INFORME DE COYUNTURA. Primer trimestre 2017

  • Todos los ciclos de la economía española se parecen entre sí, como no podía ser de otra manera dado que sus techos estructurales son los mismos desde hace tiempo: más inflación que la media, una competitividad siempre amenazada y una balanza de pagos que proporciona sustos periódicos. A partir de 2015, después de casi ocho años de crisis, hemos vuelto a crecer pero la inflación también ha vuelto aunque esta vez la causa principal sea la subida del petróleo y los alimentos frescos. Si los salarios empiezan a subir con la inflación, como suele ser la norma, el ciclo se acortará, el crecimiento caerá y la desigualdad aumentará. La duración del ciclo y su dinamismo dependerá también de una tercera variable: los tipos de interés, que pueden empezar a subir a partir del próximo otoño.
  • En condiciones normales, España no es capaz de mantener ritmos de crecimiento del 3% durante mucho tiempo, y si lo ha hecho hasta ahora es porque los vientos soplaban de cola: fundamentalmente petróleo y prima de riesgo, que son, con el gasto público, las variables cuyo comportamiento tendrá que cambiar a lo largo del año. Estamos, pues, en un momento de transición que será lo suficiente positivo como para salvar el ejercicio cuyo crecimiento, por pura inercia, se situará en torno al 2,5%. Más allá, todo depende del curso que tome la política monetaria del BCE y la pasión por gastar que muestren las distintas administraciones, a pesar del “agujero” monumental que ha creado el sistema de pensiones. Un déficit que, por lo menos hasta 2020, no bajará del 1,5% del PIB, lo que puede obligarles a subir la presión fiscal. Como ya anuncia que va a hacer el Gobierno Vasco al que preocupa muy poco la pérdida de atractivo del País Vasco como región económica, ampliamente superada por Madrid.
  • Los problemas financieros del Gobierno Vasco y su incapacidad para hacer frente a los compromisos adquiridos son los naturales de quienes no han hecho nada por corregir la deriva de un gasto corriente (plantilla) y unas pensiones que en su concepción actual la economía no puede mantener. En rigor, el déficit real del Gobierno Vasco, incluyendo el capítulo de las pensiones que no asume, no sería en ningún caso inferior al 7% del PIB, lo que quiere decir que el problema, además de estar fuera de control, se agravará con el paso del tiempo, entre otras cosas porque subir los impuestos es veneno para el crecimiento económico. Es el reflejo de una época en la que se pensó que la economía daba para todo y el Estado tenía que buscar afanosamente la manera de gastar una recaudación que crecía sin parar. A pesar de que ese escenario desapareció hace casi una década, la visión de políticos y funcionarios no ha cambiado un ápice.

1.De alguna manera, lo que está ocurriendo actualmente representa una vuelta a la normalidad, para lo bueno (crecimiento) y para lo malo (inflación, tipos de interés). Para la economía española lo anormal terminó en 2015, cuando la economía volvió a crecer. Sin embargo, hasta mediados de 2017 no se habrá vuelto a los niveles  de producción y renta anteriores a la crisis, lo que supone un paréntesis de  casi diez años.

Esa anormalidad supuso una tremenda caída de la economía, especialmente sensible en la producción industrial, que cayó más cuarenta puntos, un paro que superó los cinco millones de trabajadores, la ruina de numerosas entidades financieras, sobre todo cajas de ahorro, y un déficit fiscal brutal, que llegó al 11% del PIB y no ha bajado del 5% hasta ahora. Los niveles de consumo e inversión estuvieron durante años bajo mínimos. Y eso que el endeudamiento público aumentó vertiginosamente con lo que se consiguió paliar en parte unos recortes inevitables al precio de dejar al Estado entrampado de por vida, y con él pendiente de un hilo el bienestar de  las próximas generaciones.

