Una espada de Damocles

Los pueblos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. George Santayana

Introducción

Aunque todos los economistas insisten en que los criterios empleados en macroeconomía no son extrapolables al mundo de la empresa, en España se ha dado una confluencia llamativa en torno a un problema que afecta a ambos ámbitos: un endeudamiento excesivo que va a condicionar nuestras vidas durante mucho tiempo. Podríamos llamarlo nuestro problema por excelencia.

Todos conocemos la importancia que tiene el endeudamiento en la vida de una empresa, sobre todo si es excesivo. Una empresa muy endeudada estará siempre condicionada en su desarrollo, tendrá problemas para invertir, se verá obligada a ser prudente, a no tomar demasiados riesgos, y a generar los recursos necesarios para hacer frente a los vencimientos que ineluctablemente llegarán. Desde muchos puntos de vista, una empresa endeudada depende de la generosidad de sus acreedores.

Salvando las distancias lógicas, la economía de un país endeudado, como es la de España, ha de seguir los mismos criterios: prudencia a la hora de gastar, urgencia a la hora de recuperar la competitividad perdida—tras un país endeudado siempre hay una historia de falta de competitividad— y necesidad de afrontar cualquier desequilibrio, especialmente los de la balanza de pagos: tras un país endeudado siempre hay una historia de fragilidad exterior que conlleva déficits crónicos en la balanza de pagos.

Si tuviéramos que elegir un país como paradigma de los problemas ocasionados por su balanza de pagos elegiríamos sin duda a España. El desequilibrio exterior es el hilo rojo de la historia económica del país, el problema por excelencia que vertebra el relato de las sucesivas crisis y las etapas de despegue. Nuestros problemas exteriores han sido crónicos y recurrentes. Hubo un tiempo no tan lejano, los años cincuenta del pasado siglo, en que una mala cosecha de naranjas, y la imposibilidad de exportarlas, podía impedir la compra en el exterior de los insumos más esenciales como el petróleo y los alimentos. Cuando se plantea el Plan de Estabilización de 1959, se decía que la reserva de divisas sólo daba para las importaciones de dos semanas. La situación era tan dramática que contribuyó no poco a que se aceptara su aplicación, un primer intento de ruptura con la política de autarquía que se había practicado hasta entonces con resultados catastróficos.

En España, cualquier política económica que se precie tratará siempre de superar el estrangulamiento fundamental del crecimiento económico: la balanza de pagos. Por eso, las devaluaciones han sido tan decisivas y tan inevitables.

Mucho han cambiado las cosas pero el problema de fondo permanece, y además se ha agravado debido al hecho insólito de que, desde que entramos en el euro, no podemos devaluar y nos han prestado demasiado dinero, dos cosas que no ocurrían anteriormente. Con el euro, la economía española se ha convertido en una de las más endeudadas del mundo. Ninguna política económica puede ignorar que España tiene que refinanciar todos los años de 200.000 a 300.000 millones de euros, una cifra enorme que fundamenta la opinión de que nuestra economía funciona bajo la tutela de todos aquellos que nos tienen que proporcionar, año tras año, esos recursos, es decir, el sistema financiero mundial, y especialmente el Banco Central Europeo, sin cuyo apoyo estaríamos describiendo un panorama muy distinto del actual y sin duda muchísimo más difícil. Hablar de soberanía o independencia en el terreno económico es engañoso.

¿Qué hemos hecho para merecer esto?

La historia empieza por lo que a la última crisis se refiere en la anterior, la de 1992. El malhadado intento de entrar en el Sistema Monetario Europeo, la conocida como serpiente monetaria, el antecedente del actual euro, acabó en el más estruendoso fracaso. Se trataba de un planteamiento lleno de buenas intenciones. Para controlar la inflación diferencial se propuso un tipo de cambio fijo muy ambicioso (65 pesetas por marco), con márgenes de fluctuación muy reducidos, lo que exigía, como dijo el entonces ministro de economía, Solchaga, ser muy moderados en materia de precios, y por tanto salarios, y disciplinados en materia de gasto público, y por consiguiente, déficit presupuestario. Compromisos que, naturalmente, no se respetaron para nada: el gasto público se desmadró con los fastos del Descubrimiento y la Olimpiada de Barcelona, mientras los salarios crecían entre 1990 y 1992 un 30%.

Los españoles en general y los economistas en particular pudimos comprobar de primera mano lo que sucede cuando se produce una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero sobre todo pudimos verificar que la falta de disciplina macroeconómica es incompatible con un tipo de cambio fijo. Conviene decir que el país no sacó ninguna enseñanza de esta experiencia, como se pudo comprobar más adelante, cuando se planteó un experimento parecido, el euro, lo que hizo que volviésemos a cometer el mismo error.

Después de estas dos experiencias, y con la perspectiva que proporciona el presente, resulta evidente que la economía española nunca debió asumir un tipo de cambio fijo con los principales países europeos, como se hizo en 1998 con la entrada en el euro, entrada justificada más que nada por razones de prestigio político. Pese a lo cual, ha sido el error más grande que jamás se ha cometido en materia económica en nuestro país. En sí mismo, el euro ya era una temeridad: incluir en él a países tan heterogéneos como Grecia o España y Alemania suponía sembrar las bases de un problema estructural permanente que nos perseguirá mientras vivamos. Pertenecer a la zona euro ha supuesto un enorme perjuicio económico cuando, hasta entonces, formar parte de la Unión Europea había supuesto un enorme impulso para nuestra modernización, incluso para la Industria, el gran damnificado de nuestra integración en el espacio europeo.

En 1992, la economía colapsó, la tasa de paro llegó al 25%, y los tipos de interés se dispararon (tipo de intervención del BE: 14,5%). Se salió de la crisis gracias a que la peseta abandonó la famosa serpiente monetaria y se produjeron las consiguientes devaluaciones: el marco se situó en 85 pesetas, tipo de cambio mucho más realista, lo que permitió flexibilizar la política monetaria y bajar los tipos de interés. Gracias a ello, la economía española recuperó la senda del crecimiento con gran vigor. Sólo un año después de la crisis volvía a crecer demostrando las bondades de la devaluación y el dinero barato, un procedimiento que parece pensado para España, y otros países poco fiables como Grecia o Portugal, porque tiene una virtud: es indoloro. Es verdad que se produce una pérdida de riqueza en comparación con otros países pero eso aquí no le importa a nadie.

Durante los años noventa, y a pesar de que la crisis era muy reciente, volvimos a cometer los mismos errores de siempre: un ritmo de crecimiento demasiado rápido, ausencia de reformas significativas, crecimiento exponencial del sector público, y pérdida de la competitividad que se había obtenido con la devaluación. Todo ello preocupó relativamente poco a responsables y ciudadanos aunque ello conllevaba un déficit de balanza de pagos que requería financiación exterior, lo que era extraño dado que España era, y es, un país con un prestigio institucional escaso, ahora menos que entonces, para el que no siempre es fácil ni barato obtener dicha financiación. Sólo que esta vez poseíamos la pócima mágica que resolvería todos nuestros problemas exteriores y nos instalaría en la modernidad: el euro.

¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos entrado en el euro? Pues que a la altura de 1998-2000 hubiéramos tenido que parar la economía con un plan de estabilización o ajuste que incluiría un control de precios y salarios, una política monetaria que encarecería el crédito, moderación en el gasto público, y la consabida devaluación. Como es habitual en un país que cada cinco años, más o menos, sufre siempre la misma crisis.

Esta vez no ocurrió nada de eso. El euro nos ahorró esa crisis al precio de provocar con el tiempo una mucho mayor. La pertenencia a la zona euro permitió que financiásemos nuestro desequilibrio exterior sin problemas al facilitar la financiación de todo tipo de créditos y emisiones para nuestros bancos y empresas. El dinero entró a raudales hasta el punto de que pudimos financiar un déficit de balanza de pagos que rápidamente se situó entre los más altos del mundo.

Todo lo absorbía una burbuja inmobiliaria que reclamaba recursos en cantidades masivas. Hay que tener en cuenta que el plazo medio de maduración de una promoción de viviendas en España no es menor de cinco a siete años, que su precio medio se situaba algo por debajo de los 200.000 euros, y que en el momento más álgido se llegaron a construir cerca de 800.000 viviendas al año. La Construcción llegó a suponer cerca del 20% del PIB y más del 60% de los activos del sistema bancario español. Una verdadera barbaridad, algunas de cuyas consecuencias se seguirán pagando  durante mucho tiempo.

             Fuente: Expansión

El euro permitió que en lugar de seguir un ciclo de cinco años completásemos uno de catorce (1994—2008), lo que quiere decir que cuando nos diéramos el correspondiente sopapo este sería muchísimo mayor. La crisis de las hipotecas subprime y la quiebra  de Bear Stearns nos cogió en el momento en el que nuestro endeudamiento crecía a mayor velocidad por lo que éramos un candidato natural a padecer el que sin duda ha sido el mayor desastre de la historia reciente. ¿Por qué? Porque ese crecimiento, basado en la burbuja inmobiliaria, sólo podía funcionar si era alimentado por un endeudamiento que crecía a un ritmo anual cercano al 10% del PIB, o sea, más de 100.000 millones de euros. Cuando por una circunstancia aleatoria, las famosas hipotecas subprime, los mercados financieros se cerraron, todo el tinglado se vino abajo sin posibilidad alguna de arreglo o rectificación.

Cuando ocurre un desastre de estas dimensiones todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿En qué estábamos pensando para dejar que se crearan las condiciones para un desastre de semejante calibre? Aunque se ha dicho de los economistas que no supieron advertir el problema ni lo vinieron venir, eso no es en absoluto cierto. Sabiendo nuestra dependencia de la balanza de pagos, era evidente que ante un déficit exterior de semejantes dimensiones estaban encendidas todas las señales de alarma. Claro que sabíamos que venía una crisis, lo que no sabíamos era cuándo y cómo se produciría porque ese es un dato absolutamente aleatorio: ¿Quién había oído hablar de las hipotecas subprime antes de 2007?

Pero es que, además, fallaron controles muchísimo más importantes.

¿Cómo permitió la Comisión Europea que España llegase a semejante desequilibrio externo? Porque era una situación totalmente nueva en el seno del euro y el déficit se financiaba de manera aparentemente ortodoxa.

¿Por qué los mercados financieros proporcionaron tales cantidades de dinero? Porque en su ingenuidad pensaron que la pertenencia de España a la zona euro suponía una garantía de pago y un plus de solvencia, cosa que, como se demostró posteriormente, no era cierto.

 ¿Cómo permitió el Banco de España que el sistema bancario español acumulase tal concentración de riesgos? Porque los bancos, cuyos márgenes de intermediación se habían reducido considerablemente, mostraban de momento una morosidad simbólica y aseveraban  que todo estaba muy “amarrado”. Buena parte de los créditos eran hipotecarios y para las entidades financieras no hay nada más seguro que una hipoteca, cosa que se demostró falso cuando han tenido que desahuciar a centenares de miles de compradores de viviendas.

¿Cómo gobiernos supuestamente responsables, tanto del PP como del PSOE, toleraron la creación de semejante burbuja? Esta es la pregunta más fácil de contestar. Ningún gobierno español que se precie osaría frenar un proceso de esta naturaleza que hacía feliz a tanta gente, y llenaba las arcas municipales y estatales. Hubiera sido tan impopular como para perder las siguientes elecciones, que es lo que más teme un político.

Lo cierto es que cuando llega la crisis, familias y empresas debían cantidades siderales, el 203% del PIB, lo que suponía en 2008 el pago de unos intereses equivalentes a casi el 11% del PIB. Una verdadera locura. Casi todo ello canalizado a través de bancos y cajas de ahorro lo que transmutaba el problema en una crisis financiera mucho más dura y difícil de afrontar.

La gestión de la crisis

No hace falta que entremos a pormenorizar las consecuencias de la crisis. Baste decir que ha sido la más grave que ha sufrido la economía mundial y española desde que se tiene memoria, equivalente o peor a la de 1929. Y que dentro de esa crisis, la evolución de la economía española dentro del euro ha sido la peor de Europa, con la única excepción de Grecia. Ningún otro país europeo ha estado tantos trimestres en recesión ni ha sufrido tales caídas del PIB, no menos de diez puntos, un record histórico, ni del Producto Industrial, que en el País Vasco llegó a caer un 43%, por no mencionar las tasas de paro, que han estado cinco años por encima del 20%.

Todo esto es muy conocido pero lo que nos interesa saber a efectos prácticos cual es el legado de la crisis, es decir, de qué manera nos va a afectar negativamente de cara al futuro en nuestra capacidad para crecer. Son las mismas que tanto tiempo costaron equilibrar después de la crisis anterior: paro y deuda. Entonces, y a pesar de crecer a ritmos del 3% anual, tardamos más de una década en conseguir un superávit presupuestario y reducir la tasa de paro por debajo del 10%, un indicio de lo que cuesta en este país volver a la normalidad.

    Fuente: Expansión

La influencia negativa de una alta tasa de paro sobre el crecimiento es evidente. Tener a más de tres millones de personas sin empleo limita la capacidad de la sociedad para gastar (consumo), invertir (empleo) o recaudar (impuestos y estado de bienestar). También acaba por afectar a la población activa, que se ha estancado durante los últimos nueve años, debido al paro desanimado o a la marginación de la juventud. También afecta a la formación. Como consecuencia de la crisis, el desacople existente entre las necesidades de las empresas y los conocimientos y experiencias disponibles, se ha agudizado. Muchas empresas no encuentran los profesionales adecuados, y menos a los que van a necesitar en la era de la inteligencia artificial y el big data. A todo ello hay que añadir la carga financiera que supone el subsidio de desempleo aunque la mayor parte de los parados no acceda al mismo. El paro ha venido para quedarse.

Pero la herencia más peligrosa es la del Déficit público y la Deuda. Si hasta 2008, la deuda era fundamentalmente privada, a partir de entonces comienza a ser también pública, lo que agrava la amenaza que suponen ambas para la estabilidad y el crecimiento futuros.

     Fuente: Expansión

Digamos ante todo que el comportamiento del Estado no ha tenido nada que ver con las vicisitudes que han sufrido los ciudadanos. Empresas, bancos y trabajadores no pudieron sustraerse a las consecuencias de la crisis. El Estado sí lo hizo, a pesar de que uno de los primeros impactos del derrumbe económico fue una brutal caída de la recaudación. Hay que advertir que la Administración, que en los años de euforia obtenía aumentos de los ingresos fiscales de hasta el 12% anual, se lo había gastado todo y no había ahorrado nada para cuando llegaran los malos tiempos.

Sólo el sistema de pensiones dedicó parte de su superávit a crear un fondo de reserva que llegó a acumular 65.000 millones de euros. Es evidente que el resto de la Administración podía haber hecho algo semejante pero no lo hizo. Eso sí, redujo la Deuda pública  de manera considerable, hasta el 34% del PIB. Así que pensaron  que tenían margen de maniobra para  desarrollar una estrategia compensatoria. Ante la sorpresa de todos, y la consternación de unos cuantos, hicieron crecer el gasto público de manera espectacular mientras la recaudación se desplomaba (ver cuadro).

No olvidemos que todos los políticos de este país, sea cual sea su filiación, son socialdemócratas, y por consiguiente partidarios de gastar siempre más con cualquier excusa o coartada. Y esta era magnífica. Así que en sólo dos años pasamos de un superávit del 2% a un déficit de más del 11%. Un hecho que va a condicionar la economía de este país para siempre. Dejar que el  déficit se dispare es muy fácil pero reducirlo es terriblemente difícil, tal como se había demostrado en la crisis anterior. Los gastos del Estado son mayoritariamente fijos y crecientes, y una vez que entran en el Presupuesto se quedan ahí para siempre.

No es de extrañar, por tanto, que haya costado tanto reducir el déficit: nada menos que seis años para bajar del 11,2% de 2011 hasta el 4,5% de 2016, a pesar de lo cual sigue siendo el mayor de Europa, y frenar el crecimiento de la  Deuda pública, que ahora rebasa el 100% del PIB. Nada refleja mejor la reacción real de los dos Gobiernos que han gestionado la crisis que esas dos variables.

A lo largo de la crisis, la Administración española ha permanecido impertérrita mientras una parte de los ciudadanos las pasaban canutas, las empresas caían, los bancos sobrevivían a duras penas, y ha dedicado lo mejor de sus esfuerzos a no tener que aplicar las mismas recetas de ajuste que el resto del país no tenía más remedio que tragar. Para ello no ha tenido el menor empacho en

  • subir impuestos,
  • recortar gastos en salud y formación, los prioritarios para la sociedad española
  • engañar a la Comisión Europea para prometer y no cumplir el objetivo de déficit, que ha tenido que ser revisado al alza hasta seis veces, y, sobre todo,
  • endeudar a la nación en más de 800.000 millones de euros adicionales.

Y todo para conseguir tres cosas esenciales para la clase política

  • no tener que reestructurar la administración ni reducir las plantillas de empleados públicos, que se han mantenido por encima de los tres millones mientras el sector privado perdía cinco millones de empleos
  • no tocar prácticamente el sistema de pensiones, retrasando el momento de la verdad en casi diez años, por las consecuencias electorales que podía acarrear una verdadera reforma en profundidad
  • disponer de un margen de gasto discrecional para seguir invirtiendo en proyectos absurdos o de dudosa utilidad, como el Tren de Alta Velocidad, porque de ello se derivan jugosas comisiones con las que se financian unos partidos políticos que dependen para todo del Gobierno, tanto desde el punto de vista legal como ilegal

En definitiva, la clase política y la Administración han puesto en práctica un experimento social que tenía como objetivo demostrar que se puede arruinar al país y dejar que la economía se venga abajo sin que a ellos les pase nada. Experimento plenamente demostrado aunque el precio a pagar equivale a tener una espada de Damocles pendiente sobre nuestro futuro.

Es difícil subestimar la magnitud del problema. Tras tres años creciendo a ritmos cercanos al 3%, el déficit público en 2016 rebasó los 40.000 millones de euros, y el de este año no bajará de 30.000 millones. Sólo el déficit de la SS se mantendrá en torno a unos 18.000 millones en próximos años. Además, el gasto sanitario crece a ritmos del 4%, las pensiones al 3%, y juntas suponen 200.000 millones de euros. Con los tipos actuales, extraordinariamente bajos, ya pagamos 32.000 millones de euros en intereses de una Deuda que se ha situado por encima del billón de euros. Para hacer frente a todo eso, es decir, al tamaño que ha adquirido el estado de bienestar y la administración pública, la economía debería crecer más del 2% de media, y/o que el BCE compre la mitad de la deuda emitida por España, como hizo el año pasado.

De todo ello se deriva una correlación preocupante: la que hay entre crecimiento y deuda. Hay que suponer que, antes o después, los mercados financieros se harán la misma pregunta que nos hacemos todos: ¿Cómo es posible que creciendo un 3% tengamos el déficit más alto de Europa? En 2016, para crecer en 30.000 millones (PIB), nos hemos endeudado en 40.000 millones (Deuda). No parece un buen negocio.

