DE CRISIS EN CRISIS: 50 años de historia económica

Introducción La gravedad de una crisis, tanto en términos de crecimiento como de empleo, que en España son sinónimos, depende de la magnitud de los problemas planteados, que impiden mantener el vigente esquema de crecimiento. Generalmente, estos problemas se han manifestado a través de la balanza de pagos o, lo que es lo mismo, en un desfase entre ahorro e inversión, producto de un crecimiento por encima de la capacidad potencial de la economía. Otras veces este desequilibrio tenía un origen externo, siendo el caso paradigmático el de la crisis del petróleo, aunque también en este caso podríamos hablar de la incapacidad de la política económica para imponer un ajuste habitualmente muy impopular.

Sin embargo, la salida de la crisis no depende necesariamente de la gravedad de los problemas que nos llevan a ella sino de la respuesta institucional y social a la situación planteada. Una respuesta generalmente deficiente que ha hecho que nuestras crisis hayan sido más duras y más largas que la media europea. Lo que ganábamos en las fases de expansión lo perdíamos en las etapas de recesión, sobre todo en materia de empleo, la asignatura pendiente de nuestro devenir económico.

Dado que estamos ahora en el seno de la mayor crisis que hayamos vivido desde que se tiene memoria, viene bien que reflexionemos sobre los momentos difíciles que hemos atravesado durante los últimos cincuenta años, que es más o menos el período del que se disponen de datos estadísticos fiables. Sobre todo si se tiene en cuenta que, a partir de ahora, y como aseguran los periodistas cada quince días, ya nada volverá a ser igual, lo que esta vez tiene todos los visos de ser verdad. Algunos economistas confirman que esta vez es diferente, que esta vez venía el lobo de verdad, hasta el punto de que lo mismo que el Plan de Estabilización de 1959 constituye un acontecimiento seminal en nuestra historia económica, la crisis de 2008, por ponerle una fecha inicial, también representa un antes y un después.

¿Podemos obtener alguna enseñanza de esta historia, en el fondo tan dramática? De eso trata este pequeño relato de nuestras malandanzas y fortunas.

1. De crisis en crisis.  En casi todas las crisis se entra de manera muy parecida pero se sale de manera muy distinta como demuestra la historia de las coyunturas recesivas por las que hemos atravesado. Desde que existen datos estadísticos fiables y más o menos completos, España ha atravesado por cuatro crisis significativas en las que se han producido caídas del PIB más o menos profundas, e intentos de salida más o menos afortunados. Son las del llamado Plan de Estabilización (1959), la crisis del petróleo (1974), la de los fastos de la Olimpiada y la Feria Mundial de 1992, y la actual, la de la burbuja inmobiliaria. Posiblemente, un comentario sobre estas crisis aporte algo de luz sobre la actual, no tanto sobre cómo se ha generado (de eso sabemos bastante) como su posible salida y su, tememos, larga duración.

Cuadro nº 1: PIB 1957-2011

 

Se puede ver en el cuadro adjunto que recoge la evolución del PIB a lo largo de los últimos cincuenta años que la economía española padece una crisis grave cada quince años aproximadamente. Unos quince años transcurren desde el Plan de Estabilización hasta el comienzo de la crisis del petróleo, otros quince desde los pactos de la Moncloa, hasta la crisis de 1992, y otros quince hasta el inicio de la crisis actual.

Tal vez sea una casualidad, o  tal vez la confirmación de que transcurrido ese tiempo, el esquema de crecimiento utilizado se vuelve obsoleto y obliga a tomar medidas extraordinarias. Hay que imponer un parón en el crecimiento antes de dar paso a un nuevo recorrido expansivo. De todas maneras, llama la atención que una economía con tantos problemas estructurales, que se estaba transformando con enorme retraso en un sistema medianamente moderno y competitivo, no haya sufrido mayores problemas. En el fondo, ello es debido a la suerte de que ha gozado la economía española en el sentido de que, a pesar de su aislamiento original y su proteccionismo integral, no ha dejado de formar parte de una economía europea que ha ejercido un efecto de succión que ha impulsado a nuestra economía, casi siempre para bien.

El Plan de estabilización. A finales de los cincuenta, la economía española se debatía todavía en el círculo vicioso del subdesarrollo. Condicionada por el desastre que supuso la Guerra Civil, no se había beneficiado para nada de la reconstrucción europea debido al aislamiento político que imponía una dictadura que pretendía vivir a todos los efectos de espaldas al mundo. La autarquía, una idea personal del general Franco, intentaba ser autosuficiente para, sin tecnología propia ni capitales exteriores, producir lo que necesitábamos y consumir lo que producíamos, es decir, el modelo opuesto al liberal del intercambio y las ventajas comparativas.

Como es de suponer esta idea absurda, muy en la línea de otros arbitrismos del mismo tipo, tropezó con los problemas consabidos: escasez de ahorro para financiar un proceso de crecimiento sostenible, falta de productividad, producto de un mercado demasiado estrecho que no facilitaba la especialización ni las economías de escala, y carencias en materia de tecnología, lógicas en un país que nunca había investigado y cuya principal asignatura pendiente era la educación de los ciudadanos.

