Un maratón neoliberal

PORQUÉ TENEMOS POCO EMPLEO Y MALO: UNA MARATÓN NEOLIBERAL

En cierta ocasión, alguien decidió que se corriera una maratón en un tiempo no inferior a las cinco horas. Obviamente, casi todos los participantes llegaron juntos a la meta. En otra ocasión, se dejó que los deportistas, muy competitivos ellos, decidieran el tiempo de llegada. El mejor llegó en dos horas y cinco minutos seguido por un rosario interminable de corredores separados entre sí por varios segundos o minutos. Del primero al último pasaron horas. Lo que quiero explicar con este ejemplo es que correr mucho separa, diferencia, mientras que correr poco, junta, iguala.

El primer caso es el propio de una economía socialista: todos iguales, todos pobres (salvo una nomenclatura que disfrutaba de privilegios). Se nos ha olvidado que las economías del Este de Europa, disponían de servicios mínimos muy decentes, de un sistema educativo de gran calidad, de viviendas precarias para todo el mundo y no padecían ninguna clase de paro. Sin embargo, la sociedad acabó rechazando el modelo.  ¿Cómo es que un sistema solidario y que daba seguridad, a veces demasiada, acabó viniéndose abajo? Porque quisieron correr, es decir, tener aquello que los países occidentales habían alcanzado y ellos no: un buen coche, vacaciones en Canarias y algo de democracia. Daban por descontado lo que, paradójicamente, no tenemos en Occidente y sí valoramos: empleo fijo, salario garantizado, estabilidad.

La moraleja de la historia es simple pero evidente: no hay mejora de vida sin riesgo, no hay progreso sin injusticia, no hay crecimiento sin desigualdad. Ganas algo pero pierdes algo. Todo tiene un precio, como las antiguas economías socialistas han podido comprobar. Lo mismo que  los españoles. Porque el segundo tipo de maratón es el nuestro. No hay mejor ejemplo de país que ha querido correr en materia salarial y de bienestar más rápido de lo que permitía la economía. Como en la maratón lo que hemos conseguido es fácil de definir: desigualdad, inseguridad, paro y escaso potencial de futuro.

En España tenemos un problema sempiterno y específico, el paro, casi siempre el más alto de Occidente. No es casualidad. Es verdad que hay muchos factores que influyen en el hecho de que tengamos el peor mercado de trabajo de Occidente: una formación profesional depreciada, una Universidad desastrosa, desligada de las demandas de la economía, escasa movilidad regional y funcional, un subsidio de paro demasiado generoso, etc. Pero la causa fundamental es el espectacular crecimiento de los salarios, en buenas y malas coyunturas, sobre todo en las malas.  Es verdad que la economía ha crecido lo suyo durante todo este tiempo pero el reparto de ese crecimiento entre salarios y empleo ha sido perverso.

Mi explicación teórica es la clásica: nuestros salarios, los de los fijos naturalmente, son demasiado elevados y sus condiciones contractuales excesivamente rígidas. Con esos costes laborales, en los que hay que incluir las cotizaciones sociales, la economía española no es capaz de crear empleo calificado, de la misma manera que muy pocos atletas acaban una maratón en menos de dos y diez minutos horas. Las razones son diversas pero conocidas: la historia de un país que siempre ha ido a remolque de Europa, que carece de tecnología propia, que está plagado de empresas pequeñas y medianas, a medio camino en su apertura al exterior. Una economía demasiado regulada y poco flexible. Puede crear mucho empleo (pensemos en el relacionado con el turismo, hostelería y restauración) a condición de pagar salarios muy moderados; pero no es capaz de crear mucho empleo de calidad, sobre todo si los salarios crecen más que la productividad, algo que sigue pareciendo natural a la mayoría de los españoles. Si además está por medio el espinoso asunto de los costes y la tramitación del despido, las empresas españolas perciben el contrato fijo como una amenaza para su  futuro, un futuro en el que saben  que tendrán que reestructurar  sus plantillas. Lo cierto es que un sistema que intentaba dar estabilidad al empleo ha terminado por provocar una amplia inestabilidad que tienen consecuencias muy negativas sobre la creación de empleo de calidad, que requiere formación y curva de carrera que el contrato temporal no puede proporcionar.

