parezca lo contrario gracias a la propaganda oficial, el cambio tecnológico ha sido la excepción y no la regla, la internacionalización nunca ha tenido la amplitud y generalidad necesarias, y el aumento de tamaño se ha hecho por la vía de la desaparición de empresas, y no por fusiones y absorciones.

Podría parecer paradójico que en el seno de un crecimiento económico que dura más de tres años con ritmos superiores al 3% nos preocupemos por el futuro de nuestra economía. Pero este crecimiento, a pesar de su espectacularidad, solo ha servido para volver al punto de partida de 2008. Además, ese mismo crecimiento demuestra que nada ha cambiado en estos diez años, ya que sigue basándose fundamentalmente en el turismo y la construcción, al menos desde el punto de vista del empleo, sus Exportaciones no contienen más allá de un 10% de productos de tecnología media-alta, y padece niveles de formación desconectados de las demandas empresariales, por lo que su potencial para crecer vía productividad es escasa (en realidad y de momento, nula): el PIB y el empleo crecen a la misma velocidad, por acumulación de recursos y no por mejora de la eficiencia ni por cambio cualitativo de la actividad. Un modelo que nos conduce inevitablemente hacia actividades de bajos costos y salarios aún más bajos, que solo pueden proceder de contratos temporales, sin formación ni emprendizaje.

Cuando un informe sobre Competitividad asegura que “la economía vasca debería transitar de un estadio competitivo basado en la eficiencia a otro basado en la innovación” resume en pocas palabras un desideratum del que estamos hoy por hoy muy alejados. No hay mejor demostración que su comportamiento durante la crisis, esa que las instancias oficiales aseguraron que pasaría de largo por el País Vasco. El reguero de empresas en crisis que sigue apareciendo revela que el tejido industrial ha quedado más afectado de lo que las autoridades reconocen y que su capacidad para reaccionar es cuando menos limitada.

Algunos estamentos oficiales deberían poner los pies en la tierra. No ha habido ruptura con el pasado ni puesta al día ni nos hemos desacoplado de la economía española. El liderazgo que se esperaba del Gobierno Vasco no ha existido, o ha sido muy convencional, como se ha demostrado en las crisis empresariales (Fagor, Naval). Un gobierno del PNV será siempre un gobierno socialdemócrata cuyas prioridades estarán ligadas a un gasto social que proporciona grandes réditos electorales, pero que actúa de manera muy neoliberal por lo que a la política industrial se refiere asumiendo de facto el dicho de que la mejor política industrial es la que no existe.

Es cierto que hay síntomas incipientes de una excelencia empresarial a ratos notable pero que no se ha extendido al conjunto del tejido empresarial. Es verdad que hay empresas capaces de competir en los mercados internacionales de igual a igual, incluso de ser líderes en sus respectivos segmentos de mercado, pero una parte significativa del tejido industrial ha sucumbido y otra parte ha quedado seriamente dañada en su capacidad pare recuperarse y seguir su camino. Si el mercado de trabajo es dual, el futuro empresarial también lo es.

Orkestra, por ejemplo, señala la existencia de una treintena de empresas vascas líderes a nivel mundial en sus respectivos nichos de mercado: casi todas empresas familiares que facturan entre 50 y cien millones de euros, exportan más del 80% de su producción, y han resistido bien la crisis, pero ninguna fabrica productos finales. Seguimos siendo especialistas en productos intermedios o procesos parciales. Además, aunque se señale que el número de empresas vascas líderes a nivel mundial es tan considerable como en Alemania, unas quince por millón de habitantes, su tamaño es una décima parte de aquellas.

Siempre se acaba volviendo sobre la peor herencia de los tiempos del proteccionismo y el desarrollo hacia dentro: la falta de dimensiones, lo que supone un grave limitación a la hora de funcionar en un mundo económicamente abierto, lo mismo para tener una presencia significativa en esos mercados como para desarrollar tecnología propia, dos tareas que requieren una masa crítica imprescindible. Esa falta de dimensiones afecta negativamente a una serie de planteamientos esenciales, como al uso de las tecnologías de la información y al lanzamiento de nuevos productos. De hecho, existe un desfase manifiesto entre el dinero público gastado en investigación y sus resultados en forma de patentes y nuevos productos.

3. La sociedad vasca, al igual que la española, parece estar desvinculada de la economía, un alejamiento que se inicia en la baja aceptación social del empresario, sigue en la escasa movilidad laboral de los trabajadores, consagrada en un mercado de trabajo que concede una protección desmedida al trabajador fijo, continúa en el fracaso de la universidad y la formación profesional, que viven de espaldas a las empresas en lugar de haberse convertido en sus proveedores habituales de investigadores y tecnologías, y termina en un sector público, Hacienda sobre todo, que trata a la economía como si fuera su intendencia, algo cuya aportación se da por supuesta pero cuyo cuidado no requiere una consideración prioritaria, por lo menos en relación al objetivo fundamental de ser reelegidos, razón por la cual se concede el protagonismo fundamental, y la parte del león del gasto público, al gasto social.

El país y sus políticos parecen haber olvidado una consideración esencial, la de que no hay bienestar ni salud ni pensiones ni funcionarios sin crecimiento económico y que este, habida cuenta de la pirámide poblacional, no puede proceder sino de la mejora de la productividad.

Conviene recordar que dado el envejecimiento de la población y nuestra limitada capacidad para atraer de nuevo a inmigrantes formados, el crecimiento de la población activa parece haber tocado techo. Por otro lado, se ha podido comprobar empíricamente que la recuperación del empleo resulta aún más dudosa: hemos vuelto al mismo PIB de hace diez años pero con 1,6millones menos de empleos (en el País Vasco, 75.000), lo que revela la magnitud del empleo destruido durante la crisis y la desaparición de buena parte del tejido empresarial, particularmente industrial. Por otra parte, el Banco de España advierte de la posibilidad de que el empleo en hostelería y construcción, los dos grandes generadores de empleo, haya tocado techo. El sector turístico se está acercando a sus cotas máximas mientras se desarrolla entre la población una especie de turismofobia. También es improbable que la Construcción regrese a los volúmenes anteriores a la crisis. Ambos sectores se caracterizan por su baja productividad y, sobre todo la hostelería, por sus bajos salarios. El problema es que para desarrollar sectores alternativos sería necesario que las nuevas generaciones llegasen al mercado de trabajo con mejores niveles de formación por lo que “es crucial la mejora de la calidad del sistema educativo”, algo que de momento no ha ocurrido. La formación como clave para el futuro de la economía.

Los senegaleses no tienen menores necesidades de protección social que los españoles: no la  obtienen porque su economía no da para tanto. Los españoles no sienten menos que los suecos la conveniencia de tener una seguridad social universal y sobreprotectora pero están lejos de conseguirla porque existe un largo trecho entre nuestra economía y la sueca. Cada país solo puede tener el nivel de seguridad y bienestar que se ha ganado en el terreno económico, cosa que españoles y vascos, dominados por una visión de las cosas eminentemente socialdemócrata, y por tanto voluntarista y muy optimista, son incapaces de entender. Esta es la razón por la que el futuro parece sombrío, especialmente para las pensiones y el bienestar de la próxima generación, a la que su carácter conformista y sumiso vendrá bien para asumir una herencia problemática.

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INFORME DE COYUNTURA. Segundo trimestre 2017

  • La economía crece vigorosamente, más del 3%, y las amenazas parecen conjuradas, por lo menos a corto plazo. Incluso la quiebra de uno de los principales bancos del país ha pasado casi desapercibida. No hay nubes en el horizonte, tanto económico como político. La crisis económica ha dejado un legado de paro y endeudamiento–han sido diez años perdidos– pero también una cierta capacidad institucional y financiera para afrontar cualquier problema por grave que pueda parecer. Lo ocurrido con el Popular es sólo un ejemplo pero hay muchos más, el principal de los cuales es un coste del dinero casi simbólico gracias a la gestión del BCE, lo que hace mucho más llevadera la vida de familias, empresas e instituciones. El ahorro de intereses para familias y empresas no ha bajado de 90.000 millones de euros en 2016 en relación a 2008 cuando el Euribor estaba en el 5%. Para el Estado español el ahorro ha sido también incalculable: pagar sólo 32.000 millones de intereses por una deuda que ya rebasa los 1,2 billones de euros es una bicoca. De otro modo, estaríamos en quiebra y seguramente en recesión.
  • El problema es que todo esto durará lo que dure la política monetaria del BCE, una política a imagen y semejanza de la adoptada por la Reserva Federal con el mismo objetivo—afrontar una crisis financiera enorme– con la diferencia de que aquella se aplicaba en un país políticamente unido, los Estados Unidos se llaman y no por casualidad, y esta se aplica a una Europa desunida donde los estados nacionales tienen prioridades diferentes y casi siempre contradictorias. No hay más que ver el pulso que mantiene Draghi desde hace años con Alemania en beneficio de la supervivencia de la zona euro y en apoyo de unos países, los mediterráneos, a los que ha sentado muy mal una zona monetaria en la que, como es lógico, no pueden devaluar, lo que les ha complicado la vida considerablemente. Para España la diferencia ha sido brutal. La crisis de 1993 supuso una caída del  PIB del 1% y dos años perdidos. La crisis de 2008 ha supuesto una caída del PIB de diez puntos, por lo menos, y diez años perdidos. Mal negocio este del euro pero estábamos advertidos de antemano de que no respetar la disciplina de precios, salarios y gasto público se pagaría en términos de empleo. Es lo mismo que nos ocurrió en 1993 lo que quiere decir que seguimos sin aprender de nuestros errores.

1. De momento, todo marcha perfectamente, sobre todo si solo consideramos el corto plazo, como hacen los políticos. La economía crece y crea empleo, aunque sea un empleo de poca calidad que no resuelve los problemas de financiación del estado de bienestar, algo que de todas maneras no puede ser afrontado sin reformas de gran calado. Lo que parece más difícil, el déficit público, objetivo incumplido una y otra vez, tampoco se cumplirá este año, a pesar de que la recaudación crece a tasas del 10%, similares a las que se producían antes de 2008 y que tantas satisfacciones proporcionaron a nuestros políticos y funcionarios, ansiosos de demostrar que siempre encuentran nuevas y originales maneras de gastar todo lo que cae en sus manos.

El Congreso ha aprobado el Presupuesto aunque para ello Rajoy se haya dejado unos cuantos pelos en la gatera, algunos de los cuales proporcionarán una tranquilidad temporal a nuestro atribulado consejero de Hacienda, hasta entonces empeñado en subir los impuestos, aunque solo fuera para demostrar que el PNV es más socialdemócrata que el PP.

Los políticos salen finalmente del túnel en el que ellos mismos se han metido por su negativa a reestructurar la Administración, reducir sus plantillas y no tocar, o apenas, el sistema de pensiones que sabemos insostenible a largo plazo. Ahora sólo van a tener problemas con los sindicatos de funcionarios que reclamarán su parte del pastel. Entre los más tempraneros, los vascos de Educación para quienes tener menos de 20 alumnos por aula (19,7 exactamente) les parece una miseria, y reclaman la incorporación de otros 2.000 profesores más. Una nada. Qué menos que dirían en Bilbao. Todo será necesario ante los malos resultados que el sistema educativo vasco obtiene en todas las encuestas oficiales a pesar de que gasta por alumno el doble que otras comunidades. Antes ya madrugaron los ertzainas para los que los más de 8.000 efectivos son también insuficientes dado que su movilidad (segunda actividad) es escasa. La Administración Central por su parte convoca 20.000 nuevas plazas. Dada su productividad, tenemos la seguridad de que nunca serán suficientes.