A menos que el Gobierno tome medidas drásticas, que no están ni se les espera, en un probable escenario de retirada de las medidas de estímulo del BCE, podría producirse una nueva crisis de la Deuda que dispararía la prima de riesgo y haría que España entrase de nuevo en recesión.

Esto es lo que supone tener dos deudas de semejante entidad, tanto pública (100%) como privada (147%), buena parte de las cuales es exterior. La deuda externa española es la más alta de la Unión Europea (90%) cuando la media se sitúa en torno al 35%, lo que nos hace particularmente vulnerables a cualquier acontecimiento que se produzca en los escenarios internacionales a diferencia de, por ejemplo, Italia, cuya deuda pública es mucho mayor pero está en manos locales. Como dice la Comisión Europea, “España se enfrenta a elevados riesgos de sostenibilidad de la deuda a medio plazo”.

No es de extrañar que el Banco de España advierta de nuestra vulnerabilidad por lo que recomienda “la necesidad de trazar un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo”, algo que no parece incluirse entre las prioridades de nuestros políticos, mucho más atentos en descubrir nuevas posibilidades de gastar los incrementos de recaudación que, finalmente, se están produciendo en 2017, en torno al 10% sobre el año anterior.

El único dato positivo en relación con el endeudamiento es el que aportado el BCE con su política de bajos tipos de interés que han permitido que el sector privado comience a reducir su endeudamiento (del 203 al 147 por 100) y, sobre todo, reduzca el pago de intereses, que han pasado de 133.000 millones a 41.000 millones , es decir, una rebaja de más de 90.000 millones, un dato que explica que las empresa y familias hayan vuelto a gastar e invertir, y la economía a crecer. Lo mismo ha ocurrido con la deuda pública que, a pesar de seguir creciendo, ha experimentado un abaratamiento considerable gracias a lo cual el pago por intereses  no rebasará por mucho los 32.000 millones presupuestados, una cifra modesta si se tiene en cuenta que la deuda rebasa los 1,1 billones de euros.

Este alivio temporal no permite bajar la guardia. El problema sigue estando ahí y se convertirá en una amenaza en cuanto los tipos de interés empiecen a subir, y los ritmos de crecimiento empiecen a bajar, lo que quiere decir que afrontaremos situaciones muy delicadas en relación a los mercados financieros.

Situación que se vería agravada si Rajoy sigue jugando con fuego y no cumple con los compromisos en materia de déficit fijados por la Comisión Europea. Hasta ahora, el mejor cómplice de Rajoy ha sido la coyuntura europea que no terminaba de mejorar. Sólo el riesgo de estancamiento ha permitido que la Comisión Europea haya sido tan benévola con España. Hasta ahora. Si entramos en una etapa de normalización, el incumplimiento del déficit no será tolerado ni por Europa ni por los mercados financieros. No se puede volver a repetir un escenario como el de los últimos años por el que Rajoy ha gastado unos 120.000 millones de euros más de los previstos, siguiendo la pauta clásica de un Gobierno que practica sistemáticamente la política del pan para hoy y hambre para mañana.

La recuperación

Alguno se preguntará cómo es posible que tras una crisis tan profunda, nada menos que diez puntos de PIB, abordada de manera tan chapucera, la economía haya vuelto a crecer. Ello ha sido posible, como acabamos de explicar, gracias al apoyo exterior que ha impedido que España siguiera el camino de Grecia, y concretamente gracias a la gestión del Banco Central Europeo. El BCE no sólo ha rescatado a las cajas de ahorro sino al propio Estado, comprando emisiones de deuda pública en cantidades masivas, lo que ha permitido una rebaja espectacular  de la prima de riesgo.

La actuación del BCE, cuyo balance ha rebasado los cuatro billones de euros, ha estado motivada por la lánguida recuperación que se estaba produciendo en la economía europea hasta el punto de que la inflación ha tenido signo negativo durante bastante tiempo. Una política monetaria tan agresiva ha provocado que la cotización del euro se haya debilitado lo que ha facilitado las exportaciones. Finalmente, la propia crisis ha servido para aminorar la presión sobre los precios del barril de petróleo que son ahora menos de la mitad, unos 50 dólares, de los de hace tan solo unos años. Esos tres cambios externos en los que, gracias a Dios, el Gobierno español no ha tenido la menor influencia, han permitido que saquemos la cabeza del agua y volvamos a crecer.

   Fuente: Expansión

Probablemente, no habrá otro país más beneficiado que España por una política que parece diseñada a nuestra medida. Como somos uno de los países más endeudados del mundo, se nos abarata drásticamente el costo de esa deuda; como necesitamos exportar, devalúan el euro, y como dependemos totalmente de energía importada, el barril se abarata espectacularmente. Sólo esto último ha supuesto un ahorro cercano a los 15.000 millones de euros al año, lo que ha permitido que, creciendo a ritmos cercanos al 3%, la balanza de pagos siga teniendo signo positivo.

Si se preguntan por las posibilidades de que esta coyuntura se mantenga, bastará seguir el curso de las tres variables mencionadas: la cotización del euro, el precio del barril de petróleo, y, especialmente, la evolución de los tipos de interés, que no pueden sino subir. Por consiguiente, las previsiones a corto plazo seguirán siendo positivas siempre y cuando estas tres variables no alteren sustancialmente su valor.

En relación a los tipos de interés, hay que decir que la Reserva Federal ha empezado a aumentarlos pero hay que tener en cuenta que su recuperación se ha adelantado unos seis años a la europea debido a los problemas políticos de la zona euro. De hecho, Alemania sigue rechazando mutualizar la deuda europea o completar la unión bancaria, y presiona para que el BCE dé por finalizado su programa de compra de activos, algo que Draghi trata de retrasar por todos los medios dado que no se fía de la solidez y consistencia de la recuperación. Además, es consciente que una subida prematura de tipos de interés crearía graves problemas a la mayor parte de los países europeos con alto nivel de endeudamiento público, con Italia en cabeza (132% del PIB), España (100%), y Francia (96%).

Pero por mucho que se intente que el fin de la ayuda del BCE no afecte en exceso a las economías más débiles, es evidente que nos aproximamos a un escenario en el que el Gobierno no va a sentirse tan cómodo como hasta ahora, lo que no evita que haga previsiones fastuosas sobre las que nadie pondría una mano en el fuego.

    Fuente el País

No sabemos qué va a pasar dentro de seis meses, pero el Gobierno se atreve a asegurar que en 2020 el paro bajará al 11% y el déficit se reducirá al 0,5% del PIB, lo que presupone tasas de crecimiento por encima del 2% de media. Las previsiones del Gobierno dibujan un escenario ideal, tanto que es poco probable que se cumplan. Como objetivos están muy bien pero ya sabemos el respeto que Rajoy tiene por los objetivos, incluso por los suyos.

La realidad parece más cercana a las estimaciones de un informe del Banco de España que limita ese posible crecimiento a no más del 1,2% de media para el período 2020-2025, en base a que la población activa no va a crecer casi nada (ahora estamos en el mismo nivel de hace nueve años) debido al envejecimiento de la población (hay más mayores de sesenta que jóvenes de menos de 21) y a que la tasa de paro media no bajará del 14%. Si estas previsiones se confirmasen es evidente que España volvería a tener un problema con la Deuda, que es lo que les ocurre a los países y a las empresas cuando, por las razones que sean, se endeudan en exceso.

Final

Es evidente que entramos en un tiempo en el que la economía española va a depender de sí misma, de su capacidad endógena para crecer por la vía de la productividad y el desarrollo tecnológico, sin ayudas artificiales ni apoyos exteriores. Hasta ahora hemos aguantado gracias al BCE, pero así no se puede seguir toda la vida.

En este país, una buena parte de la sociedad ha creído que podíamos concedernos las pensiones o la sanidad que nos diera la gana, y que el mundo exterior financiaría el déficit consiguiente sin hacer preguntas, lo que equivale a una ignorancia supina de lo que es la economía y del contexto exterior en que esta se mueve. No se puede sino sentir una gran ternura por los socialdemócratas, que son amplia mayoría en nuestro país. En primer lugar, porque como algunos niños no aprenden de las experiencias más negativas que padecen, y en segundo lugar porque no son conscientes de los condicionantes que la realidad exterior impone. Es el mundo visto tras una barrera protectora, tal como lo ven los funcionarios.

Así que no es de extrañar que los españoles y sus gobiernos hicieran caso omiso de todos los avisos en relación con el SME (1992) y con el euro (1998), cuyas implicaciones ignoramos olímpicamente, especialmente el de la imposibilidad de devaluar. De otro modo, no hubiéramos descuidado el equilibrio de las cuentas públicas, como lo hicimos, o tolerado que la inflación y los salarios se alejaran tanto de sus referencias europeas, sobre todo alemanas, en el período 1998-2008, y cuyas consecuencias han sido devastadoras para el empleo.

Los resultados de esta ignorancia, traducida en una monumental falta de disciplina, han sido desastrosos. Las crisis  han sido más largas y más duras, y su coste social ha sido prohibitivo. Solo una sociedad tan sumisa y poco articulada como la nuestra es capaz de soportarla sin que apenas se oigan voces críticas. Al contrario. Nada ha torcido la disposición natural del ciudadano medio al optimismo. Contra toda lógica, la mayor parte de la gente sigue esperando que las cosas vuelvan a ser lo que fueron: tasas de paro moderadas, un estado de bienestar sostenible y una economía capaz de hacer frente a todo tipo de dificultades.

Aunque Rajoy haya dedicado sus escasos e intermitentes esfuerzos a hacer pasar un enorme fracaso como si hubiera sido un éxito, ya nada puede ocultar que, si bien la transición política ha sido un éxito, por lo menos hasta los años noventa, la transición económica ha sido un fracaso, como demuestra el hecho de que en los últimos cuarenta años hayamos sufrido tres crisis devastadoras con tasas de paro que han duplicado y a veces triplicado la media comunitaria.

Tres crisis en términos de paro

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 Fuente: El País

Cada crisis ha sido peor que la anterior. Una sociedad que carece de memoria y no aprende de sus errores los repite una y otra vez. Como probablemente volverá a ocurrir en el futuro.

Nuestro comportamiento durante la última crisis ha sido particularmente esclarecedor. España ha quedado retratada como de lo peor de Europa, su imagen exterior se ha derrumbado, y la posibilidad de afrontar los problemas del estado de bienestar  se va haciendo más y más impracticable. Si no estuviésemos en el euro nadie nos prestaría un duro. Por lo menos, Europa se encarga de resolver los problemas que ella misma ha creado. A pesar de lo cual deberíamos pensar que seguir como hasta ahora, dependiendo del BCE, permite soslayar los problemas y demorar las reformas pero no nos lleva a ninguna parte.

Salida de la crisis

El problema es que, hoy por hoy, cualquier urgencia de cambio ha desaparecido. La economía crece a buen ritmo, la recaudación fiscal  ha aumentado un 10% por lo que parece que se va a cumplir el objetivo de déficit marcado por la Comisión Europea para 2017. De momento, el BCE sigue comprando deuda española y los tipos de interés están por los suelos. El Presupuesto ha sido aprobado por el Congreso. Rajoy debe pensar que estamos bien en el mejor de los mundos posibles. Seguramente habrá aparcado cualquier intento de reforma.

No deja de ser un paréntesis basado en circunstancias extremadamente artificiales. Las incertidumbres persisten porque con esta deuda y este paro,  los problemas no tardarán en aparecer en cuanto desaparezcan eso que se ha dado en llamar vientos de cola. La herencia de la crisis es esa: tener sobre nuestras cabezas permanentemente una espada de Damocles.

INFORME DE COYUNTURA. Primer trimestre 2017

  • Todos los ciclos de la economía española se parecen entre sí, como no podía ser de otra manera dado que sus techos estructurales son los mismos desde hace tiempo: más inflación que la media, una competitividad siempre amenazada y una balanza de pagos que proporciona sustos periódicos. A partir de 2015, después de casi ocho años de crisis, hemos vuelto a crecer pero la inflación también ha vuelto aunque esta vez la causa principal sea la subida del petróleo y los alimentos frescos. Si los salarios empiezan a subir con la inflación, como suele ser la norma, el ciclo se acortará, el crecimiento caerá y la desigualdad aumentará. La duración del ciclo y su dinamismo dependerá también de una tercera variable: los tipos de interés, que pueden empezar a subir a partir del próximo otoño.
  • En condiciones normales, España no es capaz de mantener ritmos de crecimiento del 3% durante mucho tiempo, y si lo ha hecho hasta ahora es porque los vientos soplaban de cola: fundamentalmente petróleo y prima de riesgo, que son, con el gasto público, las variables cuyo comportamiento tendrá que cambiar a lo largo del año. Estamos, pues, en un momento de transición que será lo suficiente positivo como para salvar el ejercicio cuyo crecimiento, por pura inercia, se situará en torno al 2,5%. Más allá, todo depende del curso que tome la política monetaria del BCE y la pasión por gastar que muestren las distintas administraciones, a pesar del “agujero” monumental que ha creado el sistema de pensiones. Un déficit que, por lo menos hasta 2020, no bajará del 1,5% del PIB, lo que puede obligarles a subir la presión fiscal. Como ya anuncia que va a hacer el Gobierno Vasco al que preocupa muy poco la pérdida de atractivo del País Vasco como región económica, ampliamente superada por Madrid.
  • Los problemas financieros del Gobierno Vasco y su incapacidad para hacer frente a los compromisos adquiridos son los naturales de quienes no han hecho nada por corregir la deriva de un gasto corriente (plantilla) y unas pensiones que en su concepción actual la economía no puede mantener. En rigor, el déficit real del Gobierno Vasco, incluyendo el capítulo de las pensiones que no asume, no sería en ningún caso inferior al 7% del PIB, lo que quiere decir que el problema, además de estar fuera de control, se agravará con el paso del tiempo, entre otras cosas porque subir los impuestos es veneno para el crecimiento económico. Es el reflejo de una época en la que se pensó que la economía daba para todo y el Estado tenía que buscar afanosamente la manera de gastar una recaudación que crecía sin parar. A pesar de que ese escenario desapareció hace casi una década, la visión de políticos y funcionarios no ha cambiado un ápice.

1.De alguna manera, lo que está ocurriendo actualmente representa una vuelta a la normalidad, para lo bueno (crecimiento) y para lo malo (inflación, tipos de interés). Para la economía española lo anormal terminó en 2015, cuando la economía volvió a crecer. Sin embargo, hasta mediados de 2017 no se habrá vuelto a los niveles  de producción y renta anteriores a la crisis, lo que supone un paréntesis de  casi diez años.

Esa anormalidad supuso una tremenda caída de la economía, especialmente sensible en la producción industrial, que cayó más cuarenta puntos, un paro que superó los cinco millones de trabajadores, la ruina de numerosas entidades financieras, sobre todo cajas de ahorro, y un déficit fiscal brutal, que llegó al 11% del PIB y no ha bajado del 5% hasta ahora. Los niveles de consumo e inversión estuvieron durante años bajo mínimos. Y eso que el endeudamiento público aumentó vertiginosamente con lo que se consiguió paliar en parte unos recortes inevitables al precio de dejar al Estado entrampado de por vida, y con él pendiente de un hilo el bienestar de  las próximas generaciones.

No todo fue negativo. Como dijo Draghi, se hizo lo que había que hacer para suavizar un proceso de ajuste que de otra manera hubiera sido mucho más duro de lo que fue. Pero el peso de la crisis se repartió de forma muy desigual y recayó, como era de prever, sobre los colectivos más vulnerables, jóvenes y parados sobre todo, y soslayó a otros, los que por ley están más protegidos, los funcionarios, los trabajadores con contrato fijo, sobre todo si pertenecen a grandes empresas, salvo los de la Banca, y los pensionistas, a pesar de que ello abocaba a la quiebra el sistema de pensiones: se prefirió dilapidar el fondo de reserva creado durante el ciclo anterior antes que afrontar un problema que, se diga lo que se diga, no tiene otra solución que el de reducir gradualmente las prestaciones de jubilación, algo que los políticos tratarán de retrasar cuanto puedan dadas sus implicaciones electorales.

La política monetaria europea, siguiendo con mucho retraso la que se había aplicado en Estados Unidos, ha llevado hasta el límite la política de tipos de interés negativos (en Europa hay cuatro billones de bonos con tipos negativos) y el suministro ad libitum de toda la liquidez que los bancos y empresas necesitan para sobrevivir. Se trata de dejar pasar el tiempo y esperar épocas mejores. La ausencia de instituciones europeas verdaderamente supranacionales ha sido el talón de Aquiles del euro y de toda la construcción europea, incapaz de dar el paso hacia un estado federal en el que las naciones actuales sean meras regiones, lo que ha supuesto una enorme limitación a la hora de afrontar una crisis como la planteada. Gracias a que el petróleo cayó, lo mismo que el euro, las economías pudieron salir de su postración, pese a lo cual todos los intentos de recuperación se han demostrado frágiles y escasamente fiables porque sigue faltando una condición básica para que se consoliden: la confianza… además de un exceso de endeudamiento.

2. La señal más significativa de la vuelta a la normalidad en Europa es el hecho de que la inflación finalmente ha despertado, y aunque todavía no ha llegado al 2% de referencia, sí está en el 1%. Mientras, en España la inflación total, que incluye alimentos y petróleo, ya está en el 3%, por lo que vuelven a ser motivo de preocupación los tipos de interés, pero ahora por razones opuestas a las de antes, por ser demasiado bajos. Algo que nunca ha convenido a España, cuyos mercados no liberalizados traducen una inflación de los Servicios siempre por encima de la media y cuya política fiscal ya es abiertamente expansiva. Sólo la inevitable subida de los tipos de interés en los mercados de deuda podría suponer un aumento en el pago de intereses de unos 5.000 millones de euros en 2017 lo que echaría por tierra el objetivo de reducir al 3,1% del PIB el déficit presupuestario, lo que deja en la mínima expresión el margen de maniobra del Gobierno para gastar más o no subir los impuestos.

Si la política del BCE deja de ser tan expansiva como hasta ahora, tal como reclaman los alemanes, nuestra prima de riesgo volverá a subir lo que nos situará ante una nueva crisis de la deuda. Aunque de momento se trata de una posibilidad más que un riesgo concreto, lo cierto es que el coste de los títulos de deuda a diez años ya se han incrementado en medio punto desde noviembre, lo que es un anuncio de lo que puede suceder a lo largo del año. Como dice un informe de la Comisión Europea, “la elevada deuda interna y externa, pública y privada, constituye una vulnerabilidad significativa que expone a España a los shocks de los mercados”. En fin, que España sigue estando muy mal preparada en el caso de que se produzca cualquier eventualidad. A la Comisión le llama la atención el hecho de que España tenga, al mismo tiempo, una de las mayores deudas externas del mundo y una de las tasas de paro más elevadas. Los que siempre han creído que un exceso de gasto, y el déficit consiguiente, ayuda a crecer y crear empleo tienen por delante la dura tarea de explicar al personal qué parte de su teoría es la que ha fallado.