Cuando a la altura de 1959, la balanza de pagos asfixia la capacidad de crecimiento (se dice que sólo había divisas para hacer frente a las importaciones de petróleo de unos quince días), expertos del Banco Mundial en colaboración con técnicos del Banco de España plantearon una operación reformista que rebasaba ampliamente los límites marcados por el Régimen. Había que romper la hipótesis de continuidad iniciando una política liberalizadora que incluía salir al exterior y resolver el cuello de botella que suponía una balanza de pagos casi siempre deficitaria.

Lo que entonces se llamó Plan de Estabilización, puede considerarse como la plantilla de planes similares que luego se irán adoptando en el tiempo. Esos planes han incluido casi siempre:

  • Una devaluación, dado que nuestra inflación suele ser muy superior a la del entorno,  y la economía ha dejado de ser competitiva.
  • Una contracción monetaria rigurosa. En una economía tan dependiente del crédito ello servía para estrangular la demanda y el propio crecimiento nominal.
  • Una consolidación fiscal rigurosa con fuertes recortes del gasto público que hasta entonces había evadido cualquier disciplina.
  • Algunas reformas estructurales, muy suaves, como una liberalización exterior, con reducción de barreras arancelarias y desregulación de importaciones, y una liberalización interna, de ciertos mercados cautivos, sobre todo en relación con la inversión exterior.
  • Una financiación exterior para paliar los dolorosos efectos de las medidas anteriores y soportar la transición.

El plan de 1959 tuvo un éxito casi inmediato. Los créditos exteriores no llegaron a utilizarse, y la caída de la demanda sirvió para cambiar el signo de la balanza de pagos y acumular reservas. Al poco tiempo, la economía demarró en flecha. Por primera vez en veinte años, los españoles encontraban la manera de llevar a la práctica, con todas las limitaciones del mundo, sus deseos de una vida mejor y un futuro más esperanzador. Como se puede ver en el gráfico adjunto, el Plan de Estabilización tuvo un efecto rebote. Se entró muy rápido en la crisis y se salió aún más rápidamente. El cambio de esquema consumió muy poco tiempo demostrando la procedencia de los planes aplicados que si en algo pecaron fue de timidez. Pero la costra conservadora de la sociedad española de aquel tiempo, el franquismo más riguroso, era demasiado dura y las resistencias al cambio considerables.

Cuadro nº 2: Plan de Estabilización

Pero lo que verdaderamente empezó a funcionar a partir de entonces fue el impulso exterior que aportaron tres factores esenciales que surgieron en ese momento. Al Régimen y al país les sonrió la suerte bajo la forma del turismo, la emigración a Europa y la inversión exterior. En aquellos tiempos, y a lo largo de toda la década de los sesenta, las exportaciones equivalían a una tercera parte de las importaciones por lo que el problema de obtener las divisas necesarias era considerable. Las entradas por turismo, las remesas de los emigrantes (llegó a haber mas de un millón de españoles trabajando en condiciones penosas en Europa), y los ingresos por inversiones proporcionaron los recursos necesarios para compensar el permanente déficit comercial. Había, eso sí, que modular los ritmos de crecimiento, cosa que la política económica no consiguió casi nunca. De aquella época es la frase de que “cuando el déficit de la balanza comercial supera los 2.000 millones de dólares hay que parar la economía”. Así se hizo en 1966 y 1970  cuando la impaciencia por crecer desbordó los límites citados.

La crisis sirvió de punto de partida para iniciar un cambio paulatino del modelo de desarrollo. Con enorme timidez nuestra economía empezaba asomarse al mundo. Todo un revés al modelo autárquico que el general había defendido. Se dice que cuando los responsables del Plan, entre los que se encontraba un economista del Banco de España, catalán y republicano, llamado Sardá Dexeus, le informaron del mismo, el dictador no pronunció palabra, dejó hacer, y a partir de ese momento nunca volvió a opinar en los consejos de ministros cuando se discutían temas económicos. Ojala los presidentes de gobierno de la democracia hubieran seguido su ejemplo.

La economía española alcanzó durante los años sesenta un crecimiento vertiginoso, probablemente el más rápido del mundo después de Japón, del orden del 7% de media anual. Hay que tener en cuenta que eso ocurría diez años después de que Europa hubiese iniciado su propio despegue. Además, el punto de partida era desastroso. En 1960 España apenas tenía 300 dólares de renta per cápita y casi la mitad de la población activa seguía ligada a la Agricultura. La autarquía había mantenido a la economía española durante más de veinte años en la más absoluta miseria. A lo largo de la década de los sesenta, los españoles se esforzaron por recuperar el tiempo perdido (la generación del seiscientos); el Régimen intentó un acercamiento a la Europa del Mercado Común en 1963, intento fallido por razones obvias, pero consiguió en 1970 un Acuerdo Preferencial que facilitó las exportaciones.

De todas maneras, el modelo tenía limitaciones obvias que eran producto en parte del propio subdesarrollo y en parte de un proceso de liberalización demasiado tímido y excesivamente lento. España siguió aferrada al proteccionismo, ahora no tan integral como antes, a un exceso regulador que permitía a la Administración intervenir en todos los aspectos de la vida económica (los apuntalamientos múltiples), y al desarrollo de una serie de sectores protegidos (siderurgia, naval, petroquímica, automóvil) que entraban en crisis frecuentemente y que consumieron montañas de dinero tanto público como privado. El crecimiento siguió un perfil en dientes de sierra muy poco eficiente (el llamado stop and go). Esencialmente, seguíamos atados a lo que se llamó “desarrollo hacia dentro“, un mercado cautivo que era muy cómodo en la medida en que evitaba la competencia  pero que carecía de los incentivos necesarios para innovar o ser más eficiente. Crecíamos pero no evolucionábamos.

