La resaca de la crisis: Un estado inviable

Prolegómenos. La sensación de que la crisis que vamos dejando atrás constituye un antes y un después en la historia económica del país tiene bases objetivas y sólidas, por más que la mayoría de la gente espere que las cosas volverán a ser las que fueron: un mundo en crecimiento, tasas de  paro moderadas, un estado de bienestar sostenible, y una economía capaz de hacer frente a todo tipo de dificultades, envuelto todo ello en un mar de expectativas crecientes. Ni siquiera una crisis tan profunda ha torcido la disposición natural del ciudadano medio hacia el optimismo.

Sin embargo, ese estado de opinión no parece muy fundamentado. Ni siquiera es probable. El legado de la crisis es tremendo en términos de paro, endeudamiento y crisis bancaria, por mencionar sólo lo más obvio, y pesará negativamente sobre la posibilidad de retornar a un escenario tan favorable como el que esperan los ciudadanos. Si nos atenemos a la historia de los últimos cuarenta años, los que hemos vivido en democracia, la perspectiva no es ni mucho menos complaciente. Hemos sufrido en este tiempo tres grandes crisis, las tasas de paro han sido casi siempre escandalosamente altas, como en ningún otro país europeo, y los desequilibrios fiscales y financieros han sido crónicos. A pesar de haber entrado en Europa y haber obtenido auténticas montañas de financiación exterior. La combinación de paro y déficit público, aparentemente inexplicable, que ha estado presente durante todos estos años, produce la sensación de que el modelo de crecimiento que se ha seguido hasta ahora no da para más.

Además de todo eso, existe la convicción, ajustada a la cruda realidad, de que tenemos un Estado que  es incapaz de reformar y evolucionar. El rendimiento de los Gobiernos desde 2008, a lo largo de la crisis, ha sido especialmente lamentable, una mezcla de pasividad, negación de los hechos y huida hacia adelante por el peligroso camino del endeudamiento. Comparativamente hablando ha sido uno de los peores comportamientos que se hayan dado en una Europa que no ha destacado en modo alguno por su capacidad de reacción.

Es, pues, lógico que veamos con inquietud cuales van a ser las consecuencias últimas de esa crisis, y en qué medida va a afectar a nuestro futuro, sobre todo desde el punto de vista del potencial de crecimiento, algo a lo que prestamos habitualmente poca atención pero que es decisivo para afrontar dos cuestiones esenciales: qué empleo vamos a tener y cómo vamos a financiar un estado de bienestar que representa una carga pesadísima para nosotros y para las próximas generaciones.

Ese potencial de crecimiento va  a estar condicionado de manera negativa por cuatro grandes problemas cuya profundidad y naturaleza los hacen insoslayables

  • El paro
  • El endeudamiento privado
  • El saneamiento del sistema financiero
  • El desequilibrio presupuestario

Sobre el paro sabemos que va a ser un problema que se irá resolviendo muy lentamente. Difícilmente bajará del 10% antes de 2025 y eso suponiendo que se haga una verdadera reforma laboral, esa que no se ha hecho en todos estos años, y se acabe con su dichosa dualidad. En cualquier caso, debemos ser conscientes de que hay tres millones de personas menos trabajando lo que no deja de ser un problema a la hora de crecer.

Por ahora, la reducción del endeudamiento privado va por buen camino. Familias y empresas han reducido sus niveles de Deuda desde un 210% del PIB al 150% en estos años, a un ritmo de más de 70.000 millones anuales, algo que ha sido posible gracias a los bajos tipos de interés que ha proporcionado el BCE.

Más complicado parece el caso de la Banca, cuyos bajos niveles de solvencia se han visto complicados por un problema de rentabilidad en el negocio recurrente. El hecho de que el número de entidades se hayan visto reducidas a una quinta parte permite pensar que se encuentra en el camino de resolver un problema de viabilidad que los bajos tipos de interés y la reducción del stock crediticio han puesto de manifiesto, aunque ello supondrá el despido de unos 90.000 empleados y el cierre de unas 18.000 oficinas. Pero por encima de todo el sistema financiero cuenta con un aliado natural: el tiempo.

Y queda para el final un problema que no sólo no se corrige sino que empeora hasta el punto de que se ha convertido en el problema estructural de más difícil solución: el déficit presupuestario y la Deuda Pública consiguiente. Los tres primeros problemas se arreglarán de una forma u otra porque atañen al sector privado que no puede ignorarlos por la cuenta que les trae, pero el último atañe al Sector Público, que tratará de esquivarlo mientras pueda, es decir, mientras pueda seguir endeudándose a bajos tipos de interés.

CUADRO 1: EL ENDEUDAMIENTO ESPAÑOL

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Mientras la Deuda privada se está reduciendo, incluso más rápidamente de lo previsto, la Deuda pública ha seguido aumentando. En el caso de que la política de bajos tipos de interés cambie, y lo hará seguramente en los próximos dos o tres años, semejante deuda se convertirá en la mayor amenaza para el crecimiento y la estabilidad que podamos imaginar. Ya pagamos más de 33.000 millones de intereses (un 3% del PIB) en un momento en el que los tipos de interés no pueden ser más bajos. ¿Cuánto tendríamos que pagar si esos tipos se ponen a subir?. Recordemos que ya tuvimos que pagar cerca de 40.000 millones hace unos años con una deuda muy inferior a la actual.  La economía privada se ajusta mientras que el sector público ni lo hace ni lo intenta, al menos mientras pueda seguir endeudándose gracias a la política financiera que el BCE aplica para salir de la amenaza de un estancamiento secular.