Si se produce una subida de la inflación, que en España viene acompañada siempre por una subida equivalente o aún mayor de los salarios, la actual política monetaria del BCE dejaría de tener sentido, y eso que Draghi no confía demasiado en la capacidad de los países del euro para mantener ritmos de crecimiento sostenidos, desconfianza más que justificada por la fragilidad y falta de solvencia de un gran número de bancos alemanes, españoles, portugueses e italianos, cuyos resultados de explotación no dejan de ser ejercicios de ciencia ficción (con la anuencia de los bancos centrales de sus respectivos países). La crisis inmobiliaria, y sus créditos incobrables, está lejos de haber sido limpiada de sus balances, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que, por lo menos en el caso español, las pérdidas sufridas no han sido inferiores a los 300.000 millones de euros.

Mientras, el barril de petróleo evoluciona hacia la normalidad a partir del momento en que la oferta ha sido objeto de recortes, y de menos de 30 dólares el barril ha pasado a casi 60 dólares, el doble, en muy poco tiempo. Así que los vientos de cola ya no son lo que eran. A partir de este momento al Gobierno español se enfrenta a un panorama mucho más gris, el de crecer no en función de impulsos abiertamente artificiales, como son unos tipos de interés por los suelos, un euro devaluado, un déficit público monumental y un petróleo barato, sino en base al potencial real de un sistema económico que ha salido de la crisis muy debilitado, potencial que puede que no sea mayor del 1% de media, año con año. Su mejora requeriría una política de reformas que nadie parece dispuesto a aplicar o tolerar. Con estos supuestos habría que darle la razón a un economista (Ruiz-Scholtes) que asegura que el actual ciclo de crecimiento acabará en dos años.

3. Evidentemente, los gobiernos nacionales y el BCE tratarán de no sobrerreaccionar ante la previsible subida de la inflación aunque el control de la misma volverá a ser otra vez el objetivo esencial de sus políticas. Existen dos razones para pensar que serán prudentes. En primer lugar, por su impacto sobre los objetivos de déficit presupuestario, que tendrán que ser suavizados o pospuestos. Recordemos que en España reducir a cero un déficit del 7,5% (1993) costó trece años, y eso que las circunstancias de entonces eran incomparablemente mejores, ya que se crecía de forma sostenida al 3% y el stock de deuda era mucho más manejable. Es de suponer que las consecuencias de esta crisis, especialmente en cuanto a la Deuda, durarán mucho más tiempo, y es impensable que se resuelvan para 2020 como afirma el gobierno en alguno de sus delirios propagandísticos.

En segundo lugar, esta sido una crisis bancaria, y se sabe por la experiencia de otros países, Japón sobre todo, que este tipo de crisis son particularmente duraderas. Además, es una crisis que ha encontrado a las autoridades de la zona euro infinitamente peor preparadas para afrontarla que, por ejemplo, las norteamericanas, que la han resuelto mucho más rápidamente, lo menos siete u ocho años antes. La culpa de todo ello es del euro, o más bien de su defectuoso planteamiento.

Ya es hora de reconocer de una vez que el euro ha sido un monumental error, que su implantación constituyó una temeridad en la que incurrieron países que no estaban preparados para un desafío de esta naturaleza, como es el caso de España, Grecia o Portugal, que la solidaridad entre países del Norte y del Sur, que se daba por supuesta, no ha existido, (Alemania, que ha sido el país más beneficiado por la desaparición de todo tipo de barreras intracomunitarias, se ha negado a pagar una prima por ello), que aún colea el problema insoluble de Grecia, que la falta de solvencia del sistema bancario sigue sin afrontarse y no existe siquiera un plan para hacerlo a pesar de las demandas en este sentido de un FMI sumamente preocupado.

La crisis ha generado una serie de tensiones centrífugas que se han  afrontado a duras penas gracias al BCE porque los países del Norte no han puesto nada de su parte. Para España la aventura del euro ha sido la peor decisión histórica que jamás se haya tomado en materia de política económica, y eso que todos la apoyamos en su día. Como ha quedado demostrado por los hechos, España es incapaz de mantener la disciplina fiscal, salarial y de precios necesaria. Abrir fronteras era algo factible; compartir la misma moneda con Alemania era una pretensión inviable. Y no poder devaluar nos mata. Y es que pertenecer al euro es incompatible con tener una energía carísima, un sistema bancario hecho añicos, una productividad estancada y una competitividad dudosa.

Cuando devaluamos por última vez, en 1993, tardamos un año en volver a crecer. Esta vez, sin devaluación, hemos tardado ocho años en reiniciar el crecimiento. No es de extrañar que nada funcione, desde el equilibrio presupuestario al sistema de pensiones, desde la tasa de paro a la solvencia del sistema bancario, desde el tamaño de las empresas a su rentabilidad. Con las lógicas excepciones, el país ha retrocedido diez años. Por pretender ser lo que no somos.

4. Mientras tanto, como decíamos al principio, seguimos el camino de una normalización que evoluciona gradualmente.

  • La economía creció un 3,3% en 2016 y se espera que crezca, a pesar de las primeras señales de desaceleración, no menos de un 2,5% en 2017. Pese al Brexit, a Trump, y a la desaparición de los vientos de cola. Las exportaciones crecen muy poco, lo mismo que un comercio mundial prácticamente estancado, y la economía europea, nuestro principal mercado, reacciona de manera excesivamente lenta.
  • La ocupación crece en volumen, unos 400.000 empleos al año, pero no en calidad. La tasa de temporalidad ya está en el 27% y seguramente llegará al 34%, como antes de la crisis, lo que revela que la reforma laboral, que pretendía eliminar la dualidad del mercado de trabajo, ha fracasado. El 93% de los contratos nuevos siguen siendo temporales, porque ahí se concentran las rebajas salariales. Como la población activa se ha situado al nivel de hace nueve años, el número de parados ya está por debajo de los cuatro millones y supone menos del 18% de la población activa.
  • Falta lo más difícil: consolidar empleo fijo y de calidad. A pesar del paro, durante la crisis no se ha dado ningún tipo de devaluación salarial en los contratos fijos, y ahora sus salarios vuelven a crecer más que la productividad, lo que hará imposible que aumente sustancialmente su número. Para que la economía española funcione con normalidad sería necesario crear millón y medio de empleos de calidad. Los que ya tienen empleo fijo harán todo lo que esté en su mano para que eso no ocurra elevando sus salarios todo lo que puedan.
  • En la economía española todo gira en torno al empleo, o la falta del mismo. La primera consecuencia de ello es la crisis del sistema de pensiones cuyo déficit en 2017 será sensiblemente igual que en 2016, en torno al 1,7% del PIB, unos 18.000 millones de euros. Las nuevas pensiones rebasan los 1.300 euros de media, (la media apenas supera los mil euros), lo que se debe a una de las tasas de sustitución, casi el 80% del último sueldo, más altas de Europa, lo que hace imposible recortar un déficit que no bajará del 1,5% en próximos años.
  • Es posible que el barril de petróleo no crezca mucho más pese al recorte de la producción acordado por la OPEP, lo que sería una muy buena noticia si no fuera reflejo de la debilidad del crecimiento mundial, especialmente de China.
  • La reducción de la deuda privada, empresas y familias, avanza con lentitud pero de forma positiva. Todavía seguimos lejos de la media europea, sobre todo en deuda externa, pero el gap se va reduciendo, en parte gracias al cierre de las empresas más endeudadas y el impago consiguiente. Por su parte, el BCE compró el año pasado la mitad de la deuda pública emitida por España, lo que explica que durante 2016, contra toda lógica, los tipos de interés se hayan reducido mientras la Deuda aumentaba. ¿Qué sería de nosotros sin el BCE? Pero, como hemos explicado, esto está a punto de cambiar y es posible que lo haga hacia el otoño de este año si la inflación sigue elevándose.

Como decimos, un ejercicio de transición, bueno en términos económicos pero en el que empiezan a asomar los primeros nubarrones en el horizonte que sólo se podrán afrontar si se crea empleo de calidad, los salarios crecen en función de la productividad, se reduce el endeudamiento externo y se frena el gasto público. Justamente lo que no queremos o no sabemos hacer.

INFORME DE COYUNTURA. Cuarto trimestre 2016

  • Al margen de la desagradable tarea de tener que reducir el déficit público, al nuevo Gobierno de siempre se le presenta un nuevo ejercicio bastante fácil desde el punto de vista coyuntural gracias al escenario creado por el Banco Central Europeo en su incansable esfuerzo por sacar a las economías de la zona euro de su prolongado estancamiento. Con los tipos de interés bajo mínimos, un euro débil, y un petróleo barato podríamos apostar por un 2017 como una continuidad del actual, si bien en moderado descenso. Hay que recordar que tanto empresas como familias deben reducir su endeudamiento, otra tarea inaplazable, y que el petróleo, que da muestras de encarecerse, no nos ayudará en el futuro de la misma manera que en los dos años últimos, cuando ha supuesto un ahorro de cerca de 45.00 millones de euros para la economía española.
  • Pero la clave de la coyuntura va a residir en la disposición que muestre el Gobierno en cumplir las exigencias de Bruselas, lo que para la Comisión exige recortes importantes del gasto público, que es lo que más odia todo funcionario que se precie, mientras que para el Gobierno basta con esperar a que el crecimiento económico, y la subida de impuestos, anime la recaudación fiscal sin necesidad de aplicar un programa más restrictivo en materia de gastos lo que, sin duda, debilitaría su acción de gobierno en un Congreso en el que estará en minoría. El problema es que la paciencia europea se ha agotado y el déficit público de 2017 puede quedar muy lejos del objetivo fijado, que es del 3,1%.
  • Un dato relevante de la coyuntura, y que afecta de manera particular a la economía vasca, es el de la producción industrial. A pesar de que la recuperación lleva en marcha dos años, la producción industrial española sigue estando un 23% por debajo de la de 2008. Una industria que perdió 900.000 empleos, una cuarta parte de los que había y una tercera parte de los actuales. La ocupación del sector secundario ya sólo supone un 13,6% del total. La situación vasca es algo mejor ya que la Industria todavía representa un 19% del empleo vasco. Consignemos el dato positivo de que la producción de bienes de equipo, un indicador adelantado de los acontecimientos, ha crecido considerablemente durante los últimos doce meses. Las empresas parece que se están reforzando de cara a un futuro que esperan menos malo.  

1. Al amparo de una coyuntura exterior extraordinariamente favorable, la economía española ha podido volver a crecer considerablemente, en torno al 3%, y empezar a curar las heridas provocadas por la crisis: esencialmente el paro, el más grave y más difícil de resolver, el endeudamiento, tanto público como privado, y el saneamiento de un sistema bancario que ha tenido que emprender la más formidable reconversión que se haya dado en nuestro país con el cierre de miles de oficinas y el despido masivo de empleados. Es, sin duda, el sector que mayor capacidad de reacción ha demostrado. Sin embargo, se ha avanzado poco en la reducción del endeudamiento privado y nada en el público, que sigue creciendo debido a un déficit presupuestario que apenas se ha corregido, lo que demuestra que el sector público carece de capacidad de reacción, o se niega simplemente a reaccionar porque se siente a salvo de cualquier contingencia negativa. El déficit de este año se irá hasta el 4,5% del PIB, lo que quiere decir que 2016 habrá sido un año perdido en este sentido.

En cuanto hemos vuelto al crecimiento, la creación de empleo ha  resurgido si bien se trata de empleo precario y temporal, según el modelo anterior a la crisis, por el que los ritmos de crecimiento de la economía y de la ocupación son prácticamente los mismos, lo que quiere decir que la productividad está estancada. Mientras sigan fracasando todas y cada una de las reformas del mercado de trabajo que se han abordado desde hace treinta años, con más trascendencia mediática que cambios en profundidad, la temporalidad volverá a repuntar, ya lo ha hecho hasta el 27% y acabará por situarse en los mismos niveles de antes de la crisis cuando llegó al 34%. Los empresarios no ven que las cosas hayan cambiado en este apartado y se niegan tercamente a contratar indefinidamente.

En 2017 se producirá un hecho simbólico y es que se volverá a los niveles de renta anteriores a 2007, lo que quiere decir que la crisis habrá durado alrededor de diez años. Pero sus secuelas, como acabamos de comentar, durarán mucho más. En realidad, la mayor parte de los problemas siguen estando básicamente intactos porque el Gobierno apenas los ha afrontado, empezando por un déficit público monumental, con el que lleva de cabeza a la Comisión Europea, siguiendo por la falta de reformas en casi todos los órdenes de la vida, desde la liberalización de los Servicios a la reforma de la Administración, incapaz de asumir que los ingresos fiscales no crecen como antes, y terminando por un mercado de trabajo que solo sirve para crear empleo de baja calidad y mantener a más de la mitad de la población activa en el paro, con contrato temporal, o a tiempo parcial.

En teoría, antes que nada habrá que abordar una reforma insoslayable, la de las pensiones. El déficit ha llegado a 18.000 millones y el fondo de reserva se agotará en 2017. Todos los agentes sociales reclamarán más ingresos vía impuestos, lo que parece inviable a la vista del déficit presupuestario. El gobierno, cuya inclinación a no afrontar los problemas es la misma de siempre, ha vuelto a elevar las cotizaciones sociales y el salario mínimo, que es veneno para el empleo precario, que es el que se está creando en estos momentos. Cualquiera que sea el crecimiento esperado, el empleo va a empezar a crecer mucho menos.

El problema esencial de las pensiones es que la tasa de sustitución, relación grosso modo entre salarios y pensiones, situada ahora en el 65%, es insostenible, –la media de la UE está en el 46%–, algo que nadie quiere admitir. Todo lo que no sea alterar a la baja esa tasa será papel mojado.

2. Eliminada la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria, con un sector exterior que no puede apelar a una devaluación, lo que quiere decir que sólo crecerá en la medida en que los mercados europeos se recuperen, cosa que no han hecho hasta ahora ni lo van a hacer en 2017, muy recortada la inversión exterior ante el desprestigio que España ha acumulado—un desprestigio totalmente merecido dado que su comportamiento durante la crisis ha sido el peor de Europa con la excepción de Grecia–, con ayudas estructurales que irán a menos, severamente limitada la apelación al endeudamiento tanto público como privado, salvo el que proporciona el BCE, teniendo una baja tasa de ocupación, de la cual menos de la mitad es fija a tiempo completo, con tasas de paro que duplican la media europea, teniendo que reducir el déficit público más rápidamente de lo que quisiera el Gobierno, la economía española no va a tener locomotora alguna que tire de ella cuando la política monetaria del BCE cambie de signo.

Según un informe del Banco de España, la demografía, francamente desfavorable por el envejecimiento de la población (en 2015, por primera vez, el número de defunciones ha superado al de nacimientos) reducirá  en el futuro los ritmos de crecimiento hasta el punto de situar el crecimiento potencial en el entorno del 1,2% anual de media, y el paro estructural cerca del 15%. Sólo con un programa de reformas que reduzca el desempleo estructural y aumente la productividad podríamos hacer frente en el futuro a un gasto sanitario que crece a tasas del 4% y unas pensiones que progresan al ritmo del 3%, y que, de seguir así las cosas, en muy pocos años no podremos sostener.

Parece un panorama difícil pero, pese a ello, el Gobierno no parece dispuesto a seguir  ningún plan de reformas que, además, tendría que llevarse a cabo contra una opinión pública que se niega a entender la difícil encrucijada en la que se encuentra nuestra economía después de diez años de crisis y de destrucción de muchísimas empresas, especialmente dolorosa en el caso de las empresas industriales. Ese balance es desolador: más de 50.000 empresas industriales desaparecidas que suponían el 20% del tejido industrial y 900.000 empleos, de los que una buena parte de los mismos corresponden al País Vasco.

En definitiva, nuestro potencial de crecimiento a lo largo de los próximos diez años, reflejará la capacidad de toda la sociedad, y no sólo de la economía, para evolucionar al compás de los tiempos y afrontar los retos que se nos van planteando, tanto internos- la financiación del estado de bienestar, por ejemplo—como externos, los relativos a una falta de competitividad que es esencial para salir al exterior. Esa capacidad, que casi siempre ha sido escasa, hoy es menor que nunca.

A corto plazo no hay problema gracias a que una serie de circunstancias extraordinarias, casi todas exteriores, pero, de cara al futuro, habría que afrontar grandes cambios que ni el Gobierno ni buena parte de la sociedad española quieren. El mercado de trabajo sigue siendo el mayor problema de todos dado que impide crear empleo indefinido, bien porque sus condiciones contractuales son excesivamente rígidas, bien porque sus salarios han crecido demasiado al amparo de una capacidad negociadora que ha podido ignorar, gracias a acuerdos sectoriales o nacionales, el escaso crecimiento de la productividad, que debería haber sido su única referencia válida. Ahora mismo, y en un planteamiento aparentemente magnánimo, los Sindicatos reclaman subidas de entre el 2 y el 4% (los empresarios  ofrecen subidas en torno al 1%) pero es que la productividad no crece nada y el IPC será negativo (aunque volverá a crecer en 2017 en torno a un 1,5%).

Como dice Jorge del Palacio en relación al caso italiano, las reformas planteadas por Rienzi, aunque hayan sido un fracaso, “han despertado un debate saludable entre los italianos sobre el papel del Estado, el diseño de sus instituciones, el tamaño de la Administración pública, el papel de los sindicatos, el mercado de trabajo o el espacio de la sociedad civil.” Ese debate ni siquiera se ha atisbado en España, y la posibilidad de que se plantee es muy escasa. Es evidente que la mayor parte de nuestros problemas económicos son un mero trasunto de la enorme crisis política que empieza a aflorar después de cuarenta años de complacencia democrática producto de una transición de la que no se puede vivir eternamente.

Por ello, lo más probable es que, en lugar de afrontar los problemas reales, los eludamos, como hemos hecho tantas veces en el pasado. Gran parte de la sociedad española, y muchas comunidades autónomas, sigue anclada en el pasado. La España que confía, porque no tiene otro remedio, en una clase política que piensa que hay tiempo para todo, cuando la realidad ha demostrado que no hay tiempo para nada. Menos mal que Europa nos ha echado una mano porque, de otra manera, no sabemos qué hubiera pasado.

La gente que piensa que las cosas no son tan serias debería tener en cuenta la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos. Con la excepción citada de Grecia, España es el país europeo con mayor tasa de paro, el déficit público más elevado y el mayor nivel de endeudamiento externo. Tres retos formidables que explican la escasa confianza que sienten nuestros socios comunitarios y su preocupación por las continuas alegrías que el Gobierno se permite en la confianza de que tiene un margen de maniobra que sólo existe en su imaginación. En realidad, sólo el tamaño del país y de su economía, la cuarta de la UE, ha impedido que a España se le haya dejado caer.

3. Si bien nuestro futuro parece sombrío, el porvenir inmediato es cómodo. Ahora mismo estamos creciendo por encima del 3% y, aunque el año que viene no parece tan favorable, creceremos más de un 2% en 2017, incluso un 2,5%. Siempre y cuando nuestro entorno no cambie a demasiada velocidad. Pero, ¿de qué entorno estamos hablando?

