COYUNTURA ECONÓMICA. Cuarto trimestre 2015

  • La economía sigue su curso alimentada por un déficit público que no muestra signos de contraerse, y por las políticas del BCE, que intenta compensar la fragilidad de unas economías (Alemania, Italia, Francia) que desde hace un año van a menos a pesar de las inyecciones monetarias (QE), de unos tipos de interés simbólicos y un euro desfalleciente. Todo vale con tal de alejar el fantasma de la deflación, o cuando menos de un estancamiento secular que amenaza a unas economías demasiado intervenidas hasta el punto de que son incapaces de reaccionar por sí mismas. Es significativo que la primera consecuencia económica de los atentados de París haya sido la de autorizar a Francia para que demore sine die una consolidación fiscal que en cualquier caso no pensaba alcanzar. Y todo en medio de la renuncia más absoluta a cualquier tipo de reformas que puedan irritar a las opiniones públicas de cada país.
  • No hace falta decir que el gobierno español se mueve en este escenario como pez en el agua hasta el punto de hacer pasar su desmadre fiscal como virtuosa política de apoyo a la demanda. Como todos los años, Rajoy incumplirá sus compromisos en materia presupuestaria, y también lo hará el año que viene, incluso con una desviación aún mayor. Lo que es pura y simplemente incapacidad para reestructurar el sector público se ha convertido en una herramienta perfecta para su reelección. Todo lo que prometió que haría (reformas en materia laboral, mercados de servicios, o pensiones) no lo ha hecho. Y lo que prometió que no haría, como financiar sin límite a unas Comunidades Autónomas, que han entendido que no es el momento de hacer nada que pueda desagradar al personal, sí lo ha hecho. El país reelegirá a uno de los peores gobernantes que ha tenido a lo largo de su historia, lo que ya es decir, y se verá obligado a asumir las enormes consecuencias de su pasividad y su manfutismo, con una Deuda Pública monstruosa a la que tendrá que hacer frente la próxima generación.
  • Los males de la economía vasca no son esos pero resultan igualmente preocupantes. Uno de ellos es su incapacidad relativa para hacer algo que dábamos por supuesto: ponerse al día tecnológicamente hablando, desarrollar nuevos productos, competir de igual a igual en los mercados internacionales y aumentar su presencia estable en los mismos. Un informe reciente (Orkestra) revelaba el desfase entre las ayudas públicas a la innovación y sus resultados en forma de patentes y nuevos productos. La impermeabilidad de las empresas vascas, tan faltas de dimensión como sus homólogas españolas, a las nuevas formas de hacer, al uso sistemático de las tecnologías de la información, ha resultado ser mayor de la prevista. La tradición metalmecánica pesa demasiado y nuestra clase empresarial, que tiene un enorme mérito, no tiene recambio en las nuevas generaciones como reconocen algunos jefes de la patronal. Nos hemos convertido en especialistas en productos intermedios o procesos parciales, y carecemos de productos finales. Como dice Mikel Navarro, “si no cambiamos nuestra inserción en las cadenas globales de valor lo vamos a pasar muy mal”.

1.El caso español es un ejemplo claro de crisis cerrada en falso. En lugar de afrontar los problemas que la crisis ha puesto de manifiesto, se ha dejado que pase el tiempo sin reformar nada, una tarea en la que Rajoy es maestro incontestable. Ninguna de las cuestiones pendientes (endeudamiento, mercado de trabajo, crisis bancaria) se ha afrontado o resuelto, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales, que en algunos casos (rescate bancario) tuvieron que tomar la iniciativa ante un gobierno que se resistía a afrontarlo. A la vista de los resultados conseguidos, todas las supuestas reformas que ha aplicado, como la laboral, han venido a ser un hacer como que se hacía. El empeño de Rajoy de pasar por el hombre que nos ha sacado de la crisis, representa una de las más grandes tergiversaciones de la historia, en un país lleno de ellas. Pero su pasividad no deja de ser la fórmula tradicional, ensayada en todas las ocasiones en que las cosas se han puesto feas. La gente se rasga las vestiduras como si fuera algo nuevo o específico de esta coyuntura o de este político olvidando que, hasta donde nos alcanza la memoria, siempre se ha hecho lo mismo y se han obtenido los mismos resultados.