Conviene mencionar en este punto la abierta simpatía con que todas las formaciones políticas, sean del tipo que sean, contemplan cualquier desequilibrio presupuestario como si siempre estuviese justificado por definición. Algo parecido a la opinión de la mayoría de los españoles en relación a una supuesta austeridad que no ha existido más que en su imaginación. No es de extrañar que el equilibrio fiscal no hay sido nunca una prioridad política para ningún gobierno español, especialmente desde el estallido de la crisis, tal como han terminado por reconocer los responsables de una Comisión Europea más que harta por los sistemáticos incumplimientos de los compromisos adquiridos en este sentido.

En resumen, es evidente que el déficit y la deuda públicas se han convertido en los problemas por excelencia desde el punto de vista de la estabilidad y el crecimiento.

La dimensión del problema En 2015, de manera aparentemente contradictoria, la economía y el empleo han crecido como no lo habían hecho en una década. Como decimos, algunos problemas van quedando atrás y otros se van resolviendo lentamente. Sin embargo, el déficit público se ha desviado de manera escandalosa y sigue, como todos los años, incumpliendo flagrantemente los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. En realidad, la Administración española no los ha respetado en ningún año, y eso que el calendario ha sido revisado tres veces, proporcionando al Gobierno un margen de maniobra más que respetable. Pero el Estado español sigue sin corresponder a esta muestra de generosidad por parte de una Europa a la que debemos las únicas respuestas reales y tangibles frente a la crisis, fundamentalmente el rescate bancario y el descenso de la prima de riesgo, sin las cuales nuestra situación sería ahora mismo crítica.

Que la cosa es grave y no tiene visos de arreglarse lo demuestra el hecho de que el año pasado España fue el país con el mayor déficit público de Europa, sólo superado por Grecia. La diferencia entre Ingresos y Gastos fue de 55.000 millones, un 5,1% del PIB lo que ha hecho que la Deuda pública supere el billón de euros y rebase el 100% del PIB. Ello nos sitúa en el grupo de países con mayores desequilibrios presupuestarios de la UE, lo que ya es decir dado que en ese grupo figuran países como Francia (95%s/PIB) e Italia (132%s/PIB). En la zona euro, la deuda media supera el 90% lo que demuestra que se trata de una enfermedad crónica y una costumbre arraigada, sobre todo en los países de la cuenca mediterránea. España no tiene la deuda más alta (ese dudoso honor corresponde a Italia) pero su déficit es ahora mismo el más alto de Europa lo que es particularmente grave después de seis años de esfuerzos (¿) por reducirlo.

CUADRO 2: LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2015

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Existen dos hechos que agravan el caso español: por un lado, la rapidez con que hemos llegado a esta situación, y, por otro, las enormes dificultades que se han puesto de manifiesto para reducir, incluso paulatinamente, un déficit que reúne todas las características de un problema estructural que exigiría reformas que no se quieren abordar. El Estado ha tardado seis años en reducir el déficit del 11% al 5%, hecho que considera poco menos que una hazaña, cuando, en realidad, se trata de todo lo contrario: un incumplimiento deliberado y consciente que ha proporcionado al Gobierno una capacidad de gasto adicional de unos 70.000 millones, lo que le ha venido muy bien de cara a las elecciones.

AIReF, por boca de José Luis Escrivá, ha asegurado que si se hubiera aplicado la regla que limita el gasto (Ley de Estabilidad) desde principios de siglo, la Deuda Pública se situaría actualmente alrededor del 60% del PIB en lugar del 100%. O sea que ese descontrol de gasto público ha sido ilegal, hasta el punto de violar las reglas que los políticos se habían fijado a sí mismos en esta materia, reglas que han ignorado por no enfrentarse a situaciones desagradables.

Esto explica que, a pesar de las sucesivas prórrogas que la Comisión ha concedido, España siga sin haber cumplido sus compromisos ni un sólo año. El objetivo en 2016 hubiera sido un déficit del 2,8%, algo imposible de conseguir ya que requería un recorte presupuestario brutal. Las nuevas previsiones del Gobierno elevan ese déficit al 3,6% pero incluso este dato es dudoso. AIReF calcula que rebasará el 4%, lo que supone gastar 43.000 millones más de lo que se ingrese. Se necesitarán dos años adicionales, y no uno, para situar el déficit por debajo del 3%. Por lo menos.

CUADRO 3: GASTOS E INGRESOS PÚBLICOS

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El hecho tiene su importancia más allá de cumplir con una obligación o no hacerlo, lo que en un caso supone alcanzar una merecida fama de chapucero. Su impacto sobre el crecimiento no puede ser ignorado. De hecho, gracias al citado incumplimiento la economía española ha podido crecer más de un 3% en 2015. A la inversa, si habiendo crecido nuestro PIB más de un 3% en 2015, algo que no se daba desde hacía diez años, con una prima de riesgo casi simbólica, el Presupuesto se salda con un déficit de más de 55.000 millones de euros (dando por buenas las liquidaciones de las Comunidades Autónomas lo que exige grandes niveles de credulidad), está claro que tenemos un problema estructural.

