- La economía española, impulsada por un consumo demorado durante largo tiempo, se recupera con rapidez, incluso en mayor medida que el resto de economías europeas. La razón de ello radica en que también se derrumbó a mayor profundidad que el resto, demostrando su ya conocida vulnerabilidad a cualquier shock externo, en este caso con más razón dado que la pandemia ha afectado directamente a la actividad turística. Lo mismo sucedió en la crisis anterior con la Construcción, que había llegado a tener una participación similar en el PIB, en torno al 14%.
- Como consecuencia de la quinta ola de contagios, el turismo crecerá menos de lo previsto por lo que la estimación de crecimiento para este año, un 6%, podría ser revisada a la baja. En cualquier caso, hasta 2023 no se recuperará el nivel de actividad de 2019 lo que supone la pérdida de tres ejercicios completos en términos de crecimiento. Ello no impide que el Gobierno contemple el futuro con el mayor optimismo, como demuestran sus decisiones sobre pensiones y salarios.
- La realidad es que, antes o después, España deberá abordar una vuelta a la realidad que se antoja complicada. Habiendo padecido en sólo dos años un Déficit de unos 230.000 millones, lo que ha situado la Deuda Pública en torno al 125% del PIB, la consolidación fiscal, que inevitablemente ha de producirse, se avizora extraordinariamente complicada ante la práctica imposibilidad de reducir gastos y una muy dudosa capacidad para generar ingresos. Nuestra economía ha sufrido con la suma de las dos últimas crisis, una contracción de enormes dimensiones, proceso coincidente en el tiempo con un incremento de las demandas sociales de todo tipo. El equilibrio entre recursos y necesidades brilla por su ausencia, y ni los políticos ni los ciudadanos son conscientes de los problemas que ello acarreará en el futuro.
1. Como era de suponer, la recuperación económica avanza con rapidez en la medida en que remiten los efectos perturbadores que determinaron una recesión abismal de la actividad en 2020, no menos del 11% del PIB, y eso que la pandemia está lejos de haber sido superada, a pesar del rápido proceso de vacunación iniciado en el segundo trimestre tras haber perdido el primero por culpa de la deficiente gestión de la Unión Europea, lo que está en el origen del anunciado fracaso de una temporada turística de la que se esperaba mucho más. Pero el hecho de que la inmunidad de rebaño sea más difícil de alcanzar, unida a la confiada respuesta social de una población harta de confinamientos y toques de queda, complica considerablemente el panorama. Prácticamente, todos los grandes países europeos (Francia, Alemania y sobre todo el Reino Unido) han recomendado no viajar a España, con lo que se desvanece la esperanza de alcanzar los 40 millones de visitantes en 2021, la mitad de los de 2019.
¿En qué se basa, pues, la recuperación? Esencialmente en el consumo de las familias deseosas de emplear el ahorro acumulado en la compra de bienes de consumo duradero, además de afrontar las subidas de los precios de los combustibles y la electricidad. Incluso la Construcción ha experimentado un resurgimiento, y la venta de pisos y sus precios han sufrido un aumento significativo, en parte justificado por los tipos de interés más bajos de la historia.
A pesar de la pandemia, se ha creado un clima de confianza derivado del hecho de que el empleo ha vuelto a los niveles de 2019, los salarios han crecido por encima de la inflación, lo mismo que las pensiones, y el gasto público no da muestras de retroceder, trasmitiendo el optimismo político de un Gobierno que ha sobrevivido a una situación económica extrema y a las escasas expectativas de continuidad de un pacto PSOE-Podemos contra natura. El efecto rebote y sus dos herramientas fundamentales (tipos de interés y gasto público) parece que lo arreglan todo, al menos temporalmente.
2. Después de recibir los primeros 9.000 millones, de los planes de recuperación europeos, el sólo hecho de que la Comisión Europea no haya manifestado reservas a la ausencia de reformas en materias tan delicadas como el mercado de trabajo y las pensiones, abre un horizonte de optimismo aunque los efectos positivos de dichos fondos sólo se manifestarán en el mejor de los casos a partir de 2022. Efectos que serán mucho más palpables en el plano del gasto público que en materia de transformación empresarial. El problema es que no se trata de gastar por gastar sino de gastar inteligentemente para mejorar nuestro potencial de crecimiento y hacer frente al pago de la Deuda.
Aunque es dudoso que en 2021 se consiga el crecimiento esperado, del orden del 6%, es posible que se alcance un porcentaje similar en 2022, gracias a los fondos europeos y a una recuperación de la inversión empresarial que no se ha dado todavía. Las empresas siguen sin fiarse de un Gobierno que, en circunstancias extremas, sigue gastando sin límite, se niega a reformar nada que pueda ser impopular, o aumenta los salarios sin causa que lo justifique: el buen comportamiento del empleo, que ha vuelto a los niveles de 2019, implica una caída de la productividad brutal, imposible de disimular.
Las grandes dudas sobre nuestro futuro proceden de nuestra capacidad para afrontar los problemas que limitan el potencial de crecimiento económico, problemas derivados de una sociedad envejecida, de un fracaso educativo considerable, que no ha preparado un recambio generacional, y de las sucesivas crisis económicas que tienen su expresión más evidente en la monumental Deuda acumulada, tanto pública como privada. Nos hemos convertido en uno de los países más vulnerables ante un probable cambio de tendencia en las políticas de compra de deuda de la Reserva Federal y el BCE, muy expuesto a las presiones del Norte de Europa, lo que anuncia una política monetaria más restrictiva. España no va a tener más remedio que proponer un programa de consolidación fiscal que se antoja extraordinariamente difícil de implementar.