España, lejos de confirmar las esperanzas concebidas con la llegada de la democracia y la entrada en Europa, los dos acontecimientos más importantes de esta época, ha demostrado que sólo en parte se podía achacar al franquismo y al aislamiento nuestro retraso histórico, retraso que no hemos reducido en absoluto (en relación a los países más avanzados) a lo largo de los últimos cuarenta años de democracia, a pesar de recibir ingentes cantidades de fondos estructurales y, durante los primeros años, montones de inversiones exteriores. Seguimos siendo un país vulnerable, que soporta muy mal las crisis, y que es propenso a los desequilibrios exteriores, lo que revela una fragilidad competitiva considerable. El horror a la competencia está muy extendido y es el propio de un país que sigue creyendo que las reglas del mercado son menos importantes que las influencias y los contactos.

Un ejemplo revelador de lo que realmente somos es el sector exterior. Es un área en el que no caben los autoengaños. A pesar de los progresos realizados en los últimos tiempos, en gran medida forzados por las circunstancias, exportamos poco, tenemos pocas empresas exportadoras con presencia internacional consolidada, y nuestras ventas al exterior se caracterizan por su escaso contenido tecnológico. Vendemos por precio productos banales, fácilmente reproducibles por la que ya es nuestra principal competencia: países en vías de desarrollo con un posicionamiento en la división internacional del trabajo mucho mejor que el nuestro. La marca España es irrelevante. Y todavía la gente se sorprende de que los salarios relacionados con una formación escasa, la de la gran mayoría, el típico especialista, sigan inequívocamente una tendencia descendente. No cabe un síntoma más exacto de nuestra débil posición competitiva. Económicamente hablando, somos poca cosa.

Sin embargo, se ha producido un malentendido generalizado ya que los políticos han hecho creer que somos una potencia económica homologable con las mejores de Europa y consiguientemente debemos tener su mismo nivel de bienestar. A pesar de que la economía crece poco—durante los últimos veinte años una media de no más del 1,5%– nuestra Administración crece como la espuma. Nuestra economía no está preparada para soportar un sector público que supone casi un 45% del PIB cuando nuestra capacidad real para sostenerlo se sitúa en un margen entre el 35 y el 40 por ciento. Padecemos en forma de crisis diferencial el contraste no admitido entre lo que realmente somos y lo que creemos ser, una ficción sistemáticamente alimentada por unos políticos que si por algo se caracterizan es por no hablar idiomas y no salir al exterior.

Mientras la economía crecía a ritmos de más del 3% estos pequeños detalles permanecían ocultos, sobre todo porque la burbuja inmobiliaria generaba espectaculares ingresos para las haciendas públicas. Pero cuando dejó de hacerlo, el gasto público no se moderó sino que las insensatas políticas de Zapatero de corte keynesiano hicieron que el Presupuesto pasara en sólo dos años de un superávit del 2% a un déficit de más del 11%. Por una suerte de integrismo religioso aplicado a cuestiones terrenales, la sociedad española cree que todo lo conseguido es irreversible, y que las conquistas adquiridas ni se pueden ni se deben cuestionar. Lo único que consigue con ello es agravar los problemas hasta extremos inverosímiles.

En economía nada se puede dar por supuesto. De hecho, la economía española no sólo se ha estancado sino que ha retrocedido considerablemente. Todavía, después de pasado 2015, estaremos unos cinco puntos de PIB por debajo de 2008, el punto de partida de la gran recesión que hemos experimentado. Hasta 2017 o 2018, en el mejor de los casos, no recuperaremos el nivel alcanzado entonces (cuando Francia y Alemania lo consiguieron en 2011)  lo que representa toda una década perdida. Y lo malo es que el país no ha aprendido nada, ni ha sacado apenas ninguna conclusión del desastre padecido. Tanto la sociedad como la administración parecen mantener las actitudes de siempre sin que los datos objetivos les aflijan en modo alguno. En España la inercia es enorme.

Somos parte, no lo olvidemos, del pelotón de los torpes europeos demostrando algo que ya se sabía, que nuestras crisis son siempre peores que las de los demás y duran más. España siempre padece una crisis diferencial, lo mismo que un País Vasco mucho menos diferente de lo que se quiere reconocer. Y es que somos muy vulnerables porque:

  • no hacemos los deberes (reformas) durante los años de expansión, que es cuando hay que hacerlas, ni hemos liberalizado ni aumentado la competencia en mercados fundamentales (laboral, energético)
  • no sabemos o no queremos reaccionar frente a las dificultades ni atemperamos nuestras variables económicas porque nos negamos a aceptar los sacrificios inevitables que ello supone. Ocho años después seguimos hablando de los recortes presupuestarios y de la devaluación salarial, lo cual es especialmente grave si tenemos en cuenta que los presupuestos han seguido creciendo lo mismo que los salarios de los fijos (sólo los salarios de los temporales han caído). No hacemos lo que hay que hacer pero nos quejamos como si lo hubiéramos hecho.

Lo que demuestra que nuestra economía, más allá de los problemas objetivos que padece, sufre las consecuencias de la inmadurez social y de la incapacidad histórica que tiene este país para debatir abiertamente sus problemas, sobre todo si los mismos exigen medidas impopulares. Nuestra economía es muy joven y poco asentada pero nuestro sistema político lo es aún más. Es incontestable que ni uno ni otro funcionan cuando el entorno se vuelve complicado y reclama cambios difíciles. Desde el inicio de la democracia hemos sufrido tres crisis (1975, 1992, 2008) que siempre han sido más largas y más duras que las padecidas en nuestro entorno. Lo que nos ha ocurrido no es casual.

2. Todo lo cual puede sonar sorprendente si tenemos en cuenta que este año creceremos más de un 3% y crearemos medio millón de empleos, una de las tasas de crecimiento más altas de las economías europeas. Pero no nos engañemos, se trata en gran parte de una ilusión estadística, la comparación que se establece con un período del pasado excepcionalmente negro, en el que la economía española y vasca retrocedieron brutalmente.

Además, crecemos básicamente gracias a factores externos sobre los que tenemos muy poca capacidad de control. Es el caso del precio del petróleo, que ha bajado desde su punto álgido de 146 dólares el barril a sólo 46 dólares, de la cotización del euro que ha pasado de 1,60 dólares a 1,06, de un precio del dinero casi simbólico, y del empujón monetario que lleva a cabo el BCE con la compra mensual de 65.000 millones de activos. La prima de riesgo sigue bajo mínimos a pesar de que la Deuda pública no deja de crecer. El miedo europeo al estancamiento es de tal magnitud que la política económica ha abandonado todo tipo de cautelas. Rajoy capitaliza un “éxito” en el que no ha tenido nada que ver.

La aportación castiza al crecimiento consiste en el incumplimiento sistemático del plan de estabilidad en materia de déficit público, que el gobierno sobrepasará por enésima vez este año y el siguiente, lo que le ha proporcionado no menos de 60.000 millones adicionales de gasto público (y de deuda). Por cierto, los datos aportados por Montoro resultan tan inverosímiles que ya han provocado un conflicto con una Autoridad fiscal Independiente, aunque dependa del Ministerio de Hacienda, que ha empezado por descalificar los presupuestos de la Seguridad Social, sobre todo en materia de pensiones.

Por lo demás, la lista de problemas pendientes debería  llamar a la prudencia, sobre todo después de las elecciones, especialmente si el contexto exterior en materia de política económica deja de ser tan favorable como ha sido en los últimos años. El más grave de todos, especialmente porque parece que somos incapaces de afrontarlo, es el mercado de trabajo. Después de siete u ocho pseudoreformas (si se hacen tantas es que no se ha hecho ninguna), no hay crisis que no acabe transformándose en una tragedia social de enormes proporciones, con tasas de paro por encima del 20%, millones de personas sin prestación alguna, más de la mitad de los jóvenes sin empleo y con pocas expectativas de conseguirlo, etc. El último intento de reforma tenía como objetivo explícito el de suprimir la dualidad de un mercado que protege hasta la saciedad a unos, los fijos, y deja en el más absoluto desamparo a los demás, los temporales. Un sistema ruinoso en lo empresarial y que además es responsable de que no se forme a los jóvenes. En estos momentos, el porcentaje de contratos fijos es el mismo de antes de la crisis y no pasa del 7%, lo que demuestra que la supuesta reforma no ha servido para nada. Las instituciones internacionales se han cansado de recomendar una nueva vuelta de tuerca, a lo que el Gobierno se ha negado en redondo. Lo grave del caso  es que se trata de un sistema que cuando llega la crisis destruye empleo cualificado, y cuando llega la recuperación crea empleo temporal y de escasa cualificación. Así no vamos a ninguna parte.

Pero el paro es nuestro problema histórico por excelencia y la última crisis no nos ha sorprendido en este sentido. Lo que sí es propio de estos años es el enorme endeudamiento que hemos acumulado, uno de los mayores del mundo (ver el gráfico del trimestre al final). Para alimentar un crecimiento muy por encima del potencial, y especialmente para crear una burbuja inmobiliaria como la española, familias y empresas se endeudaron hasta las cejas. Cuando llegó la crisis, el Estado, supuestamente para mantener la actividad y en realidad para no reformar la Administración, ha tomado el testigo elevando la Deuda pública a máximos históricos. Conviene recordar que se trata de un endeudamiento que, en su mayor parte, no potenciará nuestro futuro crecimiento,  ya que no se ha utilizado en actividades en las que se pueda recuperar lo invertido: la mayor parte se ha utilizado para financiar la burbuja inmobiliaria, el gasto corriente de la Administración, o inversiones como el TAV, de las que no va a salir ningún empuje adicional que dinamice la actividad económica.

El problema se ve agravado por el hecho de que buena parte de esa Deuda procede del exterior. Ello nos hace extraordinariamente vulnerables ante cualquier cambio  que se produzca en los mercados internacionales, por más que en este momento la cuestión preocupe más bien poco gracias a la política del BCE, que mantiene en niveles casi simbólicos la prima de riesgo, en torno a unos 110 puntos, presta dinero a nuestros bancos, más de 200.000 millones,  y facilita que familias y empresas soporten unos créditos enormes gracias a un Euribor prácticamente nulo (es posible que pueda volverse negativo en próximos meses).

Gestionar el reciclaje de los enormes flujos exteriores se ha cobrado una víctima esencial. Algún día se sabrá el volumen de pérdidas que el sistema bancario ha sufrido por sus errores, no inferior al 25% del PIB, y que ha acabado con casi todas las cajas de ahorro que eran prácticamente la mitad del sistema. La solvencia del conjunto ha salido tan malparada que la banca española es la menos solvente de Europa, a excepción de la de Portugal, y eso a pesar del enorme volumen de recursos que se le han inyectado, más de 55.000 millones. Además tiene que hacer frente a un enorme volumen de activos tóxicos, más de 224.000 millones, de los que no menos de 28.000 millones son de suelo, el activo más ilíquido y menos productivo, y eso a pesar del trasvase de muchos activos al llamado banco malo. El sistema bancario español, por mucho que asegure que ha superado la crisis, sigue en la UCI como demuestra el hecho de que todos sus capitales fully loaded alcanzan el 10% de los activos, mientras que la morosidad se eleva al 11%, y eso siendo muy optimistas. No es de extrañar que sienta una gran preocupación ante las exigencias que plantean los acuerdos de Basilea y que el crédito crezca muy débilmente.

La cuestión se ve agravada por un problema de rentabilidad debido a los bajos tipos de interés y la escasa actividad crediticia. Su rentabilidad actual, un 4% del capital, ha caído a una quinta parte en relación a 2007, cuando era del 20%, y está muy por debajo del coste de ese capital, no inferior al 10%. La banca no ha tenido más remedio que ajustar su modelo de negocio pero, a pesar de haber cerrado 14.000 oficinas, una tercera parte del total, y despedido a más de 70.000 personas, un 25%, sigue sin ser rentable, y es que todavía tiene demasiadas oficinas, la que más de Europa, y hay demasiadas entidades bancarias, por lo que es de esperar que se produzcan más acuerdos de fusión y absorción. A la banca se le puede hacer la misma advertencia que se le hace al Estado en relación con la Deuda externa: su vulnerabilidad a un posible endurecimiento de las condiciones de financiación. Recordemos que incluyendo las inyecciones del BCE, vehiculadas a través del Banco de España, la deuda exterior del sistema financiero español se acerca a los 700.000 millones de euros.

El otro gran problema de la economía española es el déficit público cuya reducción, tal como dijo en su día el FMI, constituye la tarea más difícil y complicada del mundo. Entre otras razones porque la falta de voluntad política a la hora de hacerlo es manifiesta. Rajoy es el tipo adecuado para no afrontar una situación así, como la Comisión Europea parece haber descubierto con retraso, en el sentido de que la cuestión no le preocupa lo más mínimo. Ha llegado al extremo de asegurar de que, desde está en el poder, ha cumplido siempre con los objetivos de déficit, cosa que en realidad no ha hecho nunca. La Comisión se enfrenta a un moroso pertinaz y sin complejos, que dará largas siempre que pueda antes de cumplir con sus obligaciones. Pobre Comisión, primero los griegos y ahora nosotros.

No es extraño que la Comisión Europea se sienta profundamente preocupada con España ya que no hace caso a ninguna de sus recomendaciones. Los exámenes periódicos que realizan confirman que tenemos una de las economías más desequilibradas de Europa, incumpliendo siete de un total de catorce indicadores: empleo, deuda pública, deuda privada, posición neta de inversión internacional, pérdida de cuota de mercado de exportaciones, tasa de desempleo de larga duración y tasa de paro de jóvenes entre 15 y 24 años. La Comisión ha llegado a la conclusión de que Rajoy no tiene la menor intención de corregir o solucionar los problemas. No deja de ser curioso que Europa sienta una desconfianza hacia Rajoy mucha mayor que la que sienten los propios ciudadanos españoles, que son los que deberían estar más preocupados por la cuenta que les trae. Y es que nos hemos acostumbrado a lo peor como si fuera algo corriente. Ese ha sido el sutil programa de Rajoy: hacernos creer que somos un caso de lo más normal, que lo que nos ocurre entra dentro de lo habitual.

La cuestión presupuestaria se ve agravada por la existencia de dos problemas difíciles de ocultar: las Comunidades Autónomas están fuera de control y son incapaces, suponiendo que quieran, que no quieren, de reducir un déficit que tienen todos los visos de ser estructural, y la Seguridad Social es incapaz de mantener el sistema de pensiones en su actual configuración. Casi todas las Comunidades Autónomas duplican los límites de gasto fijados como resultado de la tolerancia del Gobierno. El déficit de este año se elevará al 1,4% cuando tenían el compromiso de no pasar del 0,7%. Salvo País Vasco, Navarra y Galicia, ninguna Comunidad Autónoma cumplirá sus compromisos. Situación que en años venideros puede empeorar si les siguen dando créditos. Rajoy y Montoro, que estando en la oposición juraron y perjuraron que no financiarían estos déficits, han proporcionado en los últimos años no menos de 130.000 millones de supuestos créditos, que nunca serán devueltos, para que las regiones paguen sus facturas. Como se ha venido diciendo desde hace años, el Estado no es que haya dejado de gastar, lo que había dejado es de pagar.

El Estado español es incapaz de resolver el problema si no es con un incremento de los ingresos, porque recortar los gastos y administrar el dinero de forma más eficiente no sabe. El problema que se le plantea es doble en este sentido: el crecimiento futuro, además de ser mucho más débil, no va a proporcionar la riada de ingresos que proporcionó la burbuja inmobiliaria, y la presión fiscal no puede ser aumentada porque ha llegado y sobrepasado los límites de lo razonable. Lo mismo ocurre con las cotizaciones sociales, un auténtico impuesto contra el empleo, que no dan más de sí ya que son las más altas de Europa, ocho puntos por encima de la media. Mientras tanto, la pirámide poblacional garantiza que el sistema de reparto se va a enfrentar a problemas insolubles, afirmación que no ofrece ninguna duda si se tiene en cuenta que el déficit de este año no será inferior a un 1,5% del PIB, muy parecido al de las Comunidades Autónomas.

Debemos ser conscientes que todos los problemas planteados –reforma laboral, déficit público, pensiones—son problemas esencialmente políticos, producto de una forma de gobernar que intenta retrasar por todos los medios el momento de la verdad, ese en el que hay que empezar por confesar a los ciudadanos que, sin reformas, el sistema en su actual configuración no da más de sí. Como mínimo hay que reformar el estado de las autonomías, reconociendo que más de la mitad de España tiene un futuro económico menos que dudoso (Andalucía y Extremadura con el 35% de tasa de paro, por ejemplo), y modificar la financiación del sistema de pensiones, incluyendo todas las pensiones no contributivas y gran número de ayudas sociales dentro del Presupuesto del Estado.

Hay que ajustar el tamaño de ese Estado a las dimensiones reales de una economía que ha puesto de manifiesto sus auténticas limitaciones, superando de una vez, con un diagnóstico realista de la situación, el optimismo interesado de un mundo oficial para el que la economía es algo parecido a la Intendencia. Una vaca que dará siempre leche, pase lo que pase.

3. Es probable que, a tenor de la evolución de la economía mundial, los ritmos de crecimiento se moderen. De hecho ya han empezado a hacerlo y las tasas de crecimiento por encima del 3% pasarán a mejor vida. No puede ser otro el destino de una operación electoralista tan absurda como crecer en base a la demanda interna cuando tenemos una de las economías más endeudadas del globo. En este sentido, los datos del comercio exterior hasta junio revelan los límites del experimento: las Exportaciones crecen un 3,7%, lo que no está mal a la vista de cómo evoluciona la economía europea, pero las Importaciones crecen un 6,3%, a pesar de que la caída del precio del petróleo supone un ahorro no inferior a unos 9.000 millones, lo que hace imposible cumplir con el objetivo de obtener un superávit comercial. La economía española no se ha orientado hacia el exterior como esperábamos sino todo lo contrario, lo que constituye un verdadero despropósito, uno más en larga cadena de ellos perpetrada por el Gobierno.

Se trata de un modelo de crecimiento insostenible desde cualquier punto de vista. Baste señalar dos datos. Por un lado, la economía española crecerá este año un 3,1% pero la demanda interna crecerá un 3,9% lo que quiere decir que la aportación del sector exterior será negativa, no inferior al 0,5%, lo que no tiene ningún sentido. Además, el empleo crecerá tanto o más que el producto interior, y la evolución de la productividad será nula o negativa. Un esquema que se parece desgraciadamente al que manteníamos antes de la crisis y que nos llevó hasta donde ahora estamos. El país no aprende y los políticos menos.

No es probable que asistamos a cambios inmediatos en los mercados internacionales de capital dada la debilidad del crecimiento de la zona euro y  los problemas planteados por la crisis china y de los países emergentes, lo que quiere decir que no es esperable, por lo menos a corto plazo, un empeoramiento en las condiciones de financiación. Pero a medio o largo plazo estas condiciones pueden cambiar considerablemente lo que afectaría a los países más endeudados. De hecho, hacia finales de año, la Reserva Federal norteamericana iniciará una lenta subida de sus tipos de referencia. Por una simple cuestión de prudencia, España debería empezar a reducir a su deuda externa aunque conociendo a Rajoy es seguro que ello no estará entre sus prioridades, lo que quiere decir que volveremos a vivir situaciones insostenibles a lo largo de años venideros.

Por otra parte, un contexto europeo tan deprimido como el actual no puede durar mucho tiempo. En un par de años los tipos de interés tienen que volver a crecer, la depreciación del euro se tiene que detener o revertir, y el precio del barril volverá a subir. Solo con que el petróleo suba un 10%, el euro se revalorice ligeramente y los tipos de interés se incrementen en un punto, el actual crecimiento se puede reducir a la mitad. Y no hemos mencionado el ajuste presupuestario que España tiene que realizar para reducir en sólo dos años el déficit actual del 5,8% (como mínimo) al 2,8%, y que equivale a un recorte del déficit de más de 30.000 millones. Con estos supuestos, y teniendo en cuenta los dos grandes condicionantes heredados de la crisis—un paro escandaloso y un endeudamiento insoportable—las tasas de crecimiento de la economía española se irán acercando a su horizonte potencial, que no es mayor del 1% de media. Esta es la verdadera herencia de una crisis cuyos efectos no han terminado con la llamada década perdida sino que se extenderán en el tiempo al menos otro tanto.

Conforme va pasando el tiempo, se va pudiendo evaluar con exactitud la magnitud del desastre acaecido y sus consecuencias sobre el futuro. La gente quiere creer que lo peor ha pasado, y es posible que sea cierto, pero lo simplemente malo no ha pasado sino que dominará el panorama económico por lo menos durante los próximos diez o quince años. La crisis deja una huella indeleble, una especie de cicatriz que supurará durante mucho tiempo. Hemos cronificado la crisis haciéndola menos intensa pero más duradera.

En realidad, nada de esto nos debería sorprender, a menos que consideremos que lo que era totalmente artificial, el crecimiento de los años de la burbuja, era lo normal. Pero incluso incluyendo esos años, la economía española ha dejado atrás un ciclo de veinte años en los que el crecimiento medio no ha pasado del 1,5%, y eso endeudándonos hasta las cejas, un proceso  que no puede volver a repetirse. ¿Cuánto podemos crecer de ahora en adelante con los condicionantes citados? Pues mucho menos.