El Concierto tiene un beneficiario natural y prioritario que, curiosamente, no es el pueblo vasco, que paga tantos impuestos como los demás, y se vuelve la espalda a la tradición histórica de haber sido siempre una zona de baja presión fiscal. Como decía aquella ocurrencia del campesino vizcaíno: “¿Qué quiere decir Concierto? No pagar”. Es una lástima que los campesinos vizcaínos hayan desaparecido casi por entero y solo hayan quedado los no campesinos bilbaínos para los que todo es poco.

2. Pero estas son consideraciones menores. El horizonte económico parece despejado gracias a que el BCE se ha ocupado de las cuestiones importantes y ha hecho lo que tenía que hacer para sacar al euro del desastre en que se había metido por culpa de países que no conocen lo que es el rigor presupuestario ni la disciplina de precios y salarios, y que nunca debieron haber formado parte del mismo, como Grecia y España, perjudicados por una iniciativa de la que quisieron formar parte por razones de prestigio político (¿cómo íbamos a quedarnos fuera?) sin mirar sus consecuencias.

La recuperación económica, que parece finalmente consolidada, aunque Draghi tenga dudas, no resuelve el problema de la heterogeneidad de los países que pertenecen a la zona euro y cuya convivencia en la misma sigue siendo de lo más problemática. Como decíamos hace unos meses, una cosa es pertenecer al mercado único y competir en él, y otra cosa muy diferente es compartir la misma moneda. De momento, los problemas parecen en vías de solución gracias a que el BCE ha tenido barra libre. Aprovechando que las circunstancias eran excepcionales, Draghi ha aplicado un programa no menos excepcional y seguramente irrepetible, como es llevar el balance del BCE hasta los cuatro billones y los tipos de interés a niveles negativos. Así cualquiera, que diría un castizo, pero habrá que ver qué pasa ante la postura irreductible de Alemania que rechaza cualquier componenda sobre los eurobonos y la mutualización de la Deuda. Para Alemania los países mediterráneos son buenos si compran Mercedes y Audis, sin barreras arancelarias, pero no lo son si debido a ello mantienen déficits exteriores permanentes que no son sino la otra cara de la misma moneda.

3. A pesar de crecer a ritmos cercanos al 3% (3,1% en 2017) seguimos teniendo un superávit de balanza de pagos, gracias en parte a la recuperación de nuestras Exportaciones, que han aumentado un 8% hasta abril, lo que indica que finalmente los mercados europeos se han despertado. La tasa de cobertura (Ex/Im) ha llegado al 91%, un porcentaje abrumador para aquellos que todavía recordamos que, durante los años sesenta del pasado siglo, esa tasa de cobertura solía estar en torno al 30%, y había que sumar los ingresos por turismo, las remesas de los emigrantes y las inversiones exteriores para cubrir el agujero comercial, y ni aún así bastaba. Como dijo entonces un ilustre economista: cuando el déficit comercial rebasa los 2.000 millones de dólares, hay que parar la economía. Lo que va de ayer a hoy.

Lo que sí es cierto es que la bonanza que estamos viviendo es producto de  las políticas monetarias del BCE, y no de la atención descuidada prestada por Rajoy a los problemas económicos que le deben aburrir hasta la saciedad y en los que prefiere no entrar, lo que es de agradecer. Menos mal que Europa afronta los problemas de las áreas frágiles de la zona euro, problemas que ella misma ha creado, aunque no lo piensen así los alemanes. Gracias a unos tipos de interés por los suelos, familias y empresas españolas pagaron en 2016 sólo 41.000 millones de intereses, 92.000 millones menos de los que pagaron en 2008 con un Euribor en el 5%. Algo parecido ocurre con la Deuda pública que, a pesar de seguir creciendo, ya ha llegado a los 1,2 billones, no costará más de 32.000 millones de intereses. Todo un alivio para las maltrechas cuentas públicas.

Este ha sido el viento de cola esencial, el que ha propulsado nuestra recuperación. Los otros, la cotización a la baja del euro y el precio del barril del petróleo, que ha supuesto un ahorro de unos 20.000 millones, son derivados de aquel, y todos tienen fecha de caducidad por lo que empezamos a preguntarnos qué pasará cuando la coyuntura cambie de signo y los tipos de interés empiecen a subir como no pueden dejar de hacerlo antes o después. Como dice Draghi “ la política monetaria se mantendrá hasta que la inflación se mantenga en niveles próximos al objetivo durante un largo período de tiempo”. Está claro que el BCE va a resistir todo lo que pueda y las subidas serán muy graduales dado que es consciente de la vulnerabilidad de países tan endeudados como Italia, cuyo déficit público está en el 132%, España, 100%, o Francia, 97%. De hecho, los tipos de interés a largo, de los que depende la Deuda Pública, ya están subiendo, aunque el impacto es gradual porque la deuda sólo se renueva parcialmente.

No es de extrañar que el Banco de España advierta sobre esta amenaza en el sentido de que “el elevado endeudamiento de la economía española supone una vulnerabilidad ante eventuales aumentos adicionales de los tipos de interés… Esta situación subraya la necesidad de trazar un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo en un contexto en el que en 2016, por segundo año consecutivo, la política fiscal adoptó un sesgo expansivo”. Hablar de consolidación presupuestaria cuando el Presupuesto de este año se cerrará con un déficit no menor de unos 30.000 millones, parece una gollería y desde luego no forma parte de las preocupaciones fundamentales de una clase política llena de imaginación y creatividad a la hora de gastar, supuestamente en beneficio de los intereses generales del país.

Gracias a los famosos vientos de cola, y a la buena marcha de las Exportaciones, la economía española no necesita para nada esa creatividad pese a lo cual el Estado ha gastado en los últimos años 120.000 millones de euros más de lo que le correspondían si hubiera respetado los objetivos de déficit fijados por la Comisión Europea, límites que han sido vulnerados hasta en seis ocasiones, lo que revela que el Gobierno no pensaba a la hora de hacerlo en el estado de la economía sino en el estado de la administración, incluidas las Comunidades Autónomas, a las que la Administración Central ha prestado, sin posibilidad alguna de recuperación, no menos de 130.000 millones de euros.

Los políticos no están preocupados por administrar el país, que no es más que una fuente de problemas, sino por administrar la Administración, que proporciona oportunidades de todo tipo, como empleo para allegados, subvenciones para conocidos, ayudas clientelares, ERES para empotrados, obra pública para quienes financian partidos, urbanizaciones para concejales de urbanismo, etc, en las que se pueden arrebatar cuantiosas plusvalías. Los políticos sólo piensan en eso puesto que de la economía ya se ocupa el BCE o Bruselas.

4. Gracias a Europa se ha podido rescatar el Banco Popular. La increíble terquedad de Sanchez Ron al negarse a dimitir hace años ha terminado de la peor manera posible, con la quiebra de la entidad y la pérdida para sus más de 300.000 accionistas. Lo curioso es que casi todos sus errores los cometió en fecha muy tardía: entró tarde en el sector inmobiliario, que no respondía al perfil tradicional del banco, hasta entonces uno de los mejor gestionados de España, y compró tarde una entidad bancaria, el Banco Pastor, que no valía nada y por la que pagó 1.200 millones de euros sin ningún tipo de ayuda pública. Encima se empeñó en resolver el desaguisado de la manera más costosa posible, mediante sucesivas ampliaciones de capital hechas en el peor momento posible, en lugar de fusionarse o ser absorbido, alternativa que a título personal suponía un desdoro. Muchas veces, la ruina de una empresa es deudora de la vanidad de sus gestores, más preocupados por su imagen que por la de la entidad.

En cualquier caso, y a diferencia de lo sucedido con las cajas de ahorro, el banco ha sido rescatado por la iniciativa privada y sin ayudas públicas, por lo menos aparentemente, aunque el Santander no tardará en demandar algún tipo de favor en instancias oficiales. Con esta absorción, el panorama bancario experimenta un nuevo clareo hasta el punto de que no quedan más de cinco entidades significativas que ya controlan el 72% del mercado. España,  antiguamente uno de los países europeos más poblados por sucursales bancarias, ve como estas se reducen a toda velocidad tras una reestructuración que se ha cobrado casi 20.000 oficinas y 80.000 empleos, lo que va a dejar a la mitad de los municipios españoles sin ninguna oficina bancaria.

Menos mal que el futuro apunta a la posibilidad de realizar todo tipo de operaciones bancarias vía teléfonos móviles de enésima generación lo que está absorbiendo todas las energías de una banca más informatizada que nunca. Si no hubiese sido consecuencia del azar pensaríamos que todo ha sido el resultado de una conspiración de las entidades más grandes para desembarazarse de las más pequeñas y especialmente de un competidor tan molesto y tan difícil de desplazar localmente como las cajas de ahorro que, eso sí, pusieron de su parte cuanto fue necesario para hacerse el harakiri.

5. Rajoy, que ve que todos los problemas se resuelven sin esfuerzo y gracias a los demás, debe pensar como Voltaire que todo está bien en el mejor de los mundos posibles. Es de suponer que si aún conservaba algún impulso reformista, producto seguramente de unas relaciones contra natura con Ciudadanos, se le habrán disipado, por lo menos hasta 2019, momento en el que tendrá que volver a hacer como que gobierna.

Los españoles deberían ser conscientes de que al frente del Estado hay un señor que ha elegido conscientemente la alternativa de endeudarnos hasta las cejas con tal de no tener que reformar una administración ineficiente. En definitiva, la política de Rajoy responde exactamente al estereotipo de pan para hoy y hambre para mañana. Una manera como otra cualquiera de aplazar ese momento de la verdad que con toda seguridad legará al que le suceda.

Los  gráficos del trimestre.

Hasta 2014, la situación de la economía española, lo mismo que la griega o la portuguesa, era crítica. La caída del PIB estaba acompañada por un déficit público brutal y una crisis bancaria de dimensiones inacabables. No había capacidad de reacción por lo que supusimos que la recuperación no sólo  se retrasaría sino que, además, sería muy débil.

Sin embargo, gracias al BCE, esos negros nubarrones no se han cumplido. El BCE aplicó una política monetaria de una envergadura tal que no sólo compró deuda pública en cantidades masivas (en 2016 la mitad de la emitida por España), sino que puso los tipos de interés en tasas negativas, lo que ha supuesto un tremendo alivio para todos los agentes económicos. Este impulso vino acompañado por el abaratamiento del barril de petróleo y una considerable depreciación del euro el mundo. Justo lo que España necesitaba para salir del agujero.