La crisis del petróleo. El modelo se agotó en 1973 por una circunstancia fortuita: la crisis del petróleo, el arma elegida por los países árabes para castigar el apoyo que recibía Israel por parte de los países occidentales. Nuestra economía era, y sigue siendo, muy dependiente de una energía importada que, además, ha administrado de manera poco eficiente. Cuando el precio del barril de petróleo se disparó (pasó de cuatro dólares a doce y luego a dieciocho), la factura creció de tal manera que el déficit comercial aumentó hasta los 10.000 millones de dólares, algo que la balanza de pagos no podía asimilar.

La economía entró en crisis y la sociedad y los políticos respondieron con una huída hacia adelante. La crisis coincidió con la transición democrática y nadie quiso entender de problemas económicos, y más después de una trayectoria  de catorce años aparentemente sin problemas. Como pasa en estos casos, todo el mundo intentó que la crisis la pagaran los demás.  La inflación se disparó y con ella los salarios. Los Sindicatos mostraron su peor cara, y alentaron subidas salariales vertiginosas en plena crisis. El paro, hasta entonces inexistente (el paro registrado era poco mas de un 1%), empezó a subir a partir de 1975 de manera irresistible.

Hasta 1977, no se intentó seriamente afrontar la crisis. Los llamados Pactos de la Moncloa intentaron, con enormes dificultades, controlar una inflación que se había acercado al 30%, en parte consiguieron moderar los salarios, y aplicaron algunas reformas, ante todo fiscales (había que recaudar), pero no solucionaron el principal problema, un problema que nos perseguiría durante más de treinta años, un mercado de trabajo franquista por el que los ajustes económicos afectan siempre al empleo y no a los salarios, con los Sindicatos intentando demostrar que una cosa no tiene nada que ver con la otra.

Por estas y otras razones la crisis se prolongó de forma extraordinaria y provocó la primera gran selección de empresas, especialmente industriales. Lo que no habían conseguido las rebajas arancelarias y la apertura exterior lo logró la caída de la demanda. Muchas empresas cayeron en cuenta que eran demasiado grandes para el mercado interior pero demasiado pequeñas para el mercado exterior. Todo el mundo hacía de todo y todo el mundo hacía lo mismo. El desarrollismo ni había sancionado ni seleccionado. El sistema económico fue puesto a prueba, prueba que no superó.

La crisis logró acabar con las Acciones Concertadas, restos jurásicos de los planes de desarrollo, en los que el Estado volcó cantidades inmensas de dinero para aumentar las capacidades productivas de sectores como la Siderurgia integral o la Naval. Baste decir que el último plan de estas características se fijó como objetivo que nuestros astilleros produjeran un millón de T.R.B; durante muchos años la producción real no pasó de las 150.000 toneladas. Lo mismo ocurrió con la Siderurgia. Se intentó producir 18 millones de toneladas de acero; durante años no se rebasaron los ocho millones. Liquidar esos excesos de capacidad productiva costaron lo que no está escrito, costes que incluyeron jubilar a gente de 52 años con pensiones que triplicaban ampliamente la media nacional. Los Sindicatos han sugerido tímidamente que tales privilegios deberían extenderse a la totalidad de la población. La economía vudú.

La crisis de los setenta también alcanzó a la Banca en la medida en que era el soporte financiero casi único de la mayor parte de las empresas, especialmente industriales; el mercado de capitales sólo ha funcionado para unos pocos. Unos sesenta bancos (Banca Catalana, Banco de Granada, Rato, Coca, Fierro, de los Pirineos, de Navarra y muchos otros) entraron en crisis y tuvieron que ser intervenidos para ser cedidos a otras entidades. Fue la primera gran reconversión bancaria, pilotada por el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España, que no se anduvieron con tantos miramientos como los que han paralizado su iniciativa treinta años después. El progreso no siempre avanza hacia adelante.

La crisis supuso todo un fiasco. Se ha dicho siempre que la transición política resultó un éxito pero la transición económica fue un completo fracaso. Desde entonces hemos padecido, en buenas y malas coyunturas un paro elevadísimo, lo que ha lastrado el crecimiento económico cuyos niveles de convergencia con Europa han mejorado muy poco en todo ese tiempo.

Cuadro nº 3: Crisis del Petróleo

 

Como se puede ver en el gráfico, la crisis no se afrontó ni se resolvió sino que se convirtió en un problema permanente durante un largo período de tiempo, desde 1974 hasta 1985, período en el que las tasas de paro empezaron a ser elevadísimas y el crecimiento económico muy escaso. A diferencia del Plan de Estabilización, esta vez no existió un plan de ajuste coherente y sistemático, aplicado contra viento y marea. La nueva democracia facilitó muy poco los consensos necesarios para encontrar la manera de limitar los costes sociales, y las reformas se aplicaron con suma lentitud y en algunos casos ni eso.