Ante todo y sobre todo de los tipos de interés, es decir, de la política monetaria del Banco Central Europeo y su estrategia de mantener los costes del dinero tan bajos como sea posible, llegando incluso a esa especie de aberración de no cobrar sino pagar por un depósito o un bono del estado, lo que dicho sea de paso está hundiendo el negocio bancario que, por lo menos en Alemania (Commerz Bank, Deutsche Bank) e Italia (Unicredito, Monte dei Paschi) va a tener que ser objeto de un rescate multimillonario que se está haciendo esperar en exceso. Un tercio del sistema bancario europeo no logra beneficios sostenibles y el stock de créditos dudosos rebasa los 900.000 millones de dólares (en España, unos 200.000 millones), lo que según el FMI reclama un plan de salvamento masivo a la manera del que se practicó en su día en Estados Unidos o Reino Unido.

De todas maneras, esos tipos de interés bajo mínimos están sosteniendo gran parte de un tejido empresarial terriblemente endeudado, por no mencionar a Estados como Italia, Portugal y, naturalmente, España. La deuda pública europea se sitúa en torno al 90% del PIB, lo que quiere decir que con unos tipos de interés “normales” la mayor parte de Europa entraría en recesión, lo que justifica la política que lleva a cabo Draghi contra viento y marea.

Esa política no va a cambiar a corto plazo porque el crecimiento sigue siendo lánguido, incluso en Alemania, y es que la política monetaria ha mostrado sus limitaciones a la hora de convencer a los empresarios para que inviertan o a las familias para que gasten. Así que no se esperan cambios significativos en dos de las variables más importantes para nuestro equilibrio exterior: el euro seguirá débil y el precio del petróleo no crecerá  mucho más de los 50 dólares el barril aunque el exceso de oferta existente ha empezado a ser recortado. Sólo la caída del precio del barril ha supuesto para España un ahorro de unos 45.000 millones de euros en los últimos dos años. Eso explica que, a pesar de crecer por la vía de la demanda interna, la balanza de pagos muestre signo positivo.

Pero el comercio mundial sigue estando de lo más deprimido. Normalmente solía crecer vez y media más que el aumento del PIB, relación que se ha invertido. De hecho, en 2016 sólo crecerá un 1,7%, con un aumento del PIB mundial del 3%, lo que es una de las tasa más bajas de la historia, consecuencia de la crisis de materias primas provocada por el descenso de la tasa de crecimiento china a la mitad de la de hace unos años. Lo que significa que es probable que nuestras Exportaciones crezcan muy poco lo que ahora mismo (no a largo plazo) tiene una importancia relativa ya que nuestro modelo de crecimiento se apoya casi exclusivamente en el consumo interno y en un gasto público fuera de control.

Es en este último apartado donde se plantean las mayores dudas de cara a 2017. Si de verdad se toma el problema en serio, el Estado español debería reducir el déficit público en no menos de 15.000 millones en 2017, lo que, de llevarse a cabo, tendría un impacto sensible sobre el crecimiento económico. Todo dependerá de cómo se administre el proceso sobre todo si, como parece, se hace por la vía de elevar los impuestos y no por recortar del gasto, cuando lo más lógico sería lo opuesto. Recordemos que un ajuste similar al que propone la Comisión contribuyó en 2012 a agudizar la recesión. El Gobierno tiene escaso margen de maniobra frente a Bruselas aunque de la habilidad española para dar largas todo es esperable. Como síntoma del gradualismo con que el Gobierno entiende este problema recordemos que De Guindos proclamó que bastaría un año para bajar el déficit del 3%. En la práctica se van a necesitar por lo menos tres.

No se trata de cumplir por cumplir, como si se tratase de un requisito formal. Este déficit, que ha causado un daño enorme a la credibilidad de España, está en el origen de una Deuda Pública que ya está en torno al 100% del PIB. Aún peor, y más peligroso, es el dato de nuestra deuda externa neta, superior al 90% del PIB, cuando la media de la Unión Europea se sitúa en el 35%, y que apenas se ha reducido durante la crisis. Tampoco lo han hecho los pasivos exteriores exigibles (1,7 billones en 2015), que requieren una refinanciación de entre 200.000 y 300.000 millones de euros al año. No cabe duda que una de las debilidades sustantivas de la economía española es la posibilidad de que los mercados financieros pierdan la confianza en nuestra capacidad para hacer frente a los pagos. Como dice la Comisión Europea: “España se enfrenta a elevados riesgos de sostenibilidad de la deuda a medio plazo”. Casi lo mejor que le puede pasar a España es que Europa no resuelva demasiado rápidamente sus problemas de crecimiento y los tipos de interés sigan bajo mínimos. Porque si las circunstancias cambian, España podría tener otra vez dificultades muy serias.

4. Los que piensan que el potencial de crecimiento de la economía española es mucho mayor del que se dice—y se dice que a duras penas pasa de un 1% de media– deberían recordar un hecho incontestable: a pesar de haber entrado en la Unión Europea, habernos endeudado hasta las cejas, haber recibido enormes volúmenes de inversiones directas y fondos estructurales, que durante años llegaron a representar más del 1% del PIB, la renta per cápita española sigue situada en torno al 75% de la media de los Doce. Como a finales de los años setenta. El proceso de convergencia con Europa no ha avanzado un ápice en cuarenta años.

Dicen que llegamos a la madurez cuando empezamos a tener conciencia tangible de nuestras limitaciones. En tal caso es evidente que los españoles todavía no han madurado, y su Administración y su clase política, que son lo mismo, aún menos. Claro que a estos últimos les va bien mientras que a los españoles no les va bien. En realidad, les va mal.

A ello ha contribuido (quien lo iba a suponer) el euro. El colofón de la unión comercial y aduanera ha resultado ser un fiasco. Para los países del Sur de Europa ha supuesto una verdadera maldición ya que se ha convertido en una camisa de fuerza que, al ser incapaces de mantener una mínima disciplina fiscal o financiera, se transforma en una máquina de destrucción masiva. Para gente poco seria como nosotros, los italianos o los portugueses, el viejo mecanismo de corregir nuestro diferencial de inflación por medio de devaluaciones era mucho mejor. Con él se salía de la crisis en un par de años. Con el euro hemos tardado diez y salimos tambaleándonos, con la moral por los suelos, y unas secuelas en forma de paro y endeudamiento que tardaremos, en el mejor de los casos, una generación en resolver.

De momento, dado que la política monetaria y fiscal seguirá siendo expansiva, el año que viene creceremos por encima del 2%, dependiendo esencialmente de cómo se afronte el ajuste presupuestario. Nuestro modelo de crecimiento sigue centrado en la demanda interna, lo que está muy bien a corto plazo pero con lo que no es posible consolidar un modelo de crecimiento sostenible. Para eso harían falta muchas reformas y todo un debate político. Pero ni el Gobierno ni la sociedad están por la labor.

INFORME DE COYUNTURA. Tercer trimestre 2016

  • De momento, la coyuntura se caracteriza por una continuidad casi absoluta. En 2016 se crecerá algo más del 3% y se crearán medio millón de empleos (lo que no impide que el déficit del sistema de pensiones siga creciendo), y eso a pesar de que últimamente ciertos datos (cartera de pedidos) apuntan a un cierto enfriamiento de cara a finales de año. Si tenemos en cuenta que, al menos teóricamente, vamos a estar un año sin Gobierno, podemos entender mejor a qué equivale  haber tenido un gobierno dirigido por Rajoy: es como no tenerlo.  
  • Los que se alegran de que los tipos de interés estén por los suelos, pensando en la financiación de nuestro monumental endeudamiento, deberían recordar que ello no es sino la contrapartida de una profunda depresión de las expectativas empresariales, y de las mezquinas tasas de crecimiento. A pesar de toda la artillería monetaria puesta en funcionamiento por Draghi—que prometió en su día que haría lo que fuera necesario- sus efectos reales siguen sin percibirse y la sólida coraza del escepticismo europeo apenas se ha conmovido, lo que no deja de ser un comentario injusto ya que al menos ha impedido que la insolvencia bancaria (Italia, España, Portugal) y el endeudamiento generalizado, desde las instituciones a las familias pasando por las empresas, se conviertan en armas de destrucción masiva, tal como lo fueron al comienzo de la crisis. Es una magra compensación si se tiene en cuenta que esta misma política pero aplicada desde el estallido de la burbuja bancaria ha permitido a los americanos salir de la crisis cinco años antes que nosotros. Pero Estados Unidos es un país que actúa como tal y Europa es un archipiélago de islas mal avenidas.
  • En cualquier caso, tan pronto se constituya un Gobierno, el que sea, a España le esperan dos shocks tremendos, los que suponen suprimir un déficit presupuestario de 42.000 millones de euros, y un déficit de la Seguridad Social de unos 18.000 millones. Ya no hay margen para enfoques gradualistas ni tiempo por delante, que ya ha sido consumido en la legislatura anterior. Los políticos tienen que enfrentarse por fin a la realidad. Pensemos, por ejemplo, que sólo la reforma del sistema de pensiones supondría, según la OCDE, rebajar la tasa de sustitución en no menos de 26 puntos. El déficit presupuestario no puede seguir afrontándose subiendo impuestos, como lo ha hecho el PP, sino bajando gastos, lo que supone desafiar a una clase política llena de funcionarios. Ya no hablamos de reforma sino de ruptura con los últimos cuarenta años de historia, los de la generosa pero desprevenida democracia.

1. A pesar de la falta de Gobierno, o tal vez gracias a ello, la economía ha seguido creciendo durante el primer semestre a buen ritmo, en torno al 3,2%, lo que es un dato excelente, sobre todo si lo comparamos con el crecimiento europeo. No existe ningún misterio acerca de las causas que explican este comportamiento: unos tipos de interés bajo mínimos, forzados a la baja por el BCE, y el enorme déficit fiscal, que campa a sus anchas en ausencia de un gobierno que tampoco lo controlaba cuando tuvo de hacerlo, a tenor de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y que nunca cumplió.

No cabe duda de que disfrutamos de dos de las condiciones óptimas para crecer,–amén del bajo precio del petróleo y de un euro débil– y a pesar de que las últimas previsiones apuntan a un crecimiento en 2017 mucho más modesto, del orden del 2,3%, todo dependerá de los cambios que se puedan producir en las variables antes mencionadas. De momento, sobre los tipos de interés no parece que pueda haber cambio alguno dado que la política monetaria seguida por el BCE no está cosechando resultados visibles en términos de crecimiento. Las economías europeas han quedado tan dañadas, las expectativas empresariales son tan negativas, los bancos parecen tan poco solventes, y el peso de los Estados tan abrumador, que no resulta previsible que se produzcan cambios sensibles en un escenario de típica declinación o decadencia. No es menos cierto que la zona euro crecerá al menos un 1,6%. Algo es algo.

En cuanto al déficit público, que este año no será inferior en conjunto a los 60.000 millones de euros, el próximo Gobierno no tendrá más remedio que enfrentarse a la herencia envenenada que le ha dejado el Gobierno anterior, o sea ellos mismos, e iniciar un verdadero proceso de consolidación presupuestaria que, sin duda, tendría consecuencias considerables sobre el crecimiento ya que el gasto público es uno de los dos pilares en que se asienta el crecimiento económico en estos momentos (el otro es el consumo de las familias). España se ha salvado por los pelos de una multa considerable, pero los tiempos en que la Comisión miraba al otro lado y hacía como que creía las promesas de Rajoy parecen haber terminado.

2. Con toda la impunidad del mundo, el irresoluto y oportunista de Rajoy, maestro en materia de manfutismo, ha llevado la deuda pública española hasta los 1,1 billones de euros. Menos mal que una parte de las emisiones de deuda se están haciendo a tipos de interés negativos o simbólicos. Pero la principal responsabilidad de lo ocurrido debe ser atribuida a la propia Comisión Europea, un modelo de lenidad, que ha tragado con carros y carretas en lo que ha sido un fracaso generalizado de las instituciones europeas a la hora de enfrentarse a la crisis más grave de la historia reciente. Qué contraste con lo ocurrido en Estados Unidos, donde tomaron el toro por los cuernos desde el principio, y sanearon con eficacia a los bancos, punto de partida de cualquier estrategia anticrisis que se precie, lo que les ha permitido recuperarse con cinco años de adelanto sobre una Europa aquejada por un sentimiento de impotencia y una falta de fe en sí misma de la que el Brexit es sólo un síntoma. Europa se ha parado política y económicamente hablando, y hay pocos síntomas de que intenta ponerse de nuevo en marcha.

Ello explica que no quisieran enfrentarse a un gobierno español que inspira más miedo por su incompetencia que respeto por su presunta soberanía. Recordemos que Europa tuvo que imponer el rescate bancario a una timorata España, y que también se encargó de hacer bajar la prima de riego desde los seiscientos puntos a los cien actuales. Seguramente pensaron que más no podían hacer, y que no se puede salvar a un país contra su voluntad. Deben estar maldiciendo el día en que aceptaron que países tan dudosos como España, Portugal o Grecia entraran en el euro.

La Comisión justifica su insólita tolerancia en el hecho de que el país lo ha pasado muy mal, lo que es verdad, y ha hecho ciertos sacrificios, ignorando que esos sacrificios han sido obligados por la caída de la recaudación y el empleo, no han respondido a ninguna estrategia social o económica, y han recaído sobre los hombros de una parte de la población, la más débil, los parados, los jóvenes y los temporales, mientras el resto ha hecho como si no pasara nada y encima se ha quejado de una austeridad que solo ha existido en su imaginación. En realidad, la tolerancia de la Comisión se ha debido al deseo de no abrir un nuevo frente conflictivo en el Sur de Europa, ante la fragilidad evidenciada por Italia y Portugal, por no mencionar a Grecia, otro problema pendiente. De hecho, los problemas bancarios de Italia y los presupuestarios de Portugal siguen estando de rigurosa actualidad, dos países que, como España, son incapaces de hacer reformas dignas de tal nombre.

3. Todo lo cual es una bendición para el hombre menos capaz de hacer algo digno de mención que se recuerda, el ínclito Rajoy, al que viene como anillo al dedo el apoyo que le ha proporcionado el resto de Europa. No se entiende que un hombre que tan bien refleja el carácter colectivo español, en su disposición a vivir el presente y desentenderse del futuro, no consiga formar gobierno cuando es el hombre idóneo para vivir de lo que Europa nos dé.

No cabe duda que la debilidad europea ha dado alas al gobierno español, que no ha dejado de hacer de las suyas durante todos estos años, o más exactamente, le ha facilitado su innato inmovilismo tanto en materia de reformas como en su control del gasto, que es también otra forma de no hacer una reforma, la de una Administración sobredimensionada que no ha aprendido nada durante la crisis. Esta va a ser la gran asignatura pendiente del próximo Gobierno al que se le ha acabado el tiempo antes de empezar a funcionar.

El reto es doble. Primero por su dimensión. Reducir un déficit de unos 60.000 millones requiere medidas radicales que hasta ahora no se ha querido imponer, y que afectaría a todos los estamentos de la Administración, sobre todo a la Central, siempre dispuesta a echar la culpa de las desviaciones producidas a las Comunidades Autónomas. Para empezar hay que decidir qué se hace con la enorme deuda que han acumulado las CCAA con Hacienda que les ha concedido unos 120.000 millones de créditos que sabemos que no pueden ser reembolsados. Ello implica que se debe producir algún tipo de acuerdo político entre quienes no están dispuestos a pagar y quienes son ahora conscientes de haber alentado la propensión al gasto de casi todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de Galicia, lo que dicho sea de paso no ha castigado a su gobierno autónomo desde el punto de vista electoral. Que aprendan en otras latitudes.

Se necesita un pacto de estado de enorme entidad  que establezca algún mecanismo de control e intervención, y reparta de manera más equitativa los recursos entre las dos administraciones, algo que resulta vital para las CCAA más endeudadas (Andalucía, Extremadura, Murcia) que son siempre las que tienen economías menos viables, es decir, aquellas en las que se da un desequilibrio evidente entre el tamaño de su economía y su capacidad para generar recursos impositivos, y el tamaño asistencial que ha adquirido su administración. No hay estados ricos con economías pobres.

Otro problema no menos peliagudo es el planteado en Cataluña, la Comunidad más endeudada de todas y la más reivindicativa, que a buenas horas ha tomado el modelo vasco como referencia, ese Concierto que Pujol rechazó en su día y que hubiera resuelto muchos de sus problemas, incluido el de su encaje en España donde tan confortablemente se encuentra el Gobierno Vasco y el PNV.

4. En realidad, el País Vasco está al margen de estas batallas gracias a contar con un Régimen especial. Como el sistema de cálculo del Cupo ha quedado obsoleto, el Gobierno Vasco dispone de un volumen de medios sin parangón, que utiliza para pagar espléndidamente a sus funcionarios y sobredimensionar sus plantillas, lo que es evidente en muchos estamentos y singularmente en la Ertzaina.

Recordemos, sin embargo, que la salud del Concierto depende totalmente de la salud de la economía y esta no es buena. Por mucho que presuma el Gobierno durante el período prelectoral. La destrucción de empresas industriales durante la crisis ha sido enorme acompañada por la deslocalización de otro grupo considerable. Durante la crisis, la economía vasca ha funcionado como un calco de la española—quince trimestres en recesión y una caída del 40% en el índice de producción industrial— lo que explica que sigamos siendo la segunda economía en renta per cápita de España, solo superada por Madrid, pero que nos hayamos alejado de la Europa avanzada. Es curioso que la opinión pública califique con un suspenso la gestión realizada durante la crisis por el Gobierno español y que, sin embargo, la gestión realizada por el Gobierno Vasco, que ha obtenido los mismos resultados, sea vista con benevolencia. Tenemos un sistema de gobierno ideal, que goza de todas las ventajas del mundo y ninguno de sus inconvenientes, porque aunque controla casi todos los ingresos fiscales del país, cuando llega un problema realmente serio (reconversión industrial, ETA, crisis económica), todo el mundo espera que lo afronte el Gobierno Central.

Lo mismo ocurre en materia presupuestaria. A pesar de que la coyuntura ha mejorado notablemente y de que tenemos un marco fiscal privilegiado, el Gobierno Vasco sigue cerrando sus presupuestos con déficit. Ello revela sin género de dudas que el gasto público vasco es excesivo. Dos tercios del mismo es gasto corriente lo que quiere decir que tenemos demasiados funcionarios demasiado bien pagados. El Gobierno sigue esperando que la recaudación mejore pero creemos que no lo va a hacer o lo va a hacer en menor medida de lo esperado. De hecho, este año, con un PIB creciendo por encima del 3%, lo que es excepcional, los ingresos fiscales solo crecen un 2% cuando la previsión era de que lo hicieran a ritmos del 7%. Cunde la sensación, lo mismo en España que en Euskadi, que la economía no da más de sí, y que al sector público le ha llegado el momento de apretarse el cinturón y no pedir más a unos ciudadanos que ya contribuyen en exceso, eso sí, sin protestar.

