COYUNTURA ECONÓMICA. Primer trimestre 2016

  • La economía española ha crecido el pasado año un 3,2%, una tasa excepcional que no se había alcanzado desde 2007. Mientras, la economía vasca creció un poco menos, un 2,8%, debido al pobre comportamiento de las Exportaciones. Este es el único dato negativo procedente del exterior porque todos los demás han sido positivos, como la devaluación del euro, la caída del precio del petróleo, y el formidable impulso financiero transmitido por el BCE que ha permitido rebajar la prima de riesgo y animar moderadamente el crédito. Tan sólo la bajada del precio del crudo aportó entre cinco y ocho décimas de crecimiento y supuso un ahorro de más de 10.000 millones de euros. A todo ello debemos añadir la aportación extra que supuso un Presupuesto cerrado con 50.000 millones más de gastos que de ingresos. Pero en cuanto hemos vuelto a crecer, la aportación exterior ha pasado a ser negativa y la productividad se ha estancado porque no hemos cambiado para nada el modelo de crecimiento que nos llevó a la crisis.
  • Se trata de una coyuntura llena de incertidumbres que se sostiene gracias a un conjunto de circunstancias absolutamente artificiales. Lo único que condiciona la política económica española es la suave pero persistente presión de Bruselas para que el Estado reduzca un déficit público cuyo calendario, después de tres prórrogas, incumple año tras año. Tarea enormemente difícil, como ya advirtió en su día el FMI, debido al crecimiento descontrolado del gasto público durante los años de la burbuja inmobiliaria, una tendencia que no se corrigió en absoluto durante la crisis y que deja un legado de masivo endeudamiento que va a pesar sobre las próximas generaciones.
  • Poco a poco, la situación se va normalizando gracias a Bruselas y el BCE. Lo que ocurre es que el punto de partida es tremendamente negativo. El paro ha bajado al 20% pero sólo se crea empleo temporal y de baja calidad porque la confianza de los empresarios sigue estando bajo mínimos. La crisis bancaria va a exigir nuevas fusiones y absorciones porque la morosidad se mantiene tercamente por encima del 10%, el margen financiero es muy bajo y los activos improductivos son enormes. El endeudamiento de familias y empresas va remitiendo pero sigue siendo muy alto, lo que explica la debilidad del crédito. Eso quiere decir que sólo saldremos del pozo si las circunstancias exteriores ayudan y que cualquier recesión que asome por el horizonte, como es el caso, nos va encontrar con los deberes hechos a medias.

1. La coyuntura española ha encontrado en las dificultades de la economía mundial, y más específicamente de la zona euro, un filón. No solo gestiona su endeudamiento a precios irrisorios, lo que es esencial para un país con un enorme pasivo, sino que se ve tratada con considerable dulzura por parte del BCE en aquel apartado que es su debilidad recurrente: el déficit público. Se trata, sin duda, de una tutela muy especial como demuestra el hecho de que estando muy endeudados, los tipos de interés han seguido bajando, lo que constituye un regalo sin contrapartidas del que ha disfrutado el Gobierno anterior y que puede disfrutar el nuevo si no comete más tonterías de las necesarias.

Decimos que no hay contrapartidas porque, como reconoce a su pesar la Comisión Europea, el proceso de reformas se paralizó hace dos años y el déficit público sigue incumpliendo reiteradamente sus compromisos, y eso que España ha conseguido tres prórrogas pese a lo cual no ha respetado en ningún ejercicio los nuevos calendarios. Pero la Comisión Europea, a pesar de las ganas que le tiene al Gobierno español, se tienta la ropa en una coyuntura tan delicada como la actual—una salida de la crisis de lo más dubitativa—y trata por todos los medios de no abrir un nuevo frente en el Sur de Europa que haga tambalear la escasa confianza que impera en Europa y en el euro, del que nadie duda a estas alturas que fue un error monumental.

Un ejemplo de lo que decimos lo tenemos en el trato exquisito que la Comisión ha dedicado a Portugal cuyo último presupuesto ha sido confeccionado por una coalición de izquierdas que ganó las elecciones con el abierto propósito de acabar con las políticas de austeridad y los recortes, y que lo primero que ha hecho, como es lógico, es subir los sueldos a los funcionarios. Si antes ya era muy complicado ajustar las previsiones presupuestarias ahora es casi imposible pese a lo cual la Comisión  se ha limitado a pedir “nuevos esfuerzos” al Gobierno portugués y prometer un seguimiento, imaginamos que muy próximo, de un gasto público que con toda seguridad se va a desviar de lo previsto.

