Una crisis sin respuesta

Introducción

Durante los prolegómenos de la crisis, allá por los años 2007 y 2008, la sociedad española reaccionó muy negativamente ante los intentos del Gobierno de quitar importancia a los problemas que se estaban gestando, y eso que el ciclo económico mostraba claros síntomas de inflexión en relación a años anteriores, caracterizados por una euforia desmedida.

Aquella actitud no tenía nada que ver con la manifestada en crisis anteriores, tanto en la llamada crisis del petróleo, que duró diez largos años (1974-1984), como en la crisis de 1992/1993, mucho más breve pero no menos onerosa, en términos de empleo sobre todo. Entonces los ciudadanos se negaron con gran entereza y determinación a enterarse de lo que estaba pasando y rehuyeron enfrentarse a realidades desagradables iniciando espectaculares huidas hacia adelante. Conviene recordar que, por esta y otras razones, los ciclos depresivos españoles han sido más largos y más duros que los que han atravesado otros países de nuestro entorno.

Esta vez parecía diferente. Gran parte de la sociedad se sentía escandalizada ante los intentos del Gobierno socialista de calificar de mera desaceleración una crisis de la que ya entonces se sospechaba iba a tener una enorme trascendencia. De hecho, esta actitud sería uno de los componentes esenciales que prepararon su estrepitosa derrota electoral de 2011. En circunstancias parecidas, en 1993, un Gobierno socialista que intentaba ocultar una realidad igualmente catastrófica, había ganado unas elecciones que habían tenido lugar en el mismo mes en que se había producido dos devaluaciones, el fracaso por excelencia de la política económica. Hasta entonces, los Gobiernos que ocultaban los problemas seguían gobernando. Parecía que esta vez las cosas estaban cambiando y, por primera vez, una sociedad que no gobierna ejercía la posibilidad de sancionar al que lo había hecho rematadamente mal (sólo mal no basta).

Demasiado bello para ser verdad. Cuando ha sido necesario pasar de las palabras a los hechos, esa sociedad, asustada por lo que se le venía encima, se ha rasgado las vestiduras al ver que se recortan gastos o se hacen tímidas reformas, es decir, ha intentado por todos los medios seguir como si la crisis (y habría que analizar qué entiende semánticamente por crisis la mayor parte de la gente) no tuviera por qué afectar a un modo de entender la economía que se resume en unas expectativas de mejora ilimitadas. Así que, en realidad, hemos vuelto a lo de siempre.

Una reacción social de este tipo constituye una apuesta segura para un fracaso colectivo de dimensiones épicas como el que estamos padeciendo, un fracaso de tal magnitud que va a condicionar nuestro futuro de manera sustancial. Tardaremos diez años (2008-2018) en recuperar los niveles de PIB anteriores a la crisis. En cuanto al empleo, no somos capaces de calcular cuando volveremos a tasas de paro inferiores al 10%. La paradoja de esta historia es que, más adelante, todo tipo de gastos o costes, pensiones o salarios, sufrirán recortes más duros que los que se han adoptado hasta ahora, cuando se compruebe de manera fehaciente que no pueden ser soportados por la economía. Pero ya será tarde para evitar lo peor.

Es verdad que no ha existido ningún tipo de liderazgo por parte de los Gobiernos. Todo lo contrario. El Sector Público ha compartido la misma estrategia del sálvese quien pueda, sólo que, además, a diferencia de las empresas o las familias, tenía los medios (más impuestos y más deuda) para limitar su propio ajuste. Su respuesta ante la crisis ha sido la de dejar pasar el tiempo a la espera de que las cosas se arreglen, a ser posible solas. Ya sea por la pasividad de la Administración o por la resistencia corporativista de la sociedad, nuestra respuesta a la crisis ha sido la de siempre: tarde, mal y nunca.

La crisis ha resultado ser tan grave que no es exagerado afirmar que va más allá de un problema meramente económico. Se trata de una crisis política y social, que ha puesto al descubierto la naturaleza de una sociedad y de una Administración incapaces de enfrentarse a una de esas rupturas de la continuidad que cada cierto tiempo se producen en las economías modernas. Como se demuestra en el hecho de que seis años después de iniciada la crisis:

  • El sistema financiero sigue sin reaccionar, el crédito no fluye, la morosidad esté por las nubes,  y todo el mundo sospeche de la existencia de un problema de solvencia bancaria mucho mayor del reconocido formalmente, lo que impide que la financiación se sume a un proceso de recuperación muy condicionado por su escasez.
  • A pesar de que los precios de la vivienda llevan 23 trimestres consecutivos en descenso y han caído un 40%, la construcción de viviendas pulsa en los niveles más bajos de la historia. En 2013 sólo se iniciaron 34.000 viviendas cuando llegaron a ser más de 700.000 en su momento más alto (2007).
  • El Estado ha despilfarrado enormes cantidades de dinero acumulando una Deuda Pública monumental que va a crear grandes dificultades a las siguientes generaciones. Por descontado, el sector público no ha adelgazado ni ha incrementado su capacidad para ayudar a la economía, salvo a la banca y eso gracias a Europa.
  • La sociedad no genera alternativas que puedan influir sobre la conducción de la economía. A pesar de los inmensos costes sociales que soporta, no es capaz de crear una opinión pública crítica con el poder. Su pasividad es total.

A día de hoy no es difícil hacer un balance del desastre. Durante muchos años vamos a ser un país endeudado hasta las cejas, con un modelo de crecimiento agotado, y un  paro crónico. Lo que se resume diciendo que nos espera un futuro probablemente mediocre.