Otro hecho nos debería mover a la prudencia en esta materia. En la salida de la crisis vasca hay un aspecto esencial que sigue sin funcionar: el Comercio Exterior. Incluso las exportaciones españolas crecen más que las vascas. Esto no afecta de momento al crecimiento del PIB ya que la recuperación se basa en el consumo privado y el gasto público. Pero ello indica claramente que tenemos un problema de competitividad, de la que las empresas vascas son conscientes (supongo que el gobierno vasco también pero no lo dice) como se demuestra en sus ventas, que están estancadas, y su rentabilidad, mayoritariamente negativa. Hasta el punto de que los salarios han dejado de crecer, un hecho insólito.

La oferta industrial, el gran motor de la economía vasca, ha dejado de evolucionar desde la crisis por la falta de inversiones y la asfixia financiera. La empresa vasca no es capaz de evolucionar a la misma velocidad con que lo hacen las demandas que la sociedad vehicula a través de Sindicatos y Gobierno Vasco, dos máquinas bien engrasadas cuyas exigencias en materia de salarios e impuestos crecen con independencia de  las posibilidades reales de las empresas, siempre sobrevaloradas.

5. Si el problema del exceso de gasto es peliagudo, aún más, y más irreversible, es la crisis del sistema de pensiones, abocado a un déficit creciente. Si en el seno de una etapa de crecimiento como la actual, los ingresos del sistema crecen menos que los gastos, a pesar de las supuestas reformas, todo apunta a la inviabilidad de un modelo en el que, ante todo y sobre todo, hay que cuestionar eso que no se ha querido tocar hasta ahora y es la tasa de sustitución, relación entre la pensión y el sueldo medio, situada por encima del 74%, una de las más elevadas de la OCDE, y eso que ha comenzado a bajar porque ha llegado a estar por encima del 90%, un verdadero suicidio programado.

La Comisión Europea ha calculado que esa tasa no debería superar el 48%, en línea con lo establecido en otros países. Si tenemos en cuenta que la OCDE calcula que para mantener el nivel de vida del que se disfrutaba antes de la jubilación no debería bajar del 70%, y que los Sindicatos van a cuestionar cualquier reforma del Pacto de Toledo que diste mucho de ese porcentaje, tenemos entre manos una contradicción monumental, en buena parte producida por la reticencia a realizar reformas parciales a partir del momento en el que la inviabilidad del modelo se puso de manifiesto, y que no es de ahora sino de cuando estalló una crisis de la que se va a conmemorar la primera década, un tiempo en el que se ha hecho muy poco por afrontar el problema. El fondo de reserva va a desaparecer y, a pesar del aumento del empleo, el déficit ya está en los 17.000 millones de euros y no deja de crecer.

El nuevo Gobierno tendrá que dejarse de subterfugios y bajar a la realidad, algo que toda la clase política, compuesta mayoritariamente por funcionarios, detesta de modo particular, sobre todo si no tiene por delante un escenario que le permita soslayar lo más urgente y practicar eso que en España se llama ganar tiempo y que es la manera más segura de perderlo.

Siguiendo la maldición gitana de “tengas pleitos y los ganes”, le deseamos a Rajoy que consiga formar Gobierno aunque solo sea para que se ponga en evidencia su genética incapacidad para enfrentarse a un problema serio. Confirmaría todas las hipótesis sobre la naturaleza íntima de la clase política española, maestra absoluta en el arte crear problemas para darse el gusto de mantenerlos vivos y no resolverlos.

COYUNTURA ECONÓMICA. Segundo trimestre 2016

  • La economía española atraviesa su mejor momento desde que entrara en crisis, por lo menos en términos de crecimiento, si bien se ha podido constatar que su comportamiento a lo largo de este período ha sido el peor de todos los países europeos a la excepción de Grecia, hasta el punto de que todavía no ha vuelto a alcanzar los niveles de renta per cápita de 2008. Además, sale de la recesión muy debilitada por las secuelas acumuladas en forma de paro, crisis bancaria y, sobre todo, endeudamiento público, secuelas que van a condicionar su potencial de crecimiento cuando un escenario tan favorable como el actual (tipos de interés, sobre todo) deje de serlo.
  • Para las empresas, al menos para las empresas vascas, la crisis no ha terminado. A pesar de los favorables datos macroeconómicos, sus dificultades para financiarse y ajustar plantillas siguen siendo las mismas de siempre. La crisis ha paralizado su evolución hacia tecnologías de mayor complejidad, y su salida al exterior ha sido un fracaso: desde 2008 a 2015 las Exportaciones vascas sólo han crecido un 8% (España, 37%). Seguimos siendo la segunda economía del Estado en términos de renta per cápita, pero se trata de un dato que ha dejado de ser una referencia válida a la vista del fracaso experimentado por la economía española.
  • Desde los problemas relacionados con la solvencia del sistema financiero y una recuperación empresarial muy frágil, la preocupación dominante ha pasado a la evolución del déficit fiscal, que se niega tercamente a bajar a pesar de las presiones de la Comisión Europea que, finalmente, se ha convencido que Rajoy no será nunca un socio de fiar. Los dos problemas básicos relacionados con dicho déficit—seguridad social y autonomías—representan áreas de trabajo en las que se ha dejado hacer de manera irresponsable, retrasando el momento de la verdad por razones de tipo político: los pensionistas son el mayor grupo sociológico del país (casi diez millones y creciendo) y el Estado de las Autonomías se ha convertido en el mayor error de la democracia en la medida en que ha funcionado al servicio de una clase política local parasitaria. Sus dos déficits, que conjuntamente suponen unos 35.000 millones, no sólo son graves por su tamaño sino también por su evolución en la medida en que vienen creciendo sin parar.

1. La economía española sigue creciendo a muy buen ritmo, cerca del 3%, gracias al viento de cola que proyectan unos tipos de interés bajo mínimos (aunque no parece que sirvan de mucho), un euro depreciado, un barril de petróleo casi en mínimos y, especialmente, el enorme déficit presupuestario que, ajeno a las recomendaciones de la Comisión Europea, se ha mantenido en el primer trimestre de 2016 con el mismo vigor electoralista del año pasado. Decididamente Rajoy es uno de los peores gobernantes que haya tenido este país, el peor que nos podía haber tocado para afrontar una crisis de estas dimensiones. No solo no hace reformas sino que retrasa sine die el recorte del gasto público porque la propia política del BCE le ayuda a financiarlo a muy bajos tipos de interés (bono a diez años: 1,05%).

Recordemos que si este país crece ahora más que los demás es porque antes cayó mucho más. Con la excepción de Grecia, somos el país que peor lo ha hecho durante la crisis (ver gráfico final). Un motivo más para una reflexión a la peruana (Conversaciones en la Catedral): ¿Cuándo y cómo se fastidió esta democracia para convertirse en un fracaso de tal magnitud?

Lo malo es que ello nos convierte en un país más vulnerable que nunca a la evolución de los tipos de interés que en un par de años tienen que volver  a crecer. Recordemos que este año el Estado pagará unos 33.000 millones de intereses (en 2013 pagamos cerca de 40.000 millones cuando todavía la deuda era mucho más baja). La Deuda ha venido para quedarse convertida en una espada de Damocles. En realidad, sin la intervención de la Comisión Europea (ojalá hubiera sido un rescate en toda regla) en dos cuestiones tan esenciales como la prima de riesgo, (la actual es una cuarta parte de la que padecimos en el momento álgido), y el rescate bancario, que debería haber sido el doble, nuestra situación en estos momentos sería crítica.

2. El Banco de España ha publicado un informe en el que calcula que nuestro potencial de crecimiento a medio plazo (2020-2025) no superará un 1,2% de media, lo que es un dato muy preocupante. Según el informe, la productividad lleva muchos años sin crecer, el paro va a seguir siendo estructuralmente alto y la capacidad inversora, tanto del sector privado como del público, está muy limitada por el enorme endeudamiento. El razonamiento es elemental: si el empleo no crece y la productividad no aumenta, no hay crecimiento. La economía española, a menos que se produzcan cambios radicales en el escenario internacional, ha entrado en un declive duradero.

El trasfondo de una visión tan pesimista (en el fondo realista: vendríamos a repetir el escenario italiano con unos cuantos años de retraso) se debe al envejecimiento de la población una parte de la cual va a pasar de activa a pasiva en próximos ejercicios (cuando se jubile el baby boom de los sesenta) y el agotamiento de los efectos beneficiosos que supuso la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa.

Es evidente que esta previsión nos enfrenta a un futuro insostenible dado, entre otras cosas, a que el coste de financiar el estado de bienestar en una sociedad envejecida como esta requiere un crecimiento mucho mayor, por lo menos del 2%. En 2015 ingresos y cotizaciones crecieron a ritmos del 1% mientras el gasto sanitario aumentó un 4% y las pensiones lo hicieron al 3%. Sólo estas dos partidas suponen unos 200.000 millones de euros. El envejecimiento de la población mantiene al estado de bienestar en un rumbo de colisión con la economía. No olvidemos que los viejos siempre han tenido necesidades crecientes y recursos menguantes.

Es el mismo problema al que se enfrentaron Alemania y Francia hace quince años. A base de reformas, Alemania lo afrontó, cosa que no hizo Francia que prefirió aumentar el gasto público y endeudarse aún más. La típica huida hacia adelante a la que tan proclives son los países mediterráneos.

La vía de las reformas que recomienda el Banco de España es muy expresiva: reformas que refuercen la contratación indefinida, la educación, la formación, la competencia y la innovación. Con esta clase política, es dudoso que estas reformas se hagan y es imposible que se hagan a tiempo. Así que probablemente seguiremos una senda de decadencia paulatina.

Nada sorprendente si tenemos en cuenta que, además del envejecimiento de la población, padecemos un estancamiento en materia de productividad, nuestros avances tecnológicos son muy lentos, lo que nos hace vulnerables a la competencia de los países emergentes, y tenemos un exceso de endeudamiento. El país no da más de sí, algo que casi todo el mundo sospechaba desde hace tiempo. Por eso eligen a Rajoy, para que les mienta y les diga lo contrario.

3. A pesar del BCE, el crecimiento europeo pulsa a niveles muy modestos, y la inflación sigue en negativo, aunque no tanto como en España. La salida de la crisis se está alargando extraordinariamente a pesar del impulso monetario y de tipos de interés que aplica el BCE lo que demuestra que, bajo ciertas condiciones, una política monetaria expansiva apenas produce efectos positivos. Tampoco sabemos qué hubiera pasado de no haberse dado semejante impulso, sobre todo en materia de solvencia bancaria, y financiación, al parecer ilimitada, de la deuda pública. Los países que la emitieron se han visto recompensados: ya hay nueve billones de deuda soberana a tipos de interés negativos.

Todo parece indicar que las economías europeas, a pesar de ser muy diferentes entre sí, padecen los mismos males, males que vienen de lejos: exceso de gasto público derivado en parte de compromisos insostenibles en materia de salud y pensiones; bancos que han cometido en el pasado todos los errores imaginables y que ahora son auténticos zombis; sociedades burocratizadas y reguladas en exceso, empezando por la propia Unión Europea, que repite los mismos excesos de las burocracias nacionales, etc. Después de la crisis, las economías europeas no han conseguido asentar una expansión sostenida y equilibrada debido a unos ritmos de inversión demasiado modestos y unos niveles de endeudamiento demasiado elevados y que siguen creciendo. Por más que nos duela la decisión de Gran Bretaña de salirse de la Unión, no hay más remedio que dar la razón a muchos euroescépticos en sus críticas, aunque tal aventura nos parezca temeraria y de consecuencias económicas imprevisibles, en cualquier caso muy negativas para la Isla y el Continente. El Brexit provocará más ajustes.

Muchos reproches que se hacen a la Unión son problemas derivados de unos estados nacionales que se niegan a hacer reformas (el caso de Francia es paradigmático), cuyos Estados han alcanzado un peso insoportable (el estado francés supone un 62% del PIB) y que hasta ahora han preferido endeudarse antes de abordar seriamente sus problemas. La Deuda media de la zona euro ha llegado al 90% lo que es un escándalo, con Francia (95%) e Italia (132%) como máximos exponentes, a los que se ha unido recientemente España (101%), formando una tripleta de enfermos crónicos cuyo futuro es  de lo más dudoso.

Cuando una sociedad decide seguir ese camino, decisión mucho más consciente entre sus élites de lo que imaginamos, es que ha elegido sacrificar a las próximas generaciones en beneficio de la presente. Les legamos una deuda inmensa, y les dejamos sin margen de maniobra, pero no les trasmitimos lo único que podría justificarla: una economía competitiva, presente en los mercados internacionales y puesta al día, con una alta capacidad investigadora. Europa languidece y su peso e influencia en el mundo se va reduciendo  a marchas forzadas.

4. Algunos podrían pensar que las políticas de Rajoy tienen éxito, aunque sea por las razones equivocadas, y que cualquier huida hacia adelante, que es lo que este gobernante domina con gran autoridad, no deja de ser una respuesta viable, siguiendo el razonamiento del náufrago optimista: alguien se compadecerá de mí y me salvará. En realidad, es una pésima política y sólo beneficia a su destinatario principal, el propio Estado, en el objetivo de no hacer reforma alguna de la propia Administración. El gasto corriente ha seguido creciendo, el número de funcionarios se ha mantenido, y el déficit del sistema de pensiones aumenta año tras año sin que se produzca reacción alguna. Pero el mayor síntoma de inmovilismo reside en que el déficit autonómico ha sido financiado con 130.000 millones de supuestos créditos, que nunca se reembolsarán, agravando el problema de una Administración duplicada y clientelar que ha vuelto a reinventar el caciquismo más castizo.

Lo que no sería muy grave si ello hubiera servido para dinamizar la vida languideciente de la mayor parte de las Regiones. En realidad, ha servido para todo lo contrario, para hacerlas más dependientes de la Administración Central, que tiene que ver con pavor que más de la mitad de España, la meridional, se le ha convertido en una especie de agujero negro, incapaz de salir adelante por sus propios medios, y cuya distancia comparativa con los escasos islotes avanzados, Madrid sobre todo, se amplía año tras año.

Así que no nos debe extrañar que esta versión de primero yo y luego lo que se pueda, típica de la manera de afrontar la crisis por parte de la Administración, nos lleve al desastre. Las certidumbres, que no sospechas, que alimentan esta teoría son las siguientes:

  1. Desde la llegada de la democracia hemos sufrido tres grandes crisis, todas las cuales han resultado ser más largas y más graves que las padecidas por los países de nuestro entorno. La perspectiva adquirida con el paso del tiempo confirma que no hemos aprendido nada de ellas.
  2. Desde finales de los años ochenta o principios de los noventa, la voluntad reformadora de la clase política española se extinguió, y fue sustituida por una plétora legislativa que abruma al personal sin que la administración se moleste en verificar su cumplimiento y, mucho menos, analizar las repercusiones prácticas de las mismas. Dos áreas básicas a reformar como son la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, cuyo déficit sumó el año pasado 35.000 millones, han sido objeto de un descuido cómplice.
  3. El comportamiento de la economía y sociedad españolas ante la peor crisis que hayamos padecido ha confirmado todos los temores que los fracasos anteriores alimentaban. A pesar de que se ha aplicado la versión más keynesiana de la misma, basada en monumentales déficits públicos, la opinión pública española cree sinceramente en que se ha practicado una cierta austeridad que solo ha existido en la imaginación de los más reluctantes socialdemócratas. En este proceso, los gobiernos españoles han encontrado dos aliados esenciales: el Banco Central Europeo que, preocupado por el estancamiento secular, está dispuesto a financiar cualquier cosa, y la opinión pública, que opina que cualquier déficit está justificado per se.
  4. Resulta significativo el resultado material de esta política: con la excepción de Grecia, España es el país que peor ha funcionado durante la crisis y el único que en 2015 no había recuperado el nivel anterior de 2008 (en euros corrientes). En el período 2008—2015, la UE creció un 17,4% (la zona euro, 12,6%) mientras España decreció un 0,6% (en términos reales, más). Incluso países rescatados como Irlanda o Portugal lo han hecho mejor.

          El siguiente gráfico es suficientemente expresivo:

Sin título5. Si alguien abrigaba dudas de que el estado español es un desastre sin paliativos, debería reflexionar sobre la manera de reaccionar que tiene este país y su administración en tiempos de crisis. Menos mal que tenemos el gobernante apropiado, el reelegido Rajoy, dueño de un talento fenomenal, capaz de transmutar un fracaso sin paliativos en todo un éxito.

La resaca de la crisis: Un estado inviable

Prolegómenos. La sensación de que la crisis que vamos dejando atrás constituye un antes y un después en la historia económica del país tiene bases objetivas y sólidas, por más que la mayoría de la gente espere que las cosas volverán a ser las que fueron: un mundo en crecimiento, tasas de  paro moderadas, un estado de bienestar sostenible, y una economía capaz de hacer frente a todo tipo de dificultades, envuelto todo ello en un mar de expectativas crecientes. Ni siquiera una crisis tan profunda ha torcido la disposición natural del ciudadano medio hacia el optimismo.

Sin embargo, ese estado de opinión no parece muy fundamentado. Ni siquiera es probable. El legado de la crisis es tremendo en términos de paro, endeudamiento y crisis bancaria, por mencionar sólo lo más obvio, y pesará negativamente sobre la posibilidad de retornar a un escenario tan favorable como el que esperan los ciudadanos. Si nos atenemos a la historia de los últimos cuarenta años, los que hemos vivido en democracia, la perspectiva no es ni mucho menos complaciente. Hemos sufrido en este tiempo tres grandes crisis, las tasas de paro han sido casi siempre escandalosamente altas, como en ningún otro país europeo, y los desequilibrios fiscales y financieros han sido crónicos. A pesar de haber entrado en Europa y haber obtenido auténticas montañas de financiación exterior. La combinación de paro y déficit público, aparentemente inexplicable, que ha estado presente durante todos estos años, produce la sensación de que el modelo de crecimiento que se ha seguido hasta ahora no da para más.

Además de todo eso, existe la convicción, ajustada a la cruda realidad, de que tenemos un Estado que  es incapaz de reformar y evolucionar. El rendimiento de los Gobiernos desde 2008, a lo largo de la crisis, ha sido especialmente lamentable, una mezcla de pasividad, negación de los hechos y huida hacia adelante por el peligroso camino del endeudamiento. Comparativamente hablando ha sido uno de los peores comportamientos que se hayan dado en una Europa que no ha destacado en modo alguno por su capacidad de reacción.

Es, pues, lógico que veamos con inquietud cuales van a ser las consecuencias últimas de esa crisis, y en qué medida va a afectar a nuestro futuro, sobre todo desde el punto de vista del potencial de crecimiento, algo a lo que prestamos habitualmente poca atención pero que es decisivo para afrontar dos cuestiones esenciales: qué empleo vamos a tener y cómo vamos a financiar un estado de bienestar que representa una carga pesadísima para nosotros y para las próximas generaciones.