Es como para preguntar: ¿me está diciendo el Gobierno que para crecer un 3% (33.000 millones de PIB) hay que endeudarse en 56.000 millones más, un 5,1%?. Si se demuestra que para crecer debemos endeudarnos sistemáticamente nos enfrentamos a todo un círculo vicioso. Pero lo peor es que semejante déficit deja a la economía española a merced de lo que ocurra en el futuro con los tipos de interés. Bastaría que estos subieran un par de puntos para que volviéramos a entrar en recesión.

No es extraño que la Comisión Europea se sienta profundamente preocupada con España ya que no hace caso a ninguna de sus recomendaciones. Los exámenes periódicos que realiza confirman que tenemos una de las economías más desequilibradas de Europa, incumpliendo siete de un total de catorce indicadores: empleo, deuda pública, deuda privada, posición neta de inversión internacional, pérdida de cuota de mercado de exportaciones, tasa de desempleo de larga duración y tasa de paro de jóvenes entre 15 y 24 años. La Comisión ha llegado a la conclusión de que Rajoy no tiene la menor intención de reformar nada si ello supone un coste electoral. Ello se refiere tanto a la disciplina en materia de gasto  como a las reformas estructurales.

No deja de ser curioso que Europa sienta una desconfianza hacia Rajoy mucha mayor que la que sienten los propios ciudadanos españoles, que son los que deberían estar más agobiados por la cuenta que les trae. Y es que nos hemos acostumbrado a lo peor como si fuera algo corriente. Ese ha sido el sutil programa de Rajoy: hacernos creer que somos un caso de lo más normal, que lo que nos ocurre entra dentro de lo habitual. Incluso ha ido más lejos: hacer pasar un enorme fracaso económico como si hubiera sido un éxito.

El mal francés Un ejemplo ilumina la naturaleza del problema. En 2001, los dos países, Francia y Alemania, que más habían luchado por endurecer las condiciones de pertenencia a la zona euro, una de las cuales era la de no rebasar un déficit presupuestario del 3% del PIB, incumplieron esa condición al mismo tiempo. Exigieron no ser castigados por ello, una primera violación del propio tratado, y se comprometieron, con muy escasa convicción, especialmente Francia, a equilibrar su Presupuesto demandando un período de adaptación sorprendentemente largo, del orden de cinco años. La cuestión tenía que ver con tasas de crecimiento muy modestas y con el peso creciente de los compromisos derivados del estado de bienestar, sobre todo en relación con las pensiones y la sanidad.

Sin embargo, los dos países reaccionaron de forma muy distinta ante el desafío que ello suponía, un desafío que era tanto una prueba política como económica. Alemania reaccionó con rapidez y radicalidad. Reformó el estado de bienestar, recortando algunas condiciones demasiado generosas, especialmente en relación al desempleo, y modernizó su economía para elevar sus ritmos de crecimiento. Superaron los problemas con el rigor que se le supone a un país orgulloso de sí mismo y avergonzado por haber dejado pasar demasiado tiempo sin haber tomado las medidas oportunas. También es cierto que quien asumió esa iniciativa, el canciller Schroeder, perdió las siguientes elecciones. Es evidente que este hecho pesó en el ánimo de los  políticos del continente en mucha mayor medida que el éxito económico que las reformas obtuvieron. Podríamos decir que las reformas alemanas, a la hora  de afrontar la cuestión económica más importante de nuestra época, fueron muy positivas para la propia Alemania pero muy negativas para el resto de Europa.

Desde luego, Francia se negó a entender del problema, volvió la espalda a las reformas (tachadas de neoliberales por otro socialista, Leonel Jospin), que ahora, más de una década después han tenido que ser abordadas con enormes dificultades por el actual Gobierno socialista francés. Francia ha perdido muchísimo tiempo y no ha aprendido nada, como demuestran las reacciones populistas de sindicatos y estudiantes ante medidas de una extraordinaria suavidad.

En 2003, Francia y Alemania, las dos principales potencias económicas de Europa, tenían un peso político y económico similar; hoy en día ese equilibrio se ha roto de manera escandalosa, y Francia ha entrado en una decadencia muy evidente. Ese es el precio de no haber hecho lo que había que hacer. Ello parece demostrar que las consecuencias de respetar o no una determinada disciplina fiscal y hacer reformas son enormes.  Como dice José Viñals del FMI: “La diferencia entre hacer lo correcto y lo que no, es un punto y medio de crecimiento en los próximos cinco años”.

El caso español guarda ciertas similitudes con el caso francés, guardando claro está las distancias. España, que al llegar la democracia tenía un Estado pequeño pero adaptado a la dimensión real de su economía, que es o debe ser siempre una referencia insoslayable a la hora de calcular el gasto público, ha visto como ese gasto tomaba la delantera sobre la economía, y eso que durante estos cuarenta años la economía creció lo suyo, pese a lo cual siempre ha sido a rebufo de la pródiga imaginación de nuestros políticos y funcionarios, y su uso con fines electoralistas y clientelares. El gasto público ha llegado en ciertos años a cotas del orden del 50% del PIB, y casi siempre ha rebasado el 40%, cuando no pasaba del 25% en los años setenta. Puede que entonces fuera demasiado pequeño; hoy en día es obvio que resulta demasiado grande. Con un típico movimiento pendular hemos pasado de un extremo a otro, y es que a lo largo de estos años, y de acuerdo con las estimaciones realizadas por diversos autores, el gasto público ha crecido a un ritmo que duplica prácticamente el alcanzado por la economía. A lo largo de estos cuarenta años de democracia, el Presupuesto del Estado se ha cerrado con déficit en treinta y seis de ellos.