Al amparo de esta coyuntura tan curiosa, nuestros males parecen menos males (mal de muchos, consuelo de tontos) y hasta nuestro endeudamiento parece menos amenazante. Por ejemplo, la deuda de los hogares se ha reducido en 27 puntos y aunque está once por encima de la media europea es similar a la de EE UU y más baja que la del Reino Unido. La deuda de las sociedades no financieras (empresas) sólo representa 4,7 veces el excedente bruto de explotación (llegó a ser de 6,5 veces en 2007). Lo que crece imparablemente es la deuda pública que ha acabado el año por encima del billón de euros, casi el 100% del PIB, y cuya reducción se antoja enormemente complicada. Desde 2007 se ha incrementado en casi 700.000 millones. No constituye un problema inmediato dado que las políticas del BCE han abaratado la prima de riesgo hasta extremos inverosímiles pero no deja de ser una espada de Damocles que pende sobre nuestro futuro. El Gobierno español, con su típica miopía para el largo plazo, se felicita a sí mismo por el hecho de que los intereses se hayan estabilizado en torno a los 30.000 millones, pese a lo cual el déficit se ha situado en torno al 5% del PIB.

Debemos ser conscientes, sobre todo ahora que la economía mundial se está desacelerando (crecerá no más de un 2%, lo que es muy poco), de que tener semejantes niveles de deuda nos ha convertido en un país vulnerable, susceptible de sufrir convulsiones tan pronto como las experimente la economía mundial y mucho más agudas que las del resto. La afición de Rajoy a no hacer nada nos va a salir muy cara.

2. Mientras tanto asoma por el horizonte una réplica, la enésima, del seísmo anterior. El reajuste chino ha provocado enormes crisis en los países emergentes productores de materias primas, de petróleo sobre todo. La inmensa marea de liquidez generada por las políticas de los bancos centrales, y que sabíamos que antes o después generaría nuevas burbujas, se ha retirado de esos mercados agravando el panorama y provocando caídas en las Bolsas. Europa va a ser una de las regiones más afectadas dado que sus expectativas son dudosas, su potencial de crecimiento limitado, los desequilibrios fiscales considerables, y sigue sin resolver alguno de sus problemas fundamentales, como es el caso del saneamiento bancario. Por encima de todo carece de una condición esencial para afrontar los problemas: confianza. Además, la falta de entendimiento entre el Norte y el Sur agrava su conocida falta de liderazgo.

En cuanto a España, los problemas internacionales seguramente ralentizarán un crecimiento que, en cualquier caso, no iba a durar mucho tiempo a tales ritmos. A las economías débiles como la nuestra los problemas ajenos les afectan de manera particular ya que bloquean la salida clásica de la crisis vía exportaciones. Resultan particularmente preocupantes los malos resultados que en este terreno está obteniendo la economía vasca cuyas ventas al exterior retrocedieron el año pasado un 2,4%, sin ni siquiera esperar a que la nueva crisis asomara por el horizonte. Algo grave debe de estar haber sucediendo con la competitividad de la industria vasca. Además, su escasa dimensión le impide abordar mercados distintos de los europeos, a donde se dirige el 64% de sus ventas, lo que nos deja sin salidas en situaciones como las actuales. Desde 2008, es decir, a lo largo de siete largos años, las exportaciones vascas sólo han crecido un 8%. Un dato tan preocupante como para disolver todo tipo de optimismo institucional. Algo no anda. Una parte del tejido industrial, el de la pequeña y mediana empresa, parece estar desintegrándose.

3. Si habiendo crecido nuestro PIB más de un 3%, algo que no se daba desde hacía diez años, y creado más de 600.000 empleos, con una prima de riesgo casi simbólica, el Presupuesto se salda con un déficit de más de 50.000 millones de euros (dando por buenas las liquidaciones de las Comunidades Autónomas lo que exige grandes niveles de credulidad), está claro que tenemos un problema estructural.

Un problema que podría tener solución por la vía de los gastos, cosa que no se quiere hacer de ninguna de las maneras, pero que no la tiene por la vía de los impuestos dada su previsible evolución. Del IRPF se tiene plena conciencia de que es abusivamente elevado, además de injusto, especialmente con los que menos ganan, que deberían estar exentos, al menos parcialmente, y sin embargo aportan la mayor parte de un impuesto que el Estado va haciendo más y más regresivo al no actualizar los mínimos exentos. Los políticos saben que tampoco pueden elevar otro impuesto igualmente confiscatorio como son las cotizaciones sociales, una tasa sobre o contra el empleo al que todos acusan de ser uno de los responsables de su destrucción y de las dificultades para crearlo, como se demuestra a cada paso, en buenas y malas coyunturas. Y tras las últimas subidas, el IVA constituye toda una agresión contra la capacidad adquisitiva de los españoles. Por cierto, a los nuevos partidos políticos tipo Podemos no se les ocurre otra cosa que pretender subir los impuestos, lo que demuestra que de nuevos y modernos no tienen nada. Para eso ya estaba el PP.