Ese potencial de crecimiento va  a estar condicionado de manera negativa por cuatro grandes problemas cuya profundidad y naturaleza los hacen insoslayables

  • El paro
  • El endeudamiento privado
  • El saneamiento del sistema financiero
  • El desequilibrio presupuestario

Sobre el paro sabemos que va a ser un problema que se irá resolviendo muy lentamente. Difícilmente bajará del 10% antes de 2025 y eso suponiendo que se haga una verdadera reforma laboral, esa que no se ha hecho en todos estos años, y se acabe con su dichosa dualidad. En cualquier caso, debemos ser conscientes de que hay tres millones de personas menos trabajando lo que no deja de ser un problema a la hora de crecer.

Por ahora, la reducción del endeudamiento privado va por buen camino. Familias y empresas han reducido sus niveles de Deuda desde un 210% del PIB al 150% en estos años, a un ritmo de más de 70.000 millones anuales, algo que ha sido posible gracias a los bajos tipos de interés que ha proporcionado el BCE.

Más complicado parece el caso de la Banca, cuyos bajos niveles de solvencia se han visto complicados por un problema de rentabilidad en el negocio recurrente. El hecho de que el número de entidades se hayan visto reducidas a una quinta parte permite pensar que se encuentra en el camino de resolver un problema de viabilidad que los bajos tipos de interés y la reducción del stock crediticio han puesto de manifiesto, aunque ello supondrá el despido de unos 90.000 empleados y el cierre de unas 18.000 oficinas. Pero por encima de todo el sistema financiero cuenta con un aliado natural: el tiempo.

Y queda para el final un problema que no sólo no se corrige sino que empeora hasta el punto de que se ha convertido en el problema estructural de más difícil solución: el déficit presupuestario y la Deuda Pública consiguiente. Los tres primeros problemas se arreglarán de una forma u otra porque atañen al sector privado que no puede ignorarlos por la cuenta que les trae, pero el último atañe al Sector Público, que tratará de esquivarlo mientras pueda, es decir, mientras pueda seguir endeudándose a bajos tipos de interés.

CUADRO 1: EL ENDEUDAMIENTO ESPAÑOL

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Mientras la Deuda privada se está reduciendo, incluso más rápidamente de lo previsto, la Deuda pública ha seguido aumentando. En el caso de que la política de bajos tipos de interés cambie, y lo hará seguramente en los próximos dos o tres años, semejante deuda se convertirá en la mayor amenaza para el crecimiento y la estabilidad que podamos imaginar. Ya pagamos más de 33.000 millones de intereses (un 3% del PIB) en un momento en el que los tipos de interés no pueden ser más bajos. ¿Cuánto tendríamos que pagar si esos tipos se ponen a subir?. Recordemos que ya tuvimos que pagar cerca de 40.000 millones hace unos años con una deuda muy inferior a la actual.  La economía privada se ajusta mientras que el sector público ni lo hace ni lo intenta, al menos mientras pueda seguir endeudándose gracias a la política financiera que el BCE aplica para salir de la amenaza de un estancamiento secular.

Conviene mencionar en este punto la abierta simpatía con que todas las formaciones políticas, sean del tipo que sean, contemplan cualquier desequilibrio presupuestario como si siempre estuviese justificado por definición. Algo parecido a la opinión de la mayoría de los españoles en relación a una supuesta austeridad que no ha existido más que en su imaginación. No es de extrañar que el equilibrio fiscal no hay sido nunca una prioridad política para ningún gobierno español, especialmente desde el estallido de la crisis, tal como han terminado por reconocer los responsables de una Comisión Europea más que harta por los sistemáticos incumplimientos de los compromisos adquiridos en este sentido.

En resumen, es evidente que el déficit y la deuda públicas se han convertido en los problemas por excelencia desde el punto de vista de la estabilidad y el crecimiento.

La dimensión del problema En 2015, de manera aparentemente contradictoria, la economía y el empleo han crecido como no lo habían hecho en una década. Como decimos, algunos problemas van quedando atrás y otros se van resolviendo lentamente. Sin embargo, el déficit público se ha desviado de manera escandalosa y sigue, como todos los años, incumpliendo flagrantemente los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. En realidad, la Administración española no los ha respetado en ningún año, y eso que el calendario ha sido revisado tres veces, proporcionando al Gobierno un margen de maniobra más que respetable. Pero el Estado español sigue sin corresponder a esta muestra de generosidad por parte de una Europa a la que debemos las únicas respuestas reales y tangibles frente a la crisis, fundamentalmente el rescate bancario y el descenso de la prima de riesgo, sin las cuales nuestra situación sería ahora mismo crítica.

Que la cosa es grave y no tiene visos de arreglarse lo demuestra el hecho de que el año pasado España fue el país con el mayor déficit público de Europa, sólo superado por Grecia. La diferencia entre Ingresos y Gastos fue de 55.000 millones, un 5,1% del PIB lo que ha hecho que la Deuda pública supere el billón de euros y rebase el 100% del PIB. Ello nos sitúa en el grupo de países con mayores desequilibrios presupuestarios de la UE, lo que ya es decir dado que en ese grupo figuran países como Francia (95%s/PIB) e Italia (132%s/PIB). En la zona euro, la deuda media supera el 90% lo que demuestra que se trata de una enfermedad crónica y una costumbre arraigada, sobre todo en los países de la cuenca mediterránea. España no tiene la deuda más alta (ese dudoso honor corresponde a Italia) pero su déficit es ahora mismo el más alto de Europa lo que es particularmente grave después de seis años de esfuerzos (¿) por reducirlo.

CUADRO 2: LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2015

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Existen dos hechos que agravan el caso español: por un lado, la rapidez con que hemos llegado a esta situación, y, por otro, las enormes dificultades que se han puesto de manifiesto para reducir, incluso paulatinamente, un déficit que reúne todas las características de un problema estructural que exigiría reformas que no se quieren abordar. El Estado ha tardado seis años en reducir el déficit del 11% al 5%, hecho que considera poco menos que una hazaña, cuando, en realidad, se trata de todo lo contrario: un incumplimiento deliberado y consciente que ha proporcionado al Gobierno una capacidad de gasto adicional de unos 70.000 millones, lo que le ha venido muy bien de cara a las elecciones.

AIReF, por boca de José Luis Escrivá, ha asegurado que si se hubiera aplicado la regla que limita el gasto (Ley de Estabilidad) desde principios de siglo, la Deuda Pública se situaría actualmente alrededor del 60% del PIB en lugar del 100%. O sea que ese descontrol de gasto público ha sido ilegal, hasta el punto de violar las reglas que los políticos se habían fijado a sí mismos en esta materia, reglas que han ignorado por no enfrentarse a situaciones desagradables.

Esto explica que, a pesar de las sucesivas prórrogas que la Comisión ha concedido, España siga sin haber cumplido sus compromisos ni un sólo año. El objetivo en 2016 hubiera sido un déficit del 2,8%, algo imposible de conseguir ya que requería un recorte presupuestario brutal. Las nuevas previsiones del Gobierno elevan ese déficit al 3,6% pero incluso este dato es dudoso. AIReF calcula que rebasará el 4%, lo que supone gastar 43.000 millones más de lo que se ingrese. Se necesitarán dos años adicionales, y no uno, para situar el déficit por debajo del 3%. Por lo menos.

CUADRO 3: GASTOS E INGRESOS PÚBLICOS

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El hecho tiene su importancia más allá de cumplir con una obligación o no hacerlo, lo que en un caso supone alcanzar una merecida fama de chapucero. Su impacto sobre el crecimiento no puede ser ignorado. De hecho, gracias al citado incumplimiento la economía española ha podido crecer más de un 3% en 2015. A la inversa, si habiendo crecido nuestro PIB más de un 3% en 2015, algo que no se daba desde hacía diez años, con una prima de riesgo casi simbólica, el Presupuesto se salda con un déficit de más de 55.000 millones de euros (dando por buenas las liquidaciones de las Comunidades Autónomas lo que exige grandes niveles de credulidad), está claro que tenemos un problema estructural.

Es como para preguntar: ¿me está diciendo el Gobierno que para crecer un 3% (33.000 millones de PIB) hay que endeudarse en 56.000 millones más, un 5,1%?. Si se demuestra que para crecer debemos endeudarnos sistemáticamente nos enfrentamos a todo un círculo vicioso. Pero lo peor es que semejante déficit deja a la economía española a merced de lo que ocurra en el futuro con los tipos de interés. Bastaría que estos subieran un par de puntos para que volviéramos a entrar en recesión.

No es extraño que la Comisión Europea se sienta profundamente preocupada con España ya que no hace caso a ninguna de sus recomendaciones. Los exámenes periódicos que realiza confirman que tenemos una de las economías más desequilibradas de Europa, incumpliendo siete de un total de catorce indicadores: empleo, deuda pública, deuda privada, posición neta de inversión internacional, pérdida de cuota de mercado de exportaciones, tasa de desempleo de larga duración y tasa de paro de jóvenes entre 15 y 24 años. La Comisión ha llegado a la conclusión de que Rajoy no tiene la menor intención de reformar nada si ello supone un coste electoral. Ello se refiere tanto a la disciplina en materia de gasto  como a las reformas estructurales.

No deja de ser curioso que Europa sienta una desconfianza hacia Rajoy mucha mayor que la que sienten los propios ciudadanos españoles, que son los que deberían estar más agobiados por la cuenta que les trae. Y es que nos hemos acostumbrado a lo peor como si fuera algo corriente. Ese ha sido el sutil programa de Rajoy: hacernos creer que somos un caso de lo más normal, que lo que nos ocurre entra dentro de lo habitual. Incluso ha ido más lejos: hacer pasar un enorme fracaso económico como si hubiera sido un éxito.

El mal francés Un ejemplo ilumina la naturaleza del problema. En 2001, los dos países, Francia y Alemania, que más habían luchado por endurecer las condiciones de pertenencia a la zona euro, una de las cuales era la de no rebasar un déficit presupuestario del 3% del PIB, incumplieron esa condición al mismo tiempo. Exigieron no ser castigados por ello, una primera violación del propio tratado, y se comprometieron, con muy escasa convicción, especialmente Francia, a equilibrar su Presupuesto demandando un período de adaptación sorprendentemente largo, del orden de cinco años. La cuestión tenía que ver con tasas de crecimiento muy modestas y con el peso creciente de los compromisos derivados del estado de bienestar, sobre todo en relación con las pensiones y la sanidad.

Sin embargo, los dos países reaccionaron de forma muy distinta ante el desafío que ello suponía, un desafío que era tanto una prueba política como económica. Alemania reaccionó con rapidez y radicalidad. Reformó el estado de bienestar, recortando algunas condiciones demasiado generosas, especialmente en relación al desempleo, y modernizó su economía para elevar sus ritmos de crecimiento. Superaron los problemas con el rigor que se le supone a un país orgulloso de sí mismo y avergonzado por haber dejado pasar demasiado tiempo sin haber tomado las medidas oportunas. También es cierto que quien asumió esa iniciativa, el canciller Schroeder, perdió las siguientes elecciones. Es evidente que este hecho pesó en el ánimo de los  políticos del continente en mucha mayor medida que el éxito económico que las reformas obtuvieron. Podríamos decir que las reformas alemanas, a la hora  de afrontar la cuestión económica más importante de nuestra época, fueron muy positivas para la propia Alemania pero muy negativas para el resto de Europa.

Desde luego, Francia se negó a entender del problema, volvió la espalda a las reformas (tachadas de neoliberales por otro socialista, Leonel Jospin), que ahora, más de una década después han tenido que ser abordadas con enormes dificultades por el actual Gobierno socialista francés. Francia ha perdido muchísimo tiempo y no ha aprendido nada, como demuestran las reacciones populistas de sindicatos y estudiantes ante medidas de una extraordinaria suavidad.

En 2003, Francia y Alemania, las dos principales potencias económicas de Europa, tenían un peso político y económico similar; hoy en día ese equilibrio se ha roto de manera escandalosa, y Francia ha entrado en una decadencia muy evidente. Ese es el precio de no haber hecho lo que había que hacer. Ello parece demostrar que las consecuencias de respetar o no una determinada disciplina fiscal y hacer reformas son enormes.  Como dice José Viñals del FMI: “La diferencia entre hacer lo correcto y lo que no, es un punto y medio de crecimiento en los próximos cinco años”.

El caso español guarda ciertas similitudes con el caso francés, guardando claro está las distancias. España, que al llegar la democracia tenía un Estado pequeño pero adaptado a la dimensión real de su economía, que es o debe ser siempre una referencia insoslayable a la hora de calcular el gasto público, ha visto como ese gasto tomaba la delantera sobre la economía, y eso que durante estos cuarenta años la economía creció lo suyo, pese a lo cual siempre ha sido a rebufo de la pródiga imaginación de nuestros políticos y funcionarios, y su uso con fines electoralistas y clientelares. El gasto público ha llegado en ciertos años a cotas del orden del 50% del PIB, y casi siempre ha rebasado el 40%, cuando no pasaba del 25% en los años setenta. Puede que entonces fuera demasiado pequeño; hoy en día es obvio que resulta demasiado grande. Con un típico movimiento pendular hemos pasado de un extremo a otro, y es que a lo largo de estos años, y de acuerdo con las estimaciones realizadas por diversos autores, el gasto público ha crecido a un ritmo que duplica prácticamente el alcanzado por la economía. A lo largo de estos cuarenta años de democracia, el Presupuesto del Estado se ha cerrado con déficit en treinta y seis de ellos.

Este crecimiento del gasto, que empezó a crear problemas casi desde el principio, podía haber sido asumible si se hubiera mantenido durante unos cuantos años, no demasiados, y siempre que una buena coyuntura lo amparase. Pero hacerlo a lo largo de todos estos años, en buenas y malas coyunturas, equivalía a una quimera, imposible de soportar por ninguna clase de economía, incluso alguna de las más competitivas, y España está muy lejos de eso. Los políticos, y la propia sociedad española, siempre han sobreestimado, por razones interesadas, el potencial económico del país, lo que nos condenaba a endeudarnos de manera creciente.

CUADRO 4: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA

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El problema reviste extraordinaria gravedad, en parte porque condiciona la marcha de toda la economía, en parte porque no tiene visos de cambiar. Hay razones para sospechar que la Administración española va a seguir gastando más de lo que ingrese por sistema, pese a quien pese. Lo ha hecho en las malas coyunturas, durante la gran crisis, explicándolo por la caída de la recaudación y el aumento de los gastos en intereses de la Deuda y paro, y lo ha seguido haciendo en las buenas coyunturas, cuando un supuesto keynesianismo no lo justificaba de modo alguno (el ejemplo más reciente es del año pasado, 2015). Y lo ha hecho a pesar de todas las presiones que ha ejercido la Comisión Europea que ha tenido a bien conceder hasta cuatro prórrogas (la última hace escasos días) para cumplir los objetivos fijados pese a que no hay no hay garantía alguna de que esta vez se vayan a respetar. Y esto es así pese a que Bruselas obligó a crear una autoridad independiente, el AIReF, que ahora depende de la entidad a la que debe controlar, el Ministerio de Hacienda, lo que no deja de ser un ejemplo más acerca de qué forma entiende el Gobierno el respeto a una condición esencial para nuestro equilibrio y nuestro crecimiento.

Desde hace treinta años, desde que llegaron los socialistas al poder, la clase política ha vivido un espejismo: creer que el sector público podía crecer indefinidamente, y que sus problemas financieros se resolverían en el siguiente ciclo expansivo: repartimos hoy lo que vamos a producir mañana. Esta manera de pensar, que no obedece a ningún criterio teórico ni pensamiento ideológico sino a una forma de actuar castiza, nos ha llevado fatalmente a la situación en que nos encontramos actualmente, la de un país endeudado hasta las cejas, siguiendo una aproximación por etapas, de crisis en crisis, por las que el déficit y la deuda crecían cada vez más.

La primera crisis, la de 1974-1985, duró más de diez años y situó la Deuda en los aledaños del 40%. La segunda crisis, la de los años noventa, elevó esa Deuda al 66%, con un déficit máximo del 7,4%, 1993, y esta vez costó más de doce años en eliminar, a pesar de que por entonces el crecimiento económico sobrepasaba el 3% de media. También hubo que realizar los primeros retoques, eso sí superficiales, del sistema de pensiones. La tercera crisis, la de 2008, ha llevado el déficit al 11% (2011) y ha situado la Deuda por encima del 101%. Probablemente ha llegado para quedarse y la heredará la siguiente generación. Será nuestro principal legado.

CUADRO 5: DEFICIT Y DEUDA MAXIMA EN CADA CRISIS

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Haciendo honor a su vocación de equilibristas, los políticos han ido redoblando su apuesta, llevando lo más lejos posible déficit y deuda hasta agotar todo margen de maniobra de cara al futuro. Hoy por hoy, en un contexto incomparablemente peor que el de antaño, el ajuste sin reformas, a base de lo que se conoce como ganar tiempo, que es lo que pretende la clase política, parece imposible, tal como demuestra la evolución de los últimos Presupuestos. Esta vez, el ajuste será doloroso, sobre todo en el tema de las pensiones.

Perspectivas: ¿Más Impuestos o menos Gastos? El Estado español es incapaz de resolver el problema si no es con un incremento de los ingresos, porque no sabe recortar gastos y administrar el dinero de forma más eficiente. Pero el crecimiento futuro, además de ser mucho más débil, no va a proporcionar la riada de ingresos que proporcionó la burbuja inmobiliaria, y la presión fiscal no puede ser aumentada porque ha llegado y sobrepasado los límites de lo razonable. Pese a lo cual, a los nuevos partidos políticos tipo Podemos no se les ocurre otra cosa que proponer nuevas subidas de impuestos, lo que demuestra que de nuevos y modernos no tienen nada. Para eso ya estaban el PP y el PSOE, partidos típicamente socialdemócratas.

A pesar de que se trata de un problema que sólo tiene solución por la vía de la austeridad en el gasto, analicemos qué posibilidades hay de hacerlo por la vía de los impuestos, a pesar de su previsible fracaso. Del IRPF se tiene plena conciencia de que es abusivamente elevado, además de injusto, especialmente con los que menos ganan, que deberían estar exentos, al menos parcialmente, y sin embargo aportan la mayor parte de un impuesto que el Estado va haciendo más y más regresivo. En cuanto al IVA es evidente que constituye toda una agresión contra la capacidad adquisitiva de los españoles, y que una subida del mismo sería muy impopular.

Los políticos saben que tampoco pueden elevar otro impuesto igualmente confiscatorio como son las cotizaciones sociales, que no dan más de sí a pesar de que son las más altas de Europa, ocho puntos por encima de la media. No olvidemos que los españoles dedicamos a las cotizaciones sociales 102 días de trabajo al año.  Se trata de un auténtico impuesto sobre o contra el empleo, al que todos acusan de ser uno de los responsables de su destrucción y de las dificultades para crearlo, como se demuestra a cada paso, en buenas y malas coyunturas. La pirámide poblacional garantiza que el sistema de reparto se va a enfrentar a problemas insolubles, afirmación que no ofrece ninguna duda si se tiene en cuenta que su déficit de 2015 no ha sido inferior a un 1,5% del PIB, unos 17.000 millones de euros, muy parecido al de las Comunidades Autónomas. Déficit que no deja de crecer a pesar de que en los dos últimos años se han creado 1,3 millones de empleos.