Gracias a ello llevamos tres años creciendo a ritmos del 3%. Esta bonanza, totalmente artificial, durará el tiempo que los alemanes permitan a Draghi seguir con su política, probablemente no más allá de 2018. En un escenario normal, con subida de  los tipos de interés, España no tiene capacidad para crecer por sus propios medios más de un 1% de media anual, tal como estima el Banco de España en un reciente informe.

Los famosos vientos de cola están reflejados en los siguientes gráficos

Fuente: Expansión

Sólo la caída de los tipos de interés ha supuesto un ahorro de 92.000 millones de euros para familias y empresas, a lo que hay que sumar el ahorro de unos 20.000 millones por el petróleo. Cifras tan considerables como para entender que hayamos vuelto a crecer a pesar de soportar una deuda pública y privada de enormes dimensiones. Lo que no impide que seamos conscientes de que tenemos una espada de Damocles pendiente sobre nuestras cabezas que condicionará nuestro futuro.

Una espada de Damocles

Los pueblos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. George Santayana

Introducción

Aunque todos los economistas insisten en que los criterios empleados en macroeconomía no son extrapolables al mundo de la empresa, en España se ha dado una confluencia llamativa en torno a un problema que afecta a ambos ámbitos: un endeudamiento excesivo que va a condicionar nuestras vidas durante mucho tiempo. Podríamos llamarlo nuestro problema por excelencia.

Todos conocemos la importancia que tiene el endeudamiento en la vida de una empresa, sobre todo si es excesivo. Una empresa muy endeudada estará siempre condicionada en su desarrollo, tendrá problemas para invertir, se verá obligada a ser prudente, a no tomar demasiados riesgos, y a generar los recursos necesarios para hacer frente a los vencimientos que ineluctablemente llegarán. Desde muchos puntos de vista, una empresa endeudada depende de la generosidad de sus acreedores.

Salvando las distancias lógicas, la economía de un país endeudado, como es la de España, ha de seguir los mismos criterios: prudencia a la hora de gastar, urgencia a la hora de recuperar la competitividad perdida—tras un país endeudado siempre hay una historia de falta de competitividad— y necesidad de afrontar cualquier desequilibrio, especialmente los de la balanza de pagos: tras un país endeudado siempre hay una historia de fragilidad exterior que conlleva déficits crónicos en la balanza de pagos.

Si tuviéramos que elegir un país como paradigma de los problemas ocasionados por su balanza de pagos elegiríamos sin duda a España. El desequilibrio exterior es el hilo rojo de la historia económica del país, el problema por excelencia que vertebra el relato de las sucesivas crisis y las etapas de despegue. Nuestros problemas exteriores han sido crónicos y recurrentes. Hubo un tiempo no tan lejano, los años cincuenta del pasado siglo, en que una mala cosecha de naranjas, y la imposibilidad de exportarlas, podía impedir la compra en el exterior de los insumos más esenciales como el petróleo y los alimentos. Cuando se plantea el Plan de Estabilización de 1959, se decía que la reserva de divisas sólo daba para las importaciones de dos semanas. La situación era tan dramática que contribuyó no poco a que se aceptara su aplicación, un primer intento de ruptura con la política de autarquía que se había practicado hasta entonces con resultados catastróficos.

En España, cualquier política económica que se precie tratará siempre de superar el estrangulamiento fundamental del crecimiento económico: la balanza de pagos. Por eso, las devaluaciones han sido tan decisivas y tan inevitables.

Mucho han cambiado las cosas pero el problema de fondo permanece, y además se ha agravado debido al hecho insólito de que, desde que entramos en el euro, no podemos devaluar y nos han prestado demasiado dinero, dos cosas que no ocurrían anteriormente. Con el euro, la economía española se ha convertido en una de las más endeudadas del mundo. Ninguna política económica puede ignorar que España tiene que refinanciar todos los años de 200.000 a 300.000 millones de euros, una cifra enorme que fundamenta la opinión de que nuestra economía funciona bajo la tutela de todos aquellos que nos tienen que proporcionar, año tras año, esos recursos, es decir, el sistema financiero mundial, y especialmente el Banco Central Europeo, sin cuyo apoyo estaríamos describiendo un panorama muy distinto del actual y sin duda muchísimo más difícil. Hablar de soberanía o independencia en el terreno económico es engañoso.

¿Qué hemos hecho para merecer esto?

La historia empieza por lo que a la última crisis se refiere en la anterior, la de 1992. El malhadado intento de entrar en el Sistema Monetario Europeo, la conocida como serpiente monetaria, el antecedente del actual euro, acabó en el más estruendoso fracaso. Se trataba de un planteamiento lleno de buenas intenciones. Para controlar la inflación diferencial se propuso un tipo de cambio fijo muy ambicioso (65 pesetas por marco), con márgenes de fluctuación muy reducidos, lo que exigía, como dijo el entonces ministro de economía, Solchaga, ser muy moderados en materia de precios, y por tanto salarios, y disciplinados en materia de gasto público, y por consiguiente, déficit presupuestario. Compromisos que, naturalmente, no se respetaron para nada: el gasto público se desmadró con los fastos del Descubrimiento y la Olimpiada de Barcelona, mientras los salarios crecían entre 1990 y 1992 un 30%.

Los españoles en general y los economistas en particular pudimos comprobar de primera mano lo que sucede cuando se produce una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero sobre todo pudimos verificar que la falta de disciplina macroeconómica es incompatible con un tipo de cambio fijo. Conviene decir que el país no sacó ninguna enseñanza de esta experiencia, como se pudo comprobar más adelante, cuando se planteó un experimento parecido, el euro, lo que hizo que volviésemos a cometer el mismo error.

Después de estas dos experiencias, y con la perspectiva que proporciona el presente, resulta evidente que la economía española nunca debió asumir un tipo de cambio fijo con los principales países europeos, como se hizo en 1998 con la entrada en el euro, entrada justificada más que nada por razones de prestigio político. Pese a lo cual, ha sido el error más grande que jamás se ha cometido en materia económica en nuestro país. En sí mismo, el euro ya era una temeridad: incluir en él a países tan heterogéneos como Grecia o España y Alemania suponía sembrar las bases de un problema estructural permanente que nos perseguirá mientras vivamos. Pertenecer a la zona euro ha supuesto un enorme perjuicio económico cuando, hasta entonces, formar parte de la Unión Europea había supuesto un enorme impulso para nuestra modernización, incluso para la Industria, el gran damnificado de nuestra integración en el espacio europeo.

En 1992, la economía colapsó, la tasa de paro llegó al 25%, y los tipos de interés se dispararon (tipo de intervención del BE: 14,5%). Se salió de la crisis gracias a que la peseta abandonó la famosa serpiente monetaria y se produjeron las consiguientes devaluaciones: el marco se situó en 85 pesetas, tipo de cambio mucho más realista, lo que permitió flexibilizar la política monetaria y bajar los tipos de interés. Gracias a ello, la economía española recuperó la senda del crecimiento con gran vigor. Sólo un año después de la crisis volvía a crecer demostrando las bondades de la devaluación y el dinero barato, un procedimiento que parece pensado para España, y otros países poco fiables como Grecia o Portugal, porque tiene una virtud: es indoloro. Es verdad que se produce una pérdida de riqueza en comparación con otros países pero eso aquí no le importa a nadie.

Durante los años noventa, y a pesar de que la crisis era muy reciente, volvimos a cometer los mismos errores de siempre: un ritmo de crecimiento demasiado rápido, ausencia de reformas significativas, crecimiento exponencial del sector público, y pérdida de la competitividad que se había obtenido con la devaluación. Todo ello preocupó relativamente poco a responsables y ciudadanos aunque ello conllevaba un déficit de balanza de pagos que requería financiación exterior, lo que era extraño dado que España era, y es, un país con un prestigio institucional escaso, ahora menos que entonces, para el que no siempre es fácil ni barato obtener dicha financiación. Sólo que esta vez poseíamos la pócima mágica que resolvería todos nuestros problemas exteriores y nos instalaría en la modernidad: el euro.

¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos entrado en el euro? Pues que a la altura de 1998-2000 hubiéramos tenido que parar la economía con un plan de estabilización o ajuste que incluiría un control de precios y salarios, una política monetaria que encarecería el crédito, moderación en el gasto público, y la consabida devaluación. Como es habitual en un país que cada cinco años, más o menos, sufre siempre la misma crisis.

Esta vez no ocurrió nada de eso. El euro nos ahorró esa crisis al precio de provocar con el tiempo una mucho mayor. La pertenencia a la zona euro permitió que financiásemos nuestro desequilibrio exterior sin problemas al facilitar la financiación de todo tipo de créditos y emisiones para nuestros bancos y empresas. El dinero entró a raudales hasta el punto de que pudimos financiar un déficit de balanza de pagos que rápidamente se situó entre los más altos del mundo.

Todo lo absorbía una burbuja inmobiliaria que reclamaba recursos en cantidades masivas. Hay que tener en cuenta que el plazo medio de maduración de una promoción de viviendas en España no es menor de cinco a siete años, que su precio medio se situaba algo por debajo de los 200.000 euros, y que en el momento más álgido se llegaron a construir cerca de 800.000 viviendas al año. La Construcción llegó a suponer cerca del 20% del PIB y más del 60% de los activos del sistema bancario español. Una verdadera barbaridad, algunas de cuyas consecuencias se seguirán pagando  durante mucho tiempo.

             Fuente: Expansión

El euro permitió que en lugar de seguir un ciclo de cinco años completásemos uno de catorce (1994—2008), lo que quiere decir que cuando nos diéramos el correspondiente sopapo este sería muchísimo mayor. La crisis de las hipotecas subprime y la quiebra  de Bear Stearns nos cogió en el momento en el que nuestro endeudamiento crecía a mayor velocidad por lo que éramos un candidato natural a padecer el que sin duda ha sido el mayor desastre de la historia reciente. ¿Por qué? Porque ese crecimiento, basado en la burbuja inmobiliaria, sólo podía funcionar si era alimentado por un endeudamiento que crecía a un ritmo anual cercano al 10% del PIB, o sea, más de 100.000 millones de euros. Cuando por una circunstancia aleatoria, las famosas hipotecas subprime, los mercados financieros se cerraron, todo el tinglado se vino abajo sin posibilidad alguna de arreglo o rectificación.

Cuando ocurre un desastre de estas dimensiones todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿En qué estábamos pensando para dejar que se crearan las condiciones para un desastre de semejante calibre? Aunque se ha dicho de los economistas que no supieron advertir el problema ni lo vinieron venir, eso no es en absoluto cierto. Sabiendo nuestra dependencia de la balanza de pagos, era evidente que ante un déficit exterior de semejantes dimensiones estaban encendidas todas las señales de alarma. Claro que sabíamos que venía una crisis, lo que no sabíamos era cuándo y cómo se produciría porque ese es un dato absolutamente aleatorio: ¿Quién había oído hablar de las hipotecas subprime antes de 2007?

Pero es que, además, fallaron controles muchísimo más importantes.

¿Cómo permitió la Comisión Europea que España llegase a semejante desequilibrio externo? Porque era una situación totalmente nueva en el seno del euro y el déficit se financiaba de manera aparentemente ortodoxa.

¿Por qué los mercados financieros proporcionaron tales cantidades de dinero? Porque en su ingenuidad pensaron que la pertenencia de España a la zona euro suponía una garantía de pago y un plus de solvencia, cosa que, como se demostró posteriormente, no era cierto.