Nuestra clase política, formada básicamente por funcionarios, ha fracasado, y el país se ha quedado sin alternativas, sin élites de recambio. Todo el mundo espera que, como en crisis anteriores, los problemas se resuelvan por sí mismos y la economía vuelva a ser la de antes. Pero si algo es seguro es que la economía no volverá a ser la de antes, y que las posibilidades de alcanzar un potencial de crecimiento aceptable son remotas. Y es que el mundo está cambiando pero nosotros no lo hemos hecho.

1. Prolegómenos Suelo seguir un espacio televisivo (National Geographic) que se llama Catástrofes aéreas. Es un análisis de las razones por las cuales un avión determinado acabó estrellándose. Generalmente no se debe a una sola razón sino a un conjunto de circunstancias, de detalles, cada uno de los cuales puede tener escasa importancia pero que sumados a otros igualmente menores acaban llevando al avión al desastre. El de la economía española es igualmente producido por la conjunción de una serie de errores cada uno de las cuales podía tener una importancia relativa pero que actuando coordinadamente nos llevaron a la situación en la que ahora nos encontramos.

El primer error de todos reside en la naturaleza de los ciclos económicos que caracterizan el modelo de crecimiento español.  Los ciclos económicos siguen en España un curso prefijado. En la medida en que la economía española sufre de un déficit crónico de ahorro, el crecimiento económico depende de la evolución de la balanza de pagos que, en un país poco competitivo, sufre un deterioro visible en cuanto la economía empieza a crecer, en la medida en que los precios internos aumentan más que los exteriores.

Desde el Plan de Estabilización de 1959, España nunca ha sido capaz de mantener un ritmo de crecimiento moderado y sostenible, y las etapas de expansión, casi siempre excesivas, van seguidas por períodos de crisis, devaluaciones y políticas contractivas. La economía sigue un curso en dientes de sierra que reduce considerablemente su potencial de crecimiento e impide a las empresas disponer de un horizonte previsible a largo plazo.

En condiciones normales así hubiera sido esta vez, después de salir de una de las peores crisis, la de 1992/93, tan intensa que  llevó la tasa de paro  a niveles del 25%,  pero breve, gracias a las devaluaciones que unos mercados desconfiados impusieron. Cuando se inicia la recuperación sólo un año después, a partir de 1994, todo el mundo parecía haber aprendido la lección: los empresarios a no endeudarse en exceso, el Estado a controlar el gasto público, y los bancos a prestar con prudencia. Los trabajadores llegaron incluso a sospechar que el paro tenía algo que ver con la evolución de los salarios.

No hace falta decir que estas lecciones se les olvidaron enseguida. A la altura de 1998, la economía estaba otra vez repitiendo su comportamiento habitual, lo que en otras circunstancias nos hubiera obligado a frenarla utilizando la parafernalia habitual: consolidación fiscal, endurecimiento crediticio, subida de tipos de interés, control de precios y salarios, etc. Tal vez una nueva devaluación si se comprobaba que no había otra manera de equilibrar la balanza de pagos.

Pero esta vez no sucedió nada de eso. No hubo que frenar el gasto público ni la inversión privada, y el déficit de balanza de pagos siguió creciendo y creciendo. Y es que habíamos entrado en el euro, lo que suponía que los tipos de interés seguirían siendo escandalosamente bajos, porque eran los que había fijado el BCE para ayudar a una Alemania en pleno proceso de reunificación. El déficit de la balanza de pagos sería cubierto por entradas de capital y préstamos que los mercados nos concederían en la suposición, que el tiempo demostró inexacta, de que Europa supervisaría todo el proceso, las políticas económicas de los distintos países del euro se irían coordinando gradualmente, y el endeudamiento de un estado miembro, ya fuera España o Grecia, estaría garantizado por el conjunto, aunque sólo fuera porque buena parte de ese endeudamiento procedía de Francia o Alemania, cuyo exceso de ahorro había encontrado un uso rentable.

Por una serie de casualidades que tienen que ver con el euro, recibimos muchos más recursos de los que somos capaces de utilizar eficientemente, y la economía española, que nunca se había encontrado en una situación semejante, acabó por no saber cuáles eran los límites de la realidad.

Hay que decir ante todo que este hecho no era necesariamente malo. Podíamos haber empleado esta repentina abundancia para modernizar nuestra economía, encontrar un nuevo modelo de crecimiento sostenible, más acorde con unos salarios y un gasto público que habían crecido mucho más que la productividad. Era la oportunidad soñada para integrarnos en Europa reduciendo las distancias que todavía nos separaban. No hicimos nada de eso, esencialmente porque los políticos carecen de un proyecto de país y porque los empresarios tienen una inclinación irresistible por el corto plazo y el pelotazo inmediato. Y la fórmula más sencilla y de resultados más efectivos para ello es una burbuja inmobiliaria como la que se creó de la noche a la mañana. Nula complejidad tecnológica, mano de obra abundante, precios en alza, rentabilidad incomparablemente mayor que en ningún otro sector de la economía, financiación resuelta y alcaldes corruptos deseosos de especular con el suelo. Este fue el segundo error.

Faltaba otra pieza del puzle: cómo articular un proceso que requería enormes cantidades de dinero. La solución estaba en Europa y en sus mercados mayoristas que recogían el ahorro pero no sabían dónde emplearlo. El sistema financiero español les proporcionó la solución,  especialmente las Cajas de ahorro, en manos de políticos y sindicalistas, que encauzaron ese endeudamiento hacia la Construcción, que en sus momentos álgidos llegó a suponer más del 20% del PIB español (ahora es la mitad). Pronto el crédito empezó a rebasar ampliamente los límites prudenciales: la de los peticionarios en relación a su solvencia y la de los bancos en materia de concentración de riesgos.