CUADRO 6: SUPERÁVIT Y DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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La creación de nuevos empleos, al ser en su mayoría temporales y con bajos niveles salariales, apenas corrige la deriva negativa de la Seguridad Social. El sistema de pensiones se enfrenta a una situación kafkiana: si aumenta cotizaciones, destruye empleo y por tanto no consigue elevar la recaudación. De esta espiral sólo puede salir si el Estado rebaja las pensiones, cosa que no va a hacer porque se trata de un segmento electoral decisivo, o se hace cargo de ciertas prestaciones (viudedad, pensiones no contributivas), lo que reduciría sus márgenes de maniobra hasta extremos inverosímiles.

Hay que tener en cuenta que las dos principales partidas de gasto—pensiones y salud—van a seguir creciendo de forma imparable. Al alargarse la esperanza de vida, el consumo de prestaciones sanitarias aumenta exponencialmente y lo mismo ocurre con las pensiones. Si antes de 2020 no se toman medidas contundentes, y poco probables, el sistema está abocado a una crisis de enorme magnitud. Si bien existe una solución sencilla: como se trata de un sistema de reparto, como orgullosamente proclaman algunos, no habría más que dividir la recaudación por el número de beneficiarios para calcular las pensiones que nos corresponderían, naturalmente mucho más bajas que las actuales, así como el importe del copago sanitario que tendríamos que asumir.

Gasto público: para qué? Lo más grave de todo es que el monumental esfuerzo que han realizado los españoles apenas ha servido para cumplir los objetivos potenciales. En otros tiempos, se aducía que el Estado, por lo menos el español, tenía la obligación  de responder a tres grandes objetivos fundamentales

  • Proporcionar servicios
  • Equilibrar la renta regional
  • Estabilizar la economía

Por decirlo de alguna manera, estas han sido sus coartadas intelectuales para crecer.

En cuanto  al uso del Presupuesto desde un punto de vista cíclico, conviene recordar que el gasto público ha seguido creciendo en medio de las mayores crisis económicas que ha padecido este país, y no por razones de política económica sino por simple inercia. En las tres grandes crisis que hemos padecido (1977, 1992, 2008) se puede asegurar tajantemente que la política presupuestaria no sólo no ayudó a superar las mismas sino que las exageró hasta la exasperación, y fue directamente responsable de que esas crisis fueran más duras y más largas que las de los países de nuestro entorno. Gran parte de lo que ganábamos durante las fases de crecimiento lo perdíamos en las recesiones, agravando el característico modelo en dientes de sierra que ha caracterizado nuestro crecimiento.

En relación con el suministro de servicios públicos, la Administración española ha desarrollado un despliegue espectacular basado en una demanda creciente de todo tipo de servicios que la sociedad demandaba. Eso explica que en menos de cuarenta años, el número de empleados públicos se haya multiplicado por cinco. El problema es que ese aumento de plantillas ha venido acompañada de un descenso vertiginoso de su productividad. Todo el mundo asegura que los problemas existentes en Educación (baja calidad), Justicia (lentitud) o Sanidad (listas de espera) no se resuelven poniendo más gente o gastando más dinero sino gestionando mejor el personal y el presupuesto disponible.

Algo que nos recuerda que así funcionaban los países del socialismo real antes de que se derrumbaran: sin costes, sin precios, sin mercado, sin competencia. Únicamente atentos a conseguir el mayor volumen de recursos humanos e inputs materiales para compensar su absoluta falta de productividad. Un método de trabajo que se adapta como un guante al carácter del empleado público español, obligado a gastar su presupuesto todos los años, venga o no a cuento, y a tratar de aumentarlo sistemáticamente, un proceso que topa inevitablemente con las limitaciones que impone la economía real.

En relación al tercer apartado, el equilibrio regional, se pensó que la creación del Estado de las Autonomías podría ser la mejor manera de abordarlo, liberando la iniciativa local hasta ese momento supuestamente reprimida por un centralismo que no entendía de la naturaleza específica de los problemas locales y regionales. En la práctica, lejos de ser un factor de progreso ha resultado todo lo contrario, agravando los problemas derivados de un Estado lento, prolijo, inseguro y desigual. En lugar de crear una administración sobre nuevas bases, y de acortar las distancias entre administración y administrados, se ha reproducido el mismo esquema caduco. Y es que los funcionarios autonómicos quieren tener los mismos privilegios y los mismos métodos de gestión que caracterizan a la Administración Central. Puestos a copiar, han copiado lo peor.

Una de las mejores oportunidades que ha tenido este país de crear una administración de nueva planta ha sido malversado y dilapidado, agravando la falta de viabilidad económica de muchas autonomías y multiplicando hasta el paroxismo una burocracia dedicada a la captura de rentas y empleos públicos, con los mismos rasgos caciquiles y la misma inclinación clientelar de las burocracias originales. El Estado de las Autonomías ha servido para reinventar el caciquismo de siempre, un poder local dotado ahora de enormes recursos y un inmenso poder político.

A estas alturas es evidente que el estado de las autonomías en su actual forma es un error. De hecho, un sistema que debería haber servido para desarrollar las energías locales sólo ha servido para hacerlas más dependientes de lo que tenga a bien proporcionarles la Administración Central. Simplemente analizando sus tasas de paro es fácil llegar a la conclusión de que Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha, Valencia, etc, es decir, más de la mitad del territorio español, tienen un futuro muy dudoso.

Rajoy y Montoro, que estando en la oposición juraron y perjuraron que no financiarían estos déficits, han proporcionado en los últimos años no menos de 130.000 millones de supuestos créditos, que nunca serán devueltos, para que las regiones paguen sus facturas. Como se ha venido diciendo desde hace años, el Estado no es que haya dejado de gastar, lo que había dejado es de pagar.

La Administración Central, que en su día se atribuyó la tarea de conseguir el equilibrio regional, tiene que ver con aprensión cómo hoy es el día en que Extremadura tiene la mitad de renta per cápita de Madrid cuyo peso económico en el conjunto del Estado casi equivale al de toda Cataluña y triplica el del País Vasco.

Estado versus economía El país ha realizado un enorme esfuerzo para dotarse de un Estado moderno y funcional, dedicando a ese objetivo sus mejores recursos, casi siempre por encima del 40% del PIB, sin que haya obtenido unos resultados acordes con dicho esfuerzo. Para colmo ese despliegue ha sido tan rápido y falto de planificación que ha terminado por afectar al propio proceso de crecimiento económico. Estamos hablando de un aspecto de crucial importancia: el equilibrio que debe guardar en todo momento el potencial de la economía con el tamaño de la Administración y su estado de bienestar. Ese equilibrio no ha sido respetado en casi ningún momento de nuestra historia reciente. La crisis no ha hecho otra cosa que provocar un desequilibrio aún mayor. Una Deuda pública por encima del 100%, la mayor desde hace un siglo, va a condicionar nuestro futuro de manera duradera.

De este estado de hechos se deriva una realidad incontrovertible: España posee una de las peores administraciones de Europa. Que el mal gobierno no es una teoría ni un sesgo crítico injustificado sino que está basado en hechos reales y objetivos lo tenemos en los informes de las instituciones internacionales que periódicamente publican estudios comparativos sobre la calidad de los Gobiernos y en los que España siempre aparece en los últimos lugares de la lista, en compañía de países tan caracterizados como Italia, Portugal o Grecia. En relación con los mejores, generalmente del Norte de Europa, las distancias no han hecho sino aumentar. No es casualidad ni el resultado de una leyenda negra, o una conspiración antiespañola.

Todo parece apuntar en una misma dirección, a una de las piezas esenciales de nuestro ordenamiento: lo que peor funciona es el propio Estado, que en este momento y a la vista de las circunstancias debería estar llamado a liderar un proceso de reformas, cosa que no está haciendo. Independientemente del benévolo control que la Comisión Europea ejerce sobre el déficit español, la cuestión no deja de ser la que es para cualquiera que analice el tema con una mínima objetividad y espíritu crítico. Por ejemplo, Moody´s acaba de rebajar la perspectiva de la deuda española porque ha llegado a la conclusión de que las reformas estructurales o no se han desarrollado del todo, como la reforma laboral, o han sido irrelevantes, como la del Sistema de Pensiones. Otras ni siquiera se han planteado, como el control financiero de las Comunidades Autónomas. La OCDE sitúa sistemáticamente al Estado español en los últimos puestos en materia de seguridad jurídica y calidad de las  regulaciones, en una categoría similar a la de Italia o Grecia.

Cuando se analicen serenamente las causas del fracaso económico español, porque lo ocurrido representa un tremendo fracaso, se llegará a la conclusión de que una de sus razones fundamentales se ha debido a la mala calidad de la Administración y la Política, que en España son todo uno. Que un país que tenía tal potencial de crecimiento al llegar la democracia haya terminado por perder la mayor parte del mismo dice mucho de la capacidad del Estado español para esterilizar las muchas cualidades que este país tenía. No olvidemos que, como dicen Acemoglu y Robinson (Por qué fracasan los países), “son las instituciones las que determinan el devenir económico de un país”.

Diversos indicadores revelan que, a partir de los años noventa, coincidiendo con la segunda de las grandes crisis que nos han asolado (1992-1993), la voluntad reformista de la Administración se disolvió hasta casi desaparecer, salvo si se trataba de cambios formales y juridicistas, como las sucesivas reformas laborales que no cambian nada esencial. A partir de ese momento, el balance de la democracia se deterioró imparablemente. Nuestra renta per cápita sigue estando en torno al 80% de los países más avanzados, lo que quiere decir que la distancia respecto al núcleo central de Europa no se ha reducido en absoluto en los últimos cuarenta años. A pesar de haber recibido en ese período ingentes cantidades de fondos estructurales, grandes volúmenes de inversiones privadas y haber acumulado un fenomenal endeudamiento externo, la economía española no mejora relativamente en materia de productividad, complejidad e innovación porque las instituciones, que son el factor clave de la prosperidad y el crecimiento de un país, han acabado por asfixiar la iniciativa de los españoles y sus empresas.

El problema es que el país se ha habituado a estos hechos hasta el punto de que su opinión pública, o publicada, no reacciona ni sanciona. Todos los días parecen datos que revelan la mala gestión pública y los escándalos de corrupción que la misma lleva aparejados sin que, por parte de la sociedad, se haya producido ninguna reacción real a este estado de cosas, lo que viene explicado por la inexistencia de una verdadera opinión pública con capacidad de influir sobre la acción del Gobierno. La propia evolución del déficit público, y especialmente de la Deuda, pone de manifiesto que no hay capacidad para condicionar la marcha de los acontecimientos. La cultura política de los españoles está a medio hacer mientras que su capacidad para aguantar es prácticamente ilimitada. El único elemento real que modera la arbitrariedad del Gobierno es su propia incompetencia.

Pero la sociedad no está libre de culpas. Como dice el ministro de economía francés Emmanuel Macron, a las reformas se oponen también aquellos que son sus principales beneficiarios, y que no son otros que los que están dentro del sistema. En el tema de la reforma laboral, por ejemplo, aquellos que ya tienen empleo pretenden acorazarlo con más salario y más seguridad, a pesar de que la economía demanda insistentemente flexibilidad. Si hay un síntoma de que el mercado de trabajo no funciona es el hecho de que a pesar de las altas tasas de paro, los salarios no se reducen o siguen creciendo como si tal cosa. Como si una cosa no tuviera que ver con la otra. Como dice Macron “quienes están integrados en el sistema y tienen puestos a perpetuidad son los que dictan las normas y están interesados en que el sistema sea un coto cerrado porque son ellos quienes lo dirigen”.

Que este estado de hechos tiene una relación directa con el deterioro de la economía y la profundidad de las crisis no ofrece dudas. Bastará un ejemplo para demostrarlo: el funcionamiento, verdaderamente anormal, de las Cajas de Ahorro. La Ley de Cajas de 2002, que ahora es considerada un error monumental por sus propios autores, contribuyó a la colonización de las mismas por parte de partidos políticos y sindicatos, un hecho que está en el origen del mayor desastre financiero de la historia económica de España, provocada por unas entidades que carecían de mecanismos de control internos, estaban más que dispuestas a plegarse a los requerimientos del poder de turno, principalmente las Comunidades Autónomas que las utilizaron como bancos a su servicio, y finalmente carecieron de un efectivo control externo, que debería haber sido el Banco de España, cuya asombrosa lasitud en todo este proceso ha sumido  a la primera institución financiera del país en la vergüenza y el descrédito.

Lo paradójico de un sistema que tenía como objetivo una sociedad más estable, segura y solidaria es que ha conseguido justamente lo opuesto: la sociedad del sálvese quien pueda. Un mundo en el que impera una seguridad casi absoluta para unos, frente a una mayoría expuesta a la intemperie ante los vaivenes de la coyuntura. Mientras la Administración no ha padecido consecuencia alguna de su monumental fracaso económico–diez años de estancamiento y veinte de empleo—y ha mantenido la misma plantilla e igual trato privilegiado, la Banca se ha visto reducida de más de sesenta entidades a trece; la Industria ha perdido 900.000 empleos y más de 50.000 empresas; la Construcción ha pasado de construir 750.000 viviendas a menos de 100.000; y el mercado de trabajo sigue siendo más dual que antes. La brecha entre trabajadores temporales, que suponen un tercio de la masa laboral, y fijos, no ha hecho sino ampliarse.

El panorama sería menos negativo si tuviéramos una economía competitiva y puesta al día capaz de compensar la irremediable mediocridad del Estado. Pero la realidad es bien distinta. Desde 2008, las Exportaciones vascas, que siempre habían reaccionado positivamente en épocas de crisis, han evolucionado de manera muy discreta revelando la enorme pérdida de competitividad que se había producido desde 1998. A eso hay que añadir que nuestra capacidad para salir al exterior es estructuralmente muy limitada. El número de empresas exportadoras es pequeño y crece muy lentamente debido a la falta de dimensión de la mayor parte de las empresas en las que las pymes, especialmente las de menos de 50 trabajadores, tienen un peso desproporcionado. Además, exportamos básicamente a Europa y exportamos por precio. Nuestra economía se enfrenta  a un doble reto: cambiar la naturaleza de los productos que fabrica y diversificar sus mercados de destino, algo muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Todo ello explica que nuestras ventas al exterior crezcan muy lentamente.

Exportaciones España y País Vasco (2008-2015)

  ESPAÑA PAÍS VASCO  
Año Exportaciones Tasa de Variación Exportaciones Tasa de Variación País Vasco/España
2008 189.228 20.279 10,7%
2009 159.890 -15,5% 14.945 -26,3% 9,3%
2010 186.780 16,8% 17.875 19,6% 9,6%
2011 215.230 15,2% 20.488 14,6% 9,5%
2012 226.115 5,1% 20.971 2,4% 9,3%
2013 235.814 4,3% 20.631 -1,6% 8,7%
2014 240.582 2,0% 22.243 7,8% 9,2%
2015 259.241 7,8% 21.955 -1,3% 8,5%

*millones de euros * Fuente: INE

Resulta preocupante la evolución del País Vasco cuyas Exportaciones han crecido sólo un 8% en siete años (España 37%) lo que nos informa que el actual modelo de crecimiento, basado en tecnologías maduras y tradicionales, ha dado de sí todo lo que podía. Un número considerable de empresas vascas han demostrado que su capacidad para ponerse al día en el terreno tecnológico es limitada. Aquello que dábamos por supuesto, sobre todo en el seno de una crisis de semejantes proporciones, como desarrollar nuevos productos, competir de igual a igual en los mercados internacionales y aumentar su presencia estable en los mismos, ha resultado mucho más difícil de lo que pensábamos.

Un informe reciente (Orkestra) ponía de manifiesto el desfase entre las ayudas públicas a la innovación y sus resultados en forma de patentes y nuevos productos. La impermeabilidad de muchas empresas vascas, tan faltas de dimensión como sus homólogas españolas, a las nuevas formas de hacer, al uso sistemático de las tecnologías de la información, ha resultado ser mayor de la prevista. Seguimos siendo especialistas en productos intermedios o procesos parciales, y carecemos de productos finales. Como dice Mikel Navarro, “si no cambiamos nuestra inserción en las cadenas globales de valor lo vamos a pasar muy mal”.

Todo indica que tenemos una economía poco competitiva con un serio problema de crecimiento a largo plazo. Volveremos a crecer, sí, pero no lo haremos como antes.

Un problema político Normalmente se analizan los problemas económicos desde la perspectiva exclusiva de la política económica: tipos de interés, precios, déficit público, etc. Sin embargo, debemos ser conscientes que todos los problemas planteados—reforma laboral, déficit público, pensiones—son problemas esencialmente políticos, producto de un forma de hacer que intenta retrasar por todos los medios el momento de la verdad, ese en el que hay que confesar a los ciudadanos que, sin reformas, el sistema no da más de sí.

Como mínimo, habría que reformar el estado de las autonomías, modificar la financiación del sistema de pensiones, y ajustar el tamaño de ese Estado a las dimensiones reales de una economía que ha puesto de manifiesto sus auténticas limitaciones. Es dudoso que se haga algo así y es imposible que se haga a tiempo.

Podemos asegurar que dadas las limitaciones de nuestro aparato económico, España no puede sostener un gasto público de más del 40% del PIB. La experiencia nos dice que rebasar ese techo es incompatible con el crecimiento y la estabilidad. La primera consecuencia de no haberlo respetado es muy obvia: la Deuda Pública ha crecido  por encima del billón de euros, lo que tendrá consecuencias para nuestro futuro de enorme entidad.

El problema es que los españoles no entienden o no quieren entender de prioridades, esas que tienen su origen en la escasez, obligan a elegir y tienen la forma de incompatibilidades Por ejemplo,

  • pasar de 600.000 funcionarios (1976) a tres millones (2007) y pagarles una media de un 50% más que el sector privado es incompatible con un país que tiene una crisis económica cada quince años
  • pasar de poco más de un millón de jubilados (años setenta) a casi diez millones es incompatible con un cálculo de las pensiones que las sitúa en el nivel más alto de la OCDE (alrededor de un 80% del último sueldo)
  • subir los costes laborales cuarenta puntos más que la productividad en sólo diez años, como se hizo entre 1998 y 2007, es incompatible con el pleno empleo, puesto que somos un país cuya asimilación de nueva tecnología es limitada y cuya productividad crece muy lentamente
  • el actual gasto sanitario, en gran parte gratuito, es incompatible con un país que envejece a tal velocidad (edad media: España 43 años, Europa 35 años, Mundo 29 años)

En el contexto de una economía que crece mucho menos que antes, el estado de bienestar se vuelve incapaz de cumplir con compromisos adquiridos en épocas más felices. Seguramente para no reconocer esta inviabilidad, el Estado se ha dedicado a ganar tiempo explorando todas las posibilidades de elevar la Deuda pública y la presión fiscal, a costa de sacrificar la estabilidad y deprimir la actividad económica. Lo malo del caso es que este hecho es irreparable y no tiene solución, por lo menos a medio plazo. Hemos creado un monstruo y lo hemos dejado crecer hasta convertirlo en el agente social y económico por excelencia, en detrimento de la iniciativa y autonomía de una sociedad civil que se ha acomodado perfectamente ya que en España no existe tradición de nada que no dependa directa o indirectamente del poder, sea este el que sea. Es triste tener que reconocer que la democracia ha creado un estado clientelar y una sociedad dependiente que se necesitan mutuamente. La tradición ha sobrevolado el cambio de régimen y ha alcanzado, al amparo de la confusión entre política y administración, una dimensión fundamentalista: fuera del ámbito público no hay vida posible.