Realmente, no se abordaron los  problemas que se habían gestado hasta la llegada de los socialistas al poder en 1982. González escoge un buen ministro de economía, Miguel Boyer, que sí aplica un verdadero plan de estabilización. Los socialistas, que habían prometido crear 800.000 puestos de trabajo en la legislatura, destruyeron otros tantos en sólo tres años pero pusieron a punto la economía para un nuevo período de expansión que se produjo a continuación. En él afloraron de nuevo los problemas que nos conducirían a la crisis de 1992. Las crisis españolas siempre tienen su origen en los errores cometidos en la fase de crecimiento anterior.

Hasta ahora por lo menos, España nunca ha sido capaz de hacer aquello que recomendaba hace muchos años el Banco de España: crecer menos para crecer más tiempo. En ello tuvo buena parte de culpa el propio Felipe González, que prescindió de Boyer en 1985 cuando este pidió plenos poderes en la constitución del nuevo Gobierno. A los líderes socialistas, González primero y Zapatero después, con los conocimientos teóricos adquiridos en dos tardes, siempre les gustó meter mano en la economía, en contra del ejemplo de Franco, como se ha podido comprobar con resultados dolorosos.

Tampoco conviene ignorar que las circunstancias sociales eran adversas, como se pondría de manifiesto en la huelga general de 1988, cuando los sindicatos derribaron cualquier atisbo de racionalidad en materia salarial y de gasto público como si quisieran recuperar el tiempo perdido de repente. La influencia decisiva que los Sindicatos han tenido en la vida económica de este país ha sido nefasta. Desde 1980, es decir a lo largo de 32 años, hemos padecido tasas de paro superiores al 15% durante 23 años. Evidentemente esto no es normal, sobre todo si se tiene en cuenta que Europa, cuyos ritmos de crecimiento no han sido mejores que los españoles, casi nunca ha rebasado el 10%. Ningún error económico ha sido más grave que este y se lo debemos a los Sindicatos y su incapacidad para admitir realidades elementales, como que no es posible perseguir a la vez objetivos salariales y objetivos de empleo, que los salarios tienen que tener como referencia la productividad y no la inflación, y que en una crisis hay que prescindir de parte de la plantilla para no despedir a toda. Era el “o todos o ninguno“. Generalmente acababa siendo ninguno.

A todo ello hay que añadir la euforia que suscitan los períodos de expansión. Pasando de la más negra desesperanza a la suposición de que todo es posible, el comportamiento de los españoles deviene incontrolable. La gente pierde su natural cautela a la hora de invertir o de gastar dando por supuesto que todo acabará bien, como hemos podido comprobar recientemente; la burbuja inmobiliaria todavía está fresca en la memoria. El Estado, que debería frenar el optimismo se suma como el que más a la euforia. A partir de 1988 no solo se produjo un descontrol total del gasto público sino que, animado por los efectos de la integración en Europa, que se había producido en 1986, tratamos de ser tan europeos como el que más, y nos incorporamos al Sistema Monetario Europeo, el antecedente inmediato del euro.

Aquello era un intento de establecer un sistema de cambio más o menos fijo. Cuando se borran las fronteras, las distintas monedas y sus tipos de cambio se convierten en la última barrera para un mercado único. España tenía que haber sido particularmente cautelosa hacia una operación semejante dado que no estamos preparados para mantener una mínima disciplina en materia de precios y salarios. Un país que había hecho de las devaluaciones una práctica habitual se embarcaba en un proceso que implicaba todo lo contrario. Y es que, como dijo Solchaga, entonces ministro de economía, ello nos iba a obligar a ser más prudentes en el gasto público y moderados en materia salarial. No hace falta decir que no lo fuimos.

La decisión implicaba consecuencias que iban a ser letales para nuestra economía. Como el tipo de referencia fijado (65 pesetas por marco alemán) estaba sobrevalorado e implicaba una notable pérdida de competitividad, se entendió necesario practicar una política monetaria de altos tipos de interés. Ambos aspectos implicaban enormes dificultades para el tejido económico. El tipo de interés básico del Banco de España se acercó al 15%, un crédito a tres años al 20% y un descubierto en cuenta al 30%. Ello debería haber frenado la inflación a costa de deprimir la actividad si no fuera porque las reivindicaciones salariales siguieron siendo las mismas de siempre (inflación mas lo que sea) y el gasto público se descontroló por efecto de la universalización de la sanidad y la educación, y el gasto excepcional de la Feria de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Un comportamiento perfectamente esquizofrénico que nos llevó a la crisis de 1992.

La crisis del 92. Con un raro sentido de la oportunidad, la economía se vino abajo a partir de junio de 1992, en pleno desarrollo de los Juegos y la Expo, y empezó a destruir empleo a una velocidad nunca vista anteriormente. Para 1993, la tasa de paro se había situado en el 25%. El Gobierno intentó mantenerse en sus trece pero después de haber gastado inútilmente buena parte de la reserva de divisas, se vio obligado a sacar a España del SME. España se salvó de una crisis aún peor de manera totalmente involuntaria, cuando los mercados consideraron que la peseta estaba sobrevalorada y decidieron especular contra ella. Se produjeron tres devaluaciones sucesivas en 1993, en plenas elecciones, a pesar de los cual los socialistas fueron reelegidos, lo que retrata la cultura económica de este país. La peseta se situó en 85 unidades por marco, un tipo de cambio mucho más lógico. Como ya no era necesario defender la paridad, los tipos de interés cayeron en vertical. Dos de las principales razones de la crisis se habían resuelto por sí solas, lo que es sin duda un buen método.