Y todo el proceso se nos fue de las manos. Lo que tenía que haber sido un ciclo de crecimiento de unos cinco años se convirtió en un proceso expansivo que duró catorce. Lo que podía haber sido una tasa media de crecimiento no superior al 2%, la capacidad para crecer sin desequilibrios de entonces, rebasó como media el 3%, con crecimientos de la demanda interna de más del 5%. El déficit de balanza de pagos superó durante varios años el 10% del PIB haciendo de la economía española una de las más endeudadas del globo.

Y todo ello ante la mirada complacida del Gobierno popular incapaz de advertir que se trataba de un proceso artificial y muy vulnerable a poco que a los mercados financieros sintiesen dudas sobre la continuidad del proceso. Lo que sucedió a partir de 2007, cuando el pánico se apoderó de los mercados, y la fiesta terminó.

La historia posterior es bien conocida pero resulta sintomático que cuando estalló la crisis el Gobierno de Zapatero sacase pecho manifestando que España no tenía hipotecas sub prime. Teníamos algo mucho peor: un endeudamiento externo fenomenal y un sistema financiero comprometido hasta límites inimaginables en sociedades de promoción y construcción que habían invertido todos sus recursos en suelo y viviendas de las que no podrían desprenderse en más de una década.

2. El colapso financiero Si algo caracteriza esta crisis es la de ser una crisis financiera, no única pero sí básicamente. Una crisis mucho más difícil de resolver  que las demás. No sólo porque rompe el enlace esencial entre ahorro e inversión sino porque nos deja sin soluciones para una economía terriblemente endeudada. El proceso de desapalancamiento, a pesar de los enormes esfuerzos realizados (que han supuesto una terrible caída del consumo y de la inversión), ha avanzado poco en estos seis años.

Una de las primeras cosas que las entidades financieras enseñan desde tiempos inmemoriales es que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, que la dispersión del riesgo debe guiar la política inversora de la banca, un criterio esencial  que fue ignorado de manera casi unánime durante la primera década del siglo. Cuando estalla la crisis, más del 60% de los activos de la banca estaban comprometidos con el sector inmobiliario en todas sus versiones, desde la compra de suelo, pasando por la promoción, la construcción y la financiación hipotecaria del comprador final. Un proceso que implicaba un enorme volumen de financiación exterior. En muchos casos, el crédito llegó a suponer un 150% del ahorro propio del banco.  La crisis vino a romper el cordón umbilical que unía el proceso. Cuando la compra de viviendas se retrajo, la promoción inmobiliaria se vio incapaz de hacer frente a sus obligaciones con la banca, la cual a su vez se vio imposibilitada para seguir financiando el ciclo.

Como en otros sectores de la economía, la reacción del sector fue la habitual en estos casos: una total opacidad en una lucha desesperada por ganar tiempo y dejar que las cosas se arreglasen por sí mismas, a la espera de que el mercado de la vivienda volviese a la vida y las aguas a su cauce. Así que  afronta un problema monumental negando la mayor: no hay tal crisis, a pesar de que el sistema financiero se había volcado en un negocio inmobiliario que había ayudado a edificar, nunca mejor dicho, a base de créditos baratos, financiación ilimitada, plazos de amortización interminables (se hablaba de hipotecas a cuarenta años) y niveles de riesgo inauditos. Entre 2000 y 2007, el crédito a las familias se había multiplicado por 3,5, y la deuda de las empresas había pasado de 0,95 billones en 2005 a 1,5 billones en 2010.

En esta tarea de ocultación jugó un papel decisivo el Banco de España, que perdió el tiempo diseñando complicados procesos de fusión que no hicieron otra cosa que agravar el panorama. Finalmente tuvo que intervenir cuando una parte del sistema colapsó. Todas eran cajas de ahorro, lo que explica la manera de reaccionar del regulador, que no había tenido tantas contemplaciones  treinta años antes cuando tuvo que liquidar unas sesenta entidades financieras de pequeño tamaño (aparte de las del grupo Rumasa), entidades que evidentemente no contaban con los contactos políticos de las cajas de ahorro. No cabe duda que en ciertos aspectos, y el caso del Banco de España es paradigmático, con el paso del tiempo este país ha ido hacia atrás.

El destrozo ha sido de tales dimensiones que ha forzado la desaparición de un tercio del sistema financiero, obligando a otro tercio a fusionarse o ser absorbido en lo que ha sido la mayor reestructuración de su historia. Y es que:

  • Las pérdidas, cuyo monto total no se conocen pero que son enormes, (una estimación las sitúa en torno a los 300.000 millones) han dejado al sistema financiero español descapitalizado, con las consabidas excepciones. Después de Letonia, es el que tiene el más bajo nivel de solvencia de Europa. El dato es de lo más aleatorio si se tiene en cuenta que el índice de morosidad se acerca al 14%, lo que supone que los créditos de dudoso cobro se aproximan a los 195.000 millones de euros,  los créditos refinanciados a 211.000 millones, y la banca ha acumulado 80.000 millones de activos inmobiliarios, cifras que pueden seguir aumentando si el estancamiento se prolonga en el tiempo.
  • La rentabilidad del sector ha quedado muy malparada, en parte por la necesidad provisionar créditos irrecuperables, en parte por la propia contracción del crédito, en parte por la financiación de los despidos, en parte porque, incluso después de la supresión de oficinas y personal, el sector es demasiado pesado e ineficiente para un negocio que ha dejado de ser el que era. En 2013, sólo dos entidades obtuvieron márgenes brutos superiores al 1% sobre activos, lo que indica que la recuperación de las entidades será en el mejor de los casos muy lenta.