Este crecimiento del gasto, que empezó a crear problemas casi desde el principio, podía haber sido asumible si se hubiera mantenido durante unos cuantos años, no demasiados, y siempre que una buena coyuntura lo amparase. Pero hacerlo a lo largo de todos estos años, en buenas y malas coyunturas, equivalía a una quimera, imposible de soportar por ninguna clase de economía, incluso alguna de las más competitivas, y España está muy lejos de eso. Los políticos, y la propia sociedad española, siempre han sobreestimado, por razones interesadas, el potencial económico del país, lo que nos condenaba a endeudarnos de manera creciente.

CUADRO 4: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA

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El problema reviste extraordinaria gravedad, en parte porque condiciona la marcha de toda la economía, en parte porque no tiene visos de cambiar. Hay razones para sospechar que la Administración española va a seguir gastando más de lo que ingrese por sistema, pese a quien pese. Lo ha hecho en las malas coyunturas, durante la gran crisis, explicándolo por la caída de la recaudación y el aumento de los gastos en intereses de la Deuda y paro, y lo ha seguido haciendo en las buenas coyunturas, cuando un supuesto keynesianismo no lo justificaba de modo alguno (el ejemplo más reciente es del año pasado, 2015). Y lo ha hecho a pesar de todas las presiones que ha ejercido la Comisión Europea que ha tenido a bien conceder hasta cuatro prórrogas (la última hace escasos días) para cumplir los objetivos fijados pese a que no hay no hay garantía alguna de que esta vez se vayan a respetar. Y esto es así pese a que Bruselas obligó a crear una autoridad independiente, el AIReF, que ahora depende de la entidad a la que debe controlar, el Ministerio de Hacienda, lo que no deja de ser un ejemplo más acerca de qué forma entiende el Gobierno el respeto a una condición esencial para nuestro equilibrio y nuestro crecimiento.

Desde hace treinta años, desde que llegaron los socialistas al poder, la clase política ha vivido un espejismo: creer que el sector público podía crecer indefinidamente, y que sus problemas financieros se resolverían en el siguiente ciclo expansivo: repartimos hoy lo que vamos a producir mañana. Esta manera de pensar, que no obedece a ningún criterio teórico ni pensamiento ideológico sino a una forma de actuar castiza, nos ha llevado fatalmente a la situación en que nos encontramos actualmente, la de un país endeudado hasta las cejas, siguiendo una aproximación por etapas, de crisis en crisis, por las que el déficit y la deuda crecían cada vez más.

La primera crisis, la de 1974-1985, duró más de diez años y situó la Deuda en los aledaños del 40%. La segunda crisis, la de los años noventa, elevó esa Deuda al 66%, con un déficit máximo del 7,4%, 1993, y esta vez costó más de doce años en eliminar, a pesar de que por entonces el crecimiento económico sobrepasaba el 3% de media. También hubo que realizar los primeros retoques, eso sí superficiales, del sistema de pensiones. La tercera crisis, la de 2008, ha llevado el déficit al 11% (2011) y ha situado la Deuda por encima del 101%. Probablemente ha llegado para quedarse y la heredará la siguiente generación. Será nuestro principal legado.

CUADRO 5: DEFICIT Y DEUDA MAXIMA EN CADA CRISIS

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Haciendo honor a su vocación de equilibristas, los políticos han ido redoblando su apuesta, llevando lo más lejos posible déficit y deuda hasta agotar todo margen de maniobra de cara al futuro. Hoy por hoy, en un contexto incomparablemente peor que el de antaño, el ajuste sin reformas, a base de lo que se conoce como ganar tiempo, que es lo que pretende la clase política, parece imposible, tal como demuestra la evolución de los últimos Presupuestos. Esta vez, el ajuste será doloroso, sobre todo en el tema de las pensiones.

Perspectivas: ¿Más Impuestos o menos Gastos? El Estado español es incapaz de resolver el problema si no es con un incremento de los ingresos, porque no sabe recortar gastos y administrar el dinero de forma más eficiente. Pero el crecimiento futuro, además de ser mucho más débil, no va a proporcionar la riada de ingresos que proporcionó la burbuja inmobiliaria, y la presión fiscal no puede ser aumentada porque ha llegado y sobrepasado los límites de lo razonable. Pese a lo cual, a los nuevos partidos políticos tipo Podemos no se les ocurre otra cosa que proponer nuevas subidas de impuestos, lo que demuestra que de nuevos y modernos no tienen nada. Para eso ya estaban el PP y el PSOE, partidos típicamente socialdemócratas.

A pesar de que se trata de un problema que sólo tiene solución por la vía de la austeridad en el gasto, analicemos qué posibilidades hay de hacerlo por la vía de los impuestos, a pesar de su previsible fracaso. Del IRPF se tiene plena conciencia de que es abusivamente elevado, además de injusto, especialmente con los que menos ganan, que deberían estar exentos, al menos parcialmente, y sin embargo aportan la mayor parte de un impuesto que el Estado va haciendo más y más regresivo. En cuanto al IVA es evidente que constituye toda una agresión contra la capacidad adquisitiva de los españoles, y que una subida del mismo sería muy impopular.