La economía española sale de las dos mayores crisis de su historia, 2008 y 2019, terriblemente debilitada y profundamente desequilibrada. Consignemos el hecho de que desde 2008, la economía española ha crecido muy poco en términos reales, y sin embargo, el Gasto Público ha crecido un 27% (las Pensiones un 48%), lo que ha empujado el Gasto Público hasta el 51% del PIB, por lo que supera a toda la economía privada, lo que es algo insostenible. La Deuda Pública ha pasado de un 36% del PIB a un 125% reflejando un desequilibrio entre recursos y necesidades de muy difícil corrección, sobre todo si se tiene en cuenta la fragilidad de nuestro tejido empresarial.
3. Un tejido empresarial formado en su mayor parte por empresas pequeñas o muy pequeñas, lo que plantea serias dificultades a la hora de desarrollar tecnología o salir a los mercados mundiales. Además, como demuestran los informes más recientes, sufre de una debilidad aguda en el plano financiero. Si el informe del Banco de España, citado en el Informe de Coyuntura del trimestre pasado, se aproxima a la realidad, España tiene demasiadas empresas sostenidas de manera artificial.
El Banco de España calcula que entre un 6% y un 10% de las empresas están abocadas al cierre porque, además de no poder hacer frente a sus obligaciones, tampoco serán rentables en próximos años. Otro grupo de empresas, entre un 15 y un 20%, son catalogadas de insolventes porque sus resultados positivos no les permitirán afrontar sus deudas. Estamos hablando de, al menos, una cuarta parte de las empresas del país, lo que apunta a una futura cascada de insolvencias, y anticipa la existencia de graves problemas para el sistema bancario.
Los datos citados implican que la recuperación que la economía española experimentará este año y el siguiente no resolverá los problemas de solvencia existentes, lo que significa que el tejido empresarial, demasiado pequeño para las necesidades del país, sobre todo desde el punto de vista industrial, se contraerá aún más en próximos años. Una metáfora acerca de cómo será la salida de la crisis empresarial apunta a una recuperación en forma de K, con un grupo mayoritario de empresas solventes, pero muy a la defensiva, y un grupo minoritario de empresas, pero no inferior a una cuarta parte del total, como candidatos naturales a desaparecer si no reciben ayudas extraordinarias por parte de la Administración, que hasta ahora ha sido muy renuente a darlas (salvo las líneas de crédito avaladas por el ICO), o de los fondos europeos, que para este tipo de empresas son inalcanzables, dado que carecen de capacidad para elaborar proyectos técnicamente viables, o del personal cualificado para ponerlos en práctica.
La selección que la pandemia no ha hecho, porque no se le ha dejado hacer, se hará a partir de 2022, con la salida de la crisis, que será sin duda muy problemática.
4. Estas valoraciones apenas han tenido reflejo en las actitudes de la población ni en las decisiones del Gobierno, que en buena parte son una derivada de aquellas. El ejemplo más evidente es la no reforma del sistema de pensiones cuyo déficit es aterrador y que el Gobierno no se ha atrevido a afrontar. Es el caso más acuciante de la insostenibilidad de una parte decisiva del estado de bienestar, convertido en un agujero monumental (en muy pocos años ha acumulado una deuda no inferior a los 92.000 millones), capaz de arrastrar consigo a las finanzas de un Estado que sigue demorando el momento de la verdad.
Si no fuera porque conocemos a nuestros políticos, las líneas maestras de la supuesta reforma serían incomprensibles. No se ha alargado el período de calculo de la pensión (una cuestión vital), ni castigado suficientemente la jubilación anticipada, ni tenido en cuenta el alargamiento de la esperanza de vida. Para colmo, se vuelve a indiciar las pensiones con el IPC. Todo el mundo se plantea la pregunta obvia: ¿cómo se piensa pagar la factura?. Seguramente, con más impuestos y cotizaciones sociales, aun sabiendo que serán insuficientes y contraproducentes. El problema no tiene solución posible por la vía de los Ingresos. Una reforma realista tendría necesariamente que actuar por la vía del cálculo de las Pensiones, a través de una rebaja del índice de sustitución de no menos de 20 puntos, del 80% actual a no más del 60%. Pero, ¿quién le pone el cascabel a ese gato?.
Como los políticos españoles son incapaces de tomar medidas impopulares, y la reforma de las pensiones sin duda lo es, dejan que el problema se pudra hasta que los ciudadanos finalmente lleguen por sí mismos a la conclusión de que no hay más remedio que hacer lo inevitable: recortar la excesiva generosidad del sistema. Este procedimiento tiene un grave inconveniente: es muy lento y permite que el problema adquiera una dimensión amenazante.
Desde la transición la economía española no ha parado de sufrir problemas de una gravedad creciente hasta convertirse en un sistema disfuncional, que sobrevive a duras penas gracias a las ayudas de la Unión Europea y al soporte excepcional del BCE. A esta situación se ha llegado por la confluencia de los dos peores enemigos de un modelo económico sostenible. Por un lado, la pérdida de sentido de la realidad que padecen los españoles, acostumbrados a disponer de un bienestar que no les corresponde, e incapaces de entender que no tienen una economía a la altura de sus crecientes necesidades. Los españoles parecen creer que sus demandas salariales y de bienestar son independientes de la calidad de la economía que las financia.
El otro problema es la ausencia de reformas económicas, incluso de las más urgentes, achacable a unos políticos cuya única preocupación es la de ser reelegidos, y que huyen como de la peste de todo lo que pueda amenazar dicho objetivo.
No hay economía viable y sostenible sin instituciones políticas que se preocupen de reformarla paulatinamente. Los políticos españoles, además de no hacer nada de eso, se comportan como si la economía fuera una Intendencia a la que pueden exprimir todo lo que quieran.
Amanece que no es poco 