Sobre unas bases tan frágiles, las propias de una economía de desarrollo tardío, desde la Transición, las fuerzas políticas, dominadas casi totalmente por funcionarios, han creado, como dice Manuel Arroyo,  “un Estado inviable, carísimo y muy corrupto”. La contradicción entre una economía frágil y un Estado inviable nos ha llevado al desastre y va a ser fuente de problemas permanente.

Así que, o reformamos la economía para que crezca más, o reformamos el Estado para que cueste menos, o hacemos las dos cosas a la vez.

COYUNTURA ECONÓMICA. Primer trimestre 2016

  • La economía española ha crecido el pasado año un 3,2%, una tasa excepcional que no se había alcanzado desde 2007. Mientras, la economía vasca creció un poco menos, un 2,8%, debido al pobre comportamiento de las Exportaciones. Este es el único dato negativo procedente del exterior porque todos los demás han sido positivos, como la devaluación del euro, la caída del precio del petróleo, y el formidable impulso financiero transmitido por el BCE que ha permitido rebajar la prima de riesgo y animar moderadamente el crédito. Tan sólo la bajada del precio del crudo aportó entre cinco y ocho décimas de crecimiento y supuso un ahorro de más de 10.000 millones de euros. A todo ello debemos añadir la aportación extra que supuso un Presupuesto cerrado con 50.000 millones más de gastos que de ingresos. Pero en cuanto hemos vuelto a crecer, la aportación exterior ha pasado a ser negativa y la productividad se ha estancado porque no hemos cambiado para nada el modelo de crecimiento que nos llevó a la crisis.
  • Se trata de una coyuntura llena de incertidumbres que se sostiene gracias a un conjunto de circunstancias absolutamente artificiales. Lo único que condiciona la política económica española es la suave pero persistente presión de Bruselas para que el Estado reduzca un déficit público cuyo calendario, después de tres prórrogas, incumple año tras año. Tarea enormemente difícil, como ya advirtió en su día el FMI, debido al crecimiento descontrolado del gasto público durante los años de la burbuja inmobiliaria, una tendencia que no se corrigió en absoluto durante la crisis y que deja un legado de masivo endeudamiento que va a pesar sobre las próximas generaciones.
  • Poco a poco, la situación se va normalizando gracias a Bruselas y el BCE. Lo que ocurre es que el punto de partida es tremendamente negativo. El paro ha bajado al 20% pero sólo se crea empleo temporal y de baja calidad porque la confianza de los empresarios sigue estando bajo mínimos. La crisis bancaria va a exigir nuevas fusiones y absorciones porque la morosidad se mantiene tercamente por encima del 10%, el margen financiero es muy bajo y los activos improductivos son enormes. El endeudamiento de familias y empresas va remitiendo pero sigue siendo muy alto, lo que explica la debilidad del crédito. Eso quiere decir que sólo saldremos del pozo si las circunstancias exteriores ayudan y que cualquier recesión que asome por el horizonte, como es el caso, nos va encontrar con los deberes hechos a medias.

1. La coyuntura española ha encontrado en las dificultades de la economía mundial, y más específicamente de la zona euro, un filón. No solo gestiona su endeudamiento a precios irrisorios, lo que es esencial para un país con un enorme pasivo, sino que se ve tratada con considerable dulzura por parte del BCE en aquel apartado que es su debilidad recurrente: el déficit público. Se trata, sin duda, de una tutela muy especial como demuestra el hecho de que estando muy endeudados, los tipos de interés han seguido bajando, lo que constituye un regalo sin contrapartidas del que ha disfrutado el Gobierno anterior y que puede disfrutar el nuevo si no comete más tonterías de las necesarias.

Decimos que no hay contrapartidas porque, como reconoce a su pesar la Comisión Europea, el proceso de reformas se paralizó hace dos años y el déficit público sigue incumpliendo reiteradamente sus compromisos, y eso que España ha conseguido tres prórrogas pese a lo cual no ha respetado en ningún ejercicio los nuevos calendarios. Pero la Comisión Europea, a pesar de las ganas que le tiene al Gobierno español, se tienta la ropa en una coyuntura tan delicada como la actual—una salida de la crisis de lo más dubitativa—y trata por todos los medios de no abrir un nuevo frente en el Sur de Europa que haga tambalear la escasa confianza que impera en Europa y en el euro, del que nadie duda a estas alturas que fue un error monumental.

Un ejemplo de lo que decimos lo tenemos en el trato exquisito que la Comisión ha dedicado a Portugal cuyo último presupuesto ha sido confeccionado por una coalición de izquierdas que ganó las elecciones con el abierto propósito de acabar con las políticas de austeridad y los recortes, y que lo primero que ha hecho, como es lógico, es subir los sueldos a los funcionarios. Si antes ya era muy complicado ajustar las previsiones presupuestarias ahora es casi imposible pese a lo cual la Comisión  se ha limitado a pedir “nuevos esfuerzos” al Gobierno portugués y prometer un seguimiento, imaginamos que muy próximo, de un gasto público que con toda seguridad se va a desviar de lo previsto.

Al amparo de esta coyuntura tan curiosa, nuestros males parecen menos males (mal de muchos, consuelo de tontos) y hasta nuestro endeudamiento parece menos amenazante. Por ejemplo, la deuda de los hogares se ha reducido en 27 puntos y aunque está once por encima de la media europea es similar a la de EE UU y más baja que la del Reino Unido. La deuda de las sociedades no financieras (empresas) sólo representa 4,7 veces el excedente bruto de explotación (llegó a ser de 6,5 veces en 2007). Lo que crece imparablemente es la deuda pública que ha acabado el año por encima del billón de euros, casi el 100% del PIB, y cuya reducción se antoja enormemente complicada. Desde 2007 se ha incrementado en casi 700.000 millones. No constituye un problema inmediato dado que las políticas del BCE han abaratado la prima de riesgo hasta extremos inverosímiles pero no deja de ser una espada de Damocles que pende sobre nuestro futuro. El Gobierno español, con su típica miopía para el largo plazo, se felicita a sí mismo por el hecho de que los intereses se hayan estabilizado en torno a los 30.000 millones, pese a lo cual el déficit se ha situado en torno al 5% del PIB.

Debemos ser conscientes, sobre todo ahora que la economía mundial se está desacelerando (crecerá no más de un 2%, lo que es muy poco), de que tener semejantes niveles de deuda nos ha convertido en un país vulnerable, susceptible de sufrir convulsiones tan pronto como las experimente la economía mundial y mucho más agudas que las del resto. La afición de Rajoy a no hacer nada nos va a salir muy cara.

2. Mientras tanto asoma por el horizonte una réplica, la enésima, del seísmo anterior. El reajuste chino ha provocado enormes crisis en los países emergentes productores de materias primas, de petróleo sobre todo. La inmensa marea de liquidez generada por las políticas de los bancos centrales, y que sabíamos que antes o después generaría nuevas burbujas, se ha retirado de esos mercados agravando el panorama y provocando caídas en las Bolsas. Europa va a ser una de las regiones más afectadas dado que sus expectativas son dudosas, su potencial de crecimiento limitado, los desequilibrios fiscales considerables, y sigue sin resolver alguno de sus problemas fundamentales, como es el caso del saneamiento bancario. Por encima de todo carece de una condición esencial para afrontar los problemas: confianza. Además, la falta de entendimiento entre el Norte y el Sur agrava su conocida falta de liderazgo.

En cuanto a España, los problemas internacionales seguramente ralentizarán un crecimiento que, en cualquier caso, no iba a durar mucho tiempo a tales ritmos. A las economías débiles como la nuestra los problemas ajenos les afectan de manera particular ya que bloquean la salida clásica de la crisis vía exportaciones. Resultan particularmente preocupantes los malos resultados que en este terreno está obteniendo la economía vasca cuyas ventas al exterior retrocedieron el año pasado un 2,4%, sin ni siquiera esperar a que la nueva crisis asomara por el horizonte. Algo grave debe de estar haber sucediendo con la competitividad de la industria vasca. Además, su escasa dimensión le impide abordar mercados distintos de los europeos, a donde se dirige el 64% de sus ventas, lo que nos deja sin salidas en situaciones como las actuales. Desde 2008, es decir, a lo largo de siete largos años, las exportaciones vascas sólo han crecido un 8%. Un dato tan preocupante como para disolver todo tipo de optimismo institucional. Algo no anda. Una parte del tejido industrial, el de la pequeña y mediana empresa, parece estar desintegrándose.

3. Si habiendo crecido nuestro PIB más de un 3%, algo que no se daba desde hacía diez años, y creado más de 600.000 empleos, con una prima de riesgo casi simbólica, el Presupuesto se salda con un déficit de más de 50.000 millones de euros (dando por buenas las liquidaciones de las Comunidades Autónomas lo que exige grandes niveles de credulidad), está claro que tenemos un problema estructural.

Un problema que podría tener solución por la vía de los gastos, cosa que no se quiere hacer de ninguna de las maneras, pero que no la tiene por la vía de los impuestos dada su previsible evolución. Del IRPF se tiene plena conciencia de que es abusivamente elevado, además de injusto, especialmente con los que menos ganan, que deberían estar exentos, al menos parcialmente, y sin embargo aportan la mayor parte de un impuesto que el Estado va haciendo más y más regresivo al no actualizar los mínimos exentos. Los políticos saben que tampoco pueden elevar otro impuesto igualmente confiscatorio como son las cotizaciones sociales, una tasa sobre o contra el empleo al que todos acusan de ser uno de los responsables de su destrucción y de las dificultades para crearlo, como se demuestra a cada paso, en buenas y malas coyunturas. Y tras las últimas subidas, el IVA constituye toda una agresión contra la capacidad adquisitiva de los españoles. Por cierto, a los nuevos partidos políticos tipo Podemos no se les ocurre otra cosa que pretender subir los impuestos, lo que demuestra que de nuevos y modernos no tienen nada. Para eso ya estaba el PP.

La mayor parte de los economistas españoles que no trabaja para la Administración, y algunos de los que sí trabajan en ella, llevan años clamando por una bajada de impuestos por lo que una subida de los mismos parece imposible. La creación de nuevos empleos, al ser en su mayoría temporales y con bajos niveles salariales (que es lo que ha provocado la falsa sensación de que se está produciendo una devaluación salarial), apenas corrige la deriva negativa de la Seguridad Social cuyo déficit anual ha rebasado los 17.000 millones de euros. El sistema de pensiones se enfrenta a una situación kafkiana: si aumenta cotizaciones, destruye empleo y por tanto no consigue elevar la recaudación. Se trata de una espiral de la que sólo puede salir si el Estado rebaja las pensiones, cosa que no va a hacer porque se trata de un segmento electoral decisivo, o se hace cargo de ciertas prestaciones (viudedad, pensiones no contributivas) lo que reduciría sus márgenes de maniobra hasta extremos inverosímiles.

Desde hace treinta años, desde que llegaron los socialistas al poder, la clase política ha vivido un espejismo: creer que el sector público podía crecer indefinidamente, y que sus problemas financieros se resolverían en el siguiente ciclo expansivo: repartimos hoy lo que vamos a producir mañana. Algo que empezó a resultar de lo más dudoso a partir de los años 90 cuando costó más de doce años, con un crecimiento económico de más del 3% de media, acabar con un déficit del 7,5%. También hubo que realizar los primeros retoques, eso sí superficiales, del sistema de pensiones. Ahora, en un contexto incomparablemente peor, el ajuste sin reformas, a base de lo que se conoce como ganar tiempo, que es lo que pretende la clase política, parece imposible. Y la liquidación de los últimos Presupuestos lo demuestra fehacientemente.

Hay que tener en cuenta que las dos principales partidas de gasto—pensiones y salud–van a seguir creciendo de forma imparable. Al alargarse la esperanza de vida, el consumo de prestaciones sanitarias aumenta exponencialmente y lo mismo ocurre con las pensiones. Si antes de 2020 no se toman medidas contundentes, y poco probables, el sistema está abocado a una crisis de enorme magnitud si bien tiene una solución sencilla: como se trata de un sistema de reparto, como orgullosamente proclaman algunos, no habría más que dividir la recaudación por el número de beneficiarios para calcular las pensiones que nos corresponderían, naturalmente mucho más bajas que las actuales, y el importe del copago sanitario que tendríamos que asumir. Sencillo.

Independientemente del benévolo control que la Comisión Europea ejerce sobre el déficit español, la cuestión no deja de ser la que es para cualquiera que analice el tema con una mínima objetividad y espíritu crítico. Por ejemplo, Moody´s acaba de rebajar la perspectiva de la deuda española porque ha llegado a la conclusión de que las reformas estructurales o no se han desarrollado del todo, como la reforma laboral y el saneamiento bancario, o han cosechado un fracaso evidente, como la de la Seguridad Social. Otras ni siquiera se han planteado, como el control de las Comunidades Autónomas. En estas y otras cuestiones sólo se engaña  el que quiere ser engañado, casi siempre un político profesional y a veces el Banco de España. La manera en que tan alta institución cambió o suavizó la negativa opinión de sus propios inspectores sobre la situación de Bankia permitió que un montón de incautos suscribieran sus acciones. Con el tiempo, se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el Estado español manejó la crisis, empezando por la bancaria: con una falta de responsabilidad absoluta.

4. El otro frente vulnerable es el de la Banca. Los resultados del pasado año, aun habiendo aumentado un 8%, han puesto de manifiesto los límites del negocio de intermediación financiera. El sector ganó unos 11.000 millones de euros (dando por buenos sus propios datos) cuando antes de la crisis llegaba cómodamente a los 18.000 millones. Unos tipos de interés casi simbólicos hacen que el margen financiero sea muy pequeño, y el exceso de endeudamiento impide que el crédito crezca sustancialmente. Casi todos los bancos salvan los ejercicios por la vía de ingresos atípicos, vendiendo participaciones e inmuebles, porque son incapaces de ganar dinero con lo que se conoce como negocio recurrente.

A la banca no le queda otro camino que recortar gastos despidiendo personal y cerrando oficinas. A los 70.000 despidos ya realizados podrían añadirse otros 15.000, y a las 15.000 oficinas ya cerradas se les pueden añadir otras 3.000, bien por la vía individual, bien abordando nuevas fusiones y absorciones que muchos expertos consideran inevitables. Al fin y al cabo, seguimos siendo el país con más oficinas bancarias de Europa. Al final, no van a quedar más allá de una media docena de entidades de gran magnitud (ahora son quince), lo que sería la más positiva aportación de la crisis: la reestructuración de un sistema financiero antes sobredimensionado y ahora adelgazado. Eso y la internacionalización de por lo menos las dos entidades más potentes, Santander y BBVA, cuyas filiales exteriores han generado un importante volumen de resultados que ha permitido aguantar a las centrales, por lo menos hasta que Brasil y Turquía entraron en crisis.

Por si fuera poco, el sector está obligado a aumentar sus recursos propios en un momento en que salir a Bolsa y ampliar capital es muy complicado. Y es que la rentabilidad sobre capital no pasa del 5%, en el mejor de los casos, y los inversores, conscientes de que la banca de hoy en día es un negocio de alto riesgo, demandan el doble, un 10%, una rentabilidad que la banca española no es capaz de alcanzar ni en sueños. El año pasado las acciones de la banca cayeron un 27% sobre los ya muy bajos niveles existentes, lo que sitúa su cotización por debajo de su valor en libros por lo que la posibilidad de que algún banco sea objeto de una OPA hostil tiene a muchos sin dormir. Una acción del Popular vale poco más de dos euros lo que tiene su lógica si se tiene en cuenta que su rentabilidad sobre recursos propios fue el año pasado del 0,83%. Mientras, el Santander solo gana 980 millones en España, sobre un total de 6.000 millones, y el BBVA gana menos en España que en México. Y eso que no introducimos en la ecuación la existencia de unos eufemísticamente llamados activos improductivos, unos 225.000 millones de morosos y activos inmobiliarios de dudoso valor. Igual es eso lo que evita la citada OPA.

¿Quién nos iba a decir hace unos años que la banca se convertiría en uno de los negocios menos atractivos que existen, tanto desde el punto de la rentabilidad como de la seguridad? Una ruina, por mucho mármol que tengan.

5. Si hasta el sistema financiero, que creíamos el más sólido del mundo, ha tenido que afrontar semejante prueba, si las empresas se han visto afectadas hasta el punto de desaparecer o reconvertirse, si las familias han tenido que soportar un tremendo castigo como es la pérdida de sus empleos, en muchos casos acompañadas de desahucios, resulta verdaderamente escandaloso el comportamiento del sector público, cuyo objetivo durante la crisis no ha sido otro que minimizar cualquier impacto negativo sobre su organización y sus privilegiados empleados públicos, que siguen como si nada en sus tres millones, (en el País Vasco han aumentado y ya son 139.000), sin pérdida alguna de sus condiciones de trabajo (horarios, retribuciones). El gasto corriente no ha sido objeto de la menor revisión y el personal excedentario es enorme. La reforma de la Administración, una organización que vive encerrada en su burbuja, se sigue demorando sine díe. La semana de 35 horas que acaba de aprobar un Gobierno Vasco autista en beneficio de quienes no han soportado la crisis, no va a aplacar a los liberados de la función pública, pagados con nuestros impuestos, que ya anuncian nuevas movilizaciones en defensa de más reivindicaciones.

Mientras, la mayor parte de las empresas vascas siguen perdiendo dinero y sólo pueden ofrecer contratos temporales mal pagados. Asistimos a una oleada, que se veía venir desde hace años, de empresas que se deslocalizan o son absorbidas, y cuyos centros de decisión se trasladan a otros lugares. Ahora nos damos cuenta de que las inversiones en I+D siguen sin dar resultados prácticos, de que el tamaño de las empresas es demasiado pequeño, y de que carecemos de empresas tractoras con productos finales por lo que somos un candidato natural a pasarlo mal (véase informe Orkestra). Entretanto, un Gobierno que habla del derecho a decidir no es capaz de desmarcarse del marco fiscal que impone Madrid para ofrecer uno más apropiado a nuestros problemas, los de un país todavía industrial (¿por cuánto tiempo?) pero poco competitivo y con un futuro sumamente complicado. Entre otras cuestiones por razones fiscales. ¿Autonomía para qué?