Nuestra productividad, por las razones mencionadas, crece poco o muy poco pero nuestros salarios, gracias a un mercado de trabajo que concede ventajas negociadoras a los trabajadores fijos que los sindicatos han sabido explotar muy bien, crecen mucho más y durante más tiempo, incluso durante la crisis, con tasas de paro elevadísimas, lo que es un dato que obliga a reflexionar sobre nuestra supuesta solidaridad y el hecho de que sigamos considerando el paro como el problema capital de la economía española. La existencia de un paro escandaloso no ejerce ninguna influencia sobre la fijación de los salarios de aquellos que conservan su empleo. De hecho, una mayoría de los españoles se sentiría la mar de sorprendido de que tal cosa pudiera ocurrir, aunque sería lo más lógico del mundo. Sin embargo, un mercado, en este caso el de trabajo, que no refleje en la fijación de precios la abundancia o escasez de la oferta ha de considerarse como verdaderamente disfuncional.

El resultado, además de ser letal para la creación de empleo, produce el mismo efecto que el de la maratón competitiva: una tremenda segmentación salarial por la que los más protegidos tienen sueldos inexplicablemente elevados (el caso más evidente es el de los funcionarios) y los menos o nada protegidos, los trabajadores temporales, tiene sueldos tercermundistas. Hay un tercer segmento, aún peor, el de los parados, que no tienen nada o casi nada. El país socialmente hablando está dividido entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen, o tienen un trabajo de mierda.

Lo curioso de este sistema es que es el deseado y defendido por las organizaciones de trabajadores que se supone actúan siguiendo criterios de igualdad y solidaridad. La realidad es justamente la contraria: no hay país con mayor desigualdad y menos solidaridad que el nuestro. El espectáculo de ver cómo se reclaman alzas salariales con tasas de paro de más del 20% es cotidiano y habitual. Para ello, los sindicatos han sido extraordinariamente hábiles y han conseguido dos objetivos aparentemente difíciles: uno es que los salarios se fijen tomando como referencia la inflación y no la productividad (menos ahora con un IPC negativo); y dos, que la gente no establezca relación alguna entre empleo y evolución salarial. Los Sindicatos llegaron incluso a defender durante más de cuarenta años que el mejor procedimiento para crear empleo era subir los salarios todo lo que se pudiera. Era una estupidez de dimensiones siderales pero era su forma de aquietar su mala conciencia: no subimos los salarios por egoísmo sino por solidaridad. Así hemos acabado como hemos acabado.

El origen de este desastre reside en un malentendido. En la transición, y aún más durante la dictadura, se dio por supuesto que los trabajadores en general eran de izquierdas, solidarios y progresistas. Tal vez lo fueron en algún momento pero lo cierto es que no lo son ahora. La razón de este cambio estriba en que la clase trabajadora más básica se ha convertido en una clase media conservadora, la más conservadora de todas, por ser los últimos llegados a un nivel de bienestar que no quieren arriesgar por nada del mundo. Lo malo de la economía moderna es que el mantenimiento de tasas de crecimiento no ya elevadas sino normales requiere de grandes dosis de flexibilidad y cambio, algo de lo que no quieren oír hablar las nuevas clases medias. Y si el mercado de trabajo se lo permite, van a utilizar todos los medios para que esa flexibilidad no les afecte aunque suponga una brutal caída de los ritmos  de crecimiento y una considerable incapacidad para salir de la crisis.

Este sistema ha dado origen en España a dos desastres de enormes proporciones. En primer lugar, ha actuado contra la creación de empleo. España sólo tiene 18 millones de ocupados cuando en función de sus compromisos en materia de pensiones, sanidad o desempleo, debería tener no menos de 22/25 millones. Pensemos que hay casi 10 millones de pensionistas  y debería haber no menos de 2,5 ocupados por cada uno de ellos. Lo que nos indica que el sistema no es eficiente ni sostenible desde el punto de vista económico.

En segundo lugar, el sistema ha dividido a la población laboral española casi por la mitad en dos colectivos contrapuestos: los parados suponen el 20% (llegaron a ser el 25%) y los temporales están en el 25% (llegaron a ser el 33%). El resto son fijos pero no todos son de la misma calidad, muchos de ellos  están al borde de la desprotección. Lo que nos revela la fuerza  e intensidad con que han crecido los salarios en estos tiempos. Sólo entre 1998 y 2007 los salarios crecieron cuarenta puntos más que la productividad. Estamos viviendo las consecuencias de semejante despropósito.