Otras dos cuestiones tardaron un poco más. Como la destrucción de empleo fue particularmente rápida, llegó un momento, hacia 1993, en que empezaron a despedir a los fijos. Los salarios se moderaron de inmediato mostrando que la única manera de contener los salarios consiste en hacer del despido una posibilidad real. Por otra parte, el déficit público se había situado en el 7,5% del PIB, una cifra enorme para la época. Cuando se hicieron públicas las condiciones de entrada en el euro (3% de Déficit y 60% de Deuda) estábamos muy lejos de las mismas pero como el país conservaba intacto el espejismo europeo, pareció que merecía la pena hacer un esfuerzo extraordinario, más por una mejora de la recaudación que por un plan de austeridad. La Administración siempre ha creído que son los ciudadanos los que deben esforzarse.

Lo ocurrido ahora en materia de déficit no es diferente, sólo que ahora se trata de un esfuerzo totalmente desproporcionado. Si en los noventa se tardó diez años en reducir un déficit del 7,5% (a un ritmo inferior a un punto anual), y eso que la economía crecía por encima del 3%, es fácil de imaginar los sacrificios que habría que hacer para bajar el déficit del 11,2% al 3% en sólo cuatro años (más de dos puntos anuales), en un período en que el crecimiento medio será probablemente negativo. Se trata de un programa destinado al fracaso, cuyo incumplimiento agravará la pérdida de confianza internacional, lo que nos sumirá en una crisis aún mayor y requerirá un plazo adicional de ajuste de por lo menos dos o tres años.

Cuadro nº 4: Crisis del 92

Con estos cambios y los fondos estructurales, que llegaban en grandes cantidades, hasta un 1% del PIB, la economía se recuperó a una velocidad inusitada. Como se puede ver en el gráfico adjunto, ya en 1994 estábamos creciendo de nuevo. Nada que ver con la crisis anterior. Esta vez se parecía extrañamente a la de 1959, con su efecto rebote correspondiente, y es que las devaluaciones tienen un efecto milagro. No resuelven los problemas de fondo (mas bien los difieren) pero sacan al país del estancamiento.

A lo largo de los noventa, la economía española se benefició de los efectos positivos de la devaluación y el abaratamiento del dinero. A ello se añadió una moderación salarial que duró unos años y una cierta prudencia en materia de gasto público. La memoria, o mas bien la falta de ella, es parte inseparable de la marcha de nuestra economía. Se podría hacer todo un ensayo acerca de cuanto dura en la población el impacto emocional de una gran crisis como la del 92 (no se olvide que la tasa de paro llegó al 25%). Probablemente  no más allá de un lustro.

Para finales del siglo, los empresarios se habían olvidado de ser moderados en materia de endeudamiento (no trabajar para el banco), los políticos de los problemas del exceso de gasto, los asalariados de la prudencia salarial y los ciudadanos en general de las crisis inmobiliarias que habíamos sufrido. Pero lo que hizo descarrilar definitivamente el carro de la economía española fue el euro. Si no hubiera sido por eso, la expansión hubiera durado cinco o seis años como máximo. Hacia el año 2000 y siguiendo la pauta habitual, hubiéramos tenido que devaluar, nos hubiéramos visto obligados a subir los tipos de interés y frenar el crédito, con lo que no hubiera habido burbuja inmobiliaria alguna, y el gasto público hubiera seguido el mismo camino, lo que hubiera frenado la monstruosa contratación de personal que la Administración hizo durante esos años. Sin el euro nos hubiéramos visto obligados a reconocer que nuestra economía tiene ciertos techos que no conviene rebasar.

El euro nos ahorró todo eso al precio de alimentar una crisis muchísimo mayor. El BCE impuso unos tipos de interés artificialmente bajos, los que convenían en aquel momento a Alemania pero no a nuestra inflación. El euro también nos proporcionó flujos crediticios aparentemente ilimitados para financiar una balanza de pagos que alcanzó el mayor déficit de la historia. La expansión duró demasiado tiempo, catorce años, y los errores que se cometieron entonces los vamos a pagar durante otros tantos.

La gran recesión.  El origen de la crisis de 2008, también conocida retóricamente como la gran recesión, es muy sencilla: hemos sido víctimas propiciatorias y cómplices de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Por toda una serie de razones objetivas, la recuperación de los años noventa incide de manera directa en la Construcción. La tasa de paro descendió rápidamente, la generación más joven consiguió emplearse y pensó en establecerse; numerosos extranjeros hicieron de España su lugar de retiro o residencia, las familias españolas eran cada vez más pequeñas, la segunda vivienda se generalizó, y sobre todo enormes flujos inmigratorios demandaban un ampliación del número de viviendas. Hasta ahí todo normal.