De la magnitud del desastre habla claro el proceso de reestructuración que se ha producido, y que ya ha supuesto la destrucción de 62.000 puestos de trabajo y el cierre de más de 12.000 oficinas, un proceso que está lejos de haberse completado. Las estimaciones actuales de cara al futuro inmediato calculan que se cerrarán unas 4.000 oficinas más y se despedirá a otros 30.000 empleados.

Gráfico 1: Oficinas y personal entidades bancarias

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Fuente: El País y elaboración propia

La consecuencia de este desastre es una contracción del crédito a empresas y familias de enormes dimensiones, con consecuencias durísimas sobre el empleo y la inversión. Hoy es el día en que, según las organizaciones empresariales, al menos el 70% de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, ven rechazadas total o parcialmente sus peticiones. Las entidades financieras han desarrollado tal aversión al riesgo que prefieren invertir los recursos disponibles, en parte obtenidos a través del BCE, en bonos del Estado, con los que obtienen mayores diferenciales pero aumentan el riesgo-país a la vez que sirven para transformar el ahorro no en inversión sino en gasto corriente de las Administraciones.

Dentro de la operación publicitaria “salida de la crisis”, el Gobierno asegura que el crédito ha empezado a moverse. Efectivamente, el nuevo crédito ha tocado suelo y ya ha iniciado una tímida, muy tímida, recuperación, pero los efectos de la contracción crediticia han sido de tal magnitud que su monto global o stock crediticio está muy lejos del que teníamos antes de la crisis como se puede ver en el siguiente gráfico del crédito a empresas. Lo mismo sucede con el crédito al consumo, a la construcción o a las familias.

Gráfico 2: El crédito a empresas

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Fuente: Juan Carlos Barba. El Confidencial.

Por si esto fuera poco, los costes financieros pagados por las empresas españolas son incomparablemente más altos que los que obtienen las empresas alemanas o francesas, lo que deteriora aún más  nuestra competitividad y dificulta la recuperación de las empresas. Hay que recordar que, según encuestas de las asociaciones empresariales, dos tercios de las empresas vascas siguen en pérdidas dado que su estructura de costes esencial– salarios, impuestos y gastos financieros– ha seguido empeorando durante todos estos años.

Gráfico 3: Tipos de interés reales por países

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Fuente: EL PAIS, 8 de junio de 2014.

No hay duda que la reconstrucción del sistema y la vuelta a la normalidad financiera llevará mucho, muchísimo tiempo. Puede ocurrir lo mismo que sucedió en Japón: los bancos son “salvados” a base de enormes inyecciones de dinero pero se convierten en entidades zombis que dejan de prestar. Las entidades aducen falta de demanda solvente. También es cierto  que las nuevas regulaciones de capital les obligan a reducir el volumen de los créditos. Finalmente, tienen ante sí un largo camino para reducir su apalancamiento (deben 1,1 billones de euros) y mejorar su rentabilidad, dado que la gran mayoría pierde dinero (aunque no lo reconozca).

De lo que no hay duda es de su importancia en el plano coyuntural: no habrá recuperación mientras no haya crédito, aunque también es cierto que no habrá crédito sin recuperación debido a que no habrá demanda solvente. La pescadilla que se muerde la cola.

3. El Estado de la Deuda: la huida hacia adelante Demostrando que el Estado español no sólo no está a la altura de la sociedad civil sino que, como demuestra en su funcionamiento diario, es menos eficiente y reacciona peor que la sociedad en su conjunto, el comportamiento del Estado ante esta crisis ha sido el peor de cuantos hemos padecido desde el inicio de la democracia.

No cabía imaginar un comportamiento más escapista, timorato e indolente que el que han protagonizado dos gobiernos supuestamente tan diferentes como el socialista y el popular. Dos caras de la misma moneda en la medida en que han llevado a cabo sendas huidas hacia adelante en las que el componente esencial ha sido el gasto público. Con Zapatero para practicar un supuesto keynesianismo que los mercados se negaban a financiar. Con Rajoy para sostener una administración y un gasto social con el mínimo de sacrificios posible,  que los mercados sí han financiado gracias al BCE y a Bruselas, a los que no se les reconoce el mérito contraído. Mérito relativo porque ha servido para que el Estado se endeude hasta extremos inimaginables.

Gráfico 4: Ingresos, Gastos y Déficit Público (%PIB)

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Era previsible que el Presupuesto pasara de positivo a negativo aunque sólo fuera por la caída de la recaudación y el aumento de ciertas partidas de gasto, como las ayudas al desempleo. Pero no era previsible un cambio de esta magnitud, provocado en parte por la optimista previsión, que se ha repetido en todas las crisis, de que esta iba a ser de corta duración y el gasto público ayudaría a tender un puente hacia una pronta recuperación. Un político en el poder puede creer cualquier cosa.

Con la crisis, los ingresos fiscales, que en una parte importante procedían del sector inmobiliario, se derrumbaron, mientras el gasto creció en flecha. En sólo dos ejercicios  se pasa de un superávit del 2% a un déficit de más del 11%. Mientras el gasto público demostraba un acusado sentido de la inercia, y seguía creciendo, los ingresos, muy ligados a la coyuntura, caían a la misma velocidad con que aumentaron en la etapa expansiva. Como esta doble circunstancia se mantendrá a lo largo de la crisis, la reducción del déficit se vuelve una tarea muy difícil por no decir imposible, sobre todo si no existe voluntad política por aplicar medidas contundentes en relación al gasto corriente.