 ¿Cómo permitió el Banco de España que el sistema bancario español acumulase tal concentración de riesgos? Porque los bancos, cuyos márgenes de intermediación se habían reducido considerablemente, mostraban de momento una morosidad simbólica y aseveraban  que todo estaba muy “amarrado”. Buena parte de los créditos eran hipotecarios y para las entidades financieras no hay nada más seguro que una hipoteca, cosa que se demostró falso cuando han tenido que desahuciar a centenares de miles de compradores de viviendas.

¿Cómo gobiernos supuestamente responsables, tanto del PP como del PSOE, toleraron la creación de semejante burbuja? Esta es la pregunta más fácil de contestar. Ningún gobierno español que se precie osaría frenar un proceso de esta naturaleza que hacía feliz a tanta gente, y llenaba las arcas municipales y estatales. Hubiera sido tan impopular como para perder las siguientes elecciones, que es lo que más teme un político.

Lo cierto es que cuando llega la crisis, familias y empresas debían cantidades siderales, el 203% del PIB, lo que suponía en 2008 el pago de unos intereses equivalentes a casi el 11% del PIB. Una verdadera locura. Casi todo ello canalizado a través de bancos y cajas de ahorro lo que transmutaba el problema en una crisis financiera mucho más dura y difícil de afrontar.

La gestión de la crisis

No hace falta que entremos a pormenorizar las consecuencias de la crisis. Baste decir que ha sido la más grave que ha sufrido la economía mundial y española desde que se tiene memoria, equivalente o peor a la de 1929. Y que dentro de esa crisis, la evolución de la economía española dentro del euro ha sido la peor de Europa, con la única excepción de Grecia. Ningún otro país europeo ha estado tantos trimestres en recesión ni ha sufrido tales caídas del PIB, no menos de diez puntos, un record histórico, ni del Producto Industrial, que en el País Vasco llegó a caer un 43%, por no mencionar las tasas de paro, que han estado cinco años por encima del 20%.

Todo esto es muy conocido pero lo que nos interesa saber a efectos prácticos cual es el legado de la crisis, es decir, de qué manera nos va a afectar negativamente de cara al futuro en nuestra capacidad para crecer. Son las mismas que tanto tiempo costaron equilibrar después de la crisis anterior: paro y deuda. Entonces, y a pesar de crecer a ritmos del 3% anual, tardamos más de una década en conseguir un superávit presupuestario y reducir la tasa de paro por debajo del 10%, un indicio de lo que cuesta en este país volver a la normalidad.

    Fuente: Expansión

La influencia negativa de una alta tasa de paro sobre el crecimiento es evidente. Tener a más de tres millones de personas sin empleo limita la capacidad de la sociedad para gastar (consumo), invertir (empleo) o recaudar (impuestos y estado de bienestar). También acaba por afectar a la población activa, que se ha estancado durante los últimos nueve años, debido al paro desanimado o a la marginación de la juventud. También afecta a la formación. Como consecuencia de la crisis, el desacople existente entre las necesidades de las empresas y los conocimientos y experiencias disponibles, se ha agudizado. Muchas empresas no encuentran los profesionales adecuados, y menos a los que van a necesitar en la era de la inteligencia artificial y el big data. A todo ello hay que añadir la carga financiera que supone el subsidio de desempleo aunque la mayor parte de los parados no acceda al mismo. El paro ha venido para quedarse.

Pero la herencia más peligrosa es la del Déficit público y la Deuda. Si hasta 2008, la deuda era fundamentalmente privada, a partir de entonces comienza a ser también pública, lo que agrava la amenaza que suponen ambas para la estabilidad y el crecimiento futuros.

     Fuente: Expansión

Digamos ante todo que el comportamiento del Estado no ha tenido nada que ver con las vicisitudes que han sufrido los ciudadanos. Empresas, bancos y trabajadores no pudieron sustraerse a las consecuencias de la crisis. El Estado sí lo hizo, a pesar de que uno de los primeros impactos del derrumbe económico fue una brutal caída de la recaudación. Hay que advertir que la Administración, que en los años de euforia obtenía aumentos de los ingresos fiscales de hasta el 12% anual, se lo había gastado todo y no había ahorrado nada para cuando llegaran los malos tiempos.

Sólo el sistema de pensiones dedicó parte de su superávit a crear un fondo de reserva que llegó a acumular 65.000 millones de euros. Es evidente que el resto de la Administración podía haber hecho algo semejante pero no lo hizo. Eso sí, redujo la Deuda pública  de manera considerable, hasta el 34% del PIB. Así que pensaron  que tenían margen de maniobra para  desarrollar una estrategia compensatoria. Ante la sorpresa de todos, y la consternación de unos cuantos, hicieron crecer el gasto público de manera espectacular mientras la recaudación se desplomaba (ver cuadro).

No olvidemos que todos los políticos de este país, sea cual sea su filiación, son socialdemócratas, y por consiguiente partidarios de gastar siempre más con cualquier excusa o coartada. Y esta era magnífica. Así que en sólo dos años pasamos de un superávit del 2% a un déficit de más del 11%. Un hecho que va a condicionar la economía de este país para siempre. Dejar que el  déficit se dispare es muy fácil pero reducirlo es terriblemente difícil, tal como se había demostrado en la crisis anterior. Los gastos del Estado son mayoritariamente fijos y crecientes, y una vez que entran en el Presupuesto se quedan ahí para siempre.

No es de extrañar, por tanto, que haya costado tanto reducir el déficit: nada menos que seis años para bajar del 11,2% de 2011 hasta el 4,5% de 2016, a pesar de lo cual sigue siendo el mayor de Europa, y frenar el crecimiento de la  Deuda pública, que ahora rebasa el 100% del PIB. Nada refleja mejor la reacción real de los dos Gobiernos que han gestionado la crisis que esas dos variables.

A lo largo de la crisis, la Administración española ha permanecido impertérrita mientras una parte de los ciudadanos las pasaban canutas, las empresas caían, los bancos sobrevivían a duras penas, y ha dedicado lo mejor de sus esfuerzos a no tener que aplicar las mismas recetas de ajuste que el resto del país no tenía más remedio que tragar. Para ello no ha tenido el menor empacho en

  • subir impuestos,
  • recortar gastos en salud y formación, los prioritarios para la sociedad española
  • engañar a la Comisión Europea para prometer y no cumplir el objetivo de déficit, que ha tenido que ser revisado al alza hasta seis veces, y, sobre todo,
  • endeudar a la nación en más de 800.000 millones de euros adicionales.

Y todo para conseguir tres cosas esenciales para la clase política

  • no tener que reestructurar la administración ni reducir las plantillas de empleados públicos, que se han mantenido por encima de los tres millones mientras el sector privado perdía cinco millones de empleos
  • no tocar prácticamente el sistema de pensiones, retrasando el momento de la verdad en casi diez años, por las consecuencias electorales que podía acarrear una verdadera reforma en profundidad
  • disponer de un margen de gasto discrecional para seguir invirtiendo en proyectos absurdos o de dudosa utilidad, como el Tren de Alta Velocidad, porque de ello se derivan jugosas comisiones con las que se financian unos partidos políticos que dependen para todo del Gobierno, tanto desde el punto de vista legal como ilegal

En definitiva, la clase política y la Administración han puesto en práctica un experimento social que tenía como objetivo demostrar que se puede arruinar al país y dejar que la economía se venga abajo sin que a ellos les pase nada. Experimento plenamente demostrado aunque el precio a pagar equivale a tener una espada de Damocles pendiente sobre nuestro futuro.

Es difícil subestimar la magnitud del problema. Tras tres años creciendo a ritmos cercanos al 3%, el déficit público en 2016 rebasó los 40.000 millones de euros, y el de este año no bajará de 30.000 millones. Sólo el déficit de la SS se mantendrá en torno a unos 18.000 millones en próximos años. Además, el gasto sanitario crece a ritmos del 4%, las pensiones al 3%, y juntas suponen 200.000 millones de euros. Con los tipos actuales, extraordinariamente bajos, ya pagamos 32.000 millones de euros en intereses de una Deuda que se ha situado por encima del billón de euros. Para hacer frente a todo eso, es decir, al tamaño que ha adquirido el estado de bienestar y la administración pública, la economía debería crecer más del 2% de media, y/o que el BCE compre la mitad de la deuda emitida por España, como hizo el año pasado.

De todo ello se deriva una correlación preocupante: la que hay entre crecimiento y deuda. Hay que suponer que, antes o después, los mercados financieros se harán la misma pregunta que nos hacemos todos: ¿Cómo es posible que creciendo un 3% tengamos el déficit más alto de Europa? En 2016, para crecer en 30.000 millones (PIB), nos hemos endeudado en 40.000 millones (Deuda). No parece un buen negocio.

A menos que el Gobierno tome medidas drásticas, que no están ni se les espera, en un probable escenario de retirada de las medidas de estímulo del BCE, podría producirse una nueva crisis de la Deuda que dispararía la prima de riesgo y haría que España entrase de nuevo en recesión.

Esto es lo que supone tener dos deudas de semejante entidad, tanto pública (100%) como privada (147%), buena parte de las cuales es exterior. La deuda externa española es la más alta de la Unión Europea (90%) cuando la media se sitúa en torno al 35%, lo que nos hace particularmente vulnerables a cualquier acontecimiento que se produzca en los escenarios internacionales a diferencia de, por ejemplo, Italia, cuya deuda pública es mucho mayor pero está en manos locales. Como dice la Comisión Europea, “España se enfrenta a elevados riesgos de sostenibilidad de la deuda a medio plazo”.

No es de extrañar que el Banco de España advierta de nuestra vulnerabilidad por lo que recomienda “la necesidad de trazar un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo”, algo que no parece incluirse entre las prioridades de nuestros políticos, mucho más atentos en descubrir nuevas posibilidades de gastar los incrementos de recaudación que, finalmente, se están produciendo en 2017, en torno al 10% sobre el año anterior.

El único dato positivo en relación con el endeudamiento es el que aportado el BCE con su política de bajos tipos de interés que han permitido que el sector privado comience a reducir su endeudamiento (del 203 al 147 por 100) y, sobre todo, reduzca el pago de intereses, que han pasado de 133.000 millones a 41.000 millones , es decir, una rebaja de más de 90.000 millones, un dato que explica que las empresa y familias hayan vuelto a gastar e invertir, y la economía a crecer. Lo mismo ha ocurrido con la deuda pública que, a pesar de seguir creciendo, ha experimentado un abaratamiento considerable gracias a lo cual el pago por intereses  no rebasará por mucho los 32.000 millones presupuestados, una cifra modesta si se tiene en cuenta que la deuda rebasa los 1,1 billones de euros.

Este alivio temporal no permite bajar la guardia. El problema sigue estando ahí y se convertirá en una amenaza en cuanto los tipos de interés empiecen a subir, y los ritmos de crecimiento empiecen a bajar, lo que quiere decir que afrontaremos situaciones muy delicadas en relación a los mercados financieros.