No todo fue negativo. Como dijo Draghi, se hizo lo que había que hacer para suavizar un proceso de ajuste que de otra manera hubiera sido mucho más duro de lo que fue. Pero el peso de la crisis se repartió de forma muy desigual y recayó, como era de prever, sobre los colectivos más vulnerables, jóvenes y parados sobre todo, y soslayó a otros, los que por ley están más protegidos, los funcionarios, los trabajadores con contrato fijo, sobre todo si pertenecen a grandes empresas, salvo los de la Banca, y los pensionistas, a pesar de que ello abocaba a la quiebra el sistema de pensiones: se prefirió dilapidar el fondo de reserva creado durante el ciclo anterior antes que afrontar un problema que, se diga lo que se diga, no tiene otra solución que el de reducir gradualmente las prestaciones de jubilación, algo que los políticos tratarán de retrasar cuanto puedan dadas sus implicaciones electorales.

La política monetaria europea, siguiendo con mucho retraso la que se había aplicado en Estados Unidos, ha llevado hasta el límite la política de tipos de interés negativos (en Europa hay cuatro billones de bonos con tipos negativos) y el suministro ad libitum de toda la liquidez que los bancos y empresas necesitan para sobrevivir. Se trata de dejar pasar el tiempo y esperar épocas mejores. La ausencia de instituciones europeas verdaderamente supranacionales ha sido el talón de Aquiles del euro y de toda la construcción europea, incapaz de dar el paso hacia un estado federal en el que las naciones actuales sean meras regiones, lo que ha supuesto una enorme limitación a la hora de afrontar una crisis como la planteada. Gracias a que el petróleo cayó, lo mismo que el euro, las economías pudieron salir de su postración, pese a lo cual todos los intentos de recuperación se han demostrado frágiles y escasamente fiables porque sigue faltando una condición básica para que se consoliden: la confianza… además de un exceso de endeudamiento.

2. La señal más significativa de la vuelta a la normalidad en Europa es el hecho de que la inflación finalmente ha despertado, y aunque todavía no ha llegado al 2% de referencia, sí está en el 1%. Mientras, en España la inflación total, que incluye alimentos y petróleo, ya está en el 3%, por lo que vuelven a ser motivo de preocupación los tipos de interés, pero ahora por razones opuestas a las de antes, por ser demasiado bajos. Algo que nunca ha convenido a España, cuyos mercados no liberalizados traducen una inflación de los Servicios siempre por encima de la media y cuya política fiscal ya es abiertamente expansiva. Sólo la inevitable subida de los tipos de interés en los mercados de deuda podría suponer un aumento en el pago de intereses de unos 5.000 millones de euros en 2017 lo que echaría por tierra el objetivo de reducir al 3,1% del PIB el déficit presupuestario, lo que deja en la mínima expresión el margen de maniobra del Gobierno para gastar más o no subir los impuestos.

Si la política del BCE deja de ser tan expansiva como hasta ahora, tal como reclaman los alemanes, nuestra prima de riesgo volverá a subir lo que nos situará ante una nueva crisis de la deuda. Aunque de momento se trata de una posibilidad más que un riesgo concreto, lo cierto es que el coste de los títulos de deuda a diez años ya se han incrementado en medio punto desde noviembre, lo que es un anuncio de lo que puede suceder a lo largo del año. Como dice un informe de la Comisión Europea, “la elevada deuda interna y externa, pública y privada, constituye una vulnerabilidad significativa que expone a España a los shocks de los mercados”. En fin, que España sigue estando muy mal preparada en el caso de que se produzca cualquier eventualidad. A la Comisión le llama la atención el hecho de que España tenga, al mismo tiempo, una de las mayores deudas externas del mundo y una de las tasas de paro más elevadas. Los que siempre han creído que un exceso de gasto, y el déficit consiguiente, ayuda a crecer y crear empleo tienen por delante la dura tarea de explicar al personal qué parte de su teoría es la que ha fallado.