Pero eso no entraba en los planes del Gobierno, tanto del socialista como del popular, que no sólo no afrontan el problema sino que lo agravan al identificarse con  una estructura organizativa que no ha sido objeto de una puesta al día en muchísimos años y que, además, ha padecido un sobredimensionamiento como consecuencia de los espectaculares crecimientos de la recaudación que se produjeron a lo largo de los catorce años de crecimiento, más o menos moderados hasta 2000 y absolutamente incontrolados luego.

Así que no sólo el déficit escapa al control nacional sino también al comunitario, que ve alarmado cómo aumentan las necesidades de fondos y las emisiones de deuda. Cuando finalmente llega el momento de poner coto a este desmadre, no antes de 2010 en el caso de Zapatero, y de 2012 en el caso de Rajoy, se comprueba que su reconducción va a ser una tarea de gigantes. De hecho, el déficit se mantendrá tercamente en torno al 10% del PIB durante cinco largos años, y la Deuda pública pasará del 36% del PIB al 100% en apenas seis. El FMI llega a la conclusión que el déficit público en España es el de más difícil reconducción del mundo. La prima de riesgo se dispara por encima de los seiscientos puntos y se  considera inminente un rescate en toda regla.

Gráfico 5: Prima de riesgo

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Fuente: Banco de España

España elude esa amenaza de forma muy sencilla: es demasiado grande para ser rescatada. Al igual que los grandes bancos sistémicos, España elude la vergüenza de ver su economía intervenida por las dimensiones del propio rescate y por la posibilidad de que el mismo contagie a dos países en situación delicadísima, aunque no tan grave como la de España, como Italia y Francia, y con ello arrastre a toda la zona euro a una crisis sin precedentes.

Además, hay otra razón de tipo endógeno: la negativa del Gobierno Rajoy a aceptar todas las condiciones que conlleva un rescate en toda regla, especialmente en aquel apartado que un político español valora por encima de todo, la posibilidad de seguir gastando como le da la gana. El resultado está a la vista en materia de déficit y deuda.

Ante la imposibilidad de someter al Gobierno española una disciplina presupuestaria y un calendario de reformas, el BCE intervino con toda su artillería y, sobre todo, con una amenaza soterrada de la que los mercados tomarán buena nota. Es la frase, que se ha hecho famosa, de Draghi, de que hará lo que sea necesario, “y será suficiente”, para evitar que el euro caiga. A partir de ese momento, la prima de riesgo desciende paulatinamente hasta alcanzar en estos momentos uno de los niveles más bajos de la historia, nivel absolutamente contradictorio con la evolución de una Deuda que se acerca al billón de euros, y de un déficit que no baja (2013) del 9%.

Como la economía tarda seis años en volver a crecer, años en los cuales ha estado quince trimestres en recesión, se ha ido creando un problema monumental con la Deuda Pública, que ha venido creciendo a un ritmo medio de unos 100.000 millones de euros anuales. Hay que tener en cuenta que a la evolución inercial del gasto corriente, se han venido a añadir más de 30.000 millones de ayudas al desempleo, cerca de 40.000 millones de intereses, y unos 15.000 millones de déficit de la Seguridad Social. Mientras tanto, las pensiones, excepcionalmente cuidadas por razones electorales, han crecido en este tiempo en 37.000 millones.

Gráfico 6: Deuda Pública(%PIB)

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Todos los países, salvo Estados Unidos, cuya Deuda rebasa una frontera mítica, en torno al 80% del PIB, empiezan a tener problemas de crecimiento, no sólo porque buena parte del ahorro nacional se emplea en pagar intereses a los tenedores de bonos, sino porque ese país se convierte en víctima propiciatoria en cuanto se produce una crisis financiera internacional.

Está fuera de toda duda que el Estado español está sobredimensionado en relación al potencial de crecimiento de la economía. De hecho tenemos el mismo PIB de 2005 pero 145.000 millones más de gasto. También tenemos el mismo número de empleados públicos a pesar de que el empleo del sector privado se ha reducido en casi cuatro millones. No es de extrañar que, con su reconocido sentido de la oportunidad, los Sindicatos reclamen un aumento de empleo público y pidan un aumento del gasto público para salir de la crisis.

Un buen ejemplo de la negativa a entender lo que es una crisis lo proporciona la evolución del empleo público desde 2007. Con Zapatero no sólo no se frena su crecimiento sino que aumenta de manera espectacular, unos 300.000 más, en uno de los peores momentos de la historia económica. Había que darse prisa en meter a todos los simpatizantes y familiares. Rajoy los despide rápidamente, no sólo porque son socialistas sino porque a partir de 2012 el Gobierno recibe de Europa advertencias muy serias. Lo que demuestra de paso que las plantillas de la función pública no tienen nada que ver con la carga de trabajo o los servicios que prestan. Su contratación sólo responde a una lógica política.

Estamos viviendo un tiempo idílico en relación a la prima de riesgo y las emisiones de deuda pública. Si contemplamos los cuadros 5 y 6 está claro que son incoherentes e ilógicos. Cuando la deuda crece, y más si lo hace a esta velocidad, los tipos de interés deberían crecer al mismo tiempo. Sucede todo lo contrario: tenemos la mayor deuda pública en un siglo y sin embargo pagamos por las nuevas emisiones mínimos igualmente históricos. O los mercados financieros se han vuelto locos, o no saben qué hacer con los enormes volúmenes de dinero disponibles, o se han olvidado de lo que significa el riesgo país. A pesar de ello, los problemas de solvencia de España pueden  reactivarse en cualquier momento, por ejemplo, cuando Bruselas compruebe que el gobierno español no tiene la menor intención de cumplir los objetivos de déficit fijados, o los mercados verifiquen que España no crece a la velocidad debida para hacer frente al pago de la Deuda.