Situación que se vería agravada si Rajoy sigue jugando con fuego y no cumple con los compromisos en materia de déficit fijados por la Comisión Europea. Hasta ahora, el mejor cómplice de Rajoy ha sido la coyuntura europea que no terminaba de mejorar. Sólo el riesgo de estancamiento ha permitido que la Comisión Europea haya sido tan benévola con España. Hasta ahora. Si entramos en una etapa de normalización, el incumplimiento del déficit no será tolerado ni por Europa ni por los mercados financieros. No se puede volver a repetir un escenario como el de los últimos años por el que Rajoy ha gastado unos 120.000 millones de euros más de los previstos, siguiendo la pauta clásica de un Gobierno que practica sistemáticamente la política del pan para hoy y hambre para mañana.

La recuperación

Alguno se preguntará cómo es posible que tras una crisis tan profunda, nada menos que diez puntos de PIB, abordada de manera tan chapucera, la economía haya vuelto a crecer. Ello ha sido posible, como acabamos de explicar, gracias al apoyo exterior que ha impedido que España siguiera el camino de Grecia, y concretamente gracias a la gestión del Banco Central Europeo. El BCE no sólo ha rescatado a las cajas de ahorro sino al propio Estado, comprando emisiones de deuda pública en cantidades masivas, lo que ha permitido una rebaja espectacular  de la prima de riesgo.

La actuación del BCE, cuyo balance ha rebasado los cuatro billones de euros, ha estado motivada por la lánguida recuperación que se estaba produciendo en la economía europea hasta el punto de que la inflación ha tenido signo negativo durante bastante tiempo. Una política monetaria tan agresiva ha provocado que la cotización del euro se haya debilitado lo que ha facilitado las exportaciones. Finalmente, la propia crisis ha servido para aminorar la presión sobre los precios del barril de petróleo que son ahora menos de la mitad, unos 50 dólares, de los de hace tan solo unos años. Esos tres cambios externos en los que, gracias a Dios, el Gobierno español no ha tenido la menor influencia, han permitido que saquemos la cabeza del agua y volvamos a crecer.

   Fuente: Expansión

Probablemente, no habrá otro país más beneficiado que España por una política que parece diseñada a nuestra medida. Como somos uno de los países más endeudados del mundo, se nos abarata drásticamente el costo de esa deuda; como necesitamos exportar, devalúan el euro, y como dependemos totalmente de energía importada, el barril se abarata espectacularmente. Sólo esto último ha supuesto un ahorro cercano a los 15.000 millones de euros al año, lo que ha permitido que, creciendo a ritmos cercanos al 3%, la balanza de pagos siga teniendo signo positivo.

Si se preguntan por las posibilidades de que esta coyuntura se mantenga, bastará seguir el curso de las tres variables mencionadas: la cotización del euro, el precio del barril de petróleo, y, especialmente, la evolución de los tipos de interés, que no pueden sino subir. Por consiguiente, las previsiones a corto plazo seguirán siendo positivas siempre y cuando estas tres variables no alteren sustancialmente su valor.

En relación a los tipos de interés, hay que decir que la Reserva Federal ha empezado a aumentarlos pero hay que tener en cuenta que su recuperación se ha adelantado unos seis años a la europea debido a los problemas políticos de la zona euro. De hecho, Alemania sigue rechazando mutualizar la deuda europea o completar la unión bancaria, y presiona para que el BCE dé por finalizado su programa de compra de activos, algo que Draghi trata de retrasar por todos los medios dado que no se fía de la solidez y consistencia de la recuperación. Además, es consciente que una subida prematura de tipos de interés crearía graves problemas a la mayor parte de los países europeos con alto nivel de endeudamiento público, con Italia en cabeza (132% del PIB), España (100%), y Francia (96%).

Pero por mucho que se intente que el fin de la ayuda del BCE no afecte en exceso a las economías más débiles, es evidente que nos aproximamos a un escenario en el que el Gobierno no va a sentirse tan cómodo como hasta ahora, lo que no evita que haga previsiones fastuosas sobre las que nadie pondría una mano en el fuego.

    Fuente el País

No sabemos qué va a pasar dentro de seis meses, pero el Gobierno se atreve a asegurar que en 2020 el paro bajará al 11% y el déficit se reducirá al 0,5% del PIB, lo que presupone tasas de crecimiento por encima del 2% de media. Las previsiones del Gobierno dibujan un escenario ideal, tanto que es poco probable que se cumplan. Como objetivos están muy bien pero ya sabemos el respeto que Rajoy tiene por los objetivos, incluso por los suyos.

La realidad parece más cercana a las estimaciones de un informe del Banco de España que limita ese posible crecimiento a no más del 1,2% de media para el período 2020-2025, en base a que la población activa no va a crecer casi nada (ahora estamos en el mismo nivel de hace nueve años) debido al envejecimiento de la población (hay más mayores de sesenta que jóvenes de menos de 21) y a que la tasa de paro media no bajará del 14%. Si estas previsiones se confirmasen es evidente que España volvería a tener un problema con la Deuda, que es lo que les ocurre a los países y a las empresas cuando, por las razones que sean, se endeudan en exceso.

Final

Es evidente que entramos en un tiempo en el que la economía española va a depender de sí misma, de su capacidad endógena para crecer por la vía de la productividad y el desarrollo tecnológico, sin ayudas artificiales ni apoyos exteriores. Hasta ahora hemos aguantado gracias al BCE, pero así no se puede seguir toda la vida.

En este país, una buena parte de la sociedad ha creído que podíamos concedernos las pensiones o la sanidad que nos diera la gana, y que el mundo exterior financiaría el déficit consiguiente sin hacer preguntas, lo que equivale a una ignorancia supina de lo que es la economía y del contexto exterior en que esta se mueve. No se puede sino sentir una gran ternura por los socialdemócratas, que son amplia mayoría en nuestro país. En primer lugar, porque como algunos niños no aprenden de las experiencias más negativas que padecen, y en segundo lugar porque no son conscientes de los condicionantes que la realidad exterior impone. Es el mundo visto tras una barrera protectora, tal como lo ven los funcionarios.

Así que no es de extrañar que los españoles y sus gobiernos hicieran caso omiso de todos los avisos en relación con el SME (1992) y con el euro (1998), cuyas implicaciones ignoramos olímpicamente, especialmente el de la imposibilidad de devaluar. De otro modo, no hubiéramos descuidado el equilibrio de las cuentas públicas, como lo hicimos, o tolerado que la inflación y los salarios se alejaran tanto de sus referencias europeas, sobre todo alemanas, en el período 1998-2008, y cuyas consecuencias han sido devastadoras para el empleo.

Los resultados de esta ignorancia, traducida en una monumental falta de disciplina, han sido desastrosos. Las crisis  han sido más largas y más duras, y su coste social ha sido prohibitivo. Solo una sociedad tan sumisa y poco articulada como la nuestra es capaz de soportarla sin que apenas se oigan voces críticas. Al contrario. Nada ha torcido la disposición natural del ciudadano medio al optimismo. Contra toda lógica, la mayor parte de la gente sigue esperando que las cosas vuelvan a ser lo que fueron: tasas de paro moderadas, un estado de bienestar sostenible y una economía capaz de hacer frente a todo tipo de dificultades.

Aunque Rajoy haya dedicado sus escasos e intermitentes esfuerzos a hacer pasar un enorme fracaso como si hubiera sido un éxito, ya nada puede ocultar que, si bien la transición política ha sido un éxito, por lo menos hasta los años noventa, la transición económica ha sido un fracaso, como demuestra el hecho de que en los últimos cuarenta años hayamos sufrido tres crisis devastadoras con tasas de paro que han duplicado y a veces triplicado la media comunitaria.

Tres crisis en términos de paro

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 Fuente: El País

Cada crisis ha sido peor que la anterior. Una sociedad que carece de memoria y no aprende de sus errores los repite una y otra vez. Como probablemente volverá a ocurrir en el futuro.

Nuestro comportamiento durante la última crisis ha sido particularmente esclarecedor. España ha quedado retratada como de lo peor de Europa, su imagen exterior se ha derrumbado, y la posibilidad de afrontar los problemas del estado de bienestar  se va haciendo más y más impracticable. Si no estuviésemos en el euro nadie nos prestaría un duro. Por lo menos, Europa se encarga de resolver los problemas que ella misma ha creado. A pesar de lo cual deberíamos pensar que seguir como hasta ahora, dependiendo del BCE, permite soslayar los problemas y demorar las reformas pero no nos lleva a ninguna parte.

Salida de la crisis

El problema es que, hoy por hoy, cualquier urgencia de cambio ha desaparecido. La economía crece a buen ritmo, la recaudación fiscal  ha aumentado un 10% por lo que parece que se va a cumplir el objetivo de déficit marcado por la Comisión Europea para 2017. De momento, el BCE sigue comprando deuda española y los tipos de interés están por los suelos. El Presupuesto ha sido aprobado por el Congreso. Rajoy debe pensar que estamos bien en el mejor de los mundos posibles. Seguramente habrá aparcado cualquier intento de reforma.

No deja de ser un paréntesis basado en circunstancias extremadamente artificiales. Las incertidumbres persisten porque con esta deuda y este paro,  los problemas no tardarán en aparecer en cuanto desaparezcan eso que se ha dado en llamar vientos de cola. La herencia de la crisis es esa: tener sobre nuestras cabezas permanentemente una espada de Damocles.

INFORME DE COYUNTURA. Primer trimestre 2017

  • Todos los ciclos de la economía española se parecen entre sí, como no podía ser de otra manera dado que sus techos estructurales son los mismos desde hace tiempo: más inflación que la media, una competitividad siempre amenazada y una balanza de pagos que proporciona sustos periódicos. A partir de 2015, después de casi ocho años de crisis, hemos vuelto a crecer pero la inflación también ha vuelto aunque esta vez la causa principal sea la subida del petróleo y los alimentos frescos. Si los salarios empiezan a subir con la inflación, como suele ser la norma, el ciclo se acortará, el crecimiento caerá y la desigualdad aumentará. La duración del ciclo y su dinamismo dependerá también de una tercera variable: los tipos de interés, que pueden empezar a subir a partir del próximo otoño.
  • En condiciones normales, España no es capaz de mantener ritmos de crecimiento del 3% durante mucho tiempo, y si lo ha hecho hasta ahora es porque los vientos soplaban de cola: fundamentalmente petróleo y prima de riesgo, que son, con el gasto público, las variables cuyo comportamiento tendrá que cambiar a lo largo del año. Estamos, pues, en un momento de transición que será lo suficiente positivo como para salvar el ejercicio cuyo crecimiento, por pura inercia, se situará en torno al 2,5%. Más allá, todo depende del curso que tome la política monetaria del BCE y la pasión por gastar que muestren las distintas administraciones, a pesar del “agujero” monumental que ha creado el sistema de pensiones. Un déficit que, por lo menos hasta 2020, no bajará del 1,5% del PIB, lo que puede obligarles a subir la presión fiscal. Como ya anuncia que va a hacer el Gobierno Vasco al que preocupa muy poco la pérdida de atractivo del País Vasco como región económica, ampliamente superada por Madrid.
  • Los problemas financieros del Gobierno Vasco y su incapacidad para hacer frente a los compromisos adquiridos son los naturales de quienes no han hecho nada por corregir la deriva de un gasto corriente (plantilla) y unas pensiones que en su concepción actual la economía no puede mantener. En rigor, el déficit real del Gobierno Vasco, incluyendo el capítulo de las pensiones que no asume, no sería en ningún caso inferior al 7% del PIB, lo que quiere decir que el problema, además de estar fuera de control, se agravará con el paso del tiempo, entre otras cosas porque subir los impuestos es veneno para el crecimiento económico. Es el reflejo de una época en la que se pensó que la economía daba para todo y el Estado tenía que buscar afanosamente la manera de gastar una recaudación que crecía sin parar. A pesar de que ese escenario desapareció hace casi una década, la visión de políticos y funcionarios no ha cambiado un ápice.