Si se produce una subida de la inflación, que en España viene acompañada siempre por una subida equivalente o aún mayor de los salarios, la actual política monetaria del BCE dejaría de tener sentido, y eso que Draghi no confía demasiado en la capacidad de los países del euro para mantener ritmos de crecimiento sostenidos, desconfianza más que justificada por la fragilidad y falta de solvencia de un gran número de bancos alemanes, españoles, portugueses e italianos, cuyos resultados de explotación no dejan de ser ejercicios de ciencia ficción (con la anuencia de los bancos centrales de sus respectivos países). La crisis inmobiliaria, y sus créditos incobrables, está lejos de haber sido limpiada de sus balances, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que, por lo menos en el caso español, las pérdidas sufridas no han sido inferiores a los 300.000 millones de euros.

Mientras, el barril de petróleo evoluciona hacia la normalidad a partir del momento en que la oferta ha sido objeto de recortes, y de menos de 30 dólares el barril ha pasado a casi 60 dólares, el doble, en muy poco tiempo. Así que los vientos de cola ya no son lo que eran. A partir de este momento al Gobierno español se enfrenta a un panorama mucho más gris, el de crecer no en función de impulsos abiertamente artificiales, como son unos tipos de interés por los suelos, un euro devaluado, un déficit público monumental y un petróleo barato, sino en base al potencial real de un sistema económico que ha salido de la crisis muy debilitado, potencial que puede que no sea mayor del 1% de media, año con año. Su mejora requeriría una política de reformas que nadie parece dispuesto a aplicar o tolerar. Con estos supuestos habría que darle la razón a un economista (Ruiz-Scholtes) que asegura que el actual ciclo de crecimiento acabará en dos años.

3. Evidentemente, los gobiernos nacionales y el BCE tratarán de no sobrerreaccionar ante la previsible subida de la inflación aunque el control de la misma volverá a ser otra vez el objetivo esencial de sus políticas. Existen dos razones para pensar que serán prudentes. En primer lugar, por su impacto sobre los objetivos de déficit presupuestario, que tendrán que ser suavizados o pospuestos. Recordemos que en España reducir a cero un déficit del 7,5% (1993) costó trece años, y eso que las circunstancias de entonces eran incomparablemente mejores, ya que se crecía de forma sostenida al 3% y el stock de deuda era mucho más manejable. Es de suponer que las consecuencias de esta crisis, especialmente en cuanto a la Deuda, durarán mucho más tiempo, y es impensable que se resuelvan para 2020 como afirma el gobierno en alguno de sus delirios propagandísticos.

En segundo lugar, esta sido una crisis bancaria, y se sabe por la experiencia de otros países, Japón sobre todo, que este tipo de crisis son particularmente duraderas. Además, es una crisis que ha encontrado a las autoridades de la zona euro infinitamente peor preparadas para afrontarla que, por ejemplo, las norteamericanas, que la han resuelto mucho más rápidamente, lo menos siete u ocho años antes. La culpa de todo ello es del euro, o más bien de su defectuoso planteamiento.

Ya es hora de reconocer de una vez que el euro ha sido un monumental error, que su implantación constituyó una temeridad en la que incurrieron países que no estaban preparados para un desafío de esta naturaleza, como es el caso de España, Grecia o Portugal, que la solidaridad entre países del Norte y del Sur, que se daba por supuesta, no ha existido, (Alemania, que ha sido el país más beneficiado por la desaparición de todo tipo de barreras intracomunitarias, se ha negado a pagar una prima por ello), que aún colea el problema insoluble de Grecia, que la falta de solvencia del sistema bancario sigue sin afrontarse y no existe siquiera un plan para hacerlo a pesar de las demandas en este sentido de un FMI sumamente preocupado.

La crisis ha generado una serie de tensiones centrífugas que se han  afrontado a duras penas gracias al BCE porque los países del Norte no han puesto nada de su parte. Para España la aventura del euro ha sido la peor decisión histórica que jamás se haya tomado en materia de política económica, y eso que todos la apoyamos en su día. Como ha quedado demostrado por los hechos, España es incapaz de mantener la disciplina fiscal, salarial y de precios necesaria. Abrir fronteras era algo factible; compartir la misma moneda con Alemania era una pretensión inviable. Y no poder devaluar nos mata. Y es que pertenecer al euro es incompatible con tener una energía carísima, un sistema bancario hecho añicos, una productividad estancada y una competitividad dudosa.