El Estado no intentó atemperar el enorme volumen de viviendas en construcción, en parte porque suponía ingresos fiscales de gran cuantía, especialmente para las corporaciones locales. El sistema financiero, que empezaba a tener problemas de viabilidad, (los márgenes de intermediación se habían reducido extraordinariamente), tampoco limitó una concentración del riesgo desmesurada, que violaba todas las reglas bancarias conocidas. Cuando llegó la crisis, el sector inmobiliario representaba el 60% de la actividad crediticia. El Banco de España protestaba por unos incrementos crediticios absolutamente anormales, de hasta el 35% interanuales, pero no llegó a intervenir porque las entidades financieras adujeron que los índices de morosidad eran prácticamente simbólicos. Y el proceso se nos fue de las manos.

Cuadro nº 5: Viviendas iniciadas

España, que habitualmente construía una media de 200/300.000 viviendas al año, lo que se corresponde con una demanda natural, llegó a iniciar la construcción de 760.000 viviendas en 2006, más que todas las que construían conjuntamente Francia, Alemania y Gran Bretaña. A la demanda habitual se habían sumado todos aquellos que creyeron ver en la vivienda una forma segura y fácil de especular dado que los precios subían de manera constante. Entre 1998 y 2007 el precio medio de la vivienda creció un 178%, mucho más que los salarios. Bajos tipos de interés y largos plazos de amortización extendieron en clases sociales de escasa capacidad adquisitiva, los mileuristas, la tentación de hacerse con una vivienda en propiedad, aunque ello supusiese entramparse durante larguísimos períodos de tiempo.

Aunque todo el mundo estaba de acuerdo en que el proceso no podía tener continuidad se desarrolló la teoría, que el Gobierno socialista alimentó, de que en el peor de los casos se produciría lo que se llamó un “aterrizaje suave“, es decir, una gradual moderación de los precios acompañada de un frenazo en la fiebre constructora. No ocurrió nada de eso. Una ligera subida de tipos de interés aumentó las dudas y retrajo la demanda. A partir de 2007, la crisis financiera internacional indujo comportamientos financieros más prudentes, sobre todo hacia las naciones más endeudadas, y España era claramente una de ellas, especialmente su sector privado. Los mercados financieros retiraron bruscamente la alfombra que tan generosamente habían puesto bajo nuestros pies. Como la construcción de viviendas se caracteriza por su largo proceso de maduración y requiere una financiación considerable en todas sus etapas, desde el suelo hasta la venta de la vivienda, el proceso se detuvo primero y luego se derrumbó pillando debajo a casi todo el sistema financiero español.

Fue una catástrofe cuyas consecuencias seguimos penando cinco años después. Es verdad que la banca no tenía hipotecas sub prime como el resto de Europa, como orgullosamente se encargó de divulgar el Gobierno. Teníamos algo mucho peor. El pinchazo de la burbuja secó la liquidez y destruyó la solvencia de casi las tres cuartas partes del sistema. Las Cajas de Ahorro sobre todo quedaron salvo excepciones muy malparadas y se vieron obligadas a seguir procesos de fusiones y absorciones que redujeron su número de unas cuarenta y cinco a tan sólo quince, proceso que no se ha detenido y que no finalizará hasta que no queden más de cinco o seis.

Las pérdidas han sido monumentales. Pero lo peor no es eso. La estrategia seguida por el Banco de España y las propias entidades financieras ha sido lo más parecido a enterrar la cabeza en la arena. Una política de opacidad, de resistencia a reconocer los hechos, de falsear los índices de morosidad a base de refinanciaciones, de dejar pasar el tiempo a la espera de que el mercado inmobiliario resucite, que ha sido peor remedio que la enfermedad. La principal prioridad, una solución a la insolvencia, está siendo planteada ahora y no se sabe cómo ni cuando será implementada. A diferencia de la crisis bancaria de los 80, el Banco de España apenas ha intervenido entidades y no ha querido saber nada de la que sin duda era su primera tarea a la hora de actuar ante la crisis: sanear las entidades para normalizar la concesión de créditos, que no han dejado de caer en todo este tiempo. En lugar de eso, se ha dedicado a embarcarles en procesos de fusión en los que se ha perdido un tiempo precioso.

Cuadro nº 6: Evolución del crédito

Si la crisis inmobiliaria ya era un golpe muy duro, la crisis bancaria ha supuesto un golpe aún más duro. La economía española no sólo entra en recesión en 2009 como las demás sino que vuelve a entrar en crisis en 2011, con consecuencias como mínimo para 2012 y 2013, revelando así que casi todos los problemas planteados siguen sin ser afrontados y mucho menos resueltos.

A la crisis inmobiliaria y la crisis bancaria, cara y cruz de una misma realidad, hay que añadir la crisis fiscal, que es lo mismo que decir la crisis del Estado. España tenía antes un cuantioso endeudamiento privado. Ahora, además, tiene un importante endeudamiento público. La suma de ambos casi triplica el importe del PIB. Tal vez no representaría ningún problema para una economía en fase de expansión. Pero en una economía en recesión supone un riesgo evidente de impago. En el mejor de los casos sólo pagará renovando o ampliando los créditos anteriores, lo que choca de lleno con la desconfianza de los mercados que huyen de nuestras emisiones.