Los políticos saben que tampoco pueden elevar otro impuesto igualmente confiscatorio como son las cotizaciones sociales, que no dan más de sí a pesar de que son las más altas de Europa, ocho puntos por encima de la media. No olvidemos que los españoles dedicamos a las cotizaciones sociales 102 días de trabajo al año.  Se trata de un auténtico impuesto sobre o contra el empleo, al que todos acusan de ser uno de los responsables de su destrucción y de las dificultades para crearlo, como se demuestra a cada paso, en buenas y malas coyunturas. La pirámide poblacional garantiza que el sistema de reparto se va a enfrentar a problemas insolubles, afirmación que no ofrece ninguna duda si se tiene en cuenta que su déficit de 2015 no ha sido inferior a un 1,5% del PIB, unos 17.000 millones de euros, muy parecido al de las Comunidades Autónomas. Déficit que no deja de crecer a pesar de que en los dos últimos años se han creado 1,3 millones de empleos.

CUADRO 6: SUPERÁVIT Y DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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La creación de nuevos empleos, al ser en su mayoría temporales y con bajos niveles salariales, apenas corrige la deriva negativa de la Seguridad Social. El sistema de pensiones se enfrenta a una situación kafkiana: si aumenta cotizaciones, destruye empleo y por tanto no consigue elevar la recaudación. De esta espiral sólo puede salir si el Estado rebaja las pensiones, cosa que no va a hacer porque se trata de un segmento electoral decisivo, o se hace cargo de ciertas prestaciones (viudedad, pensiones no contributivas), lo que reduciría sus márgenes de maniobra hasta extremos inverosímiles.

Hay que tener en cuenta que las dos principales partidas de gasto—pensiones y salud—van a seguir creciendo de forma imparable. Al alargarse la esperanza de vida, el consumo de prestaciones sanitarias aumenta exponencialmente y lo mismo ocurre con las pensiones. Si antes de 2020 no se toman medidas contundentes, y poco probables, el sistema está abocado a una crisis de enorme magnitud. Si bien existe una solución sencilla: como se trata de un sistema de reparto, como orgullosamente proclaman algunos, no habría más que dividir la recaudación por el número de beneficiarios para calcular las pensiones que nos corresponderían, naturalmente mucho más bajas que las actuales, así como el importe del copago sanitario que tendríamos que asumir.

Gasto público: para qué? Lo más grave de todo es que el monumental esfuerzo que han realizado los españoles apenas ha servido para cumplir los objetivos potenciales. En otros tiempos, se aducía que el Estado, por lo menos el español, tenía la obligación  de responder a tres grandes objetivos fundamentales

  • Proporcionar servicios
  • Equilibrar la renta regional
  • Estabilizar la economía

Por decirlo de alguna manera, estas han sido sus coartadas intelectuales para crecer.

En cuanto  al uso del Presupuesto desde un punto de vista cíclico, conviene recordar que el gasto público ha seguido creciendo en medio de las mayores crisis económicas que ha padecido este país, y no por razones de política económica sino por simple inercia. En las tres grandes crisis que hemos padecido (1977, 1992, 2008) se puede asegurar tajantemente que la política presupuestaria no sólo no ayudó a superar las mismas sino que las exageró hasta la exasperación, y fue directamente responsable de que esas crisis fueran más duras y más largas que las de los países de nuestro entorno. Gran parte de lo que ganábamos durante las fases de crecimiento lo perdíamos en las recesiones, agravando el característico modelo en dientes de sierra que ha caracterizado nuestro crecimiento.

En relación con el suministro de servicios públicos, la Administración española ha desarrollado un despliegue espectacular basado en una demanda creciente de todo tipo de servicios que la sociedad demandaba. Eso explica que en menos de cuarenta años, el número de empleados públicos se haya multiplicado por cinco. El problema es que ese aumento de plantillas ha venido acompañada de un descenso vertiginoso de su productividad. Todo el mundo asegura que los problemas existentes en Educación (baja calidad), Justicia (lentitud) o Sanidad (listas de espera) no se resuelven poniendo más gente o gastando más dinero sino gestionando mejor el personal y el presupuesto disponible.

Algo que nos recuerda que así funcionaban los países del socialismo real antes de que se derrumbaran: sin costes, sin precios, sin mercado, sin competencia. Únicamente atentos a conseguir el mayor volumen de recursos humanos e inputs materiales para compensar su absoluta falta de productividad. Un método de trabajo que se adapta como un guante al carácter del empleado público español, obligado a gastar su presupuesto todos los años, venga o no a cuento, y a tratar de aumentarlo sistemáticamente, un proceso que topa inevitablemente con las limitaciones que impone la economía real.

En relación al tercer apartado, el equilibrio regional, se pensó que la creación del Estado de las Autonomías podría ser la mejor manera de abordarlo, liberando la iniciativa local hasta ese momento supuestamente reprimida por un centralismo que no entendía de la naturaleza específica de los problemas locales y regionales. En la práctica, lejos de ser un factor de progreso ha resultado todo lo contrario, agravando los problemas derivados de un Estado lento, prolijo, inseguro y desigual. En lugar de crear una administración sobre nuevas bases, y de acortar las distancias entre administración y administrados, se ha reproducido el mismo esquema caduco. Y es que los funcionarios autonómicos quieren tener los mismos privilegios y los mismos métodos de gestión que caracterizan a la Administración Central. Puestos a copiar, han copiado lo peor.