1.De alguna manera, lo que está ocurriendo actualmente representa una vuelta a la normalidad, para lo bueno (crecimiento) y para lo malo (inflación, tipos de interés). Para la economía española lo anormal terminó en 2015, cuando la economía volvió a crecer. Sin embargo, hasta mediados de 2017 no se habrá vuelto a los niveles  de producción y renta anteriores a la crisis, lo que supone un paréntesis de  casi diez años.

Esa anormalidad supuso una tremenda caída de la economía, especialmente sensible en la producción industrial, que cayó más cuarenta puntos, un paro que superó los cinco millones de trabajadores, la ruina de numerosas entidades financieras, sobre todo cajas de ahorro, y un déficit fiscal brutal, que llegó al 11% del PIB y no ha bajado del 5% hasta ahora. Los niveles de consumo e inversión estuvieron durante años bajo mínimos. Y eso que el endeudamiento público aumentó vertiginosamente con lo que se consiguió paliar en parte unos recortes inevitables al precio de dejar al Estado entrampado de por vida, y con él pendiente de un hilo el bienestar de  las próximas generaciones.

No todo fue negativo. Como dijo Draghi, se hizo lo que había que hacer para suavizar un proceso de ajuste que de otra manera hubiera sido mucho más duro de lo que fue. Pero el peso de la crisis se repartió de forma muy desigual y recayó, como era de prever, sobre los colectivos más vulnerables, jóvenes y parados sobre todo, y soslayó a otros, los que por ley están más protegidos, los funcionarios, los trabajadores con contrato fijo, sobre todo si pertenecen a grandes empresas, salvo los de la Banca, y los pensionistas, a pesar de que ello abocaba a la quiebra el sistema de pensiones: se prefirió dilapidar el fondo de reserva creado durante el ciclo anterior antes que afrontar un problema que, se diga lo que se diga, no tiene otra solución que el de reducir gradualmente las prestaciones de jubilación, algo que los políticos tratarán de retrasar cuanto puedan dadas sus implicaciones electorales.

La política monetaria europea, siguiendo con mucho retraso la que se había aplicado en Estados Unidos, ha llevado hasta el límite la política de tipos de interés negativos (en Europa hay cuatro billones de bonos con tipos negativos) y el suministro ad libitum de toda la liquidez que los bancos y empresas necesitan para sobrevivir. Se trata de dejar pasar el tiempo y esperar épocas mejores. La ausencia de instituciones europeas verdaderamente supranacionales ha sido el talón de Aquiles del euro y de toda la construcción europea, incapaz de dar el paso hacia un estado federal en el que las naciones actuales sean meras regiones, lo que ha supuesto una enorme limitación a la hora de afrontar una crisis como la planteada. Gracias a que el petróleo cayó, lo mismo que el euro, las economías pudieron salir de su postración, pese a lo cual todos los intentos de recuperación se han demostrado frágiles y escasamente fiables porque sigue faltando una condición básica para que se consoliden: la confianza… además de un exceso de endeudamiento.

2. La señal más significativa de la vuelta a la normalidad en Europa es el hecho de que la inflación finalmente ha despertado, y aunque todavía no ha llegado al 2% de referencia, sí está en el 1%. Mientras, en España la inflación total, que incluye alimentos y petróleo, ya está en el 3%, por lo que vuelven a ser motivo de preocupación los tipos de interés, pero ahora por razones opuestas a las de antes, por ser demasiado bajos. Algo que nunca ha convenido a España, cuyos mercados no liberalizados traducen una inflación de los Servicios siempre por encima de la media y cuya política fiscal ya es abiertamente expansiva. Sólo la inevitable subida de los tipos de interés en los mercados de deuda podría suponer un aumento en el pago de intereses de unos 5.000 millones de euros en 2017 lo que echaría por tierra el objetivo de reducir al 3,1% del PIB el déficit presupuestario, lo que deja en la mínima expresión el margen de maniobra del Gobierno para gastar más o no subir los impuestos.

Si la política del BCE deja de ser tan expansiva como hasta ahora, tal como reclaman los alemanes, nuestra prima de riesgo volverá a subir lo que nos situará ante una nueva crisis de la deuda. Aunque de momento se trata de una posibilidad más que un riesgo concreto, lo cierto es que el coste de los títulos de deuda a diez años ya se han incrementado en medio punto desde noviembre, lo que es un anuncio de lo que puede suceder a lo largo del año. Como dice un informe de la Comisión Europea, “la elevada deuda interna y externa, pública y privada, constituye una vulnerabilidad significativa que expone a España a los shocks de los mercados”. En fin, que España sigue estando muy mal preparada en el caso de que se produzca cualquier eventualidad. A la Comisión le llama la atención el hecho de que España tenga, al mismo tiempo, una de las mayores deudas externas del mundo y una de las tasas de paro más elevadas. Los que siempre han creído que un exceso de gasto, y el déficit consiguiente, ayuda a crecer y crear empleo tienen por delante la dura tarea de explicar al personal qué parte de su teoría es la que ha fallado.

Si se produce una subida de la inflación, que en España viene acompañada siempre por una subida equivalente o aún mayor de los salarios, la actual política monetaria del BCE dejaría de tener sentido, y eso que Draghi no confía demasiado en la capacidad de los países del euro para mantener ritmos de crecimiento sostenidos, desconfianza más que justificada por la fragilidad y falta de solvencia de un gran número de bancos alemanes, españoles, portugueses e italianos, cuyos resultados de explotación no dejan de ser ejercicios de ciencia ficción (con la anuencia de los bancos centrales de sus respectivos países). La crisis inmobiliaria, y sus créditos incobrables, está lejos de haber sido limpiada de sus balances, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que, por lo menos en el caso español, las pérdidas sufridas no han sido inferiores a los 300.000 millones de euros.

Mientras, el barril de petróleo evoluciona hacia la normalidad a partir del momento en que la oferta ha sido objeto de recortes, y de menos de 30 dólares el barril ha pasado a casi 60 dólares, el doble, en muy poco tiempo. Así que los vientos de cola ya no son lo que eran. A partir de este momento al Gobierno español se enfrenta a un panorama mucho más gris, el de crecer no en función de impulsos abiertamente artificiales, como son unos tipos de interés por los suelos, un euro devaluado, un déficit público monumental y un petróleo barato, sino en base al potencial real de un sistema económico que ha salido de la crisis muy debilitado, potencial que puede que no sea mayor del 1% de media, año con año. Su mejora requeriría una política de reformas que nadie parece dispuesto a aplicar o tolerar. Con estos supuestos habría que darle la razón a un economista (Ruiz-Scholtes) que asegura que el actual ciclo de crecimiento acabará en dos años.

3. Evidentemente, los gobiernos nacionales y el BCE tratarán de no sobrerreaccionar ante la previsible subida de la inflación aunque el control de la misma volverá a ser otra vez el objetivo esencial de sus políticas. Existen dos razones para pensar que serán prudentes. En primer lugar, por su impacto sobre los objetivos de déficit presupuestario, que tendrán que ser suavizados o pospuestos. Recordemos que en España reducir a cero un déficit del 7,5% (1993) costó trece años, y eso que las circunstancias de entonces eran incomparablemente mejores, ya que se crecía de forma sostenida al 3% y el stock de deuda era mucho más manejable. Es de suponer que las consecuencias de esta crisis, especialmente en cuanto a la Deuda, durarán mucho más tiempo, y es impensable que se resuelvan para 2020 como afirma el gobierno en alguno de sus delirios propagandísticos.

En segundo lugar, esta sido una crisis bancaria, y se sabe por la experiencia de otros países, Japón sobre todo, que este tipo de crisis son particularmente duraderas. Además, es una crisis que ha encontrado a las autoridades de la zona euro infinitamente peor preparadas para afrontarla que, por ejemplo, las norteamericanas, que la han resuelto mucho más rápidamente, lo menos siete u ocho años antes. La culpa de todo ello es del euro, o más bien de su defectuoso planteamiento.

Ya es hora de reconocer de una vez que el euro ha sido un monumental error, que su implantación constituyó una temeridad en la que incurrieron países que no estaban preparados para un desafío de esta naturaleza, como es el caso de España, Grecia o Portugal, que la solidaridad entre países del Norte y del Sur, que se daba por supuesta, no ha existido, (Alemania, que ha sido el país más beneficiado por la desaparición de todo tipo de barreras intracomunitarias, se ha negado a pagar una prima por ello), que aún colea el problema insoluble de Grecia, que la falta de solvencia del sistema bancario sigue sin afrontarse y no existe siquiera un plan para hacerlo a pesar de las demandas en este sentido de un FMI sumamente preocupado.

La crisis ha generado una serie de tensiones centrífugas que se han  afrontado a duras penas gracias al BCE porque los países del Norte no han puesto nada de su parte. Para España la aventura del euro ha sido la peor decisión histórica que jamás se haya tomado en materia de política económica, y eso que todos la apoyamos en su día. Como ha quedado demostrado por los hechos, España es incapaz de mantener la disciplina fiscal, salarial y de precios necesaria. Abrir fronteras era algo factible; compartir la misma moneda con Alemania era una pretensión inviable. Y no poder devaluar nos mata. Y es que pertenecer al euro es incompatible con tener una energía carísima, un sistema bancario hecho añicos, una productividad estancada y una competitividad dudosa.

Cuando devaluamos por última vez, en 1993, tardamos un año en volver a crecer. Esta vez, sin devaluación, hemos tardado ocho años en reiniciar el crecimiento. No es de extrañar que nada funcione, desde el equilibrio presupuestario al sistema de pensiones, desde la tasa de paro a la solvencia del sistema bancario, desde el tamaño de las empresas a su rentabilidad. Con las lógicas excepciones, el país ha retrocedido diez años. Por pretender ser lo que no somos.