Durante años, el crecimiento económico había alimentado espectaculares incrementos de la recaudación. Catorce años de expansión a ritmos superiores al 3% habían provocado un aumento aún mayor del sector público. Haciendo oídos sordos a las advertencias de que buena parte de esos ingresos eran totalmente coyunturales y se derivaban de la Construcción, el Estado desarrolló una política presupuestaria que apenas tuvo en cuenta una consideración esencial: el gasto público es rígido por definición pero los ingresos fiscales están muy condicionados por la coyuntura. Esta contradicción se puso claramente de manifiesto cuando llegó la crisis. Mientras el gasto público crecía vertiginosamente en 2009, casi 80.000 millones de euros más que el año anterior, la recaudación fiscal se estancaba o reducía significativamente.

Cuadro nº 7: Déficit público

Se abría un boquete enorme que llevó el déficit hasta el 11,2% del PIB cuando un año antes había habido un pequeño superávit. En los dos años siguientes, 2010 y 2011, el Estado sólo fue capaz de reducirlo al 8,9%, poco más de un punto de PIB al año, lo que ha colmado la desconfianza de los mercados que están abandonando posiciones en materia de Deuda pública española a ritmo de 100.000 millones de euros al año. Nadie se fía de España y los únicos que invierte en Deuda son los propios bancos españoles. Contrariamente al sentir popular, que cree de buena fe que el Estado ha rescatado a los bancos, son estos los que, en realidad, han rescatado al Estado.

No hay duda que el esfuerzo de consolidación fiscal que España tiene que llevar a cabo a partir de ahora, un esfuerzo descomunal, agravará la recesión en la que estamos inmersos sin conseguir resultados significativos en la reducción de dicho déficit. Se calcula que una reducción de un punto de déficit supone una caída de 0,6 puntos en el PIB. Como la pescadilla que se muerde la cola, recortes de gasto de semejante entidad, en 2012 no menos de 50.000 millones de euros, dado que hay partidas (pensiones, desempleo, intereses) que seguirán creciendo, agravarán los ya conocidos problemas de crecimiento sin darnos ninguna seguridad, más bien al contrario, de que se alcancen los objetivos en materia de déficit. La propia Comisión Europea calcula que en 2013 el déficit español rebasará el 6% del PIB cuando debería estar en la mitad. Estos incumplimientos deteriorarán aún más la escasa credibilidad del Estado y la economía española en un momento en que el apoyo de la Comisión Europea y el soporte de los mercados es esencial.

Parte del problema reside en el euro y sus instituciones, especialmente en la agresiva posición alemana en materia de déficit. En plena crisis es esencial disponer de ciertos márgenes de maniobra para no agravar los problemas. España no tiene ninguno. Por nuestra mala cabeza y el defectuoso diseño del euro, nos enfrentamos a un panorama para el que no tenemos respuestas. Hemos perdido la posibilidad de devaluar, algo esencial en un economía que nunca ha sido capaz de mantener la misma disciplina de precios y salarios de Europa, y hemos puesto la política monetaria en manos de Alemania, sacrificando la posibilidad de emitir moneda y disponer de un prestamista de último recurso. Gran Bretaña, cuyos problemas de  déficit son muy parecidos a los nuestros, paga un 2% por su deuda a largo plazo. España está cerca de pagar el 7%. Si tenemos en cuenta que el crecimiento nominal de España se situará en 2012 en torno a cero, un coste semejante es literalmente suicida. La economía española atraviesa unos de los momentos más difíciles de su historia.

2. La duración de la crisis. No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta que la crisis en la que estamos inmersos se parece mucho más a la de 1973 que a las de 1959 y 1992. No hay mas que ver el perfil gráfico de la evolución del PIB.

Cuadro nº 8: La Gran Recesión

 

 Si la crisis del petróleo duró doce años no hay razón para pensar que ésta pueda durar menos. No es sólo que las circunstancias son mucho más difíciles sino que carecemos de las respuestas que fueron tan eficaces en aquellas crisis. Las diferencias en este sentido son notables:

  • Lo más importante es que esta vez no podemos devaluar, lo que solía ser mano de santo. Si tenemos en cuenta que los costes salariales crecieron 37 puntos más que la productividad en el período 1998-2009, nos podemos hacer una idea de lo que eso supone en términos de competitividad. La esperanza de que esa deriva se pueda corregir es bastante remota ya que la aplicación de la reforma laboral se hará esperar.
  • El esfuerzo fiscal que hay que hacer ahora es mucho mayor. Ya hemos visto que el mayor déficit presupuestario alcanzado por la economía española no pasó del 7,5%. El euro proporcionó la posibilidad de ir mucho más lejos. La política de la señora Merkel con su insistencia en el déficit fiscal, obliga a realizar un esfuerzo en el momento menos indicado, en plena recesión.
  • Si bien no nos podemos quejar demasiado de la política de tipos de interés, que ahora son muy bajos, su importancia se ha visto rebajada por el hecho de que el crédito no fluye por lo que las ventajas de unos costes del dinero barato no existen. Los apoyos del BCE han sido limitados y tardíos si bien han evitado un rescate que hubiera sido catastrófico.
  • La crisis bancaria es la peor de la historia. Nunca había quedado un sistema financiero tan malparado a resultas de una crisis. Crisis sobre todo de solvencia ya que cuando los balances se limpien de todos los activos tóxicos de carácter inmobiliario las pérdidas del sistema se aproximarán a los 150.000 millones. Si tenemos en cuenta que la banca solía ganar unos 16.000 millones anuales (reducidos a la mitad el pasado año) nos podemos hacer una idea de lo que le costará recuperarse del desastre.