Una de las mejores oportunidades que ha tenido este país de crear una administración de nueva planta ha sido malversado y dilapidado, agravando la falta de viabilidad económica de muchas autonomías y multiplicando hasta el paroxismo una burocracia dedicada a la captura de rentas y empleos públicos, con los mismos rasgos caciquiles y la misma inclinación clientelar de las burocracias originales. El Estado de las Autonomías ha servido para reinventar el caciquismo de siempre, un poder local dotado ahora de enormes recursos y un inmenso poder político.

A estas alturas es evidente que el estado de las autonomías en su actual forma es un error. De hecho, un sistema que debería haber servido para desarrollar las energías locales sólo ha servido para hacerlas más dependientes de lo que tenga a bien proporcionarles la Administración Central. Simplemente analizando sus tasas de paro es fácil llegar a la conclusión de que Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha, Valencia, etc, es decir, más de la mitad del territorio español, tienen un futuro muy dudoso.

Rajoy y Montoro, que estando en la oposición juraron y perjuraron que no financiarían estos déficits, han proporcionado en los últimos años no menos de 130.000 millones de supuestos créditos, que nunca serán devueltos, para que las regiones paguen sus facturas. Como se ha venido diciendo desde hace años, el Estado no es que haya dejado de gastar, lo que había dejado es de pagar.

La Administración Central, que en su día se atribuyó la tarea de conseguir el equilibrio regional, tiene que ver con aprensión cómo hoy es el día en que Extremadura tiene la mitad de renta per cápita de Madrid cuyo peso económico en el conjunto del Estado casi equivale al de toda Cataluña y triplica el del País Vasco.

Estado versus economía El país ha realizado un enorme esfuerzo para dotarse de un Estado moderno y funcional, dedicando a ese objetivo sus mejores recursos, casi siempre por encima del 40% del PIB, sin que haya obtenido unos resultados acordes con dicho esfuerzo. Para colmo ese despliegue ha sido tan rápido y falto de planificación que ha terminado por afectar al propio proceso de crecimiento económico. Estamos hablando de un aspecto de crucial importancia: el equilibrio que debe guardar en todo momento el potencial de la economía con el tamaño de la Administración y su estado de bienestar. Ese equilibrio no ha sido respetado en casi ningún momento de nuestra historia reciente. La crisis no ha hecho otra cosa que provocar un desequilibrio aún mayor. Una Deuda pública por encima del 100%, la mayor desde hace un siglo, va a condicionar nuestro futuro de manera duradera.

De este estado de hechos se deriva una realidad incontrovertible: España posee una de las peores administraciones de Europa. Que el mal gobierno no es una teoría ni un sesgo crítico injustificado sino que está basado en hechos reales y objetivos lo tenemos en los informes de las instituciones internacionales que periódicamente publican estudios comparativos sobre la calidad de los Gobiernos y en los que España siempre aparece en los últimos lugares de la lista, en compañía de países tan caracterizados como Italia, Portugal o Grecia. En relación con los mejores, generalmente del Norte de Europa, las distancias no han hecho sino aumentar. No es casualidad ni el resultado de una leyenda negra, o una conspiración antiespañola.

Todo parece apuntar en una misma dirección, a una de las piezas esenciales de nuestro ordenamiento: lo que peor funciona es el propio Estado, que en este momento y a la vista de las circunstancias debería estar llamado a liderar un proceso de reformas, cosa que no está haciendo. Independientemente del benévolo control que la Comisión Europea ejerce sobre el déficit español, la cuestión no deja de ser la que es para cualquiera que analice el tema con una mínima objetividad y espíritu crítico. Por ejemplo, Moody´s acaba de rebajar la perspectiva de la deuda española porque ha llegado a la conclusión de que las reformas estructurales o no se han desarrollado del todo, como la reforma laboral, o han sido irrelevantes, como la del Sistema de Pensiones. Otras ni siquiera se han planteado, como el control financiero de las Comunidades Autónomas. La OCDE sitúa sistemáticamente al Estado español en los últimos puestos en materia de seguridad jurídica y calidad de las  regulaciones, en una categoría similar a la de Italia o Grecia.

Cuando se analicen serenamente las causas del fracaso económico español, porque lo ocurrido representa un tremendo fracaso, se llegará a la conclusión de que una de sus razones fundamentales se ha debido a la mala calidad de la Administración y la Política, que en España son todo uno. Que un país que tenía tal potencial de crecimiento al llegar la democracia haya terminado por perder la mayor parte del mismo dice mucho de la capacidad del Estado español para esterilizar las muchas cualidades que este país tenía. No olvidemos que, como dicen Acemoglu y Robinson (Por qué fracasan los países), “son las instituciones las que determinan el devenir económico de un país”.

Diversos indicadores revelan que, a partir de los años noventa, coincidiendo con la segunda de las grandes crisis que nos han asolado (1992-1993), la voluntad reformista de la Administración se disolvió hasta casi desaparecer, salvo si se trataba de cambios formales y juridicistas, como las sucesivas reformas laborales que no cambian nada esencial. A partir de ese momento, el balance de la democracia se deterioró imparablemente. Nuestra renta per cápita sigue estando en torno al 80% de los países más avanzados, lo que quiere decir que la distancia respecto al núcleo central de Europa no se ha reducido en absoluto en los últimos cuarenta años. A pesar de haber recibido en ese período ingentes cantidades de fondos estructurales, grandes volúmenes de inversiones privadas y haber acumulado un fenomenal endeudamiento externo, la economía española no mejora relativamente en materia de productividad, complejidad e innovación porque las instituciones, que son el factor clave de la prosperidad y el crecimiento de un país, han acabado por asfixiar la iniciativa de los españoles y sus empresas.