La mayor parte de los economistas españoles que no trabaja para la Administración, y algunos de los que sí trabajan en ella, llevan años clamando por una bajada de impuestos por lo que una subida de los mismos parece imposible. La creación de nuevos empleos, al ser en su mayoría temporales y con bajos niveles salariales (que es lo que ha provocado la falsa sensación de que se está produciendo una devaluación salarial), apenas corrige la deriva negativa de la Seguridad Social cuyo déficit anual ha rebasado los 17.000 millones de euros. El sistema de pensiones se enfrenta a una situación kafkiana: si aumenta cotizaciones, destruye empleo y por tanto no consigue elevar la recaudación. Se trata de una espiral de la que sólo puede salir si el Estado rebaja las pensiones, cosa que no va a hacer porque se trata de un segmento electoral decisivo, o se hace cargo de ciertas prestaciones (viudedad, pensiones no contributivas) lo que reduciría sus márgenes de maniobra hasta extremos inverosímiles.

Desde hace treinta años, desde que llegaron los socialistas al poder, la clase política ha vivido un espejismo: creer que el sector público podía crecer indefinidamente, y que sus problemas financieros se resolverían en el siguiente ciclo expansivo: repartimos hoy lo que vamos a producir mañana. Algo que empezó a resultar de lo más dudoso a partir de los años 90 cuando costó más de doce años, con un crecimiento económico de más del 3% de media, acabar con un déficit del 7,5%. También hubo que realizar los primeros retoques, eso sí superficiales, del sistema de pensiones. Ahora, en un contexto incomparablemente peor, el ajuste sin reformas, a base de lo que se conoce como ganar tiempo, que es lo que pretende la clase política, parece imposible. Y la liquidación de los últimos Presupuestos lo demuestra fehacientemente.

Hay que tener en cuenta que las dos principales partidas de gasto—pensiones y salud–van a seguir creciendo de forma imparable. Al alargarse la esperanza de vida, el consumo de prestaciones sanitarias aumenta exponencialmente y lo mismo ocurre con las pensiones. Si antes de 2020 no se toman medidas contundentes, y poco probables, el sistema está abocado a una crisis de enorme magnitud si bien tiene una solución sencilla: como se trata de un sistema de reparto, como orgullosamente proclaman algunos, no habría más que dividir la recaudación por el número de beneficiarios para calcular las pensiones que nos corresponderían, naturalmente mucho más bajas que las actuales, y el importe del copago sanitario que tendríamos que asumir. Sencillo.

Independientemente del benévolo control que la Comisión Europea ejerce sobre el déficit español, la cuestión no deja de ser la que es para cualquiera que analice el tema con una mínima objetividad y espíritu crítico. Por ejemplo, Moody´s acaba de rebajar la perspectiva de la deuda española porque ha llegado a la conclusión de que las reformas estructurales o no se han desarrollado del todo, como la reforma laboral y el saneamiento bancario, o han cosechado un fracaso evidente, como la de la Seguridad Social. Otras ni siquiera se han planteado, como el control de las Comunidades Autónomas. En estas y otras cuestiones sólo se engaña  el que quiere ser engañado, casi siempre un político profesional y a veces el Banco de España. La manera en que tan alta institución cambió o suavizó la negativa opinión de sus propios inspectores sobre la situación de Bankia permitió que un montón de incautos suscribieran sus acciones. Con el tiempo, se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el Estado español manejó la crisis, empezando por la bancaria: con una falta de responsabilidad absoluta.

4. El otro frente vulnerable es el de la Banca. Los resultados del pasado año, aun habiendo aumentado un 8%, han puesto de manifiesto los límites del negocio de intermediación financiera. El sector ganó unos 11.000 millones de euros (dando por buenos sus propios datos) cuando antes de la crisis llegaba cómodamente a los 18.000 millones. Unos tipos de interés casi simbólicos hacen que el margen financiero sea muy pequeño, y el exceso de endeudamiento impide que el crédito crezca sustancialmente. Casi todos los bancos salvan los ejercicios por la vía de ingresos atípicos, vendiendo participaciones e inmuebles, porque son incapaces de ganar dinero con lo que se conoce como negocio recurrente.