Cuando devaluamos por última vez, en 1993, tardamos un año en volver a crecer. Esta vez, sin devaluación, hemos tardado ocho años en reiniciar el crecimiento. No es de extrañar que nada funcione, desde el equilibrio presupuestario al sistema de pensiones, desde la tasa de paro a la solvencia del sistema bancario, desde el tamaño de las empresas a su rentabilidad. Con las lógicas excepciones, el país ha retrocedido diez años. Por pretender ser lo que no somos.

4. Mientras tanto, como decíamos al principio, seguimos el camino de una normalización que evoluciona gradualmente.

  • La economía creció un 3,3% en 2016 y se espera que crezca, a pesar de las primeras señales de desaceleración, no menos de un 2,5% en 2017. Pese al Brexit, a Trump, y a la desaparición de los vientos de cola. Las exportaciones crecen muy poco, lo mismo que un comercio mundial prácticamente estancado, y la economía europea, nuestro principal mercado, reacciona de manera excesivamente lenta.
  • La ocupación crece en volumen, unos 400.000 empleos al año, pero no en calidad. La tasa de temporalidad ya está en el 27% y seguramente llegará al 34%, como antes de la crisis, lo que revela que la reforma laboral, que pretendía eliminar la dualidad del mercado de trabajo, ha fracasado. El 93% de los contratos nuevos siguen siendo temporales, porque ahí se concentran las rebajas salariales. Como la población activa se ha situado al nivel de hace nueve años, el número de parados ya está por debajo de los cuatro millones y supone menos del 18% de la población activa.
  • Falta lo más difícil: consolidar empleo fijo y de calidad. A pesar del paro, durante la crisis no se ha dado ningún tipo de devaluación salarial en los contratos fijos, y ahora sus salarios vuelven a crecer más que la productividad, lo que hará imposible que aumente sustancialmente su número. Para que la economía española funcione con normalidad sería necesario crear millón y medio de empleos de calidad. Los que ya tienen empleo fijo harán todo lo que esté en su mano para que eso no ocurra elevando sus salarios todo lo que puedan.
  • En la economía española todo gira en torno al empleo, o la falta del mismo. La primera consecuencia de ello es la crisis del sistema de pensiones cuyo déficit en 2017 será sensiblemente igual que en 2016, en torno al 1,7% del PIB, unos 18.000 millones de euros. Las nuevas pensiones rebasan los 1.300 euros de media, (la media apenas supera los mil euros), lo que se debe a una de las tasas de sustitución, casi el 80% del último sueldo, más altas de Europa, lo que hace imposible recortar un déficit que no bajará del 1,5% en próximos años.
  • Es posible que el barril de petróleo no crezca mucho más pese al recorte de la producción acordado por la OPEP, lo que sería una muy buena noticia si no fuera reflejo de la debilidad del crecimiento mundial, especialmente de China.
  • La reducción de la deuda privada, empresas y familias, avanza con lentitud pero de forma positiva. Todavía seguimos lejos de la media europea, sobre todo en deuda externa, pero el gap se va reduciendo, en parte gracias al cierre de las empresas más endeudadas y el impago consiguiente. Por su parte, el BCE compró el año pasado la mitad de la deuda pública emitida por España, lo que explica que durante 2016, contra toda lógica, los tipos de interés se hayan reducido mientras la Deuda aumentaba. ¿Qué sería de nosotros sin el BCE? Pero, como hemos explicado, esto está a punto de cambiar y es posible que lo haga hacia el otoño de este año si la inflación sigue elevándose.

Como decimos, un ejercicio de transición, bueno en términos económicos pero en el que empiezan a asomar los primeros nubarrones en el horizonte que sólo se podrán afrontar si se crea empleo de calidad, los salarios crecen en función de la productividad, se reduce el endeudamiento externo y se frena el gasto público. Justamente lo que no queremos o no sabemos hacer.

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