El problema es que el país se ha habituado a estos hechos hasta el punto de que su opinión pública, o publicada, no reacciona ni sanciona. Todos los días parecen datos que revelan la mala gestión pública y los escándalos de corrupción que la misma lleva aparejados sin que, por parte de la sociedad, se haya producido ninguna reacción real a este estado de cosas, lo que viene explicado por la inexistencia de una verdadera opinión pública con capacidad de influir sobre la acción del Gobierno. La propia evolución del déficit público, y especialmente de la Deuda, pone de manifiesto que no hay capacidad para condicionar la marcha de los acontecimientos. La cultura política de los españoles está a medio hacer mientras que su capacidad para aguantar es prácticamente ilimitada. El único elemento real que modera la arbitrariedad del Gobierno es su propia incompetencia.

Pero la sociedad no está libre de culpas. Como dice el ministro de economía francés Emmanuel Macron, a las reformas se oponen también aquellos que son sus principales beneficiarios, y que no son otros que los que están dentro del sistema. En el tema de la reforma laboral, por ejemplo, aquellos que ya tienen empleo pretenden acorazarlo con más salario y más seguridad, a pesar de que la economía demanda insistentemente flexibilidad. Si hay un síntoma de que el mercado de trabajo no funciona es el hecho de que a pesar de las altas tasas de paro, los salarios no se reducen o siguen creciendo como si tal cosa. Como si una cosa no tuviera que ver con la otra. Como dice Macron “quienes están integrados en el sistema y tienen puestos a perpetuidad son los que dictan las normas y están interesados en que el sistema sea un coto cerrado porque son ellos quienes lo dirigen”.

Que este estado de hechos tiene una relación directa con el deterioro de la economía y la profundidad de las crisis no ofrece dudas. Bastará un ejemplo para demostrarlo: el funcionamiento, verdaderamente anormal, de las Cajas de Ahorro. La Ley de Cajas de 2002, que ahora es considerada un error monumental por sus propios autores, contribuyó a la colonización de las mismas por parte de partidos políticos y sindicatos, un hecho que está en el origen del mayor desastre financiero de la historia económica de España, provocada por unas entidades que carecían de mecanismos de control internos, estaban más que dispuestas a plegarse a los requerimientos del poder de turno, principalmente las Comunidades Autónomas que las utilizaron como bancos a su servicio, y finalmente carecieron de un efectivo control externo, que debería haber sido el Banco de España, cuya asombrosa lasitud en todo este proceso ha sumido  a la primera institución financiera del país en la vergüenza y el descrédito.

Lo paradójico de un sistema que tenía como objetivo una sociedad más estable, segura y solidaria es que ha conseguido justamente lo opuesto: la sociedad del sálvese quien pueda. Un mundo en el que impera una seguridad casi absoluta para unos, frente a una mayoría expuesta a la intemperie ante los vaivenes de la coyuntura. Mientras la Administración no ha padecido consecuencia alguna de su monumental fracaso económico–diez años de estancamiento y veinte de empleo—y ha mantenido la misma plantilla e igual trato privilegiado, la Banca se ha visto reducida de más de sesenta entidades a trece; la Industria ha perdido 900.000 empleos y más de 50.000 empresas; la Construcción ha pasado de construir 750.000 viviendas a menos de 100.000; y el mercado de trabajo sigue siendo más dual que antes. La brecha entre trabajadores temporales, que suponen un tercio de la masa laboral, y fijos, no ha hecho sino ampliarse.

El panorama sería menos negativo si tuviéramos una economía competitiva y puesta al día capaz de compensar la irremediable mediocridad del Estado. Pero la realidad es bien distinta. Desde 2008, las Exportaciones vascas, que siempre habían reaccionado positivamente en épocas de crisis, han evolucionado de manera muy discreta revelando la enorme pérdida de competitividad que se había producido desde 1998. A eso hay que añadir que nuestra capacidad para salir al exterior es estructuralmente muy limitada. El número de empresas exportadoras es pequeño y crece muy lentamente debido a la falta de dimensión de la mayor parte de las empresas en las que las pymes, especialmente las de menos de 50 trabajadores, tienen un peso desproporcionado. Además, exportamos básicamente a Europa y exportamos por precio. Nuestra economía se enfrenta  a un doble reto: cambiar la naturaleza de los productos que fabrica y diversificar sus mercados de destino, algo muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Todo ello explica que nuestras ventas al exterior crezcan muy lentamente.