A la banca no le queda otro camino que recortar gastos despidiendo personal y cerrando oficinas. A los 70.000 despidos ya realizados podrían añadirse otros 15.000, y a las 15.000 oficinas ya cerradas se les pueden añadir otras 3.000, bien por la vía individual, bien abordando nuevas fusiones y absorciones que muchos expertos consideran inevitables. Al fin y al cabo, seguimos siendo el país con más oficinas bancarias de Europa. Al final, no van a quedar más allá de una media docena de entidades de gran magnitud (ahora son quince), lo que sería la más positiva aportación de la crisis: la reestructuración de un sistema financiero antes sobredimensionado y ahora adelgazado. Eso y la internacionalización de por lo menos las dos entidades más potentes, Santander y BBVA, cuyas filiales exteriores han generado un importante volumen de resultados que ha permitido aguantar a las centrales, por lo menos hasta que Brasil y Turquía entraron en crisis.

Por si fuera poco, el sector está obligado a aumentar sus recursos propios en un momento en que salir a Bolsa y ampliar capital es muy complicado. Y es que la rentabilidad sobre capital no pasa del 5%, en el mejor de los casos, y los inversores, conscientes de que la banca de hoy en día es un negocio de alto riesgo, demandan el doble, un 10%, una rentabilidad que la banca española no es capaz de alcanzar ni en sueños. El año pasado las acciones de la banca cayeron un 27% sobre los ya muy bajos niveles existentes, lo que sitúa su cotización por debajo de su valor en libros por lo que la posibilidad de que algún banco sea objeto de una OPA hostil tiene a muchos sin dormir. Una acción del Popular vale poco más de dos euros lo que tiene su lógica si se tiene en cuenta que su rentabilidad sobre recursos propios fue el año pasado del 0,83%. Mientras, el Santander solo gana 980 millones en España, sobre un total de 6.000 millones, y el BBVA gana menos en España que en México. Y eso que no introducimos en la ecuación la existencia de unos eufemísticamente llamados activos improductivos, unos 225.000 millones de morosos y activos inmobiliarios de dudoso valor. Igual es eso lo que evita la citada OPA.

¿Quién nos iba a decir hace unos años que la banca se convertiría en uno de los negocios menos atractivos que existen, tanto desde el punto de la rentabilidad como de la seguridad? Una ruina, por mucho mármol que tengan.

5. Si hasta el sistema financiero, que creíamos el más sólido del mundo, ha tenido que afrontar semejante prueba, si las empresas se han visto afectadas hasta el punto de desaparecer o reconvertirse, si las familias han tenido que soportar un tremendo castigo como es la pérdida de sus empleos, en muchos casos acompañadas de desahucios, resulta verdaderamente escandaloso el comportamiento del sector público, cuyo objetivo durante la crisis no ha sido otro que minimizar cualquier impacto negativo sobre su organización y sus privilegiados empleados públicos, que siguen como si nada en sus tres millones, (en el País Vasco han aumentado y ya son 139.000), sin pérdida alguna de sus condiciones de trabajo (horarios, retribuciones). El gasto corriente no ha sido objeto de la menor revisión y el personal excedentario es enorme. La reforma de la Administración, una organización que vive encerrada en su burbuja, se sigue demorando sine díe. La semana de 35 horas que acaba de aprobar un Gobierno Vasco autista en beneficio de quienes no han soportado la crisis, no va a aplacar a los liberados de la función pública, pagados con nuestros impuestos, que ya anuncian nuevas movilizaciones en defensa de más reivindicaciones.

Mientras, la mayor parte de las empresas vascas siguen perdiendo dinero y sólo pueden ofrecer contratos temporales mal pagados. Asistimos a una oleada, que se veía venir desde hace años, de empresas que se deslocalizan o son absorbidas, y cuyos centros de decisión se trasladan a otros lugares. Ahora nos damos cuenta de que las inversiones en I+D siguen sin dar resultados prácticos, de que el tamaño de las empresas es demasiado pequeño, y de que carecemos de empresas tractoras con productos finales por lo que somos un candidato natural a pasarlo mal (véase informe Orkestra). Entretanto, un Gobierno que habla del derecho a decidir no es capaz de desmarcarse del marco fiscal que impone Madrid para ofrecer uno más apropiado a nuestros problemas, los de un país todavía industrial (¿por cuánto tiempo?) pero poco competitivo y con un futuro sumamente complicado. Entre otras cuestiones por razones fiscales. ¿Autonomía para qué?

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