4. Mientras tanto, como decíamos al principio, seguimos el camino de una normalización que evoluciona gradualmente.

  • La economía creció un 3,3% en 2016 y se espera que crezca, a pesar de las primeras señales de desaceleración, no menos de un 2,5% en 2017. Pese al Brexit, a Trump, y a la desaparición de los vientos de cola. Las exportaciones crecen muy poco, lo mismo que un comercio mundial prácticamente estancado, y la economía europea, nuestro principal mercado, reacciona de manera excesivamente lenta.
  • La ocupación crece en volumen, unos 400.000 empleos al año, pero no en calidad. La tasa de temporalidad ya está en el 27% y seguramente llegará al 34%, como antes de la crisis, lo que revela que la reforma laboral, que pretendía eliminar la dualidad del mercado de trabajo, ha fracasado. El 93% de los contratos nuevos siguen siendo temporales, porque ahí se concentran las rebajas salariales. Como la población activa se ha situado al nivel de hace nueve años, el número de parados ya está por debajo de los cuatro millones y supone menos del 18% de la población activa.
  • Falta lo más difícil: consolidar empleo fijo y de calidad. A pesar del paro, durante la crisis no se ha dado ningún tipo de devaluación salarial en los contratos fijos, y ahora sus salarios vuelven a crecer más que la productividad, lo que hará imposible que aumente sustancialmente su número. Para que la economía española funcione con normalidad sería necesario crear millón y medio de empleos de calidad. Los que ya tienen empleo fijo harán todo lo que esté en su mano para que eso no ocurra elevando sus salarios todo lo que puedan.
  • En la economía española todo gira en torno al empleo, o la falta del mismo. La primera consecuencia de ello es la crisis del sistema de pensiones cuyo déficit en 2017 será sensiblemente igual que en 2016, en torno al 1,7% del PIB, unos 18.000 millones de euros. Las nuevas pensiones rebasan los 1.300 euros de media, (la media apenas supera los mil euros), lo que se debe a una de las tasas de sustitución, casi el 80% del último sueldo, más altas de Europa, lo que hace imposible recortar un déficit que no bajará del 1,5% en próximos años.
  • Es posible que el barril de petróleo no crezca mucho más pese al recorte de la producción acordado por la OPEP, lo que sería una muy buena noticia si no fuera reflejo de la debilidad del crecimiento mundial, especialmente de China.
  • La reducción de la deuda privada, empresas y familias, avanza con lentitud pero de forma positiva. Todavía seguimos lejos de la media europea, sobre todo en deuda externa, pero el gap se va reduciendo, en parte gracias al cierre de las empresas más endeudadas y el impago consiguiente. Por su parte, el BCE compró el año pasado la mitad de la deuda pública emitida por España, lo que explica que durante 2016, contra toda lógica, los tipos de interés se hayan reducido mientras la Deuda aumentaba. ¿Qué sería de nosotros sin el BCE? Pero, como hemos explicado, esto está a punto de cambiar y es posible que lo haga hacia el otoño de este año si la inflación sigue elevándose.

Como decimos, un ejercicio de transición, bueno en términos económicos pero en el que empiezan a asomar los primeros nubarrones en el horizonte que sólo se podrán afrontar si se crea empleo de calidad, los salarios crecen en función de la productividad, se reduce el endeudamiento externo y se frena el gasto público. Justamente lo que no queremos o no sabemos hacer.

El Gráfico del año

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La imagen real de lo que nos ha sucedido lo tenemos en un gráfico que refleja las alternativas de la variable  más sensible de la economía española: el paro. En él se pueden apreciar las tres crisis que hemos sufrido, cada una peor que la anterior, cada una más profunda y más larga (11, 21 y 24 trimestres). Lo que demuestra que, a despecho de las duras lecciones que conllevan crisis de estas dimensiones,  seguimos sin sacar conclusiones ni modificar las formas de hacer en materia de mercado de trabajo. Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. España mejora este aserto, ya ha tropezado tres veces y, como no aprende, puede hacerlo muchas más. Supone una heroicidad que, a pesar de ello, hayamos llegado hasta donde estamos. Partiendo de la nada…

Hay que tener en cuenta que el paro es un problema capital. Es la causa de la crisis del sistema de pensiones y del déficit público, y está en el origen de la desigualdad social que se ha producido desde la crisis. No es un problema de gobiernos o partidos políticos; en esto todos son iguales. Es una costumbre nacional, que ha adquirido rango de segunda naturaleza materializada en la capacidad de los trabajadores fijos y sus sindicatos para aumentar los salarios en cualquier coyuntura.

Los salarios crecen por encima de la productividad en las fases expansivas (1998-2007), y siguen creciendo en medio de las crisis (2008-2011), lo que, como ha demostrado el Banco de España, agravó considerablemente las tasas de paro. De esa capacidad se ha derivado una tremenda segmentación social que castiga sobre todo a los parados y temporales pero que afecta también a los trabajadores fijos, que ya representan menos de la mitad de la población activa. Una estrategia que equivale a pegarse un tiro en el pie.

INFORME DE COYUNTURA. Cuarto trimestre 2016

  • Al margen de la desagradable tarea de tener que reducir el déficit público, al nuevo Gobierno de siempre se le presenta un nuevo ejercicio bastante fácil desde el punto de vista coyuntural gracias al escenario creado por el Banco Central Europeo en su incansable esfuerzo por sacar a las economías de la zona euro de su prolongado estancamiento. Con los tipos de interés bajo mínimos, un euro débil, y un petróleo barato podríamos apostar por un 2017 como una continuidad del actual, si bien en moderado descenso. Hay que recordar que tanto empresas como familias deben reducir su endeudamiento, otra tarea inaplazable, y que el petróleo, que da muestras de encarecerse, no nos ayudará en el futuro de la misma manera que en los dos años últimos, cuando ha supuesto un ahorro de cerca de 45.00 millones de euros para la economía española.
  • Pero la clave de la coyuntura va a residir en la disposición que muestre el Gobierno en cumplir las exigencias de Bruselas, lo que para la Comisión exige recortes importantes del gasto público, que es lo que más odia todo funcionario que se precie, mientras que para el Gobierno basta con esperar a que el crecimiento económico, y la subida de impuestos, anime la recaudación fiscal sin necesidad de aplicar un programa más restrictivo en materia de gastos lo que, sin duda, debilitaría su acción de gobierno en un Congreso en el que estará en minoría. El problema es que la paciencia europea se ha agotado y el déficit público de 2017 puede quedar muy lejos del objetivo fijado, que es del 3,1%.
  • Un dato relevante de la coyuntura, y que afecta de manera particular a la economía vasca, es el de la producción industrial. A pesar de que la recuperación lleva en marcha dos años, la producción industrial española sigue estando un 23% por debajo de la de 2008. Una industria que perdió 900.000 empleos, una cuarta parte de los que había y una tercera parte de los actuales. La ocupación del sector secundario ya sólo supone un 13,6% del total. La situación vasca es algo mejor ya que la Industria todavía representa un 19% del empleo vasco. Consignemos el dato positivo de que la producción de bienes de equipo, un indicador adelantado de los acontecimientos, ha crecido considerablemente durante los últimos doce meses. Las empresas parece que se están reforzando de cara a un futuro que esperan menos malo.  

1. Al amparo de una coyuntura exterior extraordinariamente favorable, la economía española ha podido volver a crecer considerablemente, en torno al 3%, y empezar a curar las heridas provocadas por la crisis: esencialmente el paro, el más grave y más difícil de resolver, el endeudamiento, tanto público como privado, y el saneamiento de un sistema bancario que ha tenido que emprender la más formidable reconversión que se haya dado en nuestro país con el cierre de miles de oficinas y el despido masivo de empleados. Es, sin duda, el sector que mayor capacidad de reacción ha demostrado. Sin embargo, se ha avanzado poco en la reducción del endeudamiento privado y nada en el público, que sigue creciendo debido a un déficit presupuestario que apenas se ha corregido, lo que demuestra que el sector público carece de capacidad de reacción, o se niega simplemente a reaccionar porque se siente a salvo de cualquier contingencia negativa. El déficit de este año se irá hasta el 4,5% del PIB, lo que quiere decir que 2016 habrá sido un año perdido en este sentido.

En cuanto hemos vuelto al crecimiento, la creación de empleo ha  resurgido si bien se trata de empleo precario y temporal, según el modelo anterior a la crisis, por el que los ritmos de crecimiento de la economía y de la ocupación son prácticamente los mismos, lo que quiere decir que la productividad está estancada. Mientras sigan fracasando todas y cada una de las reformas del mercado de trabajo que se han abordado desde hace treinta años, con más trascendencia mediática que cambios en profundidad, la temporalidad volverá a repuntar, ya lo ha hecho hasta el 27% y acabará por situarse en los mismos niveles de antes de la crisis cuando llegó al 34%. Los empresarios no ven que las cosas hayan cambiado en este apartado y se niegan tercamente a contratar indefinidamente.

En 2017 se producirá un hecho simbólico y es que se volverá a los niveles de renta anteriores a 2007, lo que quiere decir que la crisis habrá durado alrededor de diez años. Pero sus secuelas, como acabamos de comentar, durarán mucho más. En realidad, la mayor parte de los problemas siguen estando básicamente intactos porque el Gobierno apenas los ha afrontado, empezando por un déficit público monumental, con el que lleva de cabeza a la Comisión Europea, siguiendo por la falta de reformas en casi todos los órdenes de la vida, desde la liberalización de los Servicios a la reforma de la Administración, incapaz de asumir que los ingresos fiscales no crecen como antes, y terminando por un mercado de trabajo que solo sirve para crear empleo de baja calidad y mantener a más de la mitad de la población activa en el paro, con contrato temporal, o a tiempo parcial.

En teoría, antes que nada habrá que abordar una reforma insoslayable, la de las pensiones. El déficit ha llegado a 18.000 millones y el fondo de reserva se agotará en 2017. Todos los agentes sociales reclamarán más ingresos vía impuestos, lo que parece inviable a la vista del déficit presupuestario. El gobierno, cuya inclinación a no afrontar los problemas es la misma de siempre, ha vuelto a elevar las cotizaciones sociales y el salario mínimo, que es veneno para el empleo precario, que es el que se está creando en estos momentos. Cualquiera que sea el crecimiento esperado, el empleo va a empezar a crecer mucho menos.

El problema esencial de las pensiones es que la tasa de sustitución, relación grosso modo entre salarios y pensiones, situada ahora en el 65%, es insostenible, –la media de la UE está en el 46%–, algo que nadie quiere admitir. Todo lo que no sea alterar a la baja esa tasa será papel mojado.

2. Eliminada la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria, con un sector exterior que no puede apelar a una devaluación, lo que quiere decir que sólo crecerá en la medida en que los mercados europeos se recuperen, cosa que no han hecho hasta ahora ni lo van a hacer en 2017, muy recortada la inversión exterior ante el desprestigio que España ha acumulado—un desprestigio totalmente merecido dado que su comportamiento durante la crisis ha sido el peor de Europa con la excepción de Grecia–, con ayudas estructurales que irán a menos, severamente limitada la apelación al endeudamiento tanto público como privado, salvo el que proporciona el BCE, teniendo una baja tasa de ocupación, de la cual menos de la mitad es fija a tiempo completo, con tasas de paro que duplican la media europea, teniendo que reducir el déficit público más rápidamente de lo que quisiera el Gobierno, la economía española no va a tener locomotora alguna que tire de ella cuando la política monetaria del BCE cambie de signo.