¿Hasta cuándo puede durar esta situación? Nadie lo sabe aunque una parte de los observadores temen que puede estar incubándose una burbuja de deuda que generaría una crisis aún mayor que la anterior.

4. El ajuste invisible: ¿recortes y austeridad? La capacidad para resistir a la contra de este país es casi ilimitada, lo mismo que su talento para hacerse la víctima. Si algo han aprendido los distintos agentes sociales durante la crisis es a actuar preventivamente, poniéndose la venda antes de sufrir la herida. Cualquiera que lea u oiga los medios de comunicación, pensaría que en España se ha producido un fenomenal ajuste social que ha afectado a las capas más bajas de la sociedad, que no son otros que los probos funcionarios, los modestos pensionistas y los humildes trabajadores fijos. Que son justamente los que no lo han padecido.

Eso es así porque la clase política tiene muy claras sus prioridades, prioridades que se superponen sobre las estrictamente económicas. No olvidemos que la mayor parte de los políticos son empleados públicos y practica desde tiempos inmemoriales el “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”. Los fuertes desde la democracia son los funcionarios, que han pasado de 600.000 a cerca de tres millones, los pensionistas, que han rebasado los nueve millones (un enorme caladero de votos), pese a los cual cobran un porcentaje insostenible de los últimos sueldos percibidos, y los trabajadores fijos, que ya representan menos de la mitad del total(seis millones sobre doce), cuyos sindicatos han sido capaces de mantener intacto durante más de treinta años el mercado de trabajo del franquismo que les garantizaba las indemnizaciones por despido más altas de Europa.

En una crisis con seis millones de parados, de los que no más de la mitad cobra alguna prestación por desempleo, con 3,6 millones de parados de más de un año, y con un paro juvenil del 55%, el 95% de las protestas y manifestaciones han sido protagonizadas por funcionarios (los de sanidad y educación han sido particularmente activos en este sentido). Una política que da muy buenos resultados prácticos.  Y si no se han manifestado los pensionistas es porque hasta ahora las pensiones apenas han sufrido recortes significativos.

Algo parecido sucede con los salarios, lo que es especialmente sangrante si tenemos en cuenta la tasa de paro existente. En lugar de congelarlos, o incluso reducirlos (en Irlanda los redujeron en un 15% de golpe), la inercia de los convenios colectivos y las cláusulas de ultractividad han permitido que siguieran creciendo durante la crisis acelerando la destrucción de empleo. Algo que en España se hace aduciendo razones progresistas.

Gráfico 7: Costes salariales por hora trabajada

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Fuente: Banco de España

Contrariamente al comentario generalizado que habla de grandes rebajas salariales, no hay dato estadístico que confirme tal aseveración, y si se ha producido algo en dicho sentido ha tenido que ver con los menos favorecidos: trabajadores temporales o de empresas pequeñas o medianas, hecho que no ha supuesto un descenso global de los mismos como demuestra la estadística más fiable al respecto, el índice de costes salariales por hora trabajada, que desde 2007  han aumentado una media acumulada del 17%.

En cuanto a las pensiones, la inercia continuista ha caracterizado el panorama a pesar de que todos los organismos internacionales venían recomendando, antes de la crisis incluso, que se llevara a cabo una reforma del sistema con, entre otras, dos medidas esenciales: el retraso a setenta años de la edad de jubilación y una drástica reducción de la pensión en relación a los últimos salarios percibidos, que actualmente alcanza el 80%, una tasa insostenible (la media de la OCDE apenas supera la mitad), algo que ni siquiera se ha intentado. A pesar de la crisis, y de la bomba demográfica que se está preparando, las medidas adoptadas son de un tibieza manifiesta, además de haber sido aplicadas con enorme retraso.

Gráfico 8: Pensiones y pensionistas

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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El número de jubilados supera los nueve millones, y el monto total de las pensiones ha aumentado en 37.000 millones desde 2007  a una media anual superior a los 5.000 millones, una tendencia tan insostenible que el Gobierno finalmente ha tenido que tomar medidas para frenar su crecimiento terminando con el criterio de actualizarlas con la inflación.

 Si alguien quiere medir el grado de austeridad practicado en España no tiene más que ver cómo han evolucionado las pensiones y los salarios. Su evolución evidencia que esa austeridad es un mito. Está claro que los que pagan la crisis son otros, fundamentalmente los parados y especialmente los jóvenes, que son sacrificados por sus mayores, y todo ese mundo que ha caído en la marginación y a la que el Estado no ayuda o lo hace de manera simbólica.

No hace falta subrayar que esta es, y lo será cada vez más, una sociedad de viejos que hasta ahora se las han arreglado para soslayar la crisis. Aunque sea de momento. Y es que la caída de cotizantes, ahora, y la curva demográfica, más adelante, acabará por imponer sus reglas en materia de pensiones. Otro tanto ocurrirá con la Deuda pública, que no podrá seguir creciendo al ritmo actual en cuanto se produzca el primer sobresalto en los mercados financieros. Y lo mismo pasará con los salarios cuando se compruebe que la recuperación crea muy poco empleo, que la pérdida de competitividad no admite apaños, y la competencia mundial es cada vez más dura. No querías taza, pues taza y media.