Exportaciones España y País Vasco (2008-2015)

  ESPAÑA PAÍS VASCO  
Año Exportaciones Tasa de Variación Exportaciones Tasa de Variación País Vasco/España
2008 189.228 20.279 10,7%
2009 159.890 -15,5% 14.945 -26,3% 9,3%
2010 186.780 16,8% 17.875 19,6% 9,6%
2011 215.230 15,2% 20.488 14,6% 9,5%
2012 226.115 5,1% 20.971 2,4% 9,3%
2013 235.814 4,3% 20.631 -1,6% 8,7%
2014 240.582 2,0% 22.243 7,8% 9,2%
2015 259.241 7,8% 21.955 -1,3% 8,5%

*millones de euros * Fuente: INE

Resulta preocupante la evolución del País Vasco cuyas Exportaciones han crecido sólo un 8% en siete años (España 37%) lo que nos informa que el actual modelo de crecimiento, basado en tecnologías maduras y tradicionales, ha dado de sí todo lo que podía. Un número considerable de empresas vascas han demostrado que su capacidad para ponerse al día en el terreno tecnológico es limitada. Aquello que dábamos por supuesto, sobre todo en el seno de una crisis de semejantes proporciones, como desarrollar nuevos productos, competir de igual a igual en los mercados internacionales y aumentar su presencia estable en los mismos, ha resultado mucho más difícil de lo que pensábamos.

Un informe reciente (Orkestra) ponía de manifiesto el desfase entre las ayudas públicas a la innovación y sus resultados en forma de patentes y nuevos productos. La impermeabilidad de muchas empresas vascas, tan faltas de dimensión como sus homólogas españolas, a las nuevas formas de hacer, al uso sistemático de las tecnologías de la información, ha resultado ser mayor de la prevista. Seguimos siendo especialistas en productos intermedios o procesos parciales, y carecemos de productos finales. Como dice Mikel Navarro, “si no cambiamos nuestra inserción en las cadenas globales de valor lo vamos a pasar muy mal”.

Todo indica que tenemos una economía poco competitiva con un serio problema de crecimiento a largo plazo. Volveremos a crecer, sí, pero no lo haremos como antes.

Un problema político Normalmente se analizan los problemas económicos desde la perspectiva exclusiva de la política económica: tipos de interés, precios, déficit público, etc. Sin embargo, debemos ser conscientes que todos los problemas planteados—reforma laboral, déficit público, pensiones—son problemas esencialmente políticos, producto de un forma de hacer que intenta retrasar por todos los medios el momento de la verdad, ese en el que hay que confesar a los ciudadanos que, sin reformas, el sistema no da más de sí.

Como mínimo, habría que reformar el estado de las autonomías, modificar la financiación del sistema de pensiones, y ajustar el tamaño de ese Estado a las dimensiones reales de una economía que ha puesto de manifiesto sus auténticas limitaciones. Es dudoso que se haga algo así y es imposible que se haga a tiempo.

Podemos asegurar que dadas las limitaciones de nuestro aparato económico, España no puede sostener un gasto público de más del 40% del PIB. La experiencia nos dice que rebasar ese techo es incompatible con el crecimiento y la estabilidad. La primera consecuencia de no haberlo respetado es muy obvia: la Deuda Pública ha crecido  por encima del billón de euros, lo que tendrá consecuencias para nuestro futuro de enorme entidad.

El problema es que los españoles no entienden o no quieren entender de prioridades, esas que tienen su origen en la escasez, obligan a elegir y tienen la forma de incompatibilidades Por ejemplo,

  • pasar de 600.000 funcionarios (1976) a tres millones (2007) y pagarles una media de un 50% más que el sector privado es incompatible con un país que tiene una crisis económica cada quince años
  • pasar de poco más de un millón de jubilados (años setenta) a casi diez millones es incompatible con un cálculo de las pensiones que las sitúa en el nivel más alto de la OCDE (alrededor de un 80% del último sueldo)
  • subir los costes laborales cuarenta puntos más que la productividad en sólo diez años, como se hizo entre 1998 y 2007, es incompatible con el pleno empleo, puesto que somos un país cuya asimilación de nueva tecnología es limitada y cuya productividad crece muy lentamente
  • el actual gasto sanitario, en gran parte gratuito, es incompatible con un país que envejece a tal velocidad (edad media: España 43 años, Europa 35 años, Mundo 29 años)

En el contexto de una economía que crece mucho menos que antes, el estado de bienestar se vuelve incapaz de cumplir con compromisos adquiridos en épocas más felices. Seguramente para no reconocer esta inviabilidad, el Estado se ha dedicado a ganar tiempo explorando todas las posibilidades de elevar la Deuda pública y la presión fiscal, a costa de sacrificar la estabilidad y deprimir la actividad económica. Lo malo del caso es que este hecho es irreparable y no tiene solución, por lo menos a medio plazo. Hemos creado un monstruo y lo hemos dejado crecer hasta convertirlo en el agente social y económico por excelencia, en detrimento de la iniciativa y autonomía de una sociedad civil que se ha acomodado perfectamente ya que en España no existe tradición de nada que no dependa directa o indirectamente del poder, sea este el que sea. Es triste tener que reconocer que la democracia ha creado un estado clientelar y una sociedad dependiente que se necesitan mutuamente. La tradición ha sobrevolado el cambio de régimen y ha alcanzado, al amparo de la confusión entre política y administración, una dimensión fundamentalista: fuera del ámbito público no hay vida posible.

Sobre unas bases tan frágiles, las propias de una economía de desarrollo tardío, desde la Transición, las fuerzas políticas, dominadas casi totalmente por funcionarios, han creado, como dice Manuel Arroyo,  “un Estado inviable, carísimo y muy corrupto”. La contradicción entre una economía frágil y un Estado inviable nos ha llevado al desastre y va a ser fuente de problemas permanente.

Así que, o reformamos la economía para que crezca más, o reformamos el Estado para que cueste menos, o hacemos las dos cosas a la vez.

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