Todos estos factores han tenido un impacto devastador sobre nuestro potencial de crecimiento que no es otra cosa que la capacidad para crecer en el medio y largo plazo sin generar desequilibrios. Un potencial que tiene que ver con la disposición para innovar o asimilar tecnologías, con los niveles de formación y emprendizaje, con la movilidad social, con la calidad de la Administración, con la seguridad jurídica y los niveles de corrupción. Todo lo que forma parte de la respuesta social y empresarial, algo en lo que nunca hemos sobresalido especialmente.

Este potencial de crecimiento podía ser del orden del 3% en los años noventa. Ahora no pasará del 1%. Consideremos como ejemplo lo que queda de aquellos factores que permitieron a España salir del subdesarrollo en los años sesenta. El turismo ha alcanzado su máximo desarrollo posible y no aportará nuevos impulsos (bastante es que se mantenga). De las remesas de emigrantes no queda casi nada; en realidad, los saldos exteriores se han vuelto negativos ya que son nuestros inmigrantes los que envían dinero a sus países de origen. Y de la inversión exterior sólo se puede decir que hace tiempo que España ha dejado de ser un país atractivo en este sentido. A ello podemos añadir que los fondos estructurales dejarán de fluir o serán, en el mejor de los casos, mucho menos importantes en el futuro.

Las perspectivas son por consiguiente muy negras. Pase lo que pase, la economía española no saldrá de la crisis antes de 2020, lo que quiere decir que habremos perdido más de una década en términos de crecimiento con todas las consecuencias (bienestar, consumo, salarios) que ello supone. Ello no quiere decir que todos los años se cierren en negativo. Es de suponer que habrá años en que se crecerá pero serán incrementos modestos que no compensarán las caídas que también se produzcan. Y es que los efectos de la reducción del endeudamiento a través de una contracción del gasto público y del crédito privado serán demoledores. Una economía puede soportar una política restrictiva del sector público (gasto público) o del sector privado (crédito) pero no puede asimilar las dos cosas a la vez.

Esta estimación se parece mucho a la que ha hecho el FMI que anticipa una década perdida en términos de crecimiento. España no volvería a recuperar el PIB alcanzado en 2008, el máximo de su historia hasta 2017.

Cuadro nº 9: Los diferentes ritmos de salida de la crisis en los países avanzados

 

De hecho, nunca nos había ocurrido que en dos mandatos políticos sucesivos, el PIB retrocediese en términos reales. En el mandato de Rajoy, 2012-2015, el PIB caerá entre uno y dos puntos. En el último mandato de Zapatero cayó unos dos puntos.

Tras esta debacle se adivina un porvenir incierto. Visto el pasado con los ojos del presente, los españoles se han encargado de arruinar una excelente posibilidad de convertirse en una nación moderna, equiparable a los mejores países de Europa, básicamente por tres magníficos errores. El primero ya ha sido mencionado, el retraso en reformar el mercado de trabajo. Carecer de flexibilidad funcional y geográfica se paga a un alto precio porque destruye la capacidad de adaptación de un sistema económico.

El segundo error, ha consistido en la manera irresponsable con que se ha edificado el Estado, tanto desde el punto de vista del tamaño, evidentemente sobredimensionado, como de su eficacia, bajo mínimos. Una Administración que no se ha visto obligada en ningún momento a ponerse al día, a pensar en términos de eficiencia, que ha preferido siempre crecer a mejorar su productividad, cuyos trabajadores, muy desmotivados, no son sancionados ni incentivados (ni palo ni zanahoria).

El tercer gran error ha consistido en la apuesta que el sistema financiero, especialmente las cajas de ahorro, hizo por el inmobiliario, al que prestaron hasta el último momento el dinero que tenían y el que no tenían, contra todos los principios de diversificación del riesgo. Las pérdidas sufridas suponen tener que empezar de cero. Una advertencia para todos aquellos que piensan que la Banca es un magnífico negocio.

Desde hace cincuenta años, medio siglo, la economía española ha protagonizado un proceso de cambio y crecimiento que nos ha convertido en una nación moderna. Pero se podía haber hecho mucho mejor. Por eso mantenemos nuestro retraso relativo en relación a Europa, y por eso las crisis por las que atravesamos se convierten en tragedias sociales que marginan a amplias capas de la sociedad. En este proceso hemos aprendido muchas cosas pero seguimos sin aprender otras tantas.

                                                               Antxon Perez de Calleja

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Un pensamiento en “DE CRISIS EN CRISIS: 50 años de historia económica

  1. Modifica las estructuras del estado, Elimina las diputaciones, limpia las corruptelas políticas estableciendo penas adecuadas al delito y obligatoriedad de devolver el dinero. Establece controles de gestión férreos en los miles de empresas pueblicas y veras como cambia esos gráficos en pocos años. A y cambia la ley electoral a listas abiertas para que entren políticos de verdad al gobierno y no incompetentes cobardes y corruptos.

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