5. Sociedad y Estado Como se puede comprobar, ni la sociedad ni el Estado han sabido reaccionar ante la peor crisis de la historia. Todo lo contrario. En realidad han emprendido una huida hacia adelante en toda regla. Esencialmente, lo que ha permitido que se adopte esta línea de actuación es la deriva electoralista de una clase política que huye de tomar decisiones impopulares que le puedan apartar del poder. Como dice Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo: “Sabemos lo que tenemos que hacer; lo que no sabemos es cómo ser reelegidos después de haberlo hecho”. Esto, que es común en toda Europa, adquiere en el caso español carácter de segunda naturaleza. Los políticos españoles se dividen entre aquellos que están dispuestos a cambiar lo necesario para que todo siga igual, y los que no están dispuestos a cambiar ni lo necesario para que todo siga igual. Dejo que los lectores adivinen cuales representan al PSOE y cuales al PP.

Esto no es así por azar. Como dice Benito Arrunada en un artículo publicado en El País, ”no es casual que nuestras respuestas a las crisis de 1959, 1973 y 2008 hayan sido del tipo tarde mal o nunca, y eso que las instituciones eran bien distintas”. Según Arrunada, ello es debido a que “las decisiones tomadas voluntariamente por nuestros gobernantes se ajustan a las preferencias de la mayoría: somos los europeos más partidarios de que el Estado controle la economía, de que resuelva todos nuestros problemas y nos imponga una fiscalidad redistributiva, por no hablar de nuestra resistencia a  recortar el gasto público o liberalizar el mercado de trabajo”. No es extraño que el título del artículo sea el de La culpa es nuestra.

Esta sería la interpretación de la crisis que pone el acento sobre la propia sociedad y su corporativismo. El fondo del problema residiría en la dejación que han hecho los ciudadanos de sus problemas para ponerlos en manos del Estado. Porque, aunque tengan muy mala opinión de los políticos y los funcionarios, la sociedad comparte mayoritariamente la idea de que el Estado se ocupe de todo. Como dicen los ciudadanos: para eso pagamos impuestos. Y es así que esperan que el Estado asuma la responsabilidad de la economía y el bienestar, del empleo y los parados, del presente y del futuro. Y cuando esto no funciona, se sienten despechados, como un niño al que le quitan los juguetes. Si esta manera de pensar no sufre un cambio considerable, lo que es muy difícil, será imposible salir del círculo vicioso en el que estamos inmersos.

Es evidente que la sociedad tiene su parte de responsabilidad en lo que ha sucedido, no sólo porque elige a los que mandan sino porque los mantiene contra viento y marea, incluso a los corruptos. Se trata de una sociedad que pide constantemente que le mientan. Ahora mismo quiere creer que hay una recuperación en marcha cuando se trata simplemente de que el gasto público se ha vuelto a disparar (el truco de Montoro con el déficit de 2013 es de juzgado de guardia). Como Europa no dice nada, pues santo y muy bueno. Solo que eso no arregla los problemas sino que los agrava.

La otra interpretación de la crisis pone el acento sobre la clase política. Alguien ha dicho que, en realidad, Zapatero no hizo sino continuar la obra de Aznar, de la misma manera que Rajoy no ha hecho otra cosa que seguir el guion de Zapatero. Zapatero se encontró con una burbuja inmobiliaria y no hizo nada por detenerla ni por reducirla. Rajoy se encontró con un gasto público desatado y ha tratado de, a pesar de las advertencias de Europa, mantenerlo y ampliarlo. No es de extrañar que los dos partidos mayoritarios tengan que hacer enormes esfuerzos y dedicar mucho tiempo a tratar de parecer diferentes.

Lo que iguala a ambos partidos es la común inclinación a no tomar decisiones que puedan ir contra la inercia dominante, aunque esta nos lleve al desastre. Nada teme más un político español que ir a contrapelo. La democracia española es el caso más notorio de continuismo que existe. Arrunada asegura que son los políticos los que siguen a la sociedad, o a sus intereses mayoritarios, y no al revés. Es posible. Cualquier cosa con tal de no tener problemas aunque luego se los encuentren agrandados a la vuelta de la esquina.

Pero esto no elimina sino al contrario la responsabilidad de la clase política y de toda clase de dirigentes. No es normal que una crisis, por muy grave que fuera, haya provocado un cataclismo de tales dimensiones. Ya hemos hablado de su pasividad, de su dejar pasar el tiempo, de su voluntario aislamiento, de su carencia de un proyecto de país.  Sobre todo porque, como dice Luis Garicano en su libro El Dilema de España, no existe un debate intelectual en torno a la naturaleza de las reformas que hay que emprender en todos los órdenes de cosas. Los sindicatos admiten, en privado, que la dualidad del mercado de trabajo sólo favorece a los que están dentro. Los empresarios se benefician de unos contratos temporales leoninos  pero de dudosa utilidad a largo plazo. El actual sistema de pensiones es insostenible, y su reforma, un chiste. Otro tanto se puede decir del sistema educativo, de las instituciones que regulan los mercados, del funcionamiento de la Justicia, etc. Todos los políticos reconocen que habría que reformarlos. En privado.

A nivel de diagnóstico no hay debate pero la clase política sigue sin tener el menor interés en cambiar lo que no funciona porque, simple y llanamente, no le conviene cambiarlo. De hecho, han conseguido, como decíamos al principio, que la crisis no les afecte, o les afecte muy poco. A los responsables políticos y funcionariales de todos los niveles les conviene un Estado grande y que funcione mal, en lugar de lo contrario. Lo que convierte cualquier crisis es un desastre de dimensiones apocalípticas.

6. Epílogo Durante mucho tiempo hemos estado centrados en la crisis, muy poco en lo que hemos hecho por afrontarla y resolverla, y menos aún en las decisiones que deberíamos haber tomado para salir de ella con un potencial renovado de crecimiento. Hemos padecido pasivamente un verdadero desastre y las políticas activas que nos hubieran posicionado otra vez en una senda de crecimiento han brillado por su ausencia. Muy a tono con la reacción del Gobierno y la sociedad en su conjunto.