Una de esas consecuencias es la imposibilidad de ampliar el colectivo que goza de mejores condiciones laborales. Como las demandas de este grupo aumentan a mayor velocidad de lo que crece la tarta a repartir, el resultado es que ese colectivo mejora su bienestar pero reduce su tamaño. De hecho, está en franca regresión y supone, como venimos diciendo, no más de la mitad de la población activa, poco más de diez millones de empleados. Recordemos que es este colectivo el que, básicamente, a través de los impuestos y cotizaciones sociales que paga,  mantiene el estado de bienestar. No es de extrañar que este se encuentre ante un serio problema de viabilidad, especialmente visible en el sistema de pensiones.

No deja de ser sarcástico que este engendro haya sido creado, o defendido, por nuestros buenos socialdemócratas del PP y del PSOE y en nombre de políticas sociales solidarias. Los intentos de reformarlo han sido un completo fracaso. Desde los ochenta, se han hecho algo así como ocho reformas laborales que han venido a dejar las cosas como estaban. Todo un síntoma de que, en realidad, no eran auténticas reformas.

Las diferencias entre los protegidos y los que no lo son, la famosa dualidad del mercado de trabajo, son ahora mayores que nunca. Mientras se empleaba una retórica reivindicativa, el resultado real de lo que ocurría venía a ser típicamente neoliberal: en el seno de una economía cuya productividad apenas crece, cuanto más rápido aumenten los salarios, mejor les va a unos, los del contrato fijo, y peor a los demás.

En el origen de todo hay un problema de impaciencia, como una suerte de asignatura pendiente. Nuestro destino manifiesto  era el de querer tener el mismo nivel de vida, privado y público, que otros países de nuestro entorno. Qué menos. Intentamos ignorar que nuestro sistema económico no es comparable al de esos países. La desconexión entre nuestras demandas de bienestar y salarios y la economía que las sustenta es total. Un voluntarismo carente de bases racionales, una mera ensoñación. Un problema agravado por nuestro comportamiento cíclico: si la economía internacional crece a buen ritmo, nosotros lo hacemos al menos igual e incluso mejor. Si la economía mundial no crece, nosotros padecemos una crisis más dura y más larga. Tal como ha ocurrido después de 2007.

Es evidente que la responsabilidad de semejante desastre es sustancialmente atribuible al mercado de trabajo, que es básicamente el heredado del franquismo, un sistema garantista y paternalista que desconocía la importancia y profundidad de los ciclos económicos, o no les prestaba mayor atención. Desde la democracia, el país ha atravesado por tres grandes crisis (1975, 1992, 2007) y ha sido incapaz de reaccionar frente a las mismas. Las tres han sido grandes crisis económicas–como economía de nuevo cuño, hecha a prisa y corriendo, la nuestra es muy vulnerable—y tremendas crisis sociales, dado que el país, diga lo que diga y vote  a quien vote, es terriblemente insolidario, una sociedad de clases medias muy recientes que se revuelven ante cualquier cambio que suponga una amenaza. Las consecuencias de esa incapacidad son tremendas: España es con Grecia el país que peor ha funcionado durante la crisis. De hecho, sólo en 2016 volverá a tener el nivel de renta que tenía en 2007, casi una década antes.

Es significativo que el país no aprenda y sea incapaz de sacar conclusiones de los desastres acaecidos. Pero hay una explicación mejor, y es que las clases dominantes, y estamos hablando de los funcionarios, los sindicatos y los empleados con contrato fijo de grandes empresas, han entendido perfectamente cuales son sus intereses y no tienen intención alguna de permitir que nada ni nadie los ponga en cuestión.

En resumen, el sistema es poco viable en términos económicos, y carece de futuro, pero se defiende muy bien en términos políticos,–ha aguantado más de cuarenta años en democracia- gracias a la capacidad de las clases dominantes para que las cosas sigan como están. Ese grupo de presión es mayoritario e imbatible. Su representación política, PSOE y PP básicamente, impone un sistema que es básicamente opuesto a la lógica económica. Una situación insalvable.

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