Según un informe del Banco de España, la demografía, francamente desfavorable por el envejecimiento de la población (en 2015, por primera vez, el número de defunciones ha superado al de nacimientos) reducirá  en el futuro los ritmos de crecimiento hasta el punto de situar el crecimiento potencial en el entorno del 1,2% anual de media, y el paro estructural cerca del 15%. Sólo con un programa de reformas que reduzca el desempleo estructural y aumente la productividad podríamos hacer frente en el futuro a un gasto sanitario que crece a tasas del 4% y unas pensiones que progresan al ritmo del 3%, y que, de seguir así las cosas, en muy pocos años no podremos sostener.

Parece un panorama difícil pero, pese a ello, el Gobierno no parece dispuesto a seguir  ningún plan de reformas que, además, tendría que llevarse a cabo contra una opinión pública que se niega a entender la difícil encrucijada en la que se encuentra nuestra economía después de diez años de crisis y de destrucción de muchísimas empresas, especialmente dolorosa en el caso de las empresas industriales. Ese balance es desolador: más de 50.000 empresas industriales desaparecidas que suponían el 20% del tejido industrial y 900.000 empleos, de los que una buena parte de los mismos corresponden al País Vasco.

En definitiva, nuestro potencial de crecimiento a lo largo de los próximos diez años, reflejará la capacidad de toda la sociedad, y no sólo de la economía, para evolucionar al compás de los tiempos y afrontar los retos que se nos van planteando, tanto internos- la financiación del estado de bienestar, por ejemplo—como externos, los relativos a una falta de competitividad que es esencial para salir al exterior. Esa capacidad, que casi siempre ha sido escasa, hoy es menor que nunca.

A corto plazo no hay problema gracias a que una serie de circunstancias extraordinarias, casi todas exteriores, pero, de cara al futuro, habría que afrontar grandes cambios que ni el Gobierno ni buena parte de la sociedad española quieren. El mercado de trabajo sigue siendo el mayor problema de todos dado que impide crear empleo indefinido, bien porque sus condiciones contractuales son excesivamente rígidas, bien porque sus salarios han crecido demasiado al amparo de una capacidad negociadora que ha podido ignorar, gracias a acuerdos sectoriales o nacionales, el escaso crecimiento de la productividad, que debería haber sido su única referencia válida. Ahora mismo, y en un planteamiento aparentemente magnánimo, los Sindicatos reclaman subidas de entre el 2 y el 4% (los empresarios  ofrecen subidas en torno al 1%) pero es que la productividad no crece nada y el IPC será negativo (aunque volverá a crecer en 2017 en torno a un 1,5%).

Como dice Jorge del Palacio en relación al caso italiano, las reformas planteadas por Rienzi, aunque hayan sido un fracaso, “han despertado un debate saludable entre los italianos sobre el papel del Estado, el diseño de sus instituciones, el tamaño de la Administración pública, el papel de los sindicatos, el mercado de trabajo o el espacio de la sociedad civil.” Ese debate ni siquiera se ha atisbado en España, y la posibilidad de que se plantee es muy escasa. Es evidente que la mayor parte de nuestros problemas económicos son un mero trasunto de la enorme crisis política que empieza a aflorar después de cuarenta años de complacencia democrática producto de una transición de la que no se puede vivir eternamente.

Por ello, lo más probable es que, en lugar de afrontar los problemas reales, los eludamos, como hemos hecho tantas veces en el pasado. Gran parte de la sociedad española, y muchas comunidades autónomas, sigue anclada en el pasado. La España que confía, porque no tiene otro remedio, en una clase política que piensa que hay tiempo para todo, cuando la realidad ha demostrado que no hay tiempo para nada. Menos mal que Europa nos ha echado una mano porque, de otra manera, no sabemos qué hubiera pasado.

La gente que piensa que las cosas no son tan serias debería tener en cuenta la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos. Con la excepción citada de Grecia, España es el país europeo con mayor tasa de paro, el déficit público más elevado y el mayor nivel de endeudamiento externo. Tres retos formidables que explican la escasa confianza que sienten nuestros socios comunitarios y su preocupación por las continuas alegrías que el Gobierno se permite en la confianza de que tiene un margen de maniobra que sólo existe en su imaginación. En realidad, sólo el tamaño del país y de su economía, la cuarta de la UE, ha impedido que a España se le haya dejado caer.

3. Si bien nuestro futuro parece sombrío, el porvenir inmediato es cómodo. Ahora mismo estamos creciendo por encima del 3% y, aunque el año que viene no parece tan favorable, creceremos más de un 2% en 2017, incluso un 2,5%. Siempre y cuando nuestro entorno no cambie a demasiada velocidad. Pero, ¿de qué entorno estamos hablando?

Ante todo y sobre todo de los tipos de interés, es decir, de la política monetaria del Banco Central Europeo y su estrategia de mantener los costes del dinero tan bajos como sea posible, llegando incluso a esa especie de aberración de no cobrar sino pagar por un depósito o un bono del estado, lo que dicho sea de paso está hundiendo el negocio bancario que, por lo menos en Alemania (Commerz Bank, Deutsche Bank) e Italia (Unicredito, Monte dei Paschi) va a tener que ser objeto de un rescate multimillonario que se está haciendo esperar en exceso. Un tercio del sistema bancario europeo no logra beneficios sostenibles y el stock de créditos dudosos rebasa los 900.000 millones de dólares (en España, unos 200.000 millones), lo que según el FMI reclama un plan de salvamento masivo a la manera del que se practicó en su día en Estados Unidos o Reino Unido.

De todas maneras, esos tipos de interés bajo mínimos están sosteniendo gran parte de un tejido empresarial terriblemente endeudado, por no mencionar a Estados como Italia, Portugal y, naturalmente, España. La deuda pública europea se sitúa en torno al 90% del PIB, lo que quiere decir que con unos tipos de interés “normales” la mayor parte de Europa entraría en recesión, lo que justifica la política que lleva a cabo Draghi contra viento y marea.

Esa política no va a cambiar a corto plazo porque el crecimiento sigue siendo lánguido, incluso en Alemania, y es que la política monetaria ha mostrado sus limitaciones a la hora de convencer a los empresarios para que inviertan o a las familias para que gasten. Así que no se esperan cambios significativos en dos de las variables más importantes para nuestro equilibrio exterior: el euro seguirá débil y el precio del petróleo no crecerá  mucho más de los 50 dólares el barril aunque el exceso de oferta existente ha empezado a ser recortado. Sólo la caída del precio del barril ha supuesto para España un ahorro de unos 45.000 millones de euros en los últimos dos años. Eso explica que, a pesar de crecer por la vía de la demanda interna, la balanza de pagos muestre signo positivo.

Pero el comercio mundial sigue estando de lo más deprimido. Normalmente solía crecer vez y media más que el aumento del PIB, relación que se ha invertido. De hecho, en 2016 sólo crecerá un 1,7%, con un aumento del PIB mundial del 3%, lo que es una de las tasa más bajas de la historia, consecuencia de la crisis de materias primas provocada por el descenso de la tasa de crecimiento china a la mitad de la de hace unos años. Lo que significa que es probable que nuestras Exportaciones crezcan muy poco lo que ahora mismo (no a largo plazo) tiene una importancia relativa ya que nuestro modelo de crecimiento se apoya casi exclusivamente en el consumo interno y en un gasto público fuera de control.

Es en este último apartado donde se plantean las mayores dudas de cara a 2017. Si de verdad se toma el problema en serio, el Estado español debería reducir el déficit público en no menos de 15.000 millones en 2017, lo que, de llevarse a cabo, tendría un impacto sensible sobre el crecimiento económico. Todo dependerá de cómo se administre el proceso sobre todo si, como parece, se hace por la vía de elevar los impuestos y no por recortar del gasto, cuando lo más lógico sería lo opuesto. Recordemos que un ajuste similar al que propone la Comisión contribuyó en 2012 a agudizar la recesión. El Gobierno tiene escaso margen de maniobra frente a Bruselas aunque de la habilidad española para dar largas todo es esperable. Como síntoma del gradualismo con que el Gobierno entiende este problema recordemos que De Guindos proclamó que bastaría un año para bajar el déficit del 3%. En la práctica se van a necesitar por lo menos tres.

No se trata de cumplir por cumplir, como si se tratase de un requisito formal. Este déficit, que ha causado un daño enorme a la credibilidad de España, está en el origen de una Deuda Pública que ya está en torno al 100% del PIB. Aún peor, y más peligroso, es el dato de nuestra deuda externa neta, superior al 90% del PIB, cuando la media de la Unión Europea se sitúa en el 35%, y que apenas se ha reducido durante la crisis. Tampoco lo han hecho los pasivos exteriores exigibles (1,7 billones en 2015), que requieren una refinanciación de entre 200.000 y 300.000 millones de euros al año. No cabe duda que una de las debilidades sustantivas de la economía española es la posibilidad de que los mercados financieros pierdan la confianza en nuestra capacidad para hacer frente a los pagos. Como dice la Comisión Europea: “España se enfrenta a elevados riesgos de sostenibilidad de la deuda a medio plazo”. Casi lo mejor que le puede pasar a España es que Europa no resuelva demasiado rápidamente sus problemas de crecimiento y los tipos de interés sigan bajo mínimos. Porque si las circunstancias cambian, España podría tener otra vez dificultades muy serias.

4. Los que piensan que el potencial de crecimiento de la economía española es mucho mayor del que se dice—y se dice que a duras penas pasa de un 1% de media– deberían recordar un hecho incontestable: a pesar de haber entrado en la Unión Europea, habernos endeudado hasta las cejas, haber recibido enormes volúmenes de inversiones directas y fondos estructurales, que durante años llegaron a representar más del 1% del PIB, la renta per cápita española sigue situada en torno al 75% de la media de los Doce. Como a finales de los años setenta. El proceso de convergencia con Europa no ha avanzado un ápice en cuarenta años.

Dicen que llegamos a la madurez cuando empezamos a tener conciencia tangible de nuestras limitaciones. En tal caso es evidente que los españoles todavía no han madurado, y su Administración y su clase política, que son lo mismo, aún menos. Claro que a estos últimos les va bien mientras que a los españoles no les va bien. En realidad, les va mal.

A ello ha contribuido (quien lo iba a suponer) el euro. El colofón de la unión comercial y aduanera ha resultado ser un fiasco. Para los países del Sur de Europa ha supuesto una verdadera maldición ya que se ha convertido en una camisa de fuerza que, al ser incapaces de mantener una mínima disciplina fiscal o financiera, se transforma en una máquina de destrucción masiva. Para gente poco seria como nosotros, los italianos o los portugueses, el viejo mecanismo de corregir nuestro diferencial de inflación por medio de devaluaciones era mucho mejor. Con él se salía de la crisis en un par de años. Con el euro hemos tardado diez y salimos tambaleándonos, con la moral por los suelos, y unas secuelas en forma de paro y endeudamiento que tardaremos, en el mejor de los casos, una generación en resolver.

De momento, dado que la política monetaria y fiscal seguirá siendo expansiva, el año que viene creceremos por encima del 2%, dependiendo esencialmente de cómo se afronte el ajuste presupuestario. Nuestro modelo de crecimiento sigue centrado en la demanda interna, lo que está muy bien a corto plazo pero con lo que no es posible consolidar un modelo de crecimiento sostenible. Para eso harían falta muchas reformas y todo un debate político. Pero ni el Gobierno ni la sociedad están por la labor.