Hay que recordar que las economías que antes salieron de la recesión y comenzaron a crecer otra vez hicieron dos cosas esenciales: sanear su sistema financiero y equilibrar sus cuentas públicas. Nosotros no hemos hecho ninguna de las dos cosas.

4. Una nación que permite que se desarrolle una crisis de esta magnitud y la afronta como la ha afrontado no solo arruina su presente sino que compromete su futuro hasta extremos inimaginables. Las consecuencias de este desastre nos van a perseguir durante generaciones. Buena parte de ese desastre tiene su origen en la frivolidad, ligereza o franca irresponsabilidad con que la sociedad y su clase política contemplan las cuestiones más preocupantes, por utilizar una palabra leve, con la más absoluta tranquilidad e indiferencia, sin reaccionar ante lo que sin duda es intolerable. Porque es intolerable que tengamos las indemnizaciones por despido más altas de Europa cuando un tercio de la ocupación es temporal con contratos por horas o por días, además de recibir una paga miserable. Es insoportable que Rajoy lleve la Deuda Pública a los aledaños del 100% del PIB, comprometiendo el futuro de la próxima generación, simplemente para que la Administración no sufra las consecuencias de la crisis y se mantenga prácticamente intacta. O que contemplemos impasibles que se recorte el gasto en sanidad e innovación mientras se invierte en infraestructuras absolutamente innecesarias y de mantenimiento ruinoso como el TAV. O que contemplemos con indiferencia que en menos de cuarenta años la tasa de paro se eleve tres veces a los aledaños del 25%, como si fuera algo inevitable o fuera de nuestra competencia. O que, contra la opinión del Gobierno, se haga un rescate bancario absolutamente insuficiente, de sólo 40.000 millones de euros cuando se necesitaban, como recomendaba Europa, más de 100.000 millones, tan sólo porque Rajoy no estaba dispuesto a admitir a unos hombres de negro que hubieran puesto al descubierto la verdadera magnitud del gasto público en España y la manera irresponsable con que se utiliza. O que no queramos ver cómo se lleva a la ruina al sistema de pensiones, que ha entrado en una especie de déficit irreversible, cuando desde hace más de veinte años se recordaba por activa y por pasiva que las percepciones no podían sobrepasar el 60% de las últimas retribuciones percibidas a pesar de lo cual se han mantenido por encima del 85%. Todas estas cuestiones, y muchas más, obedecen a problemas para los que no ha habido reformas hasta ahora y parece dificilísimo que las haya en el futuro por una suerte de incapacidad política que se puede achacar a partes iguales a la clase dirigente y a la propia sociedad.

Como si fuéramos una galaxia fatalmente atraída por un agujero negro, el país ha llevado a la ruina una economía que parecía prometedora cuando entró en la entonces CEE y gozaba de todas las bendiciones de una Europa a la que ahora reprochamos nuestros propios errores, como si fuéramos eternos menores de edad. En realidad, Europa ha hecho para salvarnos mucho más de lo que hemos hecho nosotros mismos o nuestro Gobierno. No es de extrañar que hayan llegado a desconfiar de Rajoy en mucha mayor medida que lo hacen nuestros propios ciudadanos, muy inclinados a tragarse la propaganda oficial sin cuestionarla.

Rajoy presume de haber evitado el rescate cuando nos hubiera ido mucho mejor con él, haciendo las reformas imprescindibles, impuestas desde el exterior naturalmente porque es la única manera de que se hagan, y controlando un gasto público de tal manera que hubiera sido imprescindible reformar la Administración de arriba abajo, hoy irreversible y fatalmente sobredimensionada. Porque toda la política económica del Gobierno, por llamarla de alguna manera, no ha girado sobre otro objetivo que no fuera el de que la Administración saliera intacta de la crisis. Al fin y al cabo, la mayoría del Gobierno, el propio Rajoy, y la totalidad del Gobierno Vasco, no son otra cosa que funcionarios que tienen muy clara la frontera existente entre ellos y lo que está al otro lado de la barrera, el mundo exterior. La comprobación empírica de que son incapaces de gestionar una crisis resulta a estas alturas evidente. Sólo a los españoles, y a los franceses, se les ocurre elegir a sus dirigentes entre la clase profesional más ineficiente del país.

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