Esta es una sociedad inclinada a no enterarse de lo que pasa, a la que una larga historia de desgracias, muchas de las cuales tienen que ver con los dirigentes que ha tenido, ha acostumbrado a ser pasivo y resistir a la contra. Pero es que el Estado es aún peor. En una de las coyunturas económicas más dramáticas ha producido reformas anémicas y tardías, y eso gracias a una presión externa que le exigía que pusiera orden en unas finanzas públicas y privadas que habían alcanzado desequilibrios insostenibles. Como ha ocurrido en otros momentos (Plan de Estabilización de 1959, crisis del petróleo, devaluaciones de 1993) aquí solo se reacciona cuando no hay más remedio y por imperativo externo.

 En España se practica una forma recurrente de afrontar la crisis. Primero se dice que no hay crisis (Zapatero), y luego se dice que ya hemos salido de ella (Rajoy). La negativa a admitir que había una crisis impidió durante largo tiempo, hasta la primavera de 2010 por lo menos, enfrentarse a ella.  La misma negativa del Gobierno de Rajoy a hacer frente a lo que se había gestado, obligan a Europa a imponerle en mayo de 2012 un paquete de reformas que el Gobierno ejecuta a regañadientes y de manera parcial (como en el caso del rescate bancario).

Resulta curioso comprobar que las dos medidas más efectivas para afrontar la crisis—el rescate bancario y el descenso de la prima de riesgo—han sido llevadas a cabo por Europa directa o indirectamente. El Estado, a pesar de generar un déficit insostenible, se niega en redondo a aplicar una terapia de adelgazamiento del sector público,  y eleva a los cielos una Deuda Pública que con toda seguridad legaremos a la próxima generación. Esto, y una tasa de paro igualmente insoluble, son las consecuencias más visibles y duraderas de una crisis mal afrontada y peor resuelta.

 La crisis ha servido para poner de manifiesto que lo que conviene a la sociedad y a su economía entra en colisión con lo que interesa  al Estado y a los políticos, que es básicamente seguir como si nada. Que lo que decimos es así lo prueban los costes sociales de la crisis, mucho más graves que en otros países, y el tiempo que hemos tardado en salir de la recesión, mucho más prolongado. No es ninguna novedad. En todas las crisis anteriores pasó lo mismo. La economía española tardó un año en volver al nivel previo de la crisis de 1993 pero empleó diez en equilibrar el presupuesto público y catorce en reducir la tasa de paro por debajo del 10%. Y eso que el déficit público no había pasado del 7,5% y el crecimiento económico no era inferior al 3%. Esta vez es mucho peor: con un crecimiento anémico, nuestro PIB tardará diez años en volver al nivel que tenía en 2008. En cuanto al déficit y el paro, ni se sabe.

En estos momentos, la renta per cápita española se sitúa en torno al 78% de la media de la zona euro. Un porcentaje muy parecido al que teníamos en 1976, cuando se produce la transición a la democracia. En cuarenta años hemos sido incapaces de reducir la distancia que nos separaba de Europa, a pesar de que durante este tiempo han entrado ingentes volúmenes de inversión exterior, nos hemos integrado en los mercados europeos, y recibido grandes cantidades de fondos estructurales. No cabe imaginar un índice más exacto de nuestro fracaso. Padecemos una incapacidad crónica que nos impide modernizar nuestra economía y acercarnos a Europa.

Cuando se produce una crisis,  España es incapaz de enfrentarse al problema. Más bien lo ignora. En cuanto se intenta aplicar tímidas reformas, casi siempre impuestas por las instituciones internacionales, la sociedad se resiste a ellas de forma generalizada siendo el aparato estatal, políticos y funcionarios, el más reacio a las mismas.

Aquella sociedad de la transición y la movida, que parecía tan moderna, ha demostrado ser tan castiza como la de sus abuelos. El tinglado se ha venido abajo y nuestra imagen en el exterior es ahora la propia del tercer mundo: corrupción, descontrol, cortoplacismo, ignorancia, pasotismo. Para votar a cosas como Podemos y similares hay que tener una falta de cultura política y económica verdaderamente extrema. Pero esto es lo que hay.

Ello supone que no sólo padecemos una crisis más aguda que el resto, especialmente en el tema del empleo, sino que salimos de la misma con un potencial de crecimiento notablemente disminuido, lo que quiere decir que algunos problemas, como el paro o la deuda pública, se volverán crónicos. Hay que empezar a pensar que, por toda una serie de razones, institucionales y sociales, estamos condenados a pertenecer al furgón de cola de Europa.

De esta crisis muchos países sacarán enseñanzas y la aprovecharán para ponerse al día. No es nuestro caso. Nosotros no hemos aprendido nada salvo que la próxima generación va a tener que emigrar.  Volvemos a lo de siempre.

Sin respuesta                                                                            

Bibiografía

Luis Garicano. El dilema de España Ed. Atalaya

Jorge Juan. Nada es gratis Ed. Destino

Cesar Molinas. Qué hacer con España. Ed. Destino

David Taguas.  Cuatro bodas y un funeral. Ed. Deusto

J.I. Crespo. Cómo acabar de una vez por todas con los mercados. Ed. Deusto

Jesús Fernández- Villaverde. La salida de la crisis: cómo y cuándo (conferencia ICADE)

Juan Carlos Barba El Confidencial. Diversos artículos

Benito Arrunada. La culpa es nuestra. El País